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Raúl Alfredo Morales Riquelme con DIRECCIÓN DEL TRABAJO Rol: C306-10

Consejo para la Transparencia, 10/12/2010

Se formuló amparo en contra de la Dirección del Trabajo, por denegación de entrega de la información requerida sobre información sobre las cláusulas del convenio colectivo vigente entre la empresa Eurofashion Limitada y un grupo de trabajadores y trabajadoras, precisando que requiere “conocer el contenido de las cláusulas del contrato colectivo para conocer el detalle de lo ofrecido por la empresa y no al detalle de los trabajadores y trabajadoras que son parte de dicho convenio”, cuyo listado solicita sea suprimido para resguardar su privacidad. El Consejo acogió el amparo ya que señaló que no ve de qué manera la entrega de la información, en los términos en que fue solicitada, esto es, reservando la identidad de las personas que se verían beneficiadas por el convenio colectivo, podría afectar los derechos de las mismas personas involucradas, en especial atención a las normas de orden público vigentes en materia laboral, que protegen a los trabajadores en estas circunstancias. (Con voto disidente)


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente


Descriptores analíticos:

Tema Trabajo
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Sentencias o resoluciones sobre esta decisión:


Consejeros:

  • Raúl Urrutia Ávila (Ausente), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Disidente)
  • Juan Pablo Olmedo Bustos (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C306-10

Entidad pública: Dirección del Trabajo

Requirente: Raúl Alfredo Morales Riquelme

Ingreso Consejo: 19.05.2010

En sesión ordinaria N° 206 de su Consejo Directivo, celebrada el 10 de diciembre de 2010, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del reclamo Rol C306-10.

VISTOS:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 y N° 19 de la Constitución Política de la República; la Ley N° 20.285, de 2008, sobre acceso a la información pública; la Ley N° 19.880, del 2003, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo dispuesto en el Código del Trabajo; lo previsto en los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285 y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 26 de marzo de 2010, don Raúl Alfredo Morales Riquelme requirió a la Dirección del Trabajo información sobre las cláusulas del convenio colectivo vigente entre la empresa Eurofashion Limitada y un grupo de trabajadores y trabajadoras, precisando que requiere “conocer el contenido de las cláusulas del contrato colectivo para conocer el detalle de lo ofrecido por la empresa y no al detalle de los trabajadores y trabajadoras que son parte de dicho convenio”, cuyo listado solicita sea suprimido para resguardar su privacidad.

Finalmente aclara que los resultados del convenio colectivo le afectarían por no ser parte del mismo, por lo cual sus derechos económicos y el principio de igualdad se verían menoscabados, siendo su deseo conocer los eventuales beneficios que contenga, para incorporarlos a una futura negociación colectiva con el sindicato, y así terminar con la discriminación.

2) PRÓRROGA Y RESPUESTA: La Dirección del Trabajo, mediante correo electrónico de 23 de abril de 2010, informó al solicitante que “por motivos de recopilar y verificar la legalidad de la información,.., su solicitud ha sido prorrogada en el plazo de entrega de 10 días hábiles, sin perjuicio de ello, la información se hará llegar en el más breve plazo posible”.

A continuación, mediante correo electrónico de 10 de mayo de 2010, en respuesta a la solicitud de información, comunicó al requirente que no era posible otorgar acceso a la información solicitada, por haber concurrido la oposición de terceras personas involucradas que expresaron su negativa a la entrega de la misma.

3) AMPARO Y TÉNGASE PRESENTE DEL RECLAMANTE: Que don Raúl Alfredo Morales Riquelme, en virtud de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Transparencia, formuló amparo ante este Consejo el 19 de mayo de 2010, en contra de la Dirección del Trabajo, por denegación de entrega de la información requerida.

Mediante presentación de 25 de mayo de 2010, el Sr. Morales Riquelme complementa su solicitud de amparo, señalando, en resumen, que no existiría plena claridad en el cumplimiento de los plazos relativos a la oposición de terceros, además de cuestionar el cumplimiento de los plazos para otorgar una respuesta. Junto con lo anterior, en refuerzo a sus argumentos, cita un catálogo de disposiciones tanto del ordenamiento jurídico interno como de tratados internacionales, relativos a esta materia.

