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Esteban Antonio Rebagliati Díaz con DIRECCIÓN DE VIALIDAD DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Rol: C2466-19

Consejo para la Transparencia, 24/03/2020

Se acoge el amparo deducido en contra de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, respecto de las actas consultadas. Lo anterior, al tratarse de información pública, respecto de la cual se desestimó la causal de reserva alegada por el órgano reclamado, relativa a que lo solicitado se trataba de antecedentes necesarios para sus defensas jurídicas, al no acreditarse una afectación a sus funciones, particularmente, a su estrategia judicial. Al efecto, se sigue lo resuelto en las decisiones C68-09, C293-09 y C380-09, entre otras. Sin perjuicio de lo anterior, se derivará la solicitud de información al Consejo de Defensa del Estado (CDE), por cuanto en la especie, dicho órgano es parte demandada en el juicio respectivo que, según la Dirección reclamada, se encontraría vinculada con los documentos solicitados, situándose el CDE en consecuencia, en mejor posición para determinar una eventual afectación de algún interés jurídico protegido. En este último caso, se sigue el criterio contenido en las decisiones C574-18, C1743-18, C1941-19 y C1034-19. Con todo, analizado el expediente digital del juicio respectivo, se advierte que la parte demandante, el día 6 de marzo del año en curso, acompañó entre otros documentos, copia del acta de recepción provisoria solicitado en este amparo. Lo anterior, se hace presente al reclamante, para que acceda a él en la forma en que se detalla en el cuerpo de esta decisión.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente


Descriptores analíticos:

Tema Obras Públicas (Vialidad)
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Decisiones o sentencias citadas en documento:



Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Ausente)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2466-19

Entidad pública: Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas.

Requirente: Esteban Antonio Rebagliati Díaz.

Ingreso Consejo: 01.04.2019.

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, respecto de las actas consultadas.

Lo anterior, al tratarse de información pública, respecto de la cual se desestimó la causal de reserva alegada por el órgano reclamado, relativa a que lo solicitado se trataba de antecedentes necesarios para sus defensas jurídicas, al no acreditarse una afectación a sus funciones, particularmente, a su estrategia judicial.

Al efecto, se sigue lo resuelto en las decisiones C68-09, C293-09 y C380-09, entre otras.

Sin perjuicio de lo anterior, se derivará la solicitud de información al Consejo de Defensa del Estado (CDE), por cuanto en la especie, dicho órgano es parte demandada en el juicio respectivo que, según la Dirección reclamada, se encontraría vinculada con los documentos solicitados, situándose el CDE en consecuencia, en mejor posición para determinar una eventual afectación de algún interés jurídico protegido.

En este último caso, se sigue el criterio contenido en las decisiones C574-18, C1743-18, C1941-19 y C1034-19.

Con todo, analizado el expediente digital del juicio respectivo, se advierte que la parte demandante, el día 6 de marzo del año en curso, acompañó entre otros documentos, copia del acta de recepción provisoria solicitado en este amparo. Lo anterior, se hace presente al reclamante, para que acceda a él en la forma en que se detalla en el cuerpo de esta decisión.

El Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.

En sesión ordinaria N° 1083 del Consejo Directivo, celebrada el 24 de marzo de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C2466-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 28 de enero de 2019, don Esteban Antonio Rebagliati Díaz solicitó a la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, la siguiente información: "(i) Acta de recepción provisoria del camino construido al amparo del contrato: "Mejoramiento Ruta 199-CH sector Puesco - Mamuil Malal, tramo DM. 136.800 - DM. 153.562,087; comuna de Curarrehue, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía"; y (ii) en caso de existir, acta de recepción definitiva del mismo camino".

2) PRÓRROGA Y RESPUESTA: Mediante oficio N° 0645, de 23 de octubre de 2019, el órgano notificó al solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en diez días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia.

Luego, por medio de resolución exenta N° 696, de 11 de marzo de 2019, en síntesis, el servicio denegó lo solicitado por la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra a), de la Ley de Transparencia, en la medida que lo solicitado constituye un elemento esencial para su defensa judicial en la causa en que una constructora demandó al Fisco de Chile ante el 1° Juzgado Civil de Santiago -causa Rol C-36.697-2018-, por incumplimiento del contrato "Mejoramiento Ruta 199-CH sector Puesco Maluil-Malal, tramo DM. 136.800 - DM. 153.562,087, comuna de Curarrehue, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía", exigiendo el cumplimiento forzado del mismo. Entregar lo pedido dejaría al Servicio en una indefensión, ya que los antecedentes requeridos tratan precisamente sobre el cumplimiento del contrato y la ejecución de las obras por parte de Constructora.

