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Víctor Morales Toro con POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE Rol: C5975-19

Consejo para la Transparencia, 05/05/2020

Por decisión de mayoría de los miembros del Consejo Directivo, se rechaza el amparo deducido en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, relativo a la dirección donde ocurren los delitos en la comuna de Machalí, cuyo tipo y fecha de ocurrencia fueron informados en su oportunidad. Lo anterior, por cuanto dicha información no obran en poder del órgano reclamado en los términos solicitados y su elaboración importaría una distracción indebida en el normal cumplimiento de sus funciones. Hay voto disidente del Consejero don Francisco Leturia Infante, quien fue partidario de acoger el amparo, por cuanto a diferencia del voto mayoritario, estima que la entrega de la información solicitada no implica una distracción indebida en el normal cumplimiento de las funciones del órgano reclamado.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Estudios o investigaciones.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Disidente)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C5975-19

Entidad pública: Policía de Investigaciones de Chile (PDI)

Requirente: Víctor Morales Toro

Ingreso Consejo: 21.08.2019

RESUMEN

Por decisión de mayoría de los miembros del Consejo Directivo, se rechaza el amparo deducido en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, relativo a la dirección donde ocurren los delitos en la comuna de Machalí, cuyo tipo y fecha de ocurrencia fueron informados en su oportunidad.

Lo anterior, por cuanto dicha información no obran en poder del órgano reclamado en los términos solicitados y su elaboración importaría una distracción indebida en el normal cumplimiento de sus funciones.

Hay voto disidente del Consejero don Francisco Leturia Infante, quien fue partidario de acoger el amparo, por cuanto a diferencia del voto mayoritario, estima que la entrega de la información solicitada no implica una distracción indebida en el normal cumplimiento de las funciones del órgano reclamado.

En sesión ordinaria N° 1094 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de mayo de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C5975-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 13 de agosto de 2019, don Víctor Morales Toro solicitó a la Policía de Investigaciones de Chile - en adelante también PDI-, "respecto a solicitud de información AD010T0007655, deseo rectificar y solicitar la información según los sgtes campos (En Excel): 1) tipo de delito, 2) fecha del delito, 3) dirección donde ocurre el delito. El periodo es el año 2019".

2) RESPUESTA: La Policía de Investigaciones de Chile mediante carta de fecha 20 de agosto de 2019, señaló que "la información otorgada en solicitud de Acceso a la Información Pública N° AD010T0007655, consta de todos los parámetros disponibles de ser incorporados en la estadística por usted solicitad. Debido a lo anterior no es posible atender su requerimiento en los términos señalados en la presente solicitud".

3) AMPARO: Con fecha 21 de agosto de 2019, don Víctor Morales Toro dedujo amparo a su derecho de acceso en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, fundado en la respuesta incompleta o parcial. En particular sostuvo que "La información entregada no permite hacer seguimiento ni establecer puntos críticos en Machalí. Viene en formato que impide su análisis y falta información relevante e indicada en el adjunto".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile mediante oficio N° E14.496, de fecha 9 de octubre de 2019, para que formule sus descargos y observaciones solicitando, especialmente, lo siguiente: (1°) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información; (2°) señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente su denegación; (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente su denegación; y, (5°) en caso de no existir inconvenientes para la entrega de aquella, se solicita la remisión de la misma al recurrente con copia a este Consejo, a fin de evaluar el cierre del presente caso a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC).

El órgano reclamado por medio de ordinario N° 1006, de fecha 25 de octubre de 2019, informó que con fecha 6 de agosto de 2019, fue recepcionada una solicitud de información del reclamante, ingresada bajo el Folio N° AD010T0007655, que en lo pertinente solicitaba "...registro o listado de denuncias por robo, hurto y cualquier delito para la comuna de Machalí, durante el año 2019. El registro idealmente debe venir con el nombre del afectado, dirección, tipo de delito, fecha del incidente y estatus actual". A la cual, remitieron respuesta con fecha 12 de agosto de 2019, la cual señalaba lo siguiente: "Al respecto, conforme lo dispone la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública usted tiene derecho a recibir respuesta a su solicitud. A propósito de lo anterior, se adjunta cuadro que contiene la información requerida, el cual fue remitido por el Centro de Análisis Criminal".

