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Jorge Poblete Herrera con SUBSECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Rol: C6672-19

Consejo para la Transparencia, 05/05/2020

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, respecto a los gastos en que incurrió el Estado Chileno derivados del otorgamiento de asilo político a las personas y en las fechas que se indican en la solicitud, desagregando dichos gastos por año, y por conceptos de vivienda u hoteles, alimentación, salud, viajes y traslados (aéreos, terrestres y otros), y otras categorías en que se haya incurrido en gastos por parte del Estado. Lo anterior, por cuanto la información consultada, es reservada al tratar sobre personas que detentan la calidad de refugiados en nuestro país.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Relaciones exteriores
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Ausente), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C6672-19

Entidad pública: Subsecretaría de Relaciones Exteriores

Requirente: Jorge Poblete Herrera

Ingreso Consejo: 26.09.2019

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, respecto a los gastos en que incurrió el Estado Chileno derivados del otorgamiento de asilo político a las personas y en las fechas que se indican en la solicitud, desagregando dichos gastos por año, y por conceptos de vivienda u hoteles, alimentación, salud, viajes y traslados (aéreos, terrestres y otros), y otras categorías en que se haya incurrido en gastos por parte del Estado.

Lo anterior, por cuanto la información consultada, es reservada al tratar sobre personas que detentan la calidad de refugiados en nuestro país.

En sesión ordinaria N° 1094 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de mayo de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6672-19.

VISTOS:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 7 de agosto de 2019, don Jorge Poblete Herrera solicitó a la Subsecretaría de Relaciones Exteriores la siguiente información:

a. "Gastos para el Estado chileno derivados del otorgamiento de asilo político a la jueza que indica, entre el martes 22 de agosto de 2017, fecha en que se anunció públicamente la decisión de entregarle asilo, y el 7 de agosto de 2019. Desagregar estos gastos por año, y por conceptos de vivienda u hoteles, alimentación, salud, viajes y traslados (aéreos, terrestres y otros), y otras categorías en que se haya incurrido en gastos por parte del Estado.

b. Gastos para el Estado chileno derivados del otorgamiento de asilo político a la jueza que indica, entre el martes 22 de agosto de 2017, fecha en que se anunció públicamente la decisión de entregarle asilo, y el 7 de agosto de 2019. Desagregar estos gastos por año, y por conceptos de vivienda u hoteles, alimentación, salud, viajes y traslados (aéreos, terrestres y otros), y otras categorías en que se haya incurrido en gastos por parte del Estado.

c. Gastos para el Estado chileno derivados del otorgamiento de asilo político a la jueza que indica, entre el martes 22 de agosto de 2017, fecha en que se anunció públicamente la decisión de entregarle asilo, y el 7 de agosto de 2019. Desagregar estos gastos por año, y por conceptos de vivienda u hoteles, alimentación, salud, viajes (aéreos, terrestres y otros) y traslados, y otras categorías en que se haya incurrido en gastos por parte del Estado.

d. Gastos para el Estado chileno derivados del otorgamiento de asilo político al juez que identifica , entre el martes 22 de agosto de 2017, fecha en que se anunció públicamente la decisión de entregarle asilo, y el 7 de agosto de 2019. Desagregar estos gastos por año, y por conceptos de vivienda u hoteles, alimentación, salud, viajes (aéreos, terrestres y otros) y traslados, y otras categorías en que se haya incurrido en gastos por parte del Estado.

e. Gastos para el Estado chileno derivados del otorgamiento de asilo político al juez que señala, entre el martes 22 de agosto de 2017, fecha en que se anunció públicamente la decisión de entregarle asilo, y el 7 de agosto de 2019. Desagregar estos gastos por año, y por conceptos de vivienda u hoteles, alimentación, salud, viajes (aéreos, terrestres y otros) y traslados, y otras categorías en que se haya incurrido en gastos por parte del Estado.

f. Gastos para el Estado chileno derivados de la recepción en calidad de huésped del político venezolano que indica, entre el 5 de abril de 2017, y el 7 de agosto de 2019. Desagregar estos gastos por año, y por conceptos de vivienda u hoteles, alimentación, salud, viajes (aéreos, terrestres y otros) y traslados, y otras categorías en que se haya incurrido en gastos por parte del Estado".

