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Iván Rojas Rojas con COORDINACIÓN DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS Rol: C297-20

Consejo para la Transparencia, 18/05/2020

Se rechaza el amparo contra de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas (DGC), respecto a la entrega de información respecto al estado de pago del mes de octubre del 2019 de la asesoría de inspección fiscal del contrato Vespucio norte y túnel San Cristóbal. Lo anterior, debido a que el órgano reclamado obro en conformidad a la ley, por cuanto confirió traslado al tercero interesado y este se opuso a la entrega de la información, debido a que se trata de información que contiene datos personales y sensibles.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Obras Públicas (Vialidad)
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Decisiones o sentencias citadas en documento:



Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Inhabilitación), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C297-20

Entidad pública: Dirección General de Concesiones de Obras Públicas (DGC)

Requirente: Iván Rojas Rojas

Ingreso Consejo: 20.01.2020

RESUMEN

Se rechaza el amparo contra de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas (DGC), respecto a la entrega de información respecto al estado de pago del mes de octubre del 2019 de la asesoría de inspección fiscal del contrato Vespucio norte y túnel San Cristóbal.

Lo anterior, debido a que el órgano reclamado obro en conformidad a la ley, por cuanto confirió traslado al tercero interesado y este se opuso a la entrega de la información, debido a que se trata de información que contiene datos personales y sensibles.

El Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.

En sesión ordinaria N° 1097 del Consejo Directivo, celebrada el 18 de mayo de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C297-20.

VISTOS:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 22 de noviembre de 2019, don Iván Rojas Rojas solicitó a la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas (DGC) la siguiente información: "solicito enviar el estado de pago del mes de octubre del 2019 de la asesoría de inspección fiscal del contrato Vespucio norte y túnel San Cristóbal.

2) TRASLADO Y OPOSICIÓN DE TERCERO: Por medio de Ord. N° 418 de fecha 06 de diciembre de 2019, el órgano, conforme a lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley de Transparencia, comunicó la solicitud de acceso del requirente y su derecho a oponerse a la entrega de la información pedida, a la empresa Axioma Ingenieros Consultores S.A., que se encuentran a cargo de la asesoría a la inspección fiscal del contrato Concesión Variante Vespucio El Salto-Kennedy (Túnel San Cristóbal).

Al efecto, por medio de carta VNTIV-124/19, de fecha de 11 de diciembre de 2019, el señor Germán Urrutia Ruz, Jefe de Asesoría, de la empresa Axioma Ingenieros Consultores S.A. hace presente su oposición a la entrega total de la información.

3) RESPUESTA: Por medio de Resolución Exenta N°23, de fecha 7 de enero de 2020, la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas (DGC) respondió a dicho requerimiento de información indicando que en atención a que se trata de documentos que contienen información que puede afectar los derechos de terceros, el órgano, mediante Ord. N° 418 de fecha 06 de diciembre de 2019 solicitó a la empresa Axioma Ingenieros Consultores S.A., que se encuentran a cargo de la asesoría a la inspección fiscal del contrato Concesión Variante Vespucio El Salto-Kennedy (Túnel San Cristóbal) emitir pronunciamiento, quienes se negaron a la entrega de la información requerida de manera total, debido a que la entrega conllevaría información estratégica y sensible. Luego, el tercero agrega: "Es así que mi representada, y en uso de las prerrogativas que la aludida ley me otorga en lo precedente, le comunico que nos negamos a entregar la información requerida de manera total en base a que la información depuesta por nuestra empresa conllevaría información estratégica y sensible para nuestros intereses comerciales y económicos, bajo el contexto general de lo consultado, pues el aludido "Estado de Pago" contiene no solo nómina de trabajadores sino también sus respectivos ingresos remunerativos que pueden afectar la competitividad, tanto de mi empresa como de los propios colaboradores, pues es sabido que mi representada ostenta la calidad de consultora de primera categoría en el Registro de Contratistas del Sistema de Concesiones del MOP y, por lo mismo, una activa participante y competidora en el Sistema de Licitaciones Públicas para servicios de asesorías en las Obras Públicas. Dicho lo anterior, y por no ser una empresa estatal sino que un particular ante un Ministerio del Estado, debemos desarrollar estrategias, planificación, sustento y desarrollo permanente para poder dar competitividad ante las diferentes licitaciones en que participamos frente a otros actores de la mencionada primera categoría. Es por lo anterior que, al momento de entregar dicha información de remuneraciones, la misma se puede liberar presuntivamente a un competidor con la finalidad de mejorar ventajosamente sus propias propuestas en base a las ya desarrolladas por nuestra empresa". Por tanto, se deniega de conformidad al artículo 21, N° 2 de la Ley de Transparencia.

4) AMPARO: El 20 de enero de 2020, don Iván Rojas Rojas dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información, por oposición de un tercero.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas (DGC) , mediante Oficio N° E1395 de fecha 31 de enero de 2020 solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos del tercero; (3°) acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a el tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que dan cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; y, (4°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, del tercero que se opuso a la entrega de la información, a fin de dar aplicación a los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.

Por medio de Of. Ord. N°0204, de fecha 13 de febrero de 2020, el organismo junto con reiterar lo ya expuesto en su respuesta al requerimiento, agregó y formulo descargos al amparo de la referencia indicando, en síntesis, en la causal de denegación por oposición de un tercero señalando, es decir, por el artículo 21, N° 2 de la Ley de Transparencia. Es así como el día 11 de diciembre de 2019 se recibe carta VNTIV-124/19 de la empresa Axioma Ingenieros Consultores S.A., en que hace presente su oposición a la entrega de la información, en los términos del artículo 20 de la Ley N° 20.285. Los argumentos expuestos por el tercero involucrado, en síntesis, en su carta señalan lo siguiente: "Nuestra empresa no está sujeta a las obligaciones que impone la ley 20.285, ya que no forma parte de la Administración del Estado, en el mismo sentido su información sensible como la solicitada se encuentra protegida por la ley de protección de datos personales Ley N° 19.628". El tercero finaliza su carta señalando: "Del mismo modo, el requerimiento del listado de personal, afecta los derechos de las personas que laboran para una empresa privada, particularmente respecto de su seguridad y la esfera de su vida privada". Asimismo indica el órgano que al haber existido oposición por parte de un tercero, corresponde dicha Dirección General abstenerse de entregar la mencionada información atendido lo prescrito en inciso 3° del artículo 20 de la Ley N° 20.285, que dispone que: "Deducida la oposición en tiempo y forma, el órgano requerido quedará impedido de proporcionar la documentación o antecedentes solicitados, salvo resolución en contrario del Consejo, dictada conforme al procedimiento que establece esta ley.

Agrega el organismo que se afectaría los derechos de los terceros debido a que según la Resolución DGOP N° 78 de 2017, que modifica la resolución DGOP N° 61 de 2011, que aprueba formato tipo de Bases para Contratos de Asesoría a la Inspección Fiscal para Contratos de Obras públicas Concesionadas y Fija texto refundido de la citada Resolución DGOP N° 61 y sus modificaciones el pago se hará mediante "Estados de Pago", mensuales o quincenales, según se establezca en el Anexo Complementario de las Bases Administrativas ("ACBA") y el cual debe acompañar los siguientes antecedentes:

1. Nómina con detalle del personal que participó en el período, indicando su nombre, Rut y cargo que desempeña;

2. Copia de las liquidaciones de sueldo;

3. Copia del certificado de pago de cotizaciones previsionales para cada trabajador que se desempeña en la Asesoría a la Inspección Fiscal;

4. Copia de la hoja de firma del libro de asistencia;

5. Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales;

6. Copia de licencias médicas presentadas durante el período;

7. Copia de carta de entrega de informe mensual correspondiente al período informado, etc.

En virtud de lo recién expuesto, según el reclamado, se evidencia que la información que contiene un estado de pago se encuentra resguardada por la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, entregando la definición de dato sensible, e indicando que por lo anterior debieron notificar al tercero interesado.

6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INTERESADO: De conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación, acordó dar traslado del amparo al tercero interesado, mediante Oficio N° E3176, de fecha 9 de marzo de 2020, a fin de que presentara sus descargos y observaciones, haciendo mención expresa a los derechos que le asisten y que pudieran verse afectados con la publicidad de la documentación requerida.

Por medio de presentación de fecha 20 de marzo de 2020, el tercero interesado, indican que reiteran su negativa a la entrega de la información por las razones ya esgrimidas y agregan, en síntesis, que el reclamante no ha entregado las razones de la solicitud, ya que tal información tiene carácter de reservado comercial y económica y el cual podrá ser utilizado por sus competidores para eventuales licitaciones.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud de información, por oposición de un tercero. En tal sentido, la entidad recurrida, con ocasión de su respuesta y reiterando en los descargos, denegó la información, debido a que el tercero interesado, es decir, la empresa Axioma Ingenieros Consultores S.A., hizo presente su oposición en los términos del artículo 20 de la Ley N° 20.285.

2) Que, cabe tener presente el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales.

3) Que, teniendo en consideración lo expuesto, conforme a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 5 de la Ley de Transparencia, la información requerida, en principio, tiene el carácter de información pública, ya que sirvió de fundamento del acto que seleccionó a la empresa Axioma Ingenieros Consultores S.A., para ser quien se encuentran a cargo de la asesoría a la inspección fiscal del contrato Concesión Variante Vespucio El Salto-Kennedy (Túnel San Cristóbal). En el mencionado contexto, y atendida la naturaleza de tales antecedentes, conviene tener presente el criterio sostenido por este Consejo a partir de la decisión Rol C509-09 en orden a que "todos los antecedentes vinculados a las licitaciones públicas están sujetas a un escrutinio público mayor para que la ciudadanía pueda constatar que la adjudicación fue hecha al mejor oferente".

4) Que respecto a la información solicitada, este contiene datos de carácter personal requeridos y sensibles en algunos casos (licencias médicas), cabe tener presente lo resuelto por este Consejo en las decisiones recaídas en los amparos C461-09 y C1162-13, entre otras . En las referidas decisiones, se resolvió reservar aquella información relativa a datos de personas naturales, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada. Asimismo debe tenerse presente - según lo resuelto en las decisiones citadas- que procedía la reserva, toda vez que los datos personales requeridos habían sido obtenidos de fuentes no accesibles al público, motivo por el cual resultaba aplicable a su respecto, lo dispuesto en los artículos cuarto y séptimo del citado cuerpo legal, en cuanto sólo la anuencia de sus titulares permite al órgano reclamado acceder a la entrega de dicha información, en caso contrario, resultaba plenamente aplicable la reserva dispuesta en el referido cuerpo legal. Por ello, no cabe hacer entrega de información que se refiera a éstas al no concurrir en este caso las circunstancias que contempla el artículo 4° de dicho cuerpo legal. Ya que lo solicitado, constituyen datos personales, toda vez que se trata de información concerniente a personas naturales identificadas, en los términos del artículo 2°, letra f), de la Ley N° 19.628, datos que han sido proveídos a la Administración por las personas naturales sobre las que éstos versan, lo que significa que han sido recolectados de una fuente no accesible al público, por lo cual, en principio, les resultaría aplicable la regla de secreto contemplada por el artículo 7° de la citada ley.

5) Que el criterio precedentemente descrito resulta aplicