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José Anselmo López Vargas con SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA (SERNAGEOMIN) Rol: C7030-19

Consejo para la Transparencia, 24/03/2020

Se rechaza el amparo deducido contra el Servicio Nacional de Geología y Minería, referido a la entrega de copia de correos electrónicos recibidos y enviados por 9 funcionarios que se indican, relacionados con la reestructuración del Servicio y el proceso de revisión de los proyectos técnicos que realiza el órgano reclamado. Lo anterior, por cuanto la Ley de Transparencia no tiene la especificidad ni la determinación que exige la Constitución Política para restringir el derecho que protege las comunicaciones vía correos electrónicos, pues no determina los casos ni las formas en que sería admisible la limitación de este derecho fundamental garantizado por el artículo 19 N°5 de la Carta Fundamental, en función de resguardar al máximo posible la intimidad y la vida privada de su titular. En consecuencia, se configura la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. La presente decisión es acordada con el voto disidente de la Consejera doña Gloria de la Fuente González y del Consejero don Marcelo Drago Aguirre, para quienes es pertinente la entrega de los correos electrónicos requeridos por el reclamante, por cuanto dichos antecedentes, generados desde una casilla institucional en el ejercicio de competencias públicas, constituyen una manera de comunicación formal entre los funcionarios públicos que forma parte del íter decisional, lo que supone reconocer que estas comunicaciones electrónicas tienen el carácter de información pública, y no concurre una causal de secreto o reserva a su respecto. Se representa al órgano el hecho de no haber otorgado respuesta dentro del plazo legal establecido para ello.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Industria (Productividad)
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Documentos electrónicos.Correos electrónicos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Disidente), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Disidente)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C7030-19

Entidad pública: Servicio Nacional de Geología y Minería

Requirente: José Anselmo López Vargas

Ingreso Consejo: 10.10.2019

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido contra el Servicio Nacional de Geología y Minería, referido a la entrega de copia de correos electrónicos recibidos y enviados por 9 funcionarios que se indican, relacionados con la reestructuración del Servicio y el proceso de revisión de los proyectos técnicos que realiza el órgano reclamado.

Lo anterior, por cuanto la Ley de Transparencia no tiene la especificidad ni la determinación que exige la Constitución Política para restringir el derecho que protege las comunicaciones vía correos electrónicos, pues no determina los casos ni las formas en que sería admisible la limitación de este derecho fundamental garantizado por el artículo 19 N°5 de la Carta Fundamental, en función de resguardar al máximo posible la intimidad y la vida privada de su titular. En consecuencia, se configura la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

La presente decisión es acordada con el voto disidente de la Consejera doña Gloria de la Fuente González y del Consejero don Marcelo Drago Aguirre, para quienes es pertinente la entrega de los correos electrónicos requeridos por el reclamante, por cuanto dichos antecedentes, generados desde una casilla institucional en el ejercicio de competencias públicas, constituyen una manera de comunicación formal entre los funcionarios públicos que forma parte del íter decisional, lo que supone reconocer que estas comunicaciones electrónicas tienen el carácter de información pública, y no concurre una causal de secreto o reserva a su respecto.

Se representa al órgano el hecho de no haber otorgado respuesta dentro del plazo legal establecido para ello.

En sesión ordinaria N° 1083 del Consejo Directivo, celebrada el 24 de marzo de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C7030-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 5 de septiembre de 2019, don José Anselmo López Vargas solicitó al Servicio Nacional de Geología y Minería (en adelante, Sernageomin): «los correos electrónicos que se han gestionados desde y hacia la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentable (GPS) del Ministerio de Economía con los funcionarios de SERNAGEOMIN, relacionados en la reestructuración del SERNAGEOMIN y en el proceso de revisión de los proyectos técnicos que realiza SERNAGEOMIN desde el 11 de marzo del 2018, que relacionan a los siguientes funcionarios de SERNAGEOMIN: señores Pablo Rivas Muñoz, Jorge Vargas Villar, el renunciado Alberto Rojas Leal, Sebastian Urbano y Alfonso Domeyko. Por la oficina GPS del Ministerio de Economía de los señores Jorge Geldres Bacigalupo, Agustín Eyzaguirre Prieto, Juan José Obach y el señor Juan Domingo Pau Villarino».

2) PRÓRROGA DE PLAZO: Mediante Carta Número 1, de fecha 10 de octubre de 2019, el órgano notificó a la parte solicitante la decisión de prorrogar el plazo en 10 días, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia.

3) SOLICITUD DE SUBSANACIÓN: Mediante comunicación electrónica, de fecha 23 de octubre de 2019, el órgano requirió al solicitante aclarar su requerimiento, indicando con mayor especificidad respecto de qué tipo de "proyectos técnicos" solicita información.

Mediante comunicación electrónica, de fecha 23 de octubre, el solicitante aclaró su solicitud, indicando que pide todos los correos electrónicos de todos los involucrados del Servicio y los integrantes de la Oficina de Gestión Proyectos Sustentable, dependientes del Ministerio de Economía, que gestionan los proyectos de terceros.