2) PRORROGA DE PLAZO: Por medio de Carta N°2047 de fecha 05 de septiembre de 2019, el órgano notificó a la parte solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en 10 días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia.

3) RESPUESTA: Por medio de Resolución Exenta N° 3604, de fecha 24 de septiembre de 2019, la Subsecretaría de Relaciones Exteriores respondió a dicho requerimiento de información indicando, en síntesis, que deniega parcialmente el acceso a la información requerida, accediendo a entregar la información relativa a las 6 personas consultadas, mientras éstas permanecieron en la Residencia Oficial de la Embajada de Chile en Venezuela; y denegando el acceso respecto de la información relativa a las 5 personas, a partir de la salida del aludido local de la Misión Diplomática de Chile en Venezuela, por concurrir la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, agregando, que las personas consultadas mantienen la calidad de asilados, desde el mes de octubre de 2017- aun no siendo nacionales del país- se les ofrece protección respecto a su vida, integridad personal, seguridad y/o libertad ya que se encuentran en peligro.

4) AMPARO: El 26 de septiembre de 2019, don Jorge Poblete Herrera dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta incompleta o parcial, en razón del Artículo 21 número 2 de la Ley de Transparencia.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sra. Subsecretaria de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores , mediante Oficio N° E16448 de fecha 13 de noviembre de 2019 solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros; (3°) indique si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (4°) únicamente en caso de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y, en la afirmativa, acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que den cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; y, (5°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.

Mediante Resolución N° 5794, de fecha 12 de diciembre de 2019 , el órgano reclamado presentó sus descargos y observaciones, reiterando lo dicho es su respuesta y complementando que la denegación parcial, en síntesis, obedece a la causal de reserva del N°2 y N°5 de la Ley de Transparencia. La última causal referido a los artículos 2, 3 y 4 de la Ley N°19.863. Además, indica que no se aplicó el artículo 20, ya que el artículo 21 N°2 autoriza la reserva de información cuando se afectan derechos de terceros, por lo que no se estimó necesario dar aplicación. Finalmente, señalan que la reserva obedece al asilo que ha dado el Estado de Chile a las personas que se indican teniendo el deber de resguardar los bienes jurídicos precedentemente singularizados y que le asisten a quienes se les ha otorgado la calidad de asilados.

Asimismo, indican que el acceso a dicha información podría significar, en términos probables y específicos, la afectación de la integridad y libertad de esas cinco personas, como también la de sus familias, toda vez que la publicidad, comunicación o conocimiento de aquella permitiría el ejercicio de acciones intrusivas en su contra (a partir de la develación de cualquier antecedente o dato relacionado con aquellas), habida consideración del rol activo que tienen como promotores del restablecimiento del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos en Venezuela en su calidad de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.

6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INTERESADOS: Con fecha 27 de diciembre de 2019 , mediante los Oficios N° E18744, N° E18745, N° E18746, N° E18747 y N° E18748 esta Corporación requirió a los terceros interesados presentar sus descargos u observaciones, debiendo incluir los fundamentos de hecho y de derecho que sustenten sus afirmaciones y acompañar todos los antecedentes y los medios de prueba de que dispusiere y que hagan mención expresa a los derechos que le asisten, y que pudieran verse afectados con la publicidad de la información solicitada.

A la fecha del presente acuerdo, no consta que los terceros hubieren presentado descargos u observaciones al presente reclamo.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el objeto de la solicitud está dirigida a obtener información respecto a los gastos en que incurrió el Estado chileno derivados del otorgamiento de asilo político a las personas y en las fechas que se indican en la solicitud, desagregando dichos gastos por año, y por conceptos de vivienda u hoteles, alimentación, salud, viajes y traslados (aéreos, terrestres y otros), y otras categorías en que se haya incurrido en gastos por parte del Estado. Al efecto, el órgano hizo una entrega parcial o incompleta de la información en virtud de la aplicación del principio de divisibilidad y de las causales de reserva del N°2 y N°5 de la Ley de Transparencia la última causal referido a los artículos 2, 3 y 4 de la Ley N°19.863.

