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Pablo Andrés Casanueva con SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO Rol: C5842-19

Consejo para la Transparencia, 05/05/2020

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Prevención del Delito, respecto de copia de todas las minutas, documentos de análisis, informes o cualquier reporte que sirvió como sustento para elaborar el estudio del Gobierno sobre el paraíso de los narcotraficantes contenido en la nota de prensa que indica. Lo anterior, por haberse configurado la causal de reserva relativa a la afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano y la seguridad pública, toda vez que su entrega podría afectar el desarrollo y ejecución del Plan Nacional de Barrios Prioritarios.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Decisiones o sentencias citadas en documento:



Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Ausente), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C5842-19

Entidad pública: Subsecretaría de Prevención del Delito.

Requirente: Pablo Andrés Casanueva.

Ingreso Consejo: 14.08.2019

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Prevención del Delito, respecto de copia de todas las minutas, documentos de análisis, informes o cualquier reporte que sirvió como sustento para elaborar el estudio del Gobierno sobre el paraíso de los narcotraficantes contenido en la nota de prensa que indica.

Lo anterior, por haberse configurado la causal de reserva relativa a la afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano y la seguridad pública, toda vez que su entrega podría afectar el desarrollo y ejecución del Plan Nacional de Barrios Prioritarios.

En sesión ordinaria N° 1094 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de mayo de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5842-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 3 de julio de 2019, don Pablo Andrés Casanueva solicitó a la Subsecretaría de Prevención del Delito, lo siguiente: "En virtud de nota de prensa del diario digital biobiochile.cl, del lunes 03 de junio de 2019, que se titula ‘El paraíso del narcotráfico: 33 comunas del país concentran el 25% de los delitos violentos’, señala que S.E el Presidente de la República con motivo de su segunda Cuenta Pública, dedicó un espacio a la lucha contra el narcotráfico y de los ‘narcofunerales’ e indicando el número de barrios y comunas. Todo ello según estudio del Gobierno que el verdadero paraíso de los narcotraficantes está en el gran Santiago. Véase la nota en el siguiente enlace: https:www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2019/06/03/el-paraiso-del-narcotrafico-33-comunas-del-pais-concentran-el-25-de-los-delitos-violentos.shtml Por lo anterior, requiero del órgano público Presidencia de la República, copia de todas las minutas, documentos de análisis, informes o cualquier reporte por el equipo de Presidencia o el denominado segundo piso del gobierno del Presidente de la República, que tuvo a su disposición sobre esta materia y que sirvió como sustento para elaborar el citado estudio del Gobierno sobre el paraíso de los narcotraficantes y las 33 comunas del país que concentran el 25% de los delitos violentos. Las copias pueden ser enviadas por el mail indicado en esta presentación o bien generadas en uno o varios CDROMs, de acuerdo a lo que facilite más la tarea para quienes deban recopilar esa información".

2) RESPUESTA: El 31 de julio de 2019, mediante Resolución Exenta N° 1234, el órgano otorgó respuesta a la solicitud, denegando la entrega de la información en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N°1 y N°3 de la Ley de Transparencia, señalando que "el Plan Nacional de Barrios Prioritarios tiene por objetivo mediante la prevención y el combate a la delincuencia y el desarrollo social, disminuir los delitos complejos en 33 zonas prioritarias del país, atendido los altos niveles de infracción a las leyes de armas y drogas, violencia intrafamiliar, robos y otros delitos violentos que se cometen en los mismos", detallando los objetivos específicos de dicho programa de seguridad, y las funciones de la Subsecretaría de Prevención del Delito, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 de la ley N° 20.502 respecto de las políticas públicas destinadas a prevenir la delincuencia, y agregando que "la entrega o publicidad de los antecedentes que sirvieron de base para elaborar el mencionado Plan afectaría el cumplimiento de las funciones de esta Subsecretaría, como también la finalidad que se tuvo presente al momento de su dictación, lo que hace necesario denegar el acceso a la información".