Por otra parte, a través de presentación de 24 de junio de 2010, el solicitante acompaña una copia del Ordinario N° 2417, de 1° de junio de 2010, mediante el cual la Dirección del Trabajo habría dado a conocer información similar a aquella requerida en el presente caso. Agrega el requirente que “dicho dictamen abunda y precisa en un contrato colectivo entre partes y ‘expone a conocimiento público’, a trabajadores de dicha empresa sin más mérito que la dictación de jurisprudencia administrativa, incluso fuera del ámbito de la propia empresa, lo que no resulta bajo ningún argumento jurídico alguna vulneración de un derecho, menos que la Dirección del Trabajo requiera autorización alguna para poner en conocimiento público negociaciones colectivas, bonos, beneficios o asignaciones de cualquier trabajador o empresa”. En razón de lo expuesto, habría una contradicción entre el acceso a la información solicitada y las restricciones que impone el acceso a esta información por medio del procedimiento de la Ley de Transparencia.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES AL AMPARO DEL ORGANISMO: Que el Consejo Directivo de este Consejo, acordó admitir a tramitación este amparo y a conferir traslado a la Sra. Directora del Trabajo, a través del Oficio N° 980, de 2 de junio de 2010, quien mediante Oficio Ordinario N° 2830, recibido el 30 de junio pasado, formuló descargos u observaciones al presente amparo, señalando que la información solicitada es de propiedad del grupo de trabajadores que negoció dicho contrato, por lo que se procedió a realizar los contactos con esas personas, logrando ubicar al trabajador que ofició de delegado del personal para efectos de ese proceso, y que se habría notificado vía correo electrónico del derecho que le asistía de autorizar o denegar la entrega del documento en comento.

Realizado lo anterior, el delegado del personal para efectos del contrato colectivo aludido, habría concurrido a las oficinas del departamento de gestión y desarrollo de la Dirección Nacional de este Servicio a manifestar personalmente su negativa a la entrega del documento, por motivos de que esa entrega produciría inconvenientes al grupo que integró ese proceso, documento que la reclamada acompaña a su informe.

5) TRASLADOS Y AUSENCIA DE DESCARGOS U OBSERVACIONES AL AMPARO POR PARTE DE LOS TERCEROS INVOLUCRADOS: Atendido los antecedentes aportados en el informe evacuado por el órgano reclamado, el Consejo Directivo de este Consejo, a través de los oficios N°s 1.274 y 1.279, ambos de 14 de julio de 2010, confirió traslado a los terceros involucrados, esto es, el grupo de trabajadores a quienes beneficia el contrato colectivo materia de la solicitud de información y al representante legal de la empresa Eurofashion Ltda., respectivamente. Estos terceros no evacuaron sus descargos u observaciones dentro del plazo conferido al efecto por parte de este Consejo en los señalados oficios.

6) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: En sesión ordinaria N° 181 de este Consejo Directivo, celebrada el 10 de septiembre de 2010, se acordó decretar como medida para mejor resolver, oficiar a oficiar a la Sra. Directora del Trabajo a fin de que informara a este Consejo su parecer respecto de la pertinencia de proporcionar la información solicitada al requirente, pronunciándose especialmente sobre los eventuales inconvenientes que la entrega de dicha información podría representar tanto a los derechos de los trabajadores beneficiados con el contrato colectivo de trabajo, como aquellos que asisten a la misma empresa contratante, considerando que quien solicita la información es un trabajador de la misma empresa que se encuentra al margen de la aplicación de las disposiciones establecidas en el señalado instrumento; solicitud que se formalizó mediante Oficio N° 1.948, de 28 de septiembre de 2010, y que la Dirección del Trabajo, pese a los reiterados requerimientos de parte de este Consejo, no evacuó.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, la petición de información que dio lugar al presente amparo corresponde a las cláusulas del convenio colectivo firmado entre un grupo de trabajadores y la empresa Eurofashion Ltda., excluyendo de ella la individualización de quienes concurrieron y se verán beneficiados con dicho acuerdo.

