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Maritza Cárdenas Ruiz con INSTITUTO NACIONAL ENF RESPIRATORIAS Y CIRUGÍA TORAX Rol: C325-20

Consejo para la Transparencia, 18/05/2020

Se acoge el amparo deducido en contra del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y Cirugía Tórax, ordenándose la entrega de copia de las cobranzas que se hicieron durante el año 2019, separados por mes, con sus respectivos documentos comprobatorios, y que acrediten el estado en que se encuentran (cobros ingresados, no recuperados y condonados), como también los documentos que permiten hacer el cálculo de la cobranza y que no signifiquen pérdida para el Estado; y, copia de los ingresos en sistema SIGFE sobre estos montos. Lo anterior, por tratarse de información de naturaleza pública, referida al uso de recursos públicos, respecto de la cual no se configura la causal de reserva de distracción indebida de las funciones del órgano.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Salud
Materia Presupuesto y Finanzas
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Documentación presupuestaria.Otros 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Ausente), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C325-20

Entidad pública: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y Cirugía Tórax

Requirente: Maritza Cárdenas Ruiz

Ingreso Consejo: 20.01.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y Cirugía Tórax, ordenándose la entrega de copia de las cobranzas que se hicieron durante el año 2019, separados por mes, con sus respectivos documentos comprobatorios, y que acrediten el estado en que se encuentran (cobros ingresados, no recuperados y condonados), como también los documentos que permiten hacer el cálculo de la cobranza y que no signifiquen pérdida para el Estado; y, copia de los ingresos en sistema SIGFE sobre estos montos.

Lo anterior, por tratarse de información de naturaleza pública, referida al uso de recursos públicos, respecto de la cual no se configura la causal de reserva de distracción indebida de las funciones del órgano.

En sesión ordinaria N° 1097 del Consejo Directivo, celebrada el 18 de mayo de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C325-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 12 de diciembre de 2019, doña Maritza Cárdenas Ruiz solicitó al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y Cirugía Tórax la siguiente información:

a) «copia de las cobranzas que se hicieron durante el año 2019, separados por mes, con sus respectivos documentos comprobatorios, y que acrediten el estado en que se encuentran (cobros ingresados, no recuperados y condonados), como también los documentos que permiten hacer el cálculo de la cobranza y que no signifiquen pérdida para el Estado; y,

b) Copia de los ingresos en sistema SIGFE sobre estos montos».

2) RESPUESTA: Mediante carta de fecha 13 de enero de 2020, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y Cirugía Tórax respondió a dicho requerimiento de información, señalando que revisados los antecedentes del requerimiento, indica que se adjunta archivos con las boletas de garantía y póliza de garantías solicitadas, mismo archivo que se habría enviado a un requerimiento anterior.

Posteriormente, mediante correo electrónico de 21 de febrero de 2020, el órgano remite a la solicitante carta de 18 de enero de 2020, mediante la cual deniega la entrega de la información consultada, en virtud de la causal de reserva prevista en el artículo 21 N°1 literal c) de la Ley de Transparencia.

Al efecto, acompaña Memo N°05, de fecha 17 de febrero de 2020, de la Jefa de Finanzas (S) del Instituto, que consigna que la información de cobros que lleva la Institución asciende a un total de 12.821 registros. Al respecto, precisa que, la documentación de cobranza del año 2019 se compone de distintos tipos de orígenes y cada una de ellas tiene un respaldo de entre 5 a 9 páginas por set, en su mayoría por ambos lados.

Asimismo, señala que, la información se encuentra almacenada en la Unidad de Finanzas y en la bodega externa -entidad encargada del almacenamiento y resguardo de la documentación del Instituto-, lo que implicaría solicitar la información, requiriendo una mayor cantidad de tiempo, agregando que la Unidad no cuenta con la capacidad física necesaria para acopiar toda la documentación requerida y su posterior procesamiento.

En virtud de lo anterior, afirma que, atendiendo al volumen de la documentación y, su recolección, digitalización, archivo de la documentación y reenvío a los lugares de almacenamiento implicaría tener a una persona dedicada exclusivamente a este trabajo por un lapso de 64 semanas.

3) AMPARO: El 20 de enero de 2020, doña Maritza Cárdenas Ruiz dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la respuesta proporcionada por el órgano reclamado seria incompleta. Al efecto, la peticionaria señala que, con ocasión de la respuesta del órgano reclamado, no se adjunta documento alguno.

4) PRONUNCIAMIENTO DE LA RECLAMANTE: Atendido que el órgano proporcionó una respuesta complementaria a la reclamante, de 21 de febrero de 2020, este Consejo, mediante Oficio N°E2513, de 27 de febrero de 2020, solicitó a la reclamante manifestar su conformidad o disconformidad respecto de la información que le habría remitido el órgano, y en caso de disconformidad, detallar qué información de la solicitada no le habría sido entregada.