Por otra parte, señalan que la respuesta otorgada al reclamante es la dispuesta en sus sistemas institucionales, al efecto las bases de datos se mantienen con los campos entregados, esto es tipo de delito y fecha de la ocurrencia del hecho. Así, aquella es la información estadística que obra en su poder, por lo que, consideran que "el entregar la información en los términos que el solicitante requiere, además de contener datos de carácter personal, significaría revisar caso a caso a fin de extraer los datos requeridos".

De esta forma, sostienen que extraer datos adicionales a los ya proporcionados, implicaría destinar funcionarios de las distintas Unidades en las que se han recibido denuncias para que revisen una a una las órdenes de investigar, expedientes o las mismas denuncias, lo que se enmarca en la causal de secreto establecida en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia. Paralelamente, consideran necesario hacer presente que la información adicional requerida "se trata de el nombre de la víctima y la dirección donde se hubiere cometido el delito, lo que se enmarca en las causales de secreto del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia, en concordancia con las normas de la Ley N° 19.628".

5) GESTIÓN OFICIOSA: Con el objeto de resolver acertadamente el presente amparo este Consejo solicitó a la Policía de Investigaciones de Chile mediante correo electrónico de fecha 29 de octubre de 2019, lo siguiente: (1) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa y los derechos de terceros; (2°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; y, (3°) se refiera al volumen de aquella, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilarla.

El órgano reclamado por medio de correo electrónico de fecha 4 de noviembre de 2019, informó que para extraer los datos adicionales que el reclamante solicita, es necesario verificar cada una de las denuncias realizadas en las distintas unidades, para así recabar antecedentes como el nombre y domicilio de cada una de las víctimas. A mayor abundamiento, señalan que las denuncias se reciben a lo largo del país, y no solo en una unidad determinada. Aquello además de encontrarse dentro de las causales de secreto establecidas en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, también se configura la causal del artículo 21 N° 2 de dicha ley. Lo anterior, en virtud de que se atenta contra la protección a la vida privada el entregar la dirección y el nombre de cada una de las víctimas de determinados delitos, datos que se enmarcan en la esfera íntima de las personas.

Además, señalan que las denuncias son realizadas por diferentes formatos, donde cada uno de los denunciantes plasman los datos necesarios para determinar el lugar de ocurrencia de los hechos y sus datos personales. Por lo tanto, podrían encontrarse en formato digital y también en papel. Así, para recopilarla es necesario determinar en qué unidades se han realizado las denuncias y en base a aquella información destinar a un funcionario por unidad para que las busque y extraiga los datos por cada una de ellas, archivadas o vigentes que se encuentren disponibles en dicha unidad.

Y CONSIDERANDO:

1) Que el presente amparo se funda en la respuesta incompleta o parcial, circunscribiéndose el objeto de éste al dato referido a la dirección en donde se producen los delitos informados. Al respecto, el órgano reclamado argumentó que aquella no obraría en su poder en los términos requeridos y que su elaboración significaría una distracción indebida en el cumplimiento de sus funciones en los términos establecidos en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia. Así como también, concurre la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, esta última en relación con lo establecido en la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada - en adelante ley N° 19.628-.

2) Que en cuanto a la causal dispuesta en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia alegada por el órgano reclamada, se podrá denegar la entrega de la información cuando su publicidad "afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido por tratarse de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado números de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus funciones habituales". Dicha norma ha sido desarrollada en el artículo 7 N° 1 letra c) del Reglamento de la citada ley, señalando que "(...) un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales".

3) Que, asimismo, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo, este criterio, la decisión de amparo rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información o el costo de oportunidad.

4) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales".

5) Que el órgano reclamado sostuvo que en sus bases de datos se mantienen los campos referidos al tipo de delito y a la fecha de la ocurrencia de este. Por lo que, extraer datos adicionales a los ya proporcionados, implicaría destinar funcionarios de las distintas Unidades en las que se han recibido denuncias para que revisen una a una las órdenes de investigar, expedientes o las mismas denuncias, que se reciben a lo largo del país, y no solo en una unidad determinada. Además, aquellas son realizadas tanto en formato digital como en papel, en donde cada uno de los denunciantes plasman los antecedentes necesarios para determinar el lugar de ocurrencia de los hechos y sus datos personales. Así, para recopilarla es necesario determinar, previamente, en qué unidades se han realizado aquellas y en base a eso destinar un funcionario por unidad para que las busque y extraiga los datos por cada una de ellas, archivadas o vigentes que se encuentren disponibles en dicha unidad.

