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Javier Morales con AGENCIA NACIONAL DE INTELIGENCIA Rol: C387-20

Consejo para la Transparencia, 05/05/2020

Se acoge el amparo deducido en contra de la Agencia Nacional de Inteligencia, solo por cuanto no se derivó la solicitud al Ministerio Público, al ser la información requerida parte de una investigación en sede penal actualmente vigente, resultando aplicable lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia en relación a lo previsto en el artículo 182 del Código Procesal Penal. En virtud del principio de facilitación, se derivará la solicitud de acceso al Ministerio Público, para que se pronuncie en las materias que sean de su competencia, sobre la publicidad del texto íntegro del informe big data elaborado por Alto Data Analytics.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente


Descriptores analíticos:

Tema Grupos de interés especial
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Ausente), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C387-20

Entidad pública: Agencia Nacional de Inteligencia

Requirente: Javier Morales

Ingreso Consejo: 23.01.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de la Agencia Nacional de Inteligencia, solo por cuanto no se derivó la solicitud al Ministerio Público, al ser la información requerida parte de una investigación en sede penal actualmente vigente, resultando aplicable lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia en relación a lo previsto en el artículo 182 del Código Procesal Penal.

En virtud del principio de facilitación, se derivará la solicitud de acceso al Ministerio Público, para que se pronuncie en las materias que sean de su competencia, sobre la publicidad del texto íntegro del informe big data elaborado por Alto Data Analytics.

Atendido lo anterior, resulta inoficioso pronunciarse sobre las causales de reservas alegadas por el órgano.

En sesión ordinaria N° 1094 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de mayo de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C387-20.

VISTOS:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 31 de diciembre de 2019, don Javier Morales solicitó a la Agencia Nacional de Inteligencia la siguiente información: "Texto íntegro de informe big data elaborado por Alto Data Analytics".

2) RESPUESTA: El 22 de enero de 2020, la Agencia Nacional de Inteligencia respondió al requerimiento de información, indicando que de conformidad al artículo 38 de la Ley N° 19.974, sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia, se considerarán secretos para todos los efectos legales, los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de la Agencia o de su personal, por lo que se ven impedidos, legalmente, de acceder a lo solicitado.

3) AMPARO: El 23 de enero de 2020, don Javier Morales dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información. El reclamante hizo presente que no comparte los argumentos dados por la Agencia, porque el informe fue comentado en los medios de comunicación y las autoridades se refirieron al mismo.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director de la Agencia Nacional de Inteligencia, mediante Oficio E1753, de 7 de febrero de 2020, solicitando que: se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada.

Mediante Of. Res. N° 044/2020, de fecha 10 de febrero de 2020, el órgano reclamado presentó descargos, en los que, en síntesis, señaló que no es posible acceder a la solicitud de información, atendido el carácter secreto y de circulación restringida que tiene la misma, configurándose los supuestos de hecho establecidos en el artículo 21, numeral quinto, de la ley N° 20.285. Indica que el tenor literal del artículo 38 de la Ley N° 19.974 es bastante claro en cuanto señalar que se considerarán secretos los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de la Agencia, sin efectuar distingo o limitación alguna a su respecto. En caso alguno, la norma en cuestión, contenida en una ley de quorum calificado, limita el carácter secreto y restringido a ciertos antecedentes, por lo que la información solicitada, al referirse a un supuesto informe que obraría en poder de esta Agencia, se encontraría dentro de la información que tiene el carácter de secreto y de circulación restringida.

Agrega, que la norma del artículo 38 tiene por objeto la protección de los "antecedentes", "informaciones" y "registros" que estén en poder de los organismos del SIE o de su personal. Así las cosas, los antecedentes e informaciones que la Agencia tenga u obtenga en el ejercicio de sus funciones se encuentran expresamente resguardados por la confidencialidad y circulación restringida. Además de lo anterior, indica que revelar si se tiene o no determinada información implica colocar en conocimiento público procedimientos, forma de trabajo y análisis que efectúa la Agencia lo que podría significar poner en riesgo su adecuado funcionamiento.

En resumen, indica que la ley considera como secretos y de circulación restringida para todos los efectos legales: i) antecedentes; ii) informaciones; iii) registros; iv) estudios; e v) informes que obren en poder de los organismos que conforman el Sistema de Inteligencia del Estado, sin que se pueda acceder a la solicitud de información.