Mediante comunicación electrónica, de fecha 1 de marzo de 2020, la peticionaria manifiesta su disconformidad con la respuesta proporcionada por el órgano reclamado. Al respecto, señala en síntesis que, la información contable estaría contenida en el Sistema SIGFE 2.0, la cual debe ser entregada por parte del órgano para todas las auditorías internas y externas, tales como las efectuadas por la Contraloría General de la República, auditorias internas del Instituto y otras externas del Ministerio de Salud. En línea con lo anterior, precisa que, el detalle consultado es de trabajo diario y almacenado en el sistema computacional SIGFE 2.0, el cual prevé la opción de exportar a una plantilla Excel y grabar la información mensualmente.

5) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director del Instituto Nacional del Tórax, mediante Oficio N°E3878, de fecha 18 de marzo de 2020, requiriéndole lo siguiente: (1°) referirse, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) señalar cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; (3°) aclarar si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; y, (4°) referirse al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida.

Mediante presentación extemporánea, de fecha 7 de mayo de 2020, el órgano reclamado presentó sus descargos y observaciones, señalando que la peticionaria está haciendo un uso abusivo de la Ley de Transparencia, lo cual constituye un desmedro directo al adecuado funcionamiento del órgano reclamado. Al respecto, señala que, la peticionaria ha presentado más de 10 amparos de acceso a la información ante esta Corporación, lo cual ha significado una distracción significativa del personal humano para dar respuesta oportuna y adecuada a todas las presentaciones. Asimismo, el órgano reclamado hace presente que, las solicitudes son idénticas a las presentadas por persona que indica, quien ha presentado más de 20 solicitudes y más de 15 amparos de acceso a la información. A continuación, expone contexto personal de la persona indicada y concluye que, lo anterior constituye una persecución y agresión personal contra funcionarios del Instituto.

Adicionalmente, hace presente que, atendida la emergencia sanitaria pública por la que atraviesa el país, el órgano reclamado ha tenido que extremar sus recursos humanos y económicos, dificultando aún más la respuesta de los requerimientos de información, que contemplan un número muy alto de documentos, como el de especie.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la denegación de la información consultada, en virtud de la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N°1, letra c) de la Ley de Transparencia.

2) Que, en cuanto a la hipótesis de reserva alegada, cabe tener presente que dicha causal permite reservar aquella información referida a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. En tal sentido, el artículo 7° numeral 1° letra c) del Reglamento de la citada ley precisa, que se distrae a los funcionarios de sus funciones cuando la satisfacción de un requerimiento requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales

3) Que, respecto de la interpretación de la causal en comento, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que: «la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado». Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras circunstancias. En la especie, éste no ha sido precisamente el estándar demostrado por el órgano reclamado.

4) Que, de acuerdo a lo anterior, esta Corporación debe analizar la naturaleza, origen y volumen de la información requerida. En este sentido, analizadas las alegaciones del órgano se advierte que sus fundamentos no resultan suficientes para acreditar el supuesto establecido en el artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia, como se señalará a continuación. En efecto, las argumentaciones expresadas por el órgano reclamado, respecto del volumen de información que es necesaria recopilar, procesar y remitir no revisten una entidad tal que permitan dar por configurada la causal de distracción indebida que se ha invocado como supuesto de la causal de reserva. Lo anterior, por cuanto lo pedido versa sobre información presupuestaria y contable que debiera obrar-a lo menos- debidamente sistematizada en el sistema "SIGFE 2.0" -Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado-, consistente en una plataforma computarizada que permite a las Instituciones del Gobierno Central la captura, procesamiento y exposición de la ejecución presupuestaria, generar contabilidad y realizar los cobros y pagos correspondientes . De esta manera, tratándose de un sistema que opera de manera computarizada, con información global y sistematizada, este Consejo no advierte la necesidad de recopilar, procesar y trasladar la información requerida de manera manual, por cuanto se puede acceder a ella mediante un sistema ya informatizado, por lo que se podría proceder -por ejemplo- a descargar la información -o gran parte de esta- contenida en dicha plataforma. En línea con lo anterior, es menester advertir que el órgano reclamado identifica con precisión el volumen de la información -12.821 registros, referente a la información de cobranza-, distribuida geográficamente en dependencias de la Unidad de Finanzas del órgano y en un bodega externa, a su disposición, por lo que dicha cuantificación y ubicación permite presumir fundadamente que la reclamada gestiona los documentos requeridos -referidos al control financiero del uso de recursos públicos- con una debida sistematización. A mayor abundamiento, es dable observar que la información requerida se refiere sólo al año 2019, acotada a aquellos antecedentes que la solicitante indica en su requerimiento.