Acto seguido, indicó que "la publicidad de dicha información afectaría la planificación estratégica de dicho Plan, y por tanto, su objetivo, que es identificar las bandas delictuales que operan al interior de los barrios y de esta manera focalizar el trabajo de las policías, con el fin de devolver el orden y tranquilidad a sus habitantes. La entrega de los antecedentes alertaría a las bandas delictuales, cuestión que pondría en riesgo la eficacia de la intervención, dado que se podría producir desplazamientos de las bandas delictivas o bien enfrentamientos armados con las policías, entre otros efectos (...)", haciendo mención a lo resuelto por este Consejo en el amparo rol C2525-17.

3) AMPARO: El 14 de agosto de 2019, don Pablo Andrés Casanueva dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud. Asimismo, complementó su amparo, indicando que con fecha 5 de junio de 2019, realizó la misma solicitud a distintos órganos, todas de idéntico tenor, y que uno de ellos, la Presidencia de la República, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, derivó la solicitud a la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Acto seguido, alegó que "la Subsecretaría de Prevención del Delito, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, no ha acreditado de forma concreta y suficiente el daño que provocaría la entrega de la información solicitada, en la especie, relativa al detalle del Plan Nacional de Barrios Prioritarios, y no específicamente a lo realmente solicitado, esto es, copia de todas las minutas, documentos de análisis, informes o cualquier reporte por el equipo de Presidencia o el denominado segundo piso del gobierno del Presidente de la República, que tuvo a su disposición sobre esta materia y que sirvió como sustento para elaborar el citado estudio del Gobierno sobre el paraíso de los narcotraficantes y las 33 comunas del país que concentran el 25% de los delitos violentos, todo ello, en virtud de nota de prensa del diario digital biobiochile.cl, del lunes 03 de junio de 2019, que se titula ‘El paraíso del narcotráfico’", señalando que el órgano no indicó en virtud de cuál de los literales del artículo 21 N°1 de la Ley de Transparencia fundaba la denegación, ni las razones de derecho respecto del N°3 de la citada norma, limitándose a mencionar la decisión del amparo rol C2525-17, y haciendo mención a lo que establece la letra c), del numeral 3.1 de la Instrucción General N°10, de este Consejo, y lo dispuesto en el artículo 8° de la Constitución Política de la República, y artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia. Finalmente, haciendo mención a lo resuelto por este Consejo en los amparos rol C6453-18 y C4265-18, en relación con la falta de fundamentación de las causales alegadas.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Subsecretaria de Prevención del Delito, mediante Oficio N° E14475, de 8 de octubre de 2019, notificando el reclamo y solicitando que formule sus descargos u observaciones.

Mediante Oficio N° 2410, de 21 de octubre de 2019, el órgano presentó sus descargos, y junto con reiterar lo señalado en su respuesta, agregó en síntesis, que "Cabe destacar que esta Subsecretaría de Estado, solo recepcionó la derivación efectuada por parte de Presidencia de la República a la cual se dio tramitación, sin que a la fecha haya sido ingresada por oficina de partes otro ingreso recaído sobre la materia (...) mediante la presente alegamos falta de emplazamiento respecto al recurso interpuesto, toda vez que a la fecha no se ha recepcionado en Oficina de Partes oficio confiriendo traslado a este servicio por parte del Consejo para la Transparencia, como tampoco a la casilla de correo electrónico informada con la debida antelación el pasado 04 de julio en curso, mediante Oficio N° 1543 en el cual se designa nuevas contrapartes y se informa nueva casilla (...) . Sin perjuicio de ello y atendido el seguimiento que realiza la Unidad de Transparencia de los amparos interpuestos en contra de la Subsecretaría, se tomó conocimiento del recurso interpuesto, del cual se evacua traslado por el presente oficio", solicito la actualización de dicha información.

Acto seguido, hace mención al origen, finalidad y funcionamiento del Plan o Programa Barrios Prioritarios, detallando que se trata de 33 barrios a intervenir, los 3 ejes de intervención, sus componentes, indicando que "Para lo anterior, es que esta Subsecretaría se encuentra levantando en terreno los diagnósticos barriales, con la colaboración de las Municipalidades, para pasar a una segunda etapa de elaboración y ejecución de los Planes Integrales. La tarea de elaboración de diagnósticos, debe estar completamente terminada durante el año 2019", señalando las comunas en las cuales se encuentran los barrios prioritarios y que en algunas de ellas, pueden concentrar más de un barrio priorizado.