Finalmente, cita la sentencia de la Excma. Corte Suprema, de fecha 13 de agosto de 2019, dictada en la causa Rol N° 3960-2019, la que resolvió revocar la sentencia de la lltma. Corte de Apelaciones de Santiago y, en consecuencia, rechazar la entrega de información de la Agencia Nacional de Inteligencia, en virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 19.974.

5) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: Mediante Oficio N° E3209, de fecha 9 de marzo del 2020, y en atención a que la Subsecretaría del Interior, por medio de comunicado de prensa de fecha 23 de diciembre de 2019, manifestó que el informe en cuestión, "fue puesto a disposición de la Fiscalía Nacional para contribuir al análisis y para los fines que el organismo estimara pertinentes", esta Corporación requirió al mencionado órgano persecutor, como medida para mejor resolver, lo siguiente: (1°) se sirva informar cómo la publicidad del documento solicitado puede afectar el debido cumplimiento de sus funciones o la eficacia de una investigación, manifestando, en caso afirmativo, los fundamentos de la vulneración que provocaría la entrega de la información al requirente; y, (2°) remita copia de la información objeto del presente amparo que obra en poder del órgano que representa.

A través de Oficio Den N° 081/2020, de fecha 23 de marzo de 2020, el Ministerio Público dio respuesta a lo requerido, señalando, en resumen, que en primer lugar, y como ya se ha expuesto a este Consejo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, inciso final, de la Ley N° 20.285, en relación al artículo 8, inciso final, de la Ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, la publicidad, divulgación e información de los actos relativos y/o relacionados con la investigación, el ejercicio de la acción penal pública y la protección de víctimas y testigos, se regirán por la ley procesal penal. Es decir, cualquier información concerniente a investigaciones penales se debe solicitar de acuerdo con la normativa procesal penal, en particular, por lo dispuesto en los artículos 12 y 182 del Código Procesal Penal, y no a través de la Ley de Transparencia, ya que de otro modo se contravendría el secreto de las actuaciones de investigación para terceros ajenos al procedimiento, afectando, por ende, las funciones propias del Ministerio Público.

Luego, en cuanto al denominado "informe big data", indica que fue entregado al Fiscal Regional Metropolitano Sur, quien en virtud del artículo 19 de la Ley 19.640, fue designado por el Fiscal Nacional para investigar hechos constitutivos de delito bajo el RUC que indica, investigación que se encuentra vigente y en pleno desarrollo.

Por tanto, en cuanto a las consultas, señala que tratándose lo requerido de un antecedente que forma parte de una investigación penal, éste se encuentra protegido por la causal de secreto que establece el artículo 182 del Código Procesal Penal, que dispone expresamente lo siguiente: "Las actuaciones de investigación realizadas por el ministerio público y por la policía serán secretas para los terceros ajenos al procedimiento", calidad de tercero ajeno que detenta el reclamante de amparo, por cuanto no figura como interviniente en la investigación señalada.

Agrega, que es necesario expresar que la propia Ley N° 20.285, que establece el acceso a la información pública, reconoce, en su artículo 21, causales que otorgan el carácter de secreto a cierta información, entre ellas, la circunstancia de que la publicidad, comunicación o conocimiento de la información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, en este caso, del Ministerio Público como órgano persecutor penal del país, particularmente, y según lo previsto en el artículo 21, N° 1, letra a), de la Ley 20.285, si la publicidad de la información es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito, o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales. Como ocurriría en este caso, si se dieran a conocer antecedentes que forman parte de una investigación penal.

En efecto, nuestro ordenamiento jurídico procesal penal de manera expresa ha establecido la reserva de los antecedentes de la investigación penal para los terceros ajenos a ella, no siendo procedente que a través de una ley de acceso a la información se pretenda conocer antecedentes que legalmente tienen esa naturaleza. Su eventual conocimiento atentaría contra la función propia del Ministerio Público, ya que el dar a conocer antecedentes, documentos, aristas, estrategias y/o tácticas de investigación, alertarían a los sujetos que están siendo indagados o afectaría el análisis criminal que se pudiese efectuar, exento de injerencias externas, perjudicando de tal modo la persecución penal. Amén de configurarse la hipótesis del delito previsto en el artículo 246 del Código Penal.

Concluye que, en lo que atañe a la solicitud de acceso a la información del reclamante, dado que el antecedente requerido forma parte de una investigación penal actualmente en curso a cargo del Fiscal Regional Metropolitano Sur, dichos antecedentes no pueden ser entregados a un tercero ajeno a la investigación penal. En consecuencia, en atención a los términos de la solicitud, el Ministerio Público se opone a la entrega de esos antecedentes, en virtud de las causales de reserva legal contempladas en las normas ya citadas del Código Procesal Penal, Código Penal, y la Ley N° 20.285, en lo pertinente a la causal de reserva del artículo 21, N° 1, letra a).