5) Que, de esta forma, a juicio de esta Corporación, contar con la información requerida debidamente sistematizada da cuenta de una debida diligencia del órgano. Asimismo, cabe hacer presente que, a diferencia de lo expuesto por la reclamada, el hecho de mantener sistematizada la información requerida, más que provocar una distracción indebida de las funciones del órgano es de aquellas actividades que -precisamente- permiten rendir cuenta del correcto ejercicio de sus funciones públicas, y en particular, de una gestión eficiente de los recursos públicos, conforme los principios de eficiencia y eficacia que debe observar la Administración del Estado, consagrados en el inciso segundo del artículo 3° de la Ley N°18.575, de 1986, del Ministerio del Interior, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

6) Que, sobre la alegación efectuada por el órgano reclamado, referida a un eventual abuso de derecho por parte de la peticionaria, este Consejo ha razonado, a partir de su decisión Rol C1186-11, que el conjunto de requerimientos de información interpuestos por una misma persona, ante un mismo órgano de la Administración del Estado, en un período acotado de tiempo, puede justificar la concurrencia de la hipótesis de distracción indebida de los funcionarios de dicho órgano, respecto del cumplimiento regular de sus funciones, recogidas en el artículo 21 N° 1, literal c), de la Ley de Transparencia, cuando se acredite que su atención agregada implica para tales funcionarios la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, a la atención de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo, de esta forma, la atención de las otras funciones públicas que el servicio debe desarrollar o exigiendo una dedicación desproporcionada a esa persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás personas, implicando, todo ello, una carga especialmente gravosa para el organismo, en términos de la causal de secreto o reserva antes señalada. En este sentido, se debe tener presente que, acorde con lo dispuesto en el artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, de SEGPRES, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, los órganos de la Administración del Estado, se encuentran sujetos al deber de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, debiendo observar, entre otros, los principios de eficiencia y eficacia.

7) Que, sobre lo anterior, a juicio de este Consejo, la cantidad de solicitudes presentadas por la peticionaria no constituyen una entidad suficiente que configuren la distracción indebida de sus funcionarios en el caso de especie, toda vez que la información -como se señaló precedentemente- se encuentra absolutamente precisada, con respecto a su cuantificación y ubicación geográfica, como asimismo debiere obrar en un sistema ya informatizado, por lo que se podría proceder -por ejemplo- a descargar la información -o gran parte de esta- contenida en dicha plataforma. En el mismo orden de ideas, cabe recordarle al órgano reclamado, que por cada solicitud de acceso a la información el órgano reclamado cuenta con un plazo de 20 días hábiles para dar respuesta al requerimiento, pudiendo prorrogarse el referido plazo en 10 días hábiles más. Asimismo, a juicio de este Consejo, el hecho de haberse presentado idénticas solicitudes por parte de la persona que se indica, constituye una circunstancia que facilita la identificación y entrega de la información consultada. Por lo anterior, este Consejo considera que no se cumple con el estándar suficiente para tener por configurada la causal de reserva establecida en el artículo 21 N°1 letra c), por cuanto no se acompañaron antecedentes suficientes que acreditaran la afectación al debido cumplimento de las funciones de la reclamada.

8) Que, sobre la publicidad de los antecedentes consultados, es menester tener en consideración que constituyen información pública, en la medida de que se trata de información relativa a la Administración del Estado, relacionados específicamente con el uso y control de la ejecución de recursos públicos. En tal sentido, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, dispone que: «Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen». En este mismo orden de ideas, según lo dispuesto en los artículos 5°, inciso segundo y 10° de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado: «es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento»; y «El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga».

9) Que, en mérito de lo expuesto precedentemente, tratándose de información de naturaleza pública; no resultando suficientes las alegaciones efectuadas por el órgano reclamado para tener por configurada la hipótesis de reserva de distracción indebida; y, no advirtiendo este Consejo la necesidad de mantener la información en reserva, se acogerá el presente amparo, ordenándose la entrega de la información requerida.

10) Que, sin perjuicio de lo anterior, en atención a las circunstancias de hecho expuestas por la recurrida, en relación al volumen de información que debe ser proporcionada y, a la necesidad de extremar los recursos humanos y económicos a fin de dar respuesta a la emergencia sanitaria pública que afecta al país, se otorgará un plazo prudencial que se indicará en lo resolutivo de este acuerdo, para efectos de dar cumplimiento a lo ordenado por esta Corporación.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por doña Maritza Cárdenas Ruiz, en contra del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y Cirugía Tórax, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y Cirugía Tórax, lo siguiente:

a) Entregar a la reclamante copia de las cobranzas que se hicieron durante el año 2019, separados por mes, con sus respectivos documentos comprobatorios, y que acrediten el estado en que se encuentran (cobros ingresados, no recuperados y condonados), como también los documentos que permiten hacer el cálculo de la cobranza y que no signifiquen pérdida para el Estado; y, copia de los ingresos en sistema SIGFE sobre estos montos.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 25 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Maritza Cárdenas Ruiz; y al Sr. Director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y Cirugía Tórax.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.