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Eduardo Sanhueza Alvarado con MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ Rol: C5092-19

Consejo para la Transparencia, 28/02/2020

Se rechaza el amparo en contra de la Municipalidad de Hualaihué relativo a la evaluación psicológica rendida por el ganador del concurso público; por tratarse de información de carácter sensible, que no puede ser objeto de tratamiento por parte de la entidad edilicia, en su calidad de responsable del registro o banco de datos; sin autorización del titular de los mismos. Lo anterior, en conformidad a lo previsto en la Constitución Política de la República en su artículo 19 N° 4 y la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada. Asimismo, en cumplimiento de la atribución otorgada al Consejo por la Ley de Transparencia. Hay voto concurrente del Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y del Consejero don Francisco Leturia Infante, relativo a la naturaleza de las evaluaciones o informes psicolaborales, por cuanto, a sus juicios, la opinión del evaluador no es por sí mismo un dato personal, pero puede contener información íntima, cuyo conocimiento por parte de terceros podría generar múltiples consecuencias indeseadas. Agregan, que ante la disyuntiva de privilegiar una situación u otra, debe ser protegida la reserva, salvo que medie consentimiento de la persona evaluada en otorgar una publicidad total o parcial a su evaluación, lo que no ocurre en la especie.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Otros, especificar
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Concurrente)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Concurrente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C5092-19

Entidad pública: Municipalidad de Hualaihué

Requirente: Eduardo Sanhueza Alvarado

Ingreso Consejo: 12.07.2019

RESUMEN

Se rechaza el amparo en contra de la Municipalidad de Hualaihué relativo a la evaluación psicológica rendida por el ganador del concurso público; por tratarse de información de carácter sensible, que no puede ser objeto de tratamiento por parte de la entidad edilicia, en su calidad de responsable del registro o banco de datos; sin autorización del titular de los mismos.

Lo anterior, en conformidad a lo previsto en la Constitución Política de la República en su artículo 19 N° 4 y la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada. Asimismo, en cumplimiento de la atribución otorgada al Consejo por la Ley de Transparencia.

Hay voto concurrente del Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y del Consejero don Francisco Leturia Infante, relativo a la naturaleza de las evaluaciones o informes psicolaborales, por cuanto, a sus juicios, la opinión del evaluador no es por sí mismo un dato personal, pero puede contener información íntima, cuyo conocimiento por parte de terceros podría generar múltiples consecuencias indeseadas. Agregan, que ante la disyuntiva de privilegiar una situación u otra, debe ser protegida la reserva, salvo que medie consentimiento de la persona evaluada en otorgar una publicidad total o parcial a su evaluación, lo que no ocurre en la especie.

En sesión ordinaria N° 1077 del Consejo Directivo, celebrada el 28 de febrero de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5092-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 14 de mayo de 2019, don Eduardo Sanhueza Alvarado solicitó a la Municipalidad de Hualaihué, información sobre los resultados del último Concurso Público para Director Establecimiento Municipal Colegio Maurice Hitchcock, efectuado el año 2015 por el Departamento de Educación, DAEM, de la Municipalidad de Hualaihué, a través del sistema de Alta Dirección Pública. Específicamente requiere:

a) "Los resultados obtenidos por cada uno de los postulantes, en lo referente a las Competencias para el Ejercicio del Cargo, es decir, Liderazgo Pedagógico, Visión Estratégica, Gestión y Logro, Resolución de Problemas, Adaptación al Entorno y Articulación de Redes y Conocimientos Técnicos. Además, acompañar a lo solicitado, la puntuación o resultados de la Evaluación Psicolaboral y de la Entrevista efectuada por la Comisión Calificadora del Concurso; y,

b) Copia de la nómina de postulantes seleccionados por la Comisión Calificadora del Concurso y de los Informes elaborados por la Asesoría Externa contratada para estos efectos".

2) RESPUESTA: La Municipalidad de Hualaihué, respondió a dicho requerimiento de información mediante oficio Ord. N° 746, de 21 de junio de 2019, adjuntando acta sobre entrevista individual y el informe de análisis curricular elaborado por la consultora contratada.

Por su parte, deniega acceso a los resultados de la evaluación psicolaboral, en donde también se encuentran incluidos los referentes a las competencias para el ejercicio del cargo, por aplicación de la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

Por último, indica que ello también aplica para la ganadora del concurso público, quien de manera escrita manifestó su oposición a la entrega de sus antecedentes.