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el objeto del presente amparo dice relación con la solicitud de entrega del denominado "Informe Big Data", el que habría sido elaborado por la empresa Alto Data Analytics, la cual fue denegada por el órgano atendido el carácter secreto y de circulación restringida que tendría la información requerida, configurándose sobre ella los supuestos de hecho establecidos en el artículo 21, numeral quinto, de la ley N° 20.285, en relación con el artículo 38 de la Ley N° 19.974. Además, indica que revelar si la ANI tiene o no determinada información implica colocar en conocimiento público procedimientos, forma de trabajo y análisis que efectúa, lo que podría significar poner en riesgo su adecuado funcionamiento.

2) Que, en primer término, respecto de la existencia del informe requerido, el cual fue materia de diversas publicaciones de prensa en el mes de diciembre del año 2019, se debe hacer presente que, por medio de comunicado de fecha 23 de diciembre de 2019, la Subsecretaría del Interior, confirmó dicho antecedente, manifestando que:

"1) El informe no fue encargado ni realizado por el Gobierno de Chile, ni tampoco fue financiado con recursos públicos.

2) Este análisis, que utiliza tecnología big data, fue puesto a disposición de la Agencia Nacional de Inteligencia, entidad que tiene la obligación de velar por la reserva de sus fuentes de información. Dicha institución, como corresponde, puso en conocimiento del Gobierno el mencionado documento.

3) Este estudio, que contempla información de fuentes abiertas, fue puesto a disposición de la Fiscalía Nacional para contribuir al análisis y para los fines que el organismo estimara pertinentes.

4) Este tipo de estudios constituye una metodología eficaz y de uso común en las comunidades de inteligencia para el análisis de grandes volúmenes de información. En este caso, se trata de información de contexto sobre lo ocurrido en Chile a partir del 18 de octubre de 2019".

3) Que, luego, y respecto al fondo del presente amparo, se debe recordar que el artículo 8, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10, de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.

4) Que, en este contexto, y habiendo informado el Ministerio Público, como se describió en el número 5 de la parte expositiva, la existencia de una investigación vigente en sede penal, de carácter reservada, en la que se estarían investigando hechos referidos a los abordados por el informe solicitado, resulta en efecto aplicable lo que dispone el artículo 182 del Código Procesal Penal, relativo al secreto de las actuaciones de investigación, al prevenir que: "Las actuaciones de investigación realizadas por el ministerio público y por la policía serán secretas para los terceros ajenos al procedimiento. El imputado y los demás intervinientes en el procedimiento podrán examinar y obtener copias, a su cargo, de los registros y documentos de la investigación fiscal y podrán examinar los de la investigación policial. El fiscal podrá disponer que determinadas actuaciones, registros o documentos sean mantenidas en secreto respecto del imputado o de los demás intervinientes, cuando lo considerare necesario para la eficacia de la investigación. En tal caso deberá identificar las piezas o actuaciones respectivas, de modo que no se vulnere la reserva y fijar un plazo no superior a cuarenta días para la mantención del secreto".

14) Que, del tenor del citado precepto y de la naturaleza de la información que se pide, se estima que el Ministerio Público es quien está en mejor posición para pronunciarse sobre la publicidad de la información requerida, de conformidad al ordenamiento jurídico vigente, pudiendo ponderar la eventual afectación que su publicidad pueda devenir al debido cumplimiento de sus funciones. En tal contexto, el Ministerio Público es el que debe pronunciarse acerca de la entrega de la información sobre la que versa el presente amparo, por lo que, procedía aplicar lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Transparencia, por cuanto este Consejo por facilitación, procederá a derivar la presente solicitud al mencionado órgano persecutor, para que se pronuncie expresamente sobre aquella, respecto de las materias propias de su competencia.

15) Que, atendido lo resuelto precedentemente, es inoficioso pronunciarse sobre las causales de reservas alegadas por el órgano reclamado.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Javier Morales en contra de la Agencia Nacional de Inteligencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, lo siguiente:

a) Derivar la solicitud de información de don Javier Morales al Ministerio Público, a fin de que se pronuncie sobre ella, respecto de las materias propias de su competencia.

b) Notificar la presente decisión a don Javier Morales y al Sr. Director de la Agencia Nacional de Inteligencia.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.