Luego, reitera lo informado en su respuesta, respecto de las funciones de la Subsecretaría, argumentando que "el informe que sirvió de base para la determinación de los barrios a intervenir y posterior elaboración del Plan Nacional de Barrios Prioritarios, contiene información estratégica sobre zonas de alto compromiso delictual y, en particular, contempla datos georreferenciados para el actuar policial, donde confluyen dentro de un mismo espacio tanto la libre circulación de las personas como los operativos policiales, por tanto, es información que se debe resguardar en consideración al orden público y a la seguridad de sus habitantes", haciendo mención a lo resuelto por la I. Corte de Apelaciones de Santiago, en causa rol 5121-2014 y por la Excma. Corte Suprema en queja rol 24118-2014, y señalando que la denegación se funda en el debido cumplimiento de las funciones del órgano y la seguridad de la Nación. Finalmente, indicó que la Subsecretaría ha recibido una serie de requerimientos sobre la misma materia, y en todos ellos, solo ha entregado información parcial, debiendo reservar aquella relativa al contenido del Programa, acompañando copia de dichas solicitudes y respuestas, y del Oficio N° 1543, de fecha 4 de julio de 2019, mediante el cual designa las contrapartes del órgano respecto de este Consejo.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa por parte de la Subsecretaría de Prevención del Delito, a la solicitud del reclamante. En efecto, dicho requerimiento se refiere a copia de todas las minutas, documentos de análisis, informes o cualquier reporte por el equipo de Presidencia o el denominado segundo piso del gobierno del Presidente de la República, que tuvo a su disposición sobre esta materia y que sirvió como sustento para elaborar el estudio del Gobierno sobre el paraíso de los narcotraficantes contenido en la nota de prensa que indica. Al respecto, el órgano denegó la entrega de dicha información en virtud de la causal de reserva del artículo 21 N°1 y N°3 de la Ley de Transparencia.

2) Que, a modo de contexto, la información requerida está vinculada al Plan Nacional de Barrios Prioritarios, el cual, según información publicada en http://www.seguridadpublica.gov.cl/noticias/2019/07/29/presidente-pinera-y-autoridades-del-ministerio-del-interior-presentan-plan-nacional-de-barrios-prioritarios/, tiene por objetivo, mediante la prevención y el combate a la delincuencia y el desarrollo social, disminuir los delitos complejos en 33 zonas prioritarias del país, otorgando a las policías un rol fundamental, reforzando sus contingentes y dotaciones, especialmente, para la ejecución de dicho programa, y fijando los márgenes de delincuencia y de comisión de delitos que se espera reducir. Asimismo, la dimensión social del Plan de Barrios Prioritarios busca recuperar viviendas y el entorno urbano, articular las políticas sociales en el territorio y potenciar el fortalecimiento de organizaciones sociales.

3) Que, en primer lugar, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales.

4) Que, en segundo lugar, el órgano denegó la entrega de la información de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N°1 de la Ley de Transparencia, en virtud de la cual se puede denegar la entrega cuando su publicidad afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido. Así las cosas, según la jurisprudencia reiterada de este Consejo, no basta con invocar una causal de secreto o reserva para eximir al órgano reclamado del cumplimiento de su obligación de entregar la información requerida, sino que, además, debe indicar los hechos que la configuran y aportar los antecedentes específicos que acrediten la afectación a los bienes jurídicos respectivos. En la especie, la Subsecretaría indicó que la entrega de los antecedentes, minutas, informes o reportes requeridos, pondrá en riesgo la implementación y ejecución del Plan Nacional de Barrios Prioritarios y con ello, la función principal de la institución, esto es, la prevención del delito, como también la finalidad que se tuvo presente al momento de su elaboración. En efecto, dicho programa tiene por objetivo, mediante la prevención y el combate a la delincuencia, y el desarrollo social, disminuir los delitos complejos en 33 zonas prioritarias del país, atendido los altos niveles de infracción a las leyes de armas y drogas, violencia intrafamiliar, robos y otros delitos violentos que se cometen en los mismos.