2) Que la información pedida trata sobre personas que se encuentran en nuestro país en calidad de refugiados, amparados por la normativa internacional y nacional que regula la materia. En efecto, en conformidad a lo previsto en el artículo 7° de la Ley N° 20.430, sobre Protección de Refugiados, toda información referida a quienes detentan dicha calidad, forma de obtención y mantención es confidencial. Lo anterior, en sintonía con la normativa internacional sobre la materia - Convención sobre el Estatuto del Refugiado de 1951-, que brinda protección y amparo a las personas que por diversas circunstancias han sido privadas de la posibilidad de volver a sus respectivas naciones. En consecuencia, lo pedido trata sobre información reservada en conformidad a la normativa vigente sobre el particular.

3) Que, asimismo, este Consejo estima que la divulgación de información como la solicitada podría significar un riesgo no solo a la integridad de los involucrados sino que también, podría afectar severamente las relaciones internacionales que nuestro país mantiene con una nación extranjera. En efecto, es de público conocimiento la visión que el Gobierno de Chile tiene sobre la situación política que hoy se vive en la República de Venezuela, y en dicho contexto, es que ha optado por otorgar ayuda a personas que son disidentes de las autoridades actualmente en ejercicio en su país de origen. Lo anterior, supone un cuidado particular y especial, respecto de la comunicación de información referida a materias cuyo manejo es de exclusiva competencia de S.E. el Presidente de la República, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

4) Que, a mayor abundamiento, cabe señalar que además la información consultada es reservada en aplicación de lo previsto en la Ley N° 19.863. Lo anterior, toda vez que el legislador dispuso su secreto a efecto de garantizar el cumplimiento de determinadas funciones por parte de los organismos que cuentan con dichos recursos.

En efecto, y en conformidad a dicha normativa, se entenderá por gastos reservados aquellos egresos que, por el ministerio de esta ley, se faculta realizar exclusivamente a las entidades mencionadas entre las que se encuentran el Ministerio de Relaciones Exteriores. Lo anterior, para el cumplimiento de sus funciones públicas establecidas en las leyes, siempre que sean relativas al orden público, a la seguridad interna y externa del país, a la inteligencia y contrainteligencia, y que por su naturaleza deban ser reservadas o secretas.

Asimismo, que los ministerios y entidades a que se refiere identificarán, mediante resolución fundada de carácter reservada, las unidades operativas que requerirán para su operación el uso de los gastos que en él se señalan. Dicha resolución y sus modificaciones deberán ser remitidas al Contralor General de la República, las que tendrán el carácter de reservadas.

5) Que, en tal sentido, este Consejo ante información similar, resolvió reservar aquella información referida a gastos reservados. En efecto, en la decisión Rol C866-11 razonó que ""Que, lo solicitado es, precisamente, aquella información que da cuenta de los egresos asignados por parte de las FF.AA. a la partida presupuestaria de gastos reservados, por lo que la información requerida se subsume en la hipótesis de reserva contemplada por la citada ley N° 19.863. Así las cosas, en abstracto, su comunicación atentaría contra el objetivo perseguido por el legislador con su reserva, el que ha sido ratificado por el mismo al tiempo de aprobar la respectiva ley N° 20.418, de 2011, de Presupuestos del Sector Público. Máxime si el propio legislador reguló expresamente la fórmula para rendir, anualmente, a saber, en forma genérica y secreta, a la Contraloría General de la República, directamente a través del Contralor General, considerando una desagregación por rubros que permita ilustrar a éste sobre el contenido fundamental de dichos gastos..."

6) Que, en consecuencia, y en virtud de lo razonado precedentemente, se rechazará el presente amparo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Jorge Poblete Herrera en contra de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Jorge Poblete Herrera y a la Sra. Subsecretaria de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.