3) AMPARO: El 12 de julio de 2019, don Eduardo Sanhueza Alvarado dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Municipalidad de Hualaihué, fundado en que recibió respuesta negativa e incompleta a su solicitud de información.

4) SUBSANACIÓN DEL AMPARO: Mediante Oficio N° E12588, de 4 de septiembre de 2019, este Consejo solicitó al reclamante subsanar su amparo, a fin de que aclarara si sólo reclamaba por la denegación del informe psicolaboral, o bien, respecto de otra parte de la respuesta otorgada. En dicho oficio se le advirtió expresamente al reclamante que, en caso de no subsanar en el plazo de 5 días hábiles en los términos indicados precedentemente, el presente amparo sólo sería tramitado respecto del informe psicolaboral denegado. Atendido que no se recibió respuesta en los términos requeridos, se estimó que el recurrente sólo se amparaba por el informe psicolaboral denegado, respecto del ganador del concurso consultado.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Hualaihué mediante oficio N° E14343, de fecha 8 de octubre de 2019, requiriéndole lo siguiente: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) explique cómo los resultados de la evaluación psicolaboral solicitadas afectaría los derechos de los terceros; (3°) indique si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (4°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y, en la afirmativa, acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que den cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; y, (5°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.

El órgano reclamado, a través de oficio Ord. N° 1190, de fecha 24 de octubre de 2019, formuló sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis, que la denegación se funda en que la información de los resultados de la evaluación psicolaboral, tienen carácter de privado, ya que se refieren a juicios y opiniones valorativos, emitidos por el profesional a cargo del proceso. Lo anterior, según lo prescrito en el artículo 21 N° 2 de Ley de Transparencia. En este caso, la evaluación psicolaboral, contiene información relacionada con la salud mental y con la esfera de la vida privada de la persona consultada. Se considera que el conocimiento por parte de terceros, respecto de las opiniones o juicios emitidos en el citado informe, pueden generar un daño a los postulantes.

Asimismo, informan que la tercera involucrada, presentó su oposición a la entrega de sus antecedentes psicolaborales, mediante correo electrónico de fecha 20 de junio de 2019, que acompaña.

6) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL TERCERO: Este Consejo, mediante Oficio N° E16352, de fecha 12 de noviembre de 2019, notificó al tercero involucrado, a fin de que presentara sus descargos u observaciones al presente amparo, debiendo hacer expresa mención a los derechos que le asisten y que pudieran verse afectados con la publicidad de la información requerida.

Mediante presentaciones de 3 de diciembre de 2019, el tercero involucrado presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis, que el documento requerido contiene datos personales sensibles, referidos a información que forma parte de su vida privada. Sostiene que si el requirente, quien es concejal de la Municipalidad de Hualaihué, obtiene acceso a su informe, le daría un uso indebido, causándole daño moral o psíquico.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se circunscribe a la denegación del informe psicolaboral de la ganadora del concurso público para proveer al cargo de director del establecimiento municipal Colegio Maurice Hitchcock, fundada en la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

2) Que, como se ha sostenido en las decisiones de amparos roles Nos C1594-15, C3329-15 y C105-16, entre otras, las evaluaciones psico-laborales son un importante instrumento el cual contiene la apreciación de un experto respecto de los rasgos psicológicos del entrevistado en relación a un determinado perfil de cargo previamente definido para el desempeño de una función pública específica. La referida apreciación se obtiene, luego de concertar una entrevista personal y aplicar durante la misma o en otra oportunidad, test psicométricos y/o proyectivos, proceso que una vez concluido permite determinar la idoneidad del evaluado para acceder a un cargo. Por otra parte, debe acentuarse que la referida pericia no puede ser efectuada sin la participación voluntaria y activa de la persona evaluada, quien al develar aspectos de la vida íntima, permite al experto efectuar valoraciones y emitir juicios que se convierten en una importante herramienta a favor de la autoridad pertinente y que consecuentemente, le permite determinar si el perfil del postulante se ajusta al cargo concursado. Luego, los datos contenidos en dicho informe son inequívocamente datos personales sensibles de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2°, letra g) de la ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada, por cuanto, los antecedentes que contiene, quedan íntegramente comprendidos dentro de la definición normativa de "datos sensibles" toda vez que éstos se refieren a "características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como (...) los estados de salud físicos o psíquicos (...)". En consecuencia, en conformidad a lo dispuesto en artículo 10 del mismo cuerpo normativo, "No pueden ser objeto de tratamiento los datos sensibles, salvo cuando la ley lo autorice, exista consentimiento del titular o sean datos necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que corresponden a sus titulares."