4) AMPARO: El 10 de octubre de 2019, don José Anselmo López Vargas dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la ausencia de respuesta por parte del órgano solicitado.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería, mediante Oficio N° E16485, de fecha 13 de noviembre de 2019, solicitándole que: (1°) indique las razones por las cuales la solicitud de información no habría sido atendida oportunamente; (2°) en caso de haber dado respuesta, acredite dicha circunstancia, acompañando copia de ella y de los antecedentes que acrediten la fecha y su medio de despacho, de conformidad a lo establecido en el artículo 17, inciso 2°, de la Ley de Transparencia y en el numeral 4.4., de la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información; (3°) se refiera a la existencia de los correos electrónicos requeridos en la solicitud de acceso, y de ser así, señale si procedió conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, en cuyo caso indique si los titulares de las casillas electrónicas presentaron su oposición a la solicitud que motiva el presente amparo; (4°) de haber informado de la solicitud a terceros, acompañe a este Consejo todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de las oposiciones deducidas y de los antecedentes que den cuenta de la fecha en que éstas se presentaron ante el órgano que usted representa; (5°) proporcione los datos de contacto de los titulares de las casillas electrónicas respectivas -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento; (6°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida; y, (7°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que harían procedente la denegación de la información solicitada.

Mediante Oficio Ordinario N° 2748, de fecha 3 de diciembre de 2019, el órgano reclamado presentó sus descargos u observaciones, indicando que mediante Oficio Ordinario N°2680, de fecha 22 de noviembre, se indicó al reclamante, en síntesis, lo siguiente: Que el Servicio se encuentra imposibilitado de hacer entrega de la información requerida, porque la solicitud de acceso a la información es inadmisible, por adolecer de vicios formales, en conformidad con lo preceptuado en el artículo 12 de la Ley de Transparencia, en concordancia con lo señalado en el artículo 28° y 29° del Reglamento de la presente Ley. Al respecto, señala que la referida solicitud habría sido formulada en términos poco claros o genéricos, pues no se especifica a qué tipo de "proyectos técnicos" que realiza el Servicio Nacional de Geología y Minería desde el 11 de marzo de 2018. Agrega que, el vicio también se observa en la respuesta al requerimiento de subsanación, pues no se identificó de forma clara a qué proyectos técnicos se refiere la solicitud, omitiendo, en consecuencia, precisar la materia de que se trata.

Por lo anterior, se denegó formalmente el acceso a la información, pues el órgano reclamado se encontraba imposibilitado de dar curso progresivo a su solicitud, en virtud de la falta de especificidad del requerimiento. En este orden de ideas, agrega que, el referido Servicio -en ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias- revisa permanentemente múltiples proyectos técnicos mineros, según sea la materia minera de que se trate, en consecuencia, precisa que, con los datos entregados no es posible procesar la referida solicitud. Para refrendar lo anterior, acompaña listado de proyectos técnicos que el Servicio Nacional de Geología y Minería debe revisar.

Ahora bien, con respecto a la existencia de los correos electrónicos requeridos en la solicitud de acceso, señala que efectivamente existen correos electrónicos enviados entre las personas aludidas en la solicitud de acceso a la información. En esta línea, mediante esta presentación informa que procedió a notificar a los terceros interesados, conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, al considerar que la información podría afectar los derechos de los terceros involucrados. Señala que, cada uno de los titulares de las casillas electrónicas presentó su oposición a la solicitud.

Con respecto a la eventual concurrencia de causales constitucionales o legales de secreto o reserva que harían procedente la denegación de la información solicitada, el órgano afirma que sobre el particular se configura la causal preceptuada en el artículo 21N°1, letra c) de la Ley de Transparencia. Al respecto, hace presente que sólo para la labor de clasificación de los correos electrónicos solicitados, se deberían destinar excesivos recursos y funcionarios del Servicio reclamado, además de tiempo para su búsqueda. Ejemplifica lo anterior, indicando que el período tiene un equivalente de 371 días laborales, por lo que considerando un promedio de 30 correos diarios, implica un total de 55.650 correos que deben ser revisados. Precisa que, dicha labor debiese ser realizada por 3 personas, pertenecientes a la "Unidad de Soporte", lo cual implica desviar una gran cantidad de recursos para atender la solicitud.

Asimismo, argumenta que la información solicitada es reservada, en virtud de la causal preceptuada en el artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia, pues el requerimiento de información se refiere a las comunicaciones electrónicas de carácter privado, intercambiados entre funcionarios del órgano reclamado y el Ministerio de Economía y no a actos, resoluciones, fundamentos o procedimientos administrativos en particular.