2) Que, al efecto cabe tener presente lo prescrito por el artículo 351 del Código del Trabajo, que expresamente señala que “Convenio colectivo es el suscrito entre uno o más empleadores con una o más organizaciones sindicales o con trabajadores unidos para tal efecto, o con unos y otros, con el fin de establecer condiciones comunes de trabajo y remuneraciones por un tiempo determinado, sin sujeción a las normas de procedimiento de la negociación colectiva reglada ni a los derechos, prerrogativas y obligaciones propias de tal procedimiento”.

3) Que, el texto del contrato colectivo que ha sido solicitado consiste en documentación que obra en poder del órgano de la Administración del Estado, entregado a ésta última por las mismas partes concurrentes a dicho acto, por lo que, en aplicación del artículo 5°, inciso segundo, de la Ley de Transparencia, la información materia del presente amparo sería en principio pública. Asimismo, cabe destacar lo dispuesto en la letra c) del artículo 11 del mismo cuerpo legal, que establece como uno de los principios rectores del derecho de acceso a la información el principio de apertura o transparencia, conforme al cual toda la información en poder de los órganos de la Administración del Estado se presume pública, a menos que esté sujeta a las excepciones o limitaciones establecidas por leyes de quórum calificado.

4) Que, sin perjuicio de lo anterior, la Dirección del Trabajo estimó que la información solicitada eventualmente podría afectar derechos de terceras personas, razón por la cual decidió comunicar tal circunstancia a uno de los delegados del convenio colectivo, quien se habría opuesto a la entrega de la información, señalando como justificación al efecto que la comunicación de esta información “produciría un inconveniente hacia nuestro grupo negociador”.

5) Que, al percatarse este Consejo que las personas que eventualmente podrían verse interesadas en la información que se solicita correspondían a todos los beneficiarios del convenio colectivo cuyas cláusulas se piden, junto con el mismo empleador, se procedió a conferirles traslado a todos ellos, quienes dentro del plazo conferido con este propósito no emitieron respuesta alguna.

6) Que, si bien es cierto el artículo 20 inciso final de la Ley de Transparencia señala expresamente que en caso de no deducirse la oposición, se entenderá que el tercero afectado accede a la publicidad de dicha información, no lo es menos la circunstancia de que corresponde a este Consejo, dentro de sus funciones, particularmente la consagrada en el artículo 33, letra m) de la Ley de Transparencia, en cuanto a velar por el adecuado cumplimiento de la Ley N° 19.628, de protección de datos de carácter personal, razón por la cual se analizará el eventual daño que su publicidad podría causar a las personas involucradas.

7) Que, con este propósito, en primer lugar, es preciso señalar que, de los antecedentes tenidos a la vista es posible concluir que la comunicación a los terceros por parte de la autoridad reclamada no cumple con los requisitos establecidos por la ley al efecto, dado que aquellos no fueron notificados dentro del plazo que establece el artículo 20 de la Ley de Transparencia, a saber, dentro del plazo de dos días hábiles contados desde la recepción de la solicitud, sino más de un mes después de dicha presentación. Asimismo no se encuentra acreditado que la oposición del delegado del personal para efectos del contrato colectivo haya sido presentada dentro del término de tres días que establece la misma norma antes citada como plazo para oponerse, dado que la copia acompañada no registra fecha de recepción. Con lo anterior, este Consejo estima que no se encuentra fehacientemente acreditada la concurrencia de una causal de reserva, ni existe propiamente oposición, con lo cual junto con determinar acoger el presente amparo, se apercibirá a la Dirección del Trabajo a fin de que en el futuro cuide de cumplir estrictamente los plazos establecidos por la ley a estos efectos.

8) Que, en segundo lugar, sin perjuicio de lo anteriormente señalado, a fin de precaver eventuales inconvenientes que la entrega de la información solicitada pudiera representar, tanto a los derechos de los trabajadores beneficiados con el contrato colectivo de trabajo como aquellos que asisten a la misma empresa contratante, considerando que quien solicita la información es un trabajador de la misma empresa que se encuentra al margen de la aplicación de las disposiciones establecidas en el señalado instrumento, se requirió un informe a la Dirección del Trabajo, otorgando al efecto un plazo prudencial de 10 días hábiles. En definitiva, pese a la insistencia por parte de este Consejo en orden a contar con la opinión de la referida Dirección a este respecto, esta última no evacuó el informe requerido, infringiendo con ello lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley de Transparencia, que señala, entre otras materias, que este Consejo, para el ejercicio de sus funciones, podrá obtener todas las informaciones y documentos necesarios para el examen de las situaciones comprendidas en el ámbito de su competencia.