5) Que, en la especie, la entrega de la información afectaría la planificación estratégica del aludido Plan, y por tanto, su objetivo principal que es identificar las bandas delictuales que operan al interior de los barrios y de esta manera focalizar el trabajo de las policías, con el fin de restablecer el orden y tranquilidad a los habitantes, alertando a las bandas delictuales, cuestión que pondría en riesgo la eficacia de la intervención, pudiéndose generar desplazamientos de las bandas delictivas o enfrentamientos armados con las policías, afectando tanto la seguridad pública de dichos barrios, y su entorno, como la labor propia de la Subsecretaría de Prevención del Delito, en conjunto con las policías, alegaciones que resultan plausibles para este Consejo. Asimismo, el programa considera también el aspecto social, pues se definirá la intervención urbana que permitirá recomponer el tejido social y derrotar a la delincuencia y el microtráfico, circunstancias que podrían verse alteradas al divulgar la información en forma previa, o generar algún grado de estigmatización.

6) Que, en tercer lugar, respecto de la causal de reserva del artículo 21 N°3 de la Ley de Transparencia, según el cual se podrá denegar la información cuando su publicidad afecte la seguridad de la Nación, respecto de la mantención del orden público o seguridad pública, el órgano indicó que los informes o antecedentes que sirvieron de base para la determinación de los barrios a intervenir y posterior elaboración del Plan Nacional de Barrios Prioritarios, contiene información estratégica sobre zonas de alto compromiso delictual, por tanto, es información que se debe resguardar en consideración al orden público y a la seguridad de sus habitantes, y que su divulgación previa a la ejecución, facilitará la ocurrencia de las consecuencias aludidas en el considerando precedente.

7) Que, en este mismo sentido, y frente a una solicitud de carácter similar, se ha pronunciado este Consejo en lo relativo a antecedentes estratégicos del denominado "Plan Cuadrante de Seguridad Preventivo", indicando en el considerando 8° de la decisión del amparo rol C237-17, que "(...) dar a conocer las planificaciones de servicios, los turnos de los funcionarios policiales con fechas y horarios, y en general los demás antecedentes que solicita el recurrente, claramente puede afectar de manera cierta y probable y con la suficiente especificidad el orden y la seguridad pública al dejar al descubierto los elementos que se han tenido en consideración para el diseño de ese servicio, lo que significaría obtener información relevante respecto del número de Carabineros en servicio por cuadrante, en cada turno, y con los demás antecedentes que se cuente respecto de un determinado ámbito territorial de planificación, como también las condiciones que el mismo presenta, lo que pone en riesgo a la comunidad e incluso al personal llamado a otorgar dicha protección, por cuanto se podría determinar la forma de afectar la eficiencia policial en un determinado sector, teniendo en consideración las diversas vulnerabilidades, tanto de la comuna como de la Comisaría respectiva, el movimiento o tiempo de cambios de turno del personal de la unidad policial consultada y las capacidades de reacción frente a la ocurrencia de delitos o procedimientos en que Carabineros deba participar, particularmente, en horarios específicos". En consecuencia, atendido lo razonado precedentemente, este Consejo estima que, en la especie, se configura la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 3 de la Ley de Transparencia, en relación con la mantención del orden público o la seguridad pública.

8) Que, en consecuencia, en virtud de lo expuesto, y habiéndose configurado la concurrencia de las causales de reserva del artículo 21 N°1 y N°3 de la Ley de Transparencia, este Consejo procederá a rechazar el presente amparo.

9) Que, finalmente, respecto de la falta de emplazamiento indicada por el órgano en sus descargos, este Consejo tomará las providencias pertinentes para actualizar la información consignada en el oficio N° 1543, de fecha 4 de julio de 2019, mediante el cual designa las contrapartes del órgano, a fin de corregir los procedimientos de relacionamiento con la Subsecretaría de Prevención del Delito.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Pablo Andrés Casanueva en contra de la Subsecretaría de Prevención del Delito, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Pablo Andrés Casanueva y a la Sra. Subsecretaria de Prevención del delito.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.