Al efecto, señala que los correos electrónicos no constituyen información pública, pues no poseen la naturaleza de acto administrativo o resoluciones conforme a la Ley N°19.880, ni tampoco corresponden a fundamentos o complementos de los mismos. En consecuencia, concluye que, éstos se encuentran amparados por las garantías fundamentales de los numerales 4 y 5 del artículo 19° de la Constitución política de la República. Para refrendar lo anterior, cita preceptos constitucionales, legales y fallos jurisprudenciales sobre la materia.

Con todo, informa que se comunicó a los terceros involucrados, con fechas 20 y 21 de noviembre de 2019, la solicitud de información presentada y su derecho de oponerse a la entrega de la misma. Con fechas 21 y 22 de noviembre de 2019, ocho terceros se opusieron a la entrega de los correos requeridos, señalando, en síntesis, la información es de carácter privada, escrita por canales cerrados y que los referidos correos no constituyen un acto administrativo o resolución, ni tampoco contienen fundamentos o complementos de los mismos. Se deja constancia que don Alberto Rojas Leal no se manifestó respecto del traslado conferido.

6) GESTIONES OFICIOSAS: Con fecha 11 de diciembre de 2019, mediante comunicación electrónica, esta Corporación requirió al órgano que aclare si el sistema de correos electrónicos utilizados por el Servicio Nacional de Geología y Minería posee algún mecanismo de filtro que facilite la búsqueda de los correos comprendidos en la solicitud de acceso a la información. Mediante comunicación electrónica, de fecha 13 de enero de 2020, el órgano reclamado proporcionó respuesta, señalando que su correo institucional posee sistema de filtros para la búsqueda.

Asimismo, mediante comunicación electrónica, de fecha 11 de diciembre de 2019, esta Corporación solicitó lo siguiente al órgano reclamado: i) Señalar si respecto al Sr. Alberto Rojas Leal, se procedió a dar aplicación del artículo 20 de la Ley de Transparencia, y si existió o no oposición de su parte respecto a la entrega de la información; ii) En caso de haber informado la solicitud a dicho tercero, remitir los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida, y de los antecedentes que den cuenta de la fecha en que ésta se presentó; iii) Proporcionar los datos contacto de aquella persona - titular de la casilla electrónica respectiva- a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Transparencia.

Al respecto, el órgano reclamado señala que, al Sr. Alberto Rojas, se envió notificación por carta certificada, logrando ser notificado recién con fecha 12 de diciembre de 2019. Por lo anterior, afirma el órgano que, a la fecha aún el Servicio no ha recibido su oposición. Para refrendar lo anterior, adjunta antecedentes de notificación. Por último, proporciona dirección postal del referido tercero interesado.

7) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INTERESADOS: De conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación, acordó dar traslado a los terceros interesados en el presente amparo, a fin de que éstos presentaran sus descargos y observaciones, haciendo mención expresa a los derechos que les asisten y que pudieran verse afectados con la publicidad de la documentación requerida. Lo anterior se materializó mediante Oficios N° 18597 a N° 18605, todos de fecha 26 de diciembre de 2019.

Don Pablo Rivas Muñoz; Jorge Vargas Villar; Juan Domingo Pau Villarino; Jorge Geldres Bacigalupo; Juan José Obach; y, Alfonso Domeyko Letelier, se opusieron a la entrega de lo requerido, reiterando en síntesis lo expuesto en las respectivas oposiciones deducidas a la entrega de información. Don Agustín Eyzaguirre Prieto. Mediante comunicación electrónica, de fecha 30 de diciembre de 2019, informó que ya no cumple funciones en la Oficina Gestión de Proyectos Sustentables del Ministerio de Economía. Finalmente, se hace presente que a la fecha del presente acuerdo, no consta que don Sebastián Urbano Armijo y don Alberto Rojas Leal hubieren presentado descargos en esta sede.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, previo a pronunciarse sobre el fondo del amparo, se debe señalar que la Ley de Transparencia en su artículo 14 dispone que la autoridad o jefatura del organismo requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde su recepción. Al efecto, consta que esta solicitud ingresó al órgano reclamado el 5 de septiembre de 2019, por lo que el plazo máximo con que contaba el órgano para entregar respuesta venció el 8 de octubre de 2019. No obstante ello, se verifica que con fecha 10 de octubre de 2019, esto es, extemporáneamente, el órgano comunicó al solicitante la prórroga para pronunciarse sobre esta solicitud. Con todo, el órgano se pronunció sobre esta solicitud, finalmente, con fecha 22 de noviembre de 2019. Lo anterior importa una infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad previsto en el artículo 11, letra h) del mismo cuerpo normativo, por lo que se representará dicha infracción al órgano reclamado en lo resolutivo del presente acuerdo.

