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Francisca Gómez Gajardo con OTRAS INSTITUCIONES Rol: C6432-19

Consejo para la Transparencia, 05/05/2020

Se rechaza el amparo en contra de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), respecto de la información relativa a la identificación de los titulares de los proyectos no seleccionados consultados, ya que su publicidad podría inhibir y desincentivar futuras postulaciones de investigadores, y con ello se afectaría el cumplimiento de las funciones del órgano, en lo referido a la promoción del desarrollo científico y tecnológico nacional. Asimismo, se rechaza el amparo en relación a la explicación de un valor de la planilla proporcionada en la respuesta, por la modificación del objeto pedido, al consistir en información no comprendida en el requerimiento formulado. No obstante, en virtud de los principios de máxima divulgación y facilitación, reconocidos en la Ley de Transparencia, con la notificación de la presente decisión se remitirá a la solicitante copia de los descargos que contiene una explicación al respecto. El Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Grupos de interés especial
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos  Documentos Operacionales.Estudios o investigaciones.Documentos 

Decisiones o sentencias citadas en documento:



Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Inhabilitación)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C6432-19

Entidad pública: Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID)

Requirente: Francisca Gómez Gajardo

Ingreso Consejo: 12.09.2019

RESUMEN

Se rechaza el amparo en contra de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), respecto de la información relativa a la identificación de los titulares de los proyectos no seleccionados consultados, ya que su publicidad podría inhibir y desincentivar futuras postulaciones de investigadores, y con ello se afectaría el cumplimiento de las funciones del órgano, en lo referido a la promoción del desarrollo científico y tecnológico nacional.

Aplica criterio contenido en las decisiones de los amparos roles C2247-17, C3136-18 y C4456-18, entre otras.

Asimismo, se rechaza el amparo en relación a la explicación de un valor de la planilla proporcionada en la respuesta, por la modificación del objeto pedido, al consistir en información no comprendida en el requerimiento formulado. No obstante, en virtud de los principios de máxima divulgación y facilitación, reconocidos en la Ley de Transparencia, con la notificación de la presente decisión se remitirá a la solicitante copia de los descargos que contiene una explicación al respecto.

El Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.

En sesión ordinaria N° 1094 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de mayo de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6432-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 26 de agosto de 2019 doña Francisca Gómez Gajardo solicitó a la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT), hoy Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo -en adelante e indistintamente la Agencia o ANID, continuadora legal del primero, en virtud del artículo 3° transitorio de la ley N° 21.105-, "las evaluaciones de todos los proyectos presentados a los fondos concursables CONICYT (regular, iniciación y postdoctorado) que hayan tenido patrocinio institucional de la Universidad Autónoma de Chile, para el período 2012-2019, para poder analizar los factores que han determinado los resultados de nuestra institución en este ámbito."

2) RESPUESTA: El órgano reclamado respondió a dicho requerimiento de información mediante carta de fecha 05 de septiembre de 2019, remitida a través de correo electrónico de fecha 12 de septiembre del mismo año, señalando, en síntesis, que adjunta listado de proyectos pedidos de la Universidad Autónoma en formato excel.

3) AMPARO: El 12 de septiembre de 2019, doña Francisca Gómez Gajardo dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, fundado en que revisada la planilla entregada, tratándose de los proyectos rechazados no se desglosa a los postulantes de modo de permitir su identificación, y además en la línea 267 del archivo Excel proporcionado aparece un valor de nota de "65.517" que se desvía de los otros resultados entregados.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado a la Sra. Directora Ejecutiva de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica -hoy, Directora Nacional de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo-, mediante oficio N° E15644, de fecha 31 de octubre de 2019. Se solicitó expresamente al órgano: refiérase a las alegaciones de la reclamante, en el sentido que en la respuesta enviada, el postulante rechazado que figura en la fila 267, fue calificado con una nota 68,517, y a la denegación de los nombres de los postulantes rechazados; indique si la publicidad de la información requerida, a su juicio, afecta derechos de terceros y, en la afirmativa, si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y en la afirmativa acompañe a este Consejo todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a los terceros, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y los antecedentes que den cuenta de la fecha en que ésta se presentó ante el órgano que usted representa; se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida; y, se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que harían procedente la denegación de la información solicitada.

El órgano reclamado, a través de oficio Ord. N° 1337, de fecha 19 de noviembre de 2019, formuló sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis, que en primer lugar, tratándose de lo señalado en el amparo en cuanto al valor de 68,517 que presenta una evaluación de la planilla proporcionada, señala que dicho valor es correcto puesto que la escala de nota utilizada el año 2012, fue de 1 a 100, y el año 2013, se modifica de 0 a 5.

Respecto a la individualización de los postulantes que no se adjudicaron proyectos en las convocatorias, señala que se deniega dicha información por concurrir la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, toda vez que acceder a dicho requerimiento afecta el debido cumplimiento de las funciones de la ANID.

En este sentido señala que en razón a la naturaleza de las funciones encomendadas a la ANID, destinadas a contribuir al desarrollo de la ciencia y tecnología como motor de desarrollo para nuestro país, se transfirieren recursos públicos con estricta sujeción al principio de concursabilidad. Expresa que el régimen de concursabilidad es un eje esencial en la materialización de esta política pública, atendido que permite la confrontación de proyectos y su evaluación de acuerdo a criterios que son empleados bajo estándares de igualdad de los postulantes, fomentando con ello la investigación científica y tecnológica, sobre la base de nuestra institucionalidad vigente.