3) Que, a mayor abundamiento sobre la materia en análisis, nuestro Tribunal Constitucional, conociendo de un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, relativo a la publicidad de los informes psicológicos del ganador de un concurso sujeto a las normas de Alta Dirección Pública (Rol STC 1990) asentó como un "antecedente jurídico clave" para comprender adecuadamente la cuestión que dicha Magistratura debía resolver, la circunstancia que un informe de evaluación personal, comprensivo de la evaluación psicológica, la evaluación de atributos con puntajes, la descripción de motivación y la conclusión, es un dato sensible. Al efecto, dicho Tribunal señaló: "El informe de evaluación personal es, de conformidad al artículo 2° de la Ley N° 19.628, un dato sensible. Por una parte, porque se trata de aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad. Por la otra, porque dicha disposición expresamente señala como ejemplo de estos datos "los estados de salud físicos o síquicos.". La evaluación personal es parte de la salud psíquica de una persona. / Al tener tal carácter, no pueden ser objeto de tratamiento de datos (artículo 10, Ley N° 19.628), por afectar la vida privada de las personas, salvo que la ley lo autorice o su titular consienta en ello" (énfasis agregado).

4) Que, de acuerdo a lo expuesto en los dos numerales precedentes, a juicio de este Consejo, la Municipalidad de Hualaihué, en su calidad de responsable del registro o banco de datos en el que consta la evaluación psicológica reclamada en el amparo, no se encuentra autorizado para entregar ni comunicar dicha información, por cuanto ésta fue generada con la única finalidad de determinar la idoneidad de los postulantes a un concurso público; y respecto de la cual, el titular de dichos datos no ha otorgado su consentimiento para entregarla, ni existe norma legal que autorice su tratamiento fuera del ámbito de las funciones públicas del órgano; razones por las cuales se rechazará el amparo de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, 19 N° 4 de la Constitución Política de la República y la facultad conferida a esta Corporación, por el artículo 33, letra m) de la Ley de Transparencia, en relación con la causal de reserva del artículo 21 N° 2 del mismo cuerpo normativo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Eduardo Sanhueza Alvarado en contra de la Municipalidad de Hualaihué, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Eduardo Sanhueza Alvarado, al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Hualaihué y al tercero interesado.

VOTO CONCURRENTE

La presente decisión fue acordada con el voto concurrente del Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y del Consejero don Francisco Leturia Infante, para quienes respecto de la naturaleza de los informes psicolaborales elaborados en el marco de un concurso para proveer un cargo público, es menester hacer presente lo siguiente:

1) Que, cualquier análisis psicológico es un acto interpretativo, que depende significativamente de quien lo realiza, y que pese a sus posibles y conocidos errores descriptivos, puede ser útil para disminuir el margen de error a nivel agregado en la contratación.

2) Que, sin embargo, esta evaluación se da en el marco de una relación profesional cubierta legalmente por el secreto profesional, y es realizada en base a cierta información proporcionada por el propio "evaluado" bajo el encuadre de la confidencialidad. El evaluado consiente en que dicha opinión sea conocida por el evaluador y el equipo de selección de personal, y en ningún caso por terceros.

3) Que, la opinión del evaluador no es por sí mismo un dato personal, pero puede contener información íntima, además de opiniones profesionales más o menos acertadas, pero con pretensión de exactitud, cuyo conocimiento por parte de terceros podría generar múltiples consecuencias indeseadas. Asimismo, podría llegar a ser un acto constitutivo de delito (246 Código Penal, entre otros), por parte de quien divulgue la información, situación que este Consejo no puede amparar, en ausencia de consentimiento del evaluado.

4) Que, esta situación debe ser considerada de un valor tal, que su protección incluso se impondrá sobre el bien jurídico de la publicidad de los antecedentes generados en el marco de un procedimiento administrativo que tiene por objeto dotar al organismo de personal idóneo para el ejercicio de un cargo público, y que bajo circunstancias ordinarias, correspondería a información pública, escrutable y sujeta a control social de la ciudadanía.

5) Que, ante la disyuntiva de privilegiar una situación u otra, a su juicio, debe ser protegida la reserva, salvo que medie consentimiento de la persona evaluada en otorgar una publicidad total o parcial a su evaluación, situación que no ocurre en la especie.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por el Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y por los Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Javier Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.