9) Que, en tercer lugar, con los antecedentes tenidos a la vista en el presente amparo, este Consejo no ve de qué manera la entrega de la información, en los términos en que fue solicitada, esto es, reservando la identidad de las personas que se verían beneficiadas por el convenio colectivo, podría afectar los derechos de las mismas personas involucradas, en especial atención a las normas de orden público vigentes en materia laboral, que protegen a los trabajadores en estas circunstancias.

10) Que, en el mismo orden de ideas, resulta pertinente destacar que de conformidad con el artículo 311 del Código del Trabajo, las estipulaciones de un contrato individual de trabajo no podrán significar disminución de las remuneraciones, beneficios y derechos que correspondan al trabajador por aplicación del contrato, convenio colectivo o del fallo arbitral por el que esté regido, lo que refuerza el hecho de que la condición de los trabajadores que forman parte del convenio colectivo materia de la solicitud, está suficientemente garantizada, no representando el conocimiento del texto de las cláusulas del citado convenio perjuicio alguno a los mismos.

11) Que, en último término, respecto a la prórroga que en este caso la Dirección del Trabajo dispuso en el plazo para contestar la solicitud de información, cumple este Consejo en reiterar lo ya señalado en decisiones anteriores (por ejemplo decisión de amparo Rol C347-10) en cuanto a que esta medida es una facultad excepcional que le asiste a los órganos de la Administración del Estado, resultando su utilización injustificada contraria al principio de oportunidad establecido en la letra h) del artículo 11 de la Ley de Transparencia, en especial cuando en este caso, la respuesta definitiva, que se evacuó extemporáneamente, fue la de rechazar la entrega por oposición de terceros.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I) Acoger el amparo interpuesto por don Raúl Alfredo Morales Riquelme, en contra de la Dirección del Trabajo, por los fundamentos antes expuestos.

II) Requerir a la Sra. Directora del Trabajo para que:

Entregue la información solicitada, esto es, copia del convenio colectivo de trabajo entre la empresa Eurofashion Ltda. y un grupo de trabajadores de la misma, cuidando de tarjar la información sobre el nombre de los representantes de los trabajadores que concurrieron a su firma y todo señalamiento que en él se haga sobre la individualización de cualquiera de los trabajadores beneficiarios del mismo, dentro del plazo de 10 días hábiles desde que se encuentre firme o ejecutoriada la presente decisión, bajo el apercibimiento de proceder conforme lo establece el art. 46 y ss. de la Ley de Transparencia.

Remita copia de la información requerida a este Consejo, ya sea al domicilio Morandé N° 115, Piso 7°, comuna y ciudad de Santiago o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, para verificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas en esta decisión.

III) Requerir a la Directora del Trabajo para que, en adelante, dé cumplimiento al plazo dispuesto en los artículos 14, 20, 34 y demás disposiciones pertinentes de la Ley de Transparencia.

IV) Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a don Raúl Alfredo Morales Riquelme, a la Sra. Directora del Trabajo y a los terceros involucrados.

VOTO DISIDENTE

Decisión acordada con el voto disidente del consejero don Jorge Jaraquemada Roblero quien estima que el presente amparo debió rechazarse por las siguientes razones:

1) Que el artículo 8º inciso 2º de la Constitución señala que son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen; mientras que el artículo 5º de la Ley de Transparencia añade que también tienen ese carácter los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, así como la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración.

2) Que la información pública, por regla general y conforme a dichos preceptos constitucionales y legales, es de acceso público, salvo que excepcionalmente y por disponerlo así una ley de quórum calificado quede amparada por alguna causal de secreto o reserva contemplada en el artículo 8º inciso 2º de la Constitución. En cambio, la información de carácter privado está, en principio, excluida del conocimiento de terceros porque forma parte de la esfera de privacidad de sus titulares que el Estado está llamado a respetar y proteger.