2) Que, respecto de las alegaciones referidas a la falta de claridad del requerimiento presentado (artículo 12 literal b) de la Ley de Transparencia), de los antecedentes examinados en el presente caso, a juicio de este Consejo, la solicitud de información presentada inicialmente cumplía formalmente con los requisitos señalados en el artículo 12 de la Ley de Transparencia, identificando claramente que lo pedido eran la copia de correos electrónicos recibidos y enviados por los 9 funcionarios indicados en lo expositivo de esta presentación, relacionados con la reestructuración del Servicio y el proceso de revisión de los proyectos técnicos que realiza el órgano reclamado, en un período de tiempo determinado. Además, el reclamante precisó que la solicitud comprende todos los correos de todos los involucrados del Servicio y los integrantes de la Oficina de Gestión Proyectos Sustentable, dependientes del Ministerio de Economía, que gestionan los proyectos de terceros. A mayor abundamiento, esta Corporación advierte que, el órgano con ocasión de los descargos, identifica los correos electrónicos intercambiados entre los funcionarios consultados, admitiendo su existencia. En definitiva, se constata que, se identificó claramente la información que se requiere, por lo que no correspondía haber requerido subsanar la solicitud de acceso en cuestión, circunstancia que constituye una dilación innecesaria en el procedimiento de acceso a la información pública que se otorgó a esta solicitud y que será desestimada en esta sede.

3) Que, establecido lo anterior, el presente amparo tiene por objeto la entrega de copia de correos electrónicos recibidos y enviados por los 9 funcionarios públicos dependientes del órgano reclamado y del Ministerio de Economía, individualizados en el numeral 1° de la parte expositiva de este acuerdo, relacionados con la reestructuración del Servicio Nacional de Geología y Minería y el proceso de revisión de los proyectos técnicos que realiza el órgano reclamado, desde el 11 de marzo de 2018. Al respecto, dicha información fue denegada por el órgano, en su respuesta extemporánea, porque la referida solicitud fue formulada en términos poco claros o genéricos, en conformidad a lo preceptuado en el artículo 12 de la Ley de Transparencia. Luego, en los descargos el órgano invoca las causales preceptuadas en el artículo 21, N°1, letra c) de la Ley de Transparencia y el artículo 21, número 2 de la Ley de Transparencia para reservar la entrega de la información requerida.

4) Que, ante la ausencia de autorización expresa para acceder a las comunicaciones requeridas, y además, la oposición expresa manifestada por los terceros a entregar lo requerido, se debe hacer presente que este Consejo estima que los correos electrónicos, tal como ocurre con las conversaciones telefónicas, cartas u otros medios de comunicación audiovisuales o radiofónicos, son interacciones entre personas individualmente consideradas, pudiendo incluir información, ideas, opiniones o juicios de valor confidenciales o privados, a pesar de que dichos correos electrónicos se generen en el ámbito del ejercicio de la función pública y sin perjuicio de que sean decantados en casillas institucionales. En efecto, se trata de una forma de comunicación que puede abarcar una multiplicidad de situaciones humanas o de hecho, similares a las que se producen a través de las llamadas telefónicas que las personas tienen día a día al interior de los órganos de la administración del Estado y que no tienen la relevancia necesaria para justificar su publicidad en aras del control social.

5) Que, en ese sentido, cabe señalar que el Estado está al servicio de la persona humana y tiene el deber de respetar y promover los derechos fundamentales que emanan de su propia naturaleza, como lo señala expresamente la Constitución Política en sus artículos 1°, inciso tercero, y 5°, inciso segundo. Por su parte, los derechos constitucionales consagrados en los numerales 4° y 5° del artículo 19 de la Constitución, aseguran el respeto y protección a la vida privada de la persona y su familia, el primero, y la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada, el segundo, configurando en conjunto el ámbito de protección de la vida privada. El correlato de este estatuto nacional es posible identificarlo en las disposiciones del artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y en el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

6) Que, la vida privada es "aquella que se ejecuta a vista de pocos, familiar y domésticamente, sin formalidad ni ceremonia alguna, particular y personal de cada individuo, que no es propiedad pública o estatal, sino que pertenece a particulares" (Silva B., Alejandro, en "Tratado de Derecho Constitucional", Tomo XI, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2006, p.188). Asimismo, "el concepto de vida privada está directamente vinculado a la ‘intimidad’, a ese ámbito en que el ser humano y la gente de sus afectos conviven, conversan, se aman, planifican el presente y el futuro, comparten alegrías y tristezas, gozan del esparcimiento, incrementan sus virtudes y soportan o superan sus defectos, y fomentan sus potencialidades humanas para su progreso integral, todo ello sin la intervención o presencia de terceros" (Evans de la Cuadra, Enrique, en "Los Derechos Constitucionales", Tomo I, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2004, p.212). De manera similar se sostiene que la vida privada es "el conjunto de los asuntos, conductas, documentos, comunicaciones, imágenes o recintos que, el titular del bien jurídico protegido, no desea que sean conocidos por terceros sin su consentimiento previo" (Cea Egaña, José Luis, en Derecho Constitucional, Tomo II Derecho, Deberes y Garantías, Ediciones Universidad Católica, Santiago, 2004, p.178). En este sentido, resulta indudable que la garantía constitucional de la vida privada abarca también los correos electrónicos, a la luz de su carácter de medio de comunicación privado, según lo expuesto en éste y en los considerandos precedentes.