3) AMPARO: El 1 de abril de 2019, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información.

Al efecto, sostuvo en resumen, que el acceso público a los expedientes judiciales por medio de la web del poder judicial desvirtúa la reserva alegada. Además, a la fecha de la respuesta el periodo de discusión en el juicio se encontraba concluido, toda vez que la dúplica se había evacuado en febrero de 2019.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, mediante oficio N° E7170, de fecha 29 de mayo de 2019, requiriendo que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) señale cómo la entrega de la información reclamada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa, específicamente, informe en qué medida su acceso iría en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o constituye un antecedente necesario para la defensa jurídica y judicial, explicando cómo dicha documentación está destinada a respaldar la posición del órgano ante una controversia de carácter jurídico; (3°) informe el estado en que se encuentra el procedimiento que sirvió de fundamento para denegar la entrega de la información reclamada; y, (4°) en el evento de pretender complementar la respuesta a la solicitud de información, remítasela directamente a la parte recurrente, con copia a este Consejo, a fin de evaluar la finalización del presente amparo, a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC).

Por medio de ordinario N° 6002, de 18 de junio de 2019, el servicio reiteró lo señalado en su respuesta, agregando en resumen, que las actas de recepción provisoria y definitiva son actos administrativos en los cuales se deja constancia de la correcta ejecución de las obras por parte del contratista y del presupuesto de las obras recibidas, según se dispone en los artículos 166 y 176 del decreto MOP N° 75, de 2004; por tanto, ambos documentos son parte de la discusión central del juicio interpuesto contra del Ministerio, ya que en ellos consta precisamente parte de la información reclamada por el contratista en el juicio.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega de las actas consignadas en el numeral 1°, de lo expositivo.

2) Que, en un primer orden de ideas, del tenor del requerimiento se advierte que lo solicitado constituye información de carácter público, por cuanto consisten en actos emanados de un órgano de la Administración del Estado. En efecto, el artículo 8° inciso 2°, de la Constitución Política de la República, establece que: "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen". Lo anterior, sin perjuicio de las causales de reserva que puedan alegarse en la especie.

3) Que, el órgano alegó la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra a), de la Ley de Transparencia, respecto del cual cabe tener presente que, por tratarse de una norma de derecho estricto, que se contrapone al principio general de transparencia de los actos de la Administración, debe ser interpretado restrictivamente. En tal sentido, el mencionado artículo dispone que se podrá denegar el acceso a la información, cuando su entrega afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, especialmente "si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales".

4) Que, el órgano para fundar la causal refirió, en resumen, que la información reclamada forma parte de la estrategia de defensa judicial en el juicio que indica, ya que en ellos consta parte de la información reclamada por el contratista en juicio antes señalado. Con todo, dicha alegación debe desestimarse, por cuanto no se condice con el carácter estricto de la causal. En efecto, según el criterio sostenido reiteradamente por este Consejo -desde las decisiones de amparos Roles C68-09, C293-09 y C380-09, entre otras- la causal alegada debe interpretarse de manera estricta, debiendo concluirse que la sola existencia de un juicio pendiente en que sea parte el órgano requerido, no transforma a todos los documentos relacionados, o que tengan algún grado de vinculación con él, en secretos. Tampoco basta, para que se configure la concurrencia de la causal de reserva alegada, que el órgano sólo haga mención a la existencia de algún procedimiento jurídico o judicial. Para que ello ocurra, debe existir una relación directa entre la información solicitada, el litigio o controversia pendiente y la estrategia jurídica o judicial del órgano, lo que debe ser acreditado por el órgano reclamado, lo cual no se produce.

5) Que, a su turno, la determinación de qué puede estimarse como "antecedentes" que se encuentren vinculados con defensas jurídicas, que resulten "necesarios" para ese fin, es un asunto que si bien queda a la discrecionalidad del organismo administrativo de que se trate, desde luego no significa que dicha decisión pueda adoptarse arbitrariamente, sino que dicha decisión queda siempre cubierta por la debida fundamentación, racional y razonable, propia de todo órgano de un Estado democrático de Derecho. En este orden de ideas, el órgano no ha explicado en forma pormenorizada la necesidad de las actas solicitadas para sus defensas judiciales, todo lo cual permitiría obtener un mínimo de comprensión acerca del grado de necesidad y vinculación entre lo pedido en este amparo, sus defensas jurídicas, con los procedimientos judiciales. En este sentido, para estimar que concurre la causal invocada el órgano reclamado debe acreditar que la publicidad de la información solicitada afecta su debido funcionamiento -como ocurriría si con ello se expone su estrategia judicial-. Al efecto, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 21 de la Ley de Transparencia no se presume, sino que debe acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo cual en la especie no se produce.