3) Que el Estado está al servicio de la persona humana y tiene el deber de respetar y promover sus derechos fundamentales, como lo señalan expresamente los artículos 1 inciso 3° y 5 inciso 2º de la Constitución, por lo que la recolección de información por parte de los órganos de la Administración del Estado para el ejercicio de sus potestades públicas no puede interpretarse de un modo que sea menos protector de los derechos de privacidad que la Constitución asegura a todas las personas en su artículo 19 Nº 4 y 5.

4) Que, en consecuencia, la interpretación del artículo 8° de la Constitución no puede realizarse de forma aislada a las demás normas y principios que establece el Código Político. El Tribunal Constitucional ha establecido este criterio de interpretación ya en su sentencia Rol N°33, al señalar en su considerando 19 que “(…) La Constitución es un todo orgánico y el sentido de sus normas debe ser determinado de manera tal que exista entre ellas la debida correspondencia y armonía, excluyéndose cualquiera interpretación que conduzca a anular o a privar de eficacia algún precepto de ella”. Dicho criterio ha sido reafirmado constantemente por dicho Tribunal, máximo intérprete de la Constitución.

5) Que, por otra parte, los principios de supremacía constitucional y de deferencia hacia el legislador, imponen a quien aplica las normas optar por una alternativa de interpretación sistemática del ordenamiento jurídico que armonice y haga consistentes los preceptos legales con lo dispuesto en las normas constitucionales, en este caso en particular el artículo 5 de la Ley de Transparencia con el artículo 8º inciso 2º de la Carta Fundamental. En ese sentido la doctrina ha sostenido: “Trátase [una consecuencia del principio de vinculación directa] de la necesidad de iniciar el proceso de interpretación, aplicación e implementación del ordenamiento jurídico entero, cualquiera sea la norma de que se trate, examinando, antes que nada, al Bloque de Constitucionalidad y a la legislación dictada con sujeción a ella”. (Cea, José Luis, Derecho Constitucional Chileno, Tomo I, segunda edición actualizada, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2008, pág. 244 y 245).

6) Que, por lo anterior, el artículo 8° de la Constitución debe armonizarse en su interpretación con el artículo 19, en especial sus numerales 4, 5, 21 y 24. Con mayor razón, la interpretación del artículo 5 de la Ley de Transparencia, en lo que excede el texto expreso del artículo 8° de la Constitución, específicamente la referencia a la publicidad de toda información que obre en poder de los órganos de la Administración, debe ser interpretada no de forma aislada, sino que ponderando el principio de publicidad con los derechos que la propia Constitución establece.

7) Que, en esa lógica de interpretación, la información de carácter privado que los particulares están obligados a entregar a los órganos de la Administración no pierde esa naturaleza por el sólo hecho de que ésta obre en poder del Estado, pues ello equivaldría a asignarle a esa entrega la capacidad jurídica de alterar la real naturaleza de la información, deviniendo ésta de privada en pública por un mero cambio en su tenedor y, adicionalmente, haciendo perder a los titulares de esa información privada el núcleo esencial de su derecho a la privacidad y propiedad, contraviniendo de esta forma la garantía que afirma el numeral 26 del artículo 19 de la Constitución.

8) Que el objetivo de las normas constitucionales y legales de transparencia no es permitir la divulgación a terceros de información de origen y naturaleza privada –que, por ende, pertenece a la esfera de privacidad de los particulares– y que obra en poder del Estado sólo porque éstos deben suministrarla a diversos entes públicos con el fin de que lleven ciertos registros o ejerzan diversas potestades públicas. Por el contrario, el objetivo de las normas señaladas es promover la probidad y la rendición de cuentas de las autoridades y funcionarios del Estado, asegurar que los órganos de la Administración estén abiertos al escrutinio público y posibilitar la participación y el control social de los ciudadanos. Es esa –a juicio de este disidente– la única interpretación admisible desde una perspectiva finalista.

9) Que, en tal sentido, la finalidad de brindar más transparencia y de velar por la probidad en el proceso administrativo, no implica que la información privada que es recolectada por la Administración pueda ser utilizada y divulgada de cualquier forma, ni tampoco íntegramente si contempla datos personales, cuando su publicidad no tiene como efecto satisfacer la protección del mencionado principio de probidad administrativa.