6) Qué, asimismo, cabe señalar que en ocasiones las direcciones informadas en las denuncias pueden corresponder a los domicilios particulares de las víctimas de los ilícitos denunciados, por lo que, al conocerse los antecedentes relativos al tipo de delito, fecha y dirección de ocurrencia resultarían fácilmente identificables las personas que fueron víctimas de aquellos. En estos casos, la información solicitada constituiría tanto un dato personal, como sensible a la luz de las definiciones previstas en el artículo 2 letras f) y g) de la ley N° 19.628, por ser de aquella relativa a una persona natural identificable que da cuenta de circunstancias de su vida privada o intimidad. En tal sentido, se debe hacer presente que por medio de la ley N° 21.096, que establece el derecho a la protección de los datos personales, se consagró éste a nivel constitucional, incorporándolo en el texto del artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República; condición que debe ser considerada al ponderar la aplicación del derecho de acceso a la información pública.

7) Que, de esta forma, se debe considerar que la elaboración de la información requerida en la hipótesis planteada en el considerando anterior, significaría efectuar un tratamiento de datos sensibles lo que sólo procede "cuando la ley lo autorice, exista consentimiento del titular o sean datos necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares" (artículo 10 ley N° 19.628); situaciones que no verifican en el presente caso. Por lo que, a la recopilación de las denuncias y la extracción del dato relativo a la dirección de ocurrencia del ilícito se debe, agregar, el análisis de si aquel constituye o no un dato personal sensible de las personas que fueron víctima de los delitos informados. En este punto, se debe considerar un universo de 2.495 hechos delictuales acontecidos en la comuna de Machalí durante el año 2019, según lo señalado en la página web del Centro de Estudios y Análisis del Delito de la Subsecretaría de Prevención del Delito. (En: http://cead.spd.gov.cl/estadisticas-delictuales/, revisado con fecha 23 de abril de 2020)

8) Que, en atención a lo razonado precedentemente, resulta plausible lo argumentado por el órgano reclamado, en el sentido, de que otorgar acceso a lo pedido conllevaría la distracción de sus trabajadores del cumplimiento habitual de sus funciones, con el evidente perjuicio del normal quehacer institucional de la Policía de Investigaciones de Chile. Razón por la cual, se rechazará este amparo por no obrar en su poder la información en los términos solicitadas y su elaboración configuraría la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo interpuesto por don Víctor Morales Toro en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, por concurrir la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente.

II. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Víctor Morales Toro y al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile.

VOTO DISIDENTE

La presente decisión es acordada con el voto en contra del Consejero don Francisco Leturia Infante, quien no comparte lo razonado en los considerandos 5° a 8° del presente acuerdo, estimando que el amparo debió acogerse, en base a las siguientes consideraciones:

1) Que el órgano reclamado no otorga antecedentes para configurar la excepción al principio de publicidad que rige el actuar de los órganos de la Administración del Estado, además que su argumentación carece de la suficiencia necesaria para acreditar la distracción indebida alegada, al no proporciona elementos de convicción cuya precisión tornen plausible dicha hipótesis de reserva.

2) Que, a mayor abundamiento, atendida la naturaleza de la información requerida, esta es fundamental para saber la situación de seguridad de determinadas zonas, así como para conocer y escrutar las políticas de seguridad ciudadana, el trabajo de la Policía de Investigaciones de Chile y del sistema de prevención, persecución y sanción de ilícitos en general. Por tanto, estima que el hecho de elaborarla, más que provocar una distracción indebida de sus funciones, es de aquellas actividades que -precisamente- permiten rendir cuenta del correcto ejercicio de sus funciones públicas, conforme los principios de eficiencia y eficacia que debe observar la Administración del Estado, consagrados en el inciso segundo del artículo 3, el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado.

3) Que, en consecuencia, la información solicitada debe ser entregada y hecha pública, cuidando de anonimizar direcciones concretas y otro tipo de datos personales, salvo consentimiento de los afectados.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.