6) Que, asimismo, se debe agregar que este Consejo ha sostenido que son públicos los antecedentes cuando no se acredita tal afectación, aunque la denegación persiga obstaculizar que la contraparte pruebe un hecho en un litigio pendiente, a menos que concurriese una causal diversa de la del artículo 21 N° 1, letra a) de la Ley de Transparencia. Ello, porque se ha estimado que dicha motivación no encuentra justificación en la protección del debido cumplimiento de las funciones de la Administración (decisión amparo Rol A380-09). Por lo tanto, por las razones anteriores, se desestimará la causal de reserva analizada.

7) Que, sin perjuicio de lo resuelto anteriormente, a juicio de este Consejo, en la especie no sólo el órgano reclamado resulta competente, sino también, el Consejo de Defensa del Estado -CDE-, quien es parte demandada en el juicio de cumplimiento de contrato. En este contexto, este Consejo, en la decisión que resolvió el amparo Rol N° C1301-14, razonó en su considerando 9°, que el órgano competente es: "(...) aquél que está en posición idónea para determinar la eventual afectación de algún interés jurídico protegido, los alcances de la entrega de determinada información, medir el impacto de revelar o reservar la información solicitada y, en su caso, alegar y acreditar alguna causal de secreto o reserva establecida en la Ley de Transparencia o alguna ley de quórum calificado".

8) Que, teniendo en cuenta lo anterior, aun cuando este Consejo pueda desestimar la causal de reserva invocada por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, no se puede desatender el hecho de que el CDE en su calidad de parte demandada en el juicio en comento, se encuentra en mejor posición para determinar una eventual afectación de algún interés jurídico protegido, pudiendo en dicho contexto invocar causales de reserva para precaver la afectación de alguno de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 21 de la Ley de Transparencia. Por lo tanto, siguiendo el criterio establecido en las decisiones C574-18, C1743-18, C1941-19 y C1034-19, el presente amparo se acogerá, pero sólo en cuanto el órgano reclamado no derivó la solicitud de información al CDE, razón por la cual, en virtud del principio de facilitación, consagrado en el artículo 11, letra f), de la citada ley, se derivará el requerimiento de información en análisis, para que el CDE las responda a la luz de la normativa aplicable en la especie, con la prevención de lo que se indicará en el considerando siguiente.

9) Que, sin perjuicio de lo anterior, analizado el expediente digital del juicio antes señalado, se advierte que la parte demandante, el día 6 de marzo del año en curso, acompañó entre otros documentos, copia del acta de recepción provisoria, el cual fue solicitado en el numeral 1°, de lo expositivo. Lo anterior, se hace presente al reclamante en este amparo, para que acceda a él, https://civil.pjud.cl/CIVILPORWEB/, pudiendo descargarlo en los antecedentes contenidos en el Folio N° 72. Por lo tanto, la derivación antes señalada, sólo se realizará respecto del acta de recepción definitiva.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Esteban Antonio Rebagliati Díaz en contra de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, sólo en cuanto no derivó el requerimiento de información al Consejo de Defensa del Estado (CDE), en los términos dispuestos en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, conforme a los fundamentos señalados precedentemente.

II. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente:

a) Derivar al Consejo de Defensa del Estado (CDE), la solicitud de acceso a la información consistente en: Acta de recepción definitiva del camino construido al amparo del contrato: "Mejoramiento Ruta 199-CH sector Puesco - Mamuil Malal, tramo DM. 136.800 - DM. 153.562,087; comuna de Curarrehue, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía".

b) Notificar la presente decisión a don Esteban Antonio Rebagliati Díaz y al Sr. Director Nacional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Marcelo Drago Aguirre.

Se deja constancia que el Consejero don Francisco Leturia Infante, en forma previa al conocimiento del presente caso, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el mismo, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido, en razón de mantener un vínculo de parentesco con el Sr. Subsecretario de Obras Públicas, al ser hermano de dicha autoridad; solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.