10) Que la Corte de Apelaciones de Santiago se ha pronunciado sobre la materia en su fallo Rol 943-2010 señalando: “8º) Que, a mayor abundamiento, debe examinarse si el acto respecto del cual se está pidiendo acceso es público de conformidad con los artículos 50 y 55 de frente al artículo 8º inciso segundo de la Constitución Política de la República. Si no lo es, porque no está entre las hipótesis del artículo 8º, por ejemplo, porque se trata de un acto privado y no estatal, ahí se acaba el derecho de acceso y se debe negar la solicitud respectiva; y en segundo, si aquella información que se pide por el interesado aparece como pública, se debe analizar si hay o no una ley de quórum calificado que contemple, excepcionalmente, el secreto. Si la hay, se tiene que negar lugar a la solicitud de acceso. Si no, debe ordenar que se revele la información”.

11) Que la información entregada por particulares a la Administración debe ser resguardada por ésta, no califica como información pública por ese solo hecho y, excepcionalmente, si existe un interés público suficiente, puede divulgarla, debiendo abstenerse incluso en esos casos de entregar ciertos antecedentes. En ese sentido la Corte de Apelaciones de Santiago ha sostenido en su fallo Rol 950-2010: “10°) Que, por lo dicho, no es posible aceptar, de manera lisa y llana, que toda información proveniente de particulares, que está en poder del Estado, sea obligadamente pública, a menos que se configure alguna de las excepciones expresamente consignadas en la ley; pues, ateniéndose a un enfoque lógico del problema, es preciso condicionar el carácter público de tal información a la circunstancia de que ella esté en relación clara con el ejercicio de las facultades del órgano administrativo, sea porque así fluye de la naturaleza de éstas o porque se ha expresado en actos administrativos directos”. El interés público, por tanto, no está dado por el hecho de que la información se encuentre en poder de la Administración, sino que por la relevancia que pueda tener en alguna decisión del órgano correspondiente.

12) Que, en consecuencia, no se aplica, sin más, el principio de publicidad contemplado en el artículo 8 inciso 2º de la Constitución, cuando se trata de información privada que ha sido proporcionada al Estado por particulares y, por ende, respecto de ella no procede amparar el ejercicio del derecho de acceso a la información contemplado en la Ley de Transparencia, pues debe resguardarse su privacidad, salvo que su titular consienta en revelarla, que la ley disponga expresamente su divulgación o que esa información privada que obra en poder del Estado conste en un documento que sirva de sustento o complemento directo y esencial de un acto o resolución administrativa, es decir, cuando haya servido o constituya el fundamento mismo de ese acto o resolución estatal; y, aún en este caso, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley Nº19.628, sobre protección de datos personales.

13) Que, en el caso sub lite, la información solicitada es claramente de origen y naturaleza privada, pues se pide divulgar un convenio colectivo suscrito entre una empresa privada y un grupo de sus trabajadores, copia del cual obra en poder de la Dirección del Trabajo porque así lo dispone el artículo 344 del Código del Trabajo para los efectos de que este órgano estatal pueda ejercer sus facultades de fiscalización sobre el cumplimiento de los convenios colectivos, contempladas en ese mismo Código. Es decir, se trata de un documento que, por antonomasia, es de carácter privado y que si bien obra en poder del Estado no ha sido fundamento de un acto ni de una resolución administrativa, por lo que no puede ser alcanzado por el principio de publicidad que la Constitución y la Ley de Transparencia imponen a la información pública.

14) Que, en virtud de lo razonado, la información solicitada por el requirente no es pública sino que tiene un carácter eminentemente privado y, en consecuencia, no procede su publicidad, razón por la cual, en definitiva, debe rechazarse el amparo, siendo inoficioso entrar a considerar si respecto de ella proceden causales de reserva o secreto o si al divulgarla se afectan derechos de terceros.

15) Que, no obstante lo argumentado precedentemente, este disidente comparte los reproches específicos formulados a la Dirección del Trabajo en la segunda parte del considerando 8 y en el considerando 11 del voto de mayoría.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Juan Pablo Olmedo Bustos. Se deja constancia que el Presidente don Raúl Urrutia Ávila no firma el presente acuerdo por encontrarse ausente. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.