7) Que, en el derecho comparado se ha señalado que "la existencia de una esfera privada, en la que los demás (poderes públicos o particulares) no pueden entrar sin el consentimiento de la persona, no implica solo un reconocimiento del altísimo valor que tiene la faceta privada de la vida humana, sino que constituye también una garantía básica de libertad: en un mundo donde toda la actividad de los hombres fuera pública, no cabría la autodeterminación individual. El constitucionalismo, así, exige diferenciar entre las esferas pública y privada y, por tanto, entre lo visible y lo reservado" (Diez - Picazo, Luis, Sistema de Derechos Fundamentales, Editorial Aranzadi S.A., Navarra, 2008, p.297). De la misma forma y desde la óptica del derecho a la intimidad, se ha definido a ésta como "el derecho a no ser molestado, y a guardar la conveniente reserva acerca de los datos de una persona que ésta no quiere divulgar. Es el derecho a mantener una vida privada sin interferencias de otras personas ni del Estado, con la garantía de que estos terceros no pueden invadir los aspectos reservados de la vida de las personas" (Balaguer C., Francisco et. al, Derecho Constitucional, Volumen II, Editorial Tecnos, Madrid, 1999, p.102). Por último, se ha afirmado que: "sí hay acuerdo en que el derecho a la intimidad consiste en el derecho a disfrutar de determinadas zonas de retiro y secreto de las que podemos excluir a los demás" (Pérez Royo, Javier; Curso de Derecho Constitucional, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Políticas S.A., Madrid, 2000, p.395).

8) Que, en consecuencia, los correos electrónicos son una extensión moderna de la vida privada, en cuanto manifiestan una forma de comunicación de carácter personalísimo, por lo tanto, deben ser protegidos por el derecho a la vida privada, garantía que es base y expresión de la libertad individual y que está íntimamente ligada a la dignidad de las personas, valores fundamentales consagrados en el artículo 1° de la Constitución Política.

9) Que, asimismo, los correos electrónicos se enmarcan dentro de la expresión "comunicaciones y documentos privados" que utiliza el artículo 19 N°5 de la Constitución. Son comunicaciones que se transmiten por canales cerrados, no abiertos y tienen emisores y destinatarios acotados, y el hecho de que esos correos sean de funcionarios públicos no constituye por ello una excepción de tutela. En efecto, lo que se protege con esta garantía es la comunicación, sin distinguir si se hace por canales o aparatos financiados por el Estado. Por otra parte, no hay ninguna norma, ni en la Constitución ni en la ley, que pueda interpretarse para marginarlos de esta garantía. Si se aceptara que las comunicaciones de los funcionarios, por el hecho de ser tales, no están protegidas por el artículo 19 N°5 de la Carta Fundamental, cualquiera podría interceptar, abrir o registrar esas comunicaciones, o cualquiera otra que se generara al interior de la Administración del Estado, como podría ser una comunicación telefónica. Eso sería peligroso no solo para los derechos de los ciudadanos, sino eventualmente también para el interés nacional y la seguridad de la Nación.

10) Que, por su parte, la doctrina comparte lo anteriormente expuesto. En efecto, se ha señalado que el numeral 5° del artículo 19 "comprende la protección de la correspondencia o de mensajes epistolares, telegráficos, telefónicos, radiales, por télex o por otros medios, que la técnica haga posible ahora y en el futuro" (Vivanco, Ángela, Curso de Derecho Constitucional, Tomo II, Santiago, Ediciones Universidad Católica, 2006, p.365). Y, reafirmando el tema, se ha sostenido que "no cabe duda alguna que el correo electrónico es un medio de comunicación persona a persona, que permite el desarrollo de diálogos comunicativos privados entre remitente y destinatario(s), de manera tal que se encuentra amparado por las normas del bloque constitucional de derechos humanos que conforman el sistema de garantía y protección de la inviolabilidad de las comunicaciones" (Álvarez Valenzuela, Daniel, "Inviolabilidad de las Comunicaciones Electrónicas", en Revista Chilena de Derecho Informático N°5, Universidad de Chile, Santiago, 2004, p.197).

11) Que, lo anterior encuentra su fuente en las Actas de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución. En efecto, a fin de ampliar la protección que proporcionaba el artículo 10 N°13 de la Constitución de 1925, la Constitución vigente se refiere a "comunicaciones privadas" a sugerencia del comisionado Guzmán, quien señaló que con el término correspondencia "generalmente se está apuntando solamente al correo en el sentido que le da el Diccionario y no a todo tipo de comunicaciones. Y, precisamente, derivando de esta búsqueda de lo genérico, desea sugerir a la Comisión si acaso el término más adecuado no fuera el de ‘comunicaciones privadas’, porque comunicaciones cubre todo acto, no solo los que existen hoy, sino los que pueden existir mañana" (Actas Oficiales de la Comisión Constituyente, Sesión 129, 12 de junio de 1975, p.10). En igual sentido, el comisionado Silva Bascuñán señaló que la nueva redacción pretende cubrir "toda forma de comunicación intelectual y espiritual entre dos individuos proyectados el uno hacia el otro, por cualquier medio que esté dentro de las posibilidades técnicas del país y de la sociedad" (Ídem, p.4).

12) Que, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la materia ha sido especialmente protectora de ambas garantías. La Magistratura Constitucional ha destacado que "el respeto y protección de la dignidad y de los derechos a la privacidad de la vida y de las comunicaciones, son base esencial del desarrollo libre de la personalidad de cada sujeto, así como de su manifestación en la comunidad a través de los grupos intermedios autónomos con que se estructura la sociedad" (Sentencia del Tribunal Constitucional, Rol N°389, de 28 de octubre de 2003, considerando 19). Enfatizando "el ligamen que existe entre la dignidad de la persona y el ejercicio de este derecho esencial (19 N°5), pues la inviolabilidad de las comunicaciones privadas debe ser considerada una extensión, lógica e inevitable, sobre todo en la vida moderna, del carácter personalísimo o reservado que tienen ellas como base de la libertad individual y su proyección en los más diversos aspectos de la convivencia". Asimismo, ha sostenido que los correos electrónicos se enmarcan perfectamente dentro de la expresión "comunicaciones y documentos privados" que utiliza el artículo 19 N° 5° de la Constitución, pues "son comunicaciones, que se transmiten por canales cerrados, no por canales abiertos, y tienen emisores y destinatarios acotados. Por lo mismo, hay una expectativa razonable de que están a cubierto de injerencias y del conocimiento de terceros. En nada obsta a lo anterior el que no sea muy dificultoso interceptarlos o abrirlos" (Sentencia Rol N° 2153, de 11 de septiembre de 2012, considerando 42).

13) Que, de la misma forma y en lo que interesa, la jurisprudencia, tanto judicial como administrativa, también se ha pronunciado en favor de la protección de los correos electrónicos como parte de la esfera de intimidad y privacidad de las personas:

a) El Juzgado de Letras del Trabajo de Copiapó, en su sentencia de 15 de septiembre de 2008, recaída en la causa RIT T-1-2008, concluyó que una conversación utilizando la herramienta Messenger es privada, sin que en ningún caso pueda estimarse como pública por estar respaldada en un computador, ya que para que ello pudiese estimarse, necesariamente, se requeriría una manifestación de voluntad de la parte emisora y receptora, o al menos de una de ellas; por lo que a falta de dicha manifestación debe entenderse que la información sigue siendo privada, ya que en ella por las características que envuelve -comunicación electrónica escrita y directa de una persona determinada a otra, también determinada, por un medio cerrado- demuestra una voluntad tal de excluir del conocimiento de lo comunicado a terceros, que de haberse estimado que alguien podría haber interferido en dicha comunicación, conociéndola de cualquier modo, lo más probable es que no la hubiesen realizado (considerando 7°).

b) La Dirección del Trabajo, a su vez, ha confirmado la protección en el ámbito laboral señalando que el empleador puede regular las condiciones, frecuencia y oportunidad de uso de los correos electrónicos de la empresa "pero en ningún caso podrá tener acceso a la correspondencia electrónica privada enviada y recibida por los trabajadores" (Ordinario N° 2210/035, de 2009)

c) La Contraloría General de la República -en consideración a la norma contenida en el D.S. N°93, de 2006, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia- ha reconocido que los funcionarios de los órganos públicos pueden utilizar casillas institucionales para comunicaciones personales o privadas, a menos que expresamente la respectiva autoridad o jefe superior de servicio lo prohíba (Dictamen N°38.224 de 2009).

14) Que, en consecuencia, los correos electrónicos se encuentran protegidos por la garantía contenida en el artículo 19 N°5 de la Constitución, lo que implica el deber positivo de protección de ese espacio de intimidad y, asimismo, prohíbe acciones u omisiones que puedan afectar el núcleo esencial de este derecho constitucional o su libre ejercicio, pues éstas contravendrían la seguridad que garantiza el numeral 26 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

15) Que, el órgano requerido, para recabar la información solicitada deberá revisar las comunicaciones electrónicas solicitadas, lo que constituiría, por sí sola, una invasión inaceptable de la intimidad personal de la titular del correo electrónico. Por ende, su publicidad es constitucionalmente admisible únicamente en los casos y formas que prescribe la ley. En efecto, el propio Tribunal Constitucional ha resuelto en sus sentencias Rol N°226-95 (considerando 47), Rol N°280-98 (considerando 29) y Rol N°1365-2009 (considerando 23) que la limitación de un derecho fundamental no puede ser tolerada si no está rodeada de suficiente determinación y especificidad como para garantizar una protección adecuada a la esencia del derecho y a su libre ejercicio, en este caso, el derecho a la privacidad y a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.

16) Que, en suma, la Ley de Transparencia no tiene la especificidad ni la determinación que le exige la Constitución Política para restringir el derecho que protege las comunicaciones vía correos electrónicos, pues no determina los casos ni las formas en que sería admisible la limitación de este derecho fundamental garantizado por el artículo 19 N°5 de la Carta Fundamental, en función de resguardar al máximo posible la intimidad y la vida privada de su titular. En efecto, el Tribunal Constitucional en sentencia Rol N°2246-12, recaída en recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, de fecha 31 de enero de 2013, razonó que "el acceso a comunicaciones privadas sólo puede permitirlo el legislador cuando sea indispensable para una finalidad de relevancia mayor, cuando sea necesario porque no hay otra alternativa disponible y lícita, bajo premisas estrictas, con una mínima intervención y nunca de manera constante y continua, sino que de forma limitada en el tiempo y siempre de modo específico, señalándose situaciones, personas y hechos" (considerando 57).

17) Que, finalmente, cabe destacar desde la perspectiva de la historia de la ley, en particular el proyecto de ley que modifica la ley N°20.285, Sobre Acceso a la Información Pública (boletín N°12.100-07), lo expuesto en la Sesión 148ª Ordinaria, de 15 de octubre de 2019, de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados, que declaró inadmisible por inconstitucional la indicación sustitutiva a dicho proyecto de ley, presentada por el Honorable Diputado Sr. Leonardo Soto Ferrada, por medio de la cual se pretendía consagrar la publicidad de los correos electrónicos de los funcionarios públicos.

18) Que, dicha declaración de inadmisibilidad cobra relevancia para la adecuada interpretación que se ha dado a la publicidad de dichos correos electrónicos, especialmente desde la perspectiva del elemento de interpretación de la ley histórico, consagrado en el artículo 19 del Código Civil, norma que indica, en lo pertinente, que para interpretar una expresión oscura de la ley, se puede recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestado en la historia fidedigna de su establecimiento. De ahí entonces que dicha declaración de inadmisibilidad con ocasión de un proyecto de ley es trascendente, particularmente porque de conformidad a lo establecido en el inciso 2° del artículo 24 de la ley N°18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, no pueden admitirse indicaciones contrarias a la Constitución Política y precisamente la idea de hacer públicos los correos electrónicos de los funcionarios públicos, vulnera el contenido esencial del artículo 19 N°5 de la Constitución Política, razón más que suficiente para declarar inadmisible aquella indicación. Lo anterior refuerza esta interpretación, en línea con lo resuelto de la misma forma por los tribunales superiores de justicia y por el Tribunal Constitucional.

19) Que, por lo anterior, a juicio de esta mayoría, se configura respecto de los correos electrónicos requeridos, la causal de secreto o reserva contenida en el artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia, debiéndose, en consecuencia, rechazar el presente amparo.

20) Que, finalmente, atendida la configuración de la referida causal de reserva, este Consejo no se pronunciará sobre la eventual configuración del artículo 21 N° 1 literal c) de la Ley de Transparencia, por estimare inoficioso.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y HABIÉNDOSE PRODUCIDO EMPATE DE VOTOS, RESUELVE POR EL VOTO DE SU PRESIDENTE, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, LO SIGUIENTE:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y HABIÉNDOSE PRODUCIDO EMPATE DE VOTOS, RESUELVE POR EL VOTO DE SU PRESIDENTE, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, LO SIGUIENTE:

I. Rechazar el amparo deducido por don José Anselmo López Vargas, en contra del Servicio Nacional de Geología y Minería, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Representar al Sr. Director Nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería la infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad previsto en el artículo 11, letra h), del mismo cuerpo legal, al no haber otorgado respuesta a la solicitud dentro del plazo legalmente previsto para ello. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reiteren tales infracciones.

III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don José Anselmo López Vargas; al Sr. Director Nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería; y a don Pablo Rivas Muñoz, don Jorge Vargas Villar, don Alberto Rojas Leal, don Sebastian Urbano, don Alfonso Domeyko, don Jorge Geldres Bacigalupo, don Agustín Eyzaguirre Prieto, don Juan José Obach y don Juan Domingo Pau Villarino, en su calidad de terceros interesados.

VOTO DISIDENTE

La presente decisión es acordada con el voto en contra de los Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Marcelo Drago Aguirre, quienes no comparten lo razonado en los Considerandos 3) a 19), respecto de los correos electrónicos reclamados, estimando que el amparo debe ser acogido, en base a las siguientes consideraciones:

1) Que, los correos electrónicos generados desde una casilla institucional son públicos, en la medida que digan relación directa con el ejercicio de competencias públicas. En efecto, el ejercicio actual de la función pública supone el uso de toda forma de comunicación para concretizar los fines que la Administración del Estado persigue, es por esto que a cada funcionario se le otorga una casilla institucional financiada con recursos del erario nacional, sostenidas por la plataforma técnica de las entidades respectivas, con el objeto de facilitarles el cumplimiento de sus tareas.

2) Que, lo anterior es una concreción de los principios de eficiencia, eficacia y coordinación consagrados en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del MINSEGPRES, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Luego, y siendo los correos electrónicos la herramienta que permite un intercambio eficaz de información, en tanto han venido a reemplazar, en parte, a los documentos administrativos contenidos en formato papel, tales como memorándums, oficios u ordinarios empleados por la Administración, no están ajenos al escrutinio y control social que la ciudadanía pueda hacer de ellos, en los términos dispuestos en los artículos 5° y 10° de la Ley de Transparencia y 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República.

3) Que, en tal orden de ideas, si se estimara que los correos electrónicos institucionales enviados y recibidos por servidores públicos respecto de materias propias del desempeño de sus funciones son comunicaciones de carácter privado, se crearía un canal secreto que transformaría en reservados documentos esencialmente públicos por el puro hecho de ser remitidos por esa vía. Así ocurriría, por ejemplo, con los documentos adjuntos a un e-mail o con las respuestas que los órganos de la Administración otorgan electrónicamente, como ocurre en la mayoría de las solicitudes presentadas conforme a la Ley de Transparencia. De esta manera, el secreto o la reserva de la información dependen del contenido y no del continente. Sólo así son posibles el control y la participación ciudadana en el ejercicio de las funciones públicas y el adecuado ejercicio de la libertad de expresión.

4) Que, como manifestación de lo expuesto precedentemente, los correos electrónicos, son empleados cada vez más, como fundamentos de actos o decisiones de los órganos de la Administración del Estado. Como ejemplo pueden verse las resoluciones N° 4.140 y 8.802, de 2009; N° 95, N° 270, N° 833, N° 1.178, N° 2.954, N° 2.957, N° 2.960, N° 3.084 y N° 3.787, de 2011; y N° 9.844, N° 9.920 y N° 9.951, todas de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, así como el decreto supremo N° 634/2011, del mismo Ministerio; las resoluciones N° 661/2007, y N° 429/2008, ambas de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, así como los decretos supremos N° 84/2004, y N° 13, N° 30 y N° 170, de 2006, todos de la misma cartera; la resolución N° 109/2011, de la Subsecretaría de Transportes; las resoluciones N° 550/2003, y N° 28/2007, ambas de la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción; y, el decreto supremo N° 157, de 2011, del Ministerio de Minería, todos ellos publicados en el Diario Oficial.

5) Que, la práctica señalada precedentemente, no hace sino reconocer que estos correos constituyen una manera de comunicación formal entre los funcionarios públicos que forman parte del íter decisional en cada uno de esos casos, lo que supone reconocer que estas comunicaciones electrónicas tienen el carácter de información pública. A mayor abundamiento, las entidades públicas ponen servidores de correo electrónico a disposición de sus funcionarios y les entregan cuentas de correo sostenidas por la plataforma técnica de las entidades respectivas, con el objeto de facilitarles el cumplimiento de sus tareas. Se trata de una concreción de los principios de eficiencia, eficacia y coordinación establecidos en la ley orgánica constitucional de bases generales de la Administración del Estado.

6) Que, en consecuencia, es pertinente la entrega de los correos electrónicos requeridos por el reclamante, que fueren generados desde una casilla institucional, en el ejercicio de competencias públicas, al no concurrir una causal de secreto o reserva a su respecto. En efecto, en cuanto a la eventual afectación de los derechos de los terceros interesados en lo que se refiere a la esfera de su vida privada, en el marco de lo establecido en la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en la especie, esta tampoco se produce, toda vez que lo pedido dice relación con intercambios de correos electrónicos en el ejercicio de la función pública.

7) Que, sin perjuicio de lo señalado precedentemente, en relación a lo expuesto en los considerandos 17) y 18) del voto decisorio, el Consejero don Marcelo Drago Aguirre estima que la declaración de inadmisibilidad por inconstitucional de la indicación del Honorable Diputado Leonardo Soto Ferrada, relativa a establecer la publicidad de los correos electrónicos de los funcionarios públicos, no lo sería, toda vez que ella sólo procede en caso de que la indicación no tenga relación directa con las ideas matrices del proyecto, que importen nuevos gastos con cargo a los fondos del Estado o de sus organismos, o bien que correspondan a materias de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, hipótesis que no concurren en la especie, conforme lo dispuesto en la Constitución Política de la República y en la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

8) Que, a mayor abundamiento, a juicio del Consejero Drago, no constituye fuente de derecho una declaración de inadmisibilidad producida con ocasión de una discusión legislativa en el seno de una comisión determinada, en cualquiera de las Cámaras del Congreso Nacional, especialmente considerando que dicha declaración fue de fondo, debiendo adecuarse a los precisos términos de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Por lo demás, es necesario recordar que el control de constitucionalidad de las leyes es atribución privativa del Tribunal Constitucional y no facultad de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados, generándose una alteración de las normas constitucionales y legales sobre el proceso de formación de la ley.

9) Que, en razón de lo anterior, se debe ordenar la entrega de los correos electrónicos institucionales, objeto del requerimiento.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.