Así, hace presente que los destinatarios de esta política pública en la actualidad lo conforman un acotado y reducido número de investigadores que participan de las distintas convocatorias públicas, constituyendo un permanente desafío de la Institución el ampliar el número de participantes, por ello, entregar el nombre de postulantes cuyos proyectos no fueron adjudicados, implica un verdadero desincentivo a la participación a futuras convocatorias, puesto que la divulgación de aquellos postulantes cuyos proyectos no fueron adjudicados, deja en evidencia las postulaciones no exitosas de los concursantes, afectando en definitiva el universo de postulantes y en consecuencia el normal funcionamiento de nuestra actividad. Señala que distinto es la entrega de aquellos proyectos adjudicados, ya que su publicidad no confronta ni pone en riesgo el número de interesados a futuras convocatorias, por el contrario, representa un verdadero aliciente a la participación de nuevos interesados en contribuir al desarrollo nacional de la ciencia y la tecnología, manteniendo el estándar esperado, permitiendo con ello que la ANID desarrolle plenamente su actividad en cumplimiento de nuestra misión institucional.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el objeto del presente amparo es obtener la entrega por parte del órgano reclamado de la información relativa a la identificación de los titulares de proyectos no seleccionados presentados a los fondos concursables ANID (regular, iniciación y postdoctorado) que hayan tenido patrocinio institucional de la Universidad Autónoma de Chile, para el período 2012-2019, como asimismo las razones por las cuales en la línea 267 del archivo Excel proporcionado aparece un valor de nota de "65.517" que se desvía de los otros resultados entregados.

2) Que, cabe tener presente que el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales.

3) Que, respecto de la información relativa a la identificación de los titulares de proyectos no seleccionados presentados a los fondos concursables ANID (regular, iniciación y postdoctorado) que hayan tenido patrocinio institucional de la Universidad Autónoma de Chile, para el período 2012-2019, el órgano reclamado denegó dicha información por estimar que concurre la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, fundado en los argumentos señalados en sus descargos.

4) Que, sobre el fondo de lo reclamado, cabe tener presente que este Consejo se ha pronunciado en reiteradas ocasiones denegando la divulgación de información relativa a proyectos que no resultaron seleccionados, incluyendo el nombre de sus titulares como en este caso. Lo anterior, descartando la existencia de un interés público que justifique la divulgación de antecedentes que sólo importan a quien no fue seleccionado. Así, en la decisión recaída en el amparo C2247-17, se razonó que «...la divulgación de proyectos no seleccionados en un determinado concurso o convocatoria, no presenta como correlato beneficio alguno para su titular, quien razonablemente acompañó sus antecedentes legales, técnicos y económicos, bajo la expectativa de ser seleccionado y obtener un aporte del Estado, por consiguiente, la entrega de dicha información significaría dejar al postulante no seleccionado en un situación desmejorada en comparación con la que poseía antes de participar en el concurso de fondos en cuestión. En tal contexto, la entrega de información como la pedida, produce una afectación presente o probable y con suficiente especificidad al debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado, por cuanto significará un claro desincentivo para las personas que participan de sus concursos de fondos...». Posteriormente, dicho criterio fue ratificado en las decisiones de amparo Roles C2247-17, C3136-18 y C4456-18, entre otras.

5) Que, por lo anterior, y atendido que la publicidad de la información generaría afectación cierta y con suficiente especificidad a las funciones del órgano, particularmente el cumplimiento de su rol de promoción del desarrollo científico y tecnológico nacional, se rechazará el amparo respecto de esta parte, por configurarse la causal de reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia.

6) Que, por otra parte, sobre lo reclamado en el amparo deducido, referido a que en la línea 267 del archivo Excel proporcionado aparece un valor de nota de "65.517" que se desvía de los otros resultados entregados, a juicio de este Consejo la reclamación en este punto excede la órbita de la solicitud de información que le dio origen, por cuanto se refiere al mérito de la información proporcionada, y no a la entrega o denegación de la misma, razón por la cual se desestimará dicha alegación, y por consiguiente se rechazará el amparo en esta parte.

7) Que, sin perjuicio de lo resuelto precedentemente, cabe tener presente que el órgano reclamado explicó en sus descargos que el valor de 68,517 que presenta una evaluación en el archivo entregado en su respuesta es correcto, puesto que la escala de nota utilizada el año 2012, fue de 1 a 100, y el año 2013, se modifica de 0 a 5. Luego, en virtud de los principios de máxima divulgación y facilitación, reconocidos en el artículo 11, literales d) y f), respectivamente, de la Ley de Transparencia, con la notificación de la presente decisión este Consejo remitirá a la solicitante copia del referido oficio de descargos que contiene la referida explicación.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por doña Francisca Gómez Gajardo en contra de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), tanto respecto de la información relativa a la identificación de los titulares de los proyectos rechazados consultados, por configurarse la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, como en relación a la explicación de un valor de la planilla proporcionada en la respuesta, por la modificación del objeto pedido, al consistir en información no comprendida en el requerimiento formulado, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a la Sra. Directora Nacional de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, y a doña Francisca Gómez Gajardo, remitiendo a este última por facilitación, copia del oficio Ord. N° 1337, de fecha 19 de noviembre de 2019, de la Directora de la ANID, a través del cual el órgano requerido formuló sus descargos sus descargos.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, y don Marcelo Drago Aguirre. Se deja constancia que el Consejero don Francisco Leturia Infante, en forma previa al conocimiento del presente caso, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el mismo, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido, solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.