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Vicente Prado Orrego con CORPORACION MUNICIPAL DE SAN FERNANDO Rol: C5966-19

Consejo para la Transparencia, 24/03/2020

Se acoge el amparo contra la Corporación Municipal de San Fernando, ordenándose la entrega de las resoluciones emitidas por la división jurídica del Ministerio de Educación, las cuales otorgan el aporte fiscal extraordinarios y anticipo de la subvención conforme a la Ley 20.158 para acogerse al Retiro Voluntario Anticipado desde el año 2007 al año 2012, ambos años inclusive; las rendiciones de los recursos otorgados para el pago y el listado de los profesionales beneficiarios a la División de Planificación y Presupuesto del Ministerio de Educación Lo anterior, por cuanto lo solicitado constituye información pública, en la medida que se trata de información relativa a la Administración del Estado, relacionados con el uso de recursos públicos.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Educación
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C5966-19

Entidad pública: Corporación Municipal de San Fernando

Requirente: Vicente Prado Orrego

Ingreso Consejo: 21.08.2019

RESUMEN

Se acoge el amparo contra la Corporación Municipal de San Fernando, ordenándose la entrega de las resoluciones emitidas por la división jurídica del Ministerio de Educación, las cuales otorgan el aporte fiscal extraordinarios y anticipo de la subvención conforme a la Ley 20.158 para acogerse al Retiro Voluntario Anticipado desde el año 2007 al año 2012, ambos años inclusive; las rendiciones de los recursos otorgados para el pago y el listado de los profesionales beneficiarios a la División de Planificación y Presupuesto del Ministerio de Educación

Lo anterior, por cuanto lo solicitado constituye información pública, en la medida que se trata de información relativa a la Administración del Estado, relacionados con el uso de recursos públicos.

Sin perjuicio de lo anterior, en aplicación del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia y en conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República, lo preceptuado en los artículos 2, letras f) y g), y 4 de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la vida privada, deberán tarjarse, al momento de efectuar la entrega de la información, solamente aquellos datos personales y sensibles de contexto, tales como, número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular.

Con todo, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen.

En sesión ordinaria N° 1083 del Consejo Directivo, celebrada el 24 de marzo de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5966-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 17 de julio de 2019, don Vicente Prado Orrego solicitó a la Corporación Municipal de San Fernando: «Las Resoluciones emitidas por el Ministerio de Educación, su División Jurídica, las cuales otorgan el aporte fiscal extraordinarios y anticipo de la subvención conforme a la Ley 20.158 para acogerse al Retiro Voluntario Anticipado desde el año 2007 al año 2012 y las rendiciones de los recursos otorgados para el pago y listado de los profesionales beneficiarios a la División de Planificación y Presupuesto del Ministerio de Educación».

2) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 21 de agosto de 2019, don Vicente Prado Orrego dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la ausencia de respuesta al requerimiento de información.

3) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde y Presidente de la Corporación Municipal de San Fernando, mediante Oficio N° E14650, de fecha 14 de octubre de 2019, solicitándole que: (1°) indique las razones por las cuales la solicitud de información no habría sido atendida oportunamente; (2°) en caso de haber dado respuesta al requerimiento de información, acredite dicha circunstancia, acompañando copia de la respuesta y los antecedentes que acrediten la fecha y medio de despacho de ésta, de conformidad a lo establecido en el artículo 17, inciso 2°, de la Ley de Transparencia y en el numeral 4.4., de la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información; (3°) señale si la información requerida en la solicitud de acceso, obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (4°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida; (5°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que harían procedente la denegación de la información solicitada; y, (6°) en caso de no existir inconvenientes para la entrega de la información pedida, se solicita la remisión de la misma a la recurrente con copia a este Consejo, a fin de evaluar el cierre del presente caso a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC).

Mediante presentación, extemporánea, de fecha 11 de noviembre de 2011, el órgano reclamado, acompañó resolución Exenta N°813, del año 2008, que otorga aporte fiscal extraordinario y anticipo de subvención conforme al artículo 4° transitorio de la Ley N°20.158 a la Municipalidad de San Fernando.

4) PRONUNCIAMIENTO DEL RECLAMANTE: En virtud de lo anterior, este Consejo, mediante oficio N°E17356, de fecha 3 de diciembre de 2019, solicitó al reclamante manifestar su conformidad o disconformidad respecto de la información que le habría remitido el órgano, y en caso de disconformidad, detalle qué información de la solicitada no le habría sido entregada.

Mediante presentación, de fecha 4 de diciembre de 2019, el reclamante, manifiesta que, la información entregada es parcial, pues sólo se hace entrega de la resolución exenta N° 813 de fecha 24 de enero, de 2008 emitida por la División Jurídica del Ministerio de Educación. Al efecto, concluye que, la Corporación sólo le ha entregado información, relativa a 1 año, específicamente al año 2008 y lo solicitado fueron los años 2007 al 2012, ambos inclusive, sin señalar motivo alguno para negar la información de los otros años.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, previo a pronunciarse sobre el fondo del presente amparo, se debe señalar que la Ley de Transparencia en su artículo 14 dispone, que la autoridad o jefatura del organismo requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde su recepción. No obstante ello, en el presente caso, la solicitud en análisis no fue respondida dentro del plazo legal indicado. Al efecto, consta que la solicitud ingresó al órgano reclamado el 17 de julio de 2019, y que ésta se respondió el 11 de noviembre de 2019, en circunstancias de que el plazo de respuesta vencía el día 14 de agosto de octubre de 2019.

2) Que, atendido al pronunciamiento efectuado por el reclamante, el presente amparo se circunscribirá a la falta de satisfacción del reclamante con la información entregada, ya que la respuesta sería incompleta. Al efecto, el reclamante, hace presente que, sólo se hace entrega de la resolución exenta N° 813 de fecha 24 de enero, de 2008 emitida por la División Jurídica del Ministerio de Educación, en circunstancias que lo solicitado corresponde a las resoluciones emitidas entre los años 2007 y 2012, ambos años inclusive.

3) Que, revisado los antecedentes del procedimiento de acceso en comento, este Consejo constata que, el órgano reclamado proporcionó respuesta insuficiente al requerimiento de información. Al efecto, cabe señalar que el período consultado abarca desde el 2007 al 2012, pronunciándose la reclamada únicamente respecto del 2018. Asimismo, dicha presentación, no incorpora las rendiciones de los recursos otorgados para el pago y el listado de los profesionales beneficiarios a la División de Planificación y Presupuesto del Ministerio de Educación

4) Que, es menester tener en consideración, que lo solicitado constituye información pública, en la medida que se trata de información relativa a la Administración del Estado, relacionados con el uso de recursos públicos. En tal sentido, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, dispone que: "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. En este mismo orden de ideas, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado: "es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento"; y "El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga".

5) Que, en mérito de lo expuesto con anterioridad, tratándose de información de naturaleza pública; que la información no fue entregada en su oportunidad por el órgano reclamado; y, no alegándose en la especie la inexistencia de la información o bien, causales de secreto o reserva respecto de lo requerido, se acogerá el presente amparo, ordenándose la entrega de la información requerida. Sin perjuicio de lo anterior, en aplicación del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia y en conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República, lo preceptuado en los artículos 2, letras f) y g), y 4 de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la vida privada, deberán tarjarse, al momento de efectuar la entrega de la información, solamente aquellos datos personales y sensibles de contexto, tales como, número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular. Con todo, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Vicente Prado Orrego, en contra de la Corporación Municipal de San Fernando, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Alcalde y Presidente de la Corporación Municipal de San Fernando, lo siguiente;

a) Entregue al reclamante las resoluciones emitidas por la división jurídica del Ministerio de Educación, las cuales otorgan el aporte fiscal extraordinarios y anticipo de la subvención conforme a la Ley 20.158 para acogerse al Retiro Voluntario Anticipado desde el año 2007 al año 2012, ambos años inclusive; las rendiciones de los recursos otorgados para el pago y el listado de los profesionales beneficiarios a la División de Planificación y Presupuesto del Ministerio de Educación. Sin perjuicio de lo anterior, en aplicación del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia y en conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República, lo preceptuado en los artículos 2, letras f) y g), y 4 de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la vida privada, deberán tarjarse, al momento de efectuar la entrega de la información, solamente aquellos datos personales y sensibles de contexto, tales como, número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular. Con todo, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Vicente Prado Orrego y al Sr. Alcalde y Presidente de la Corporación Municipal de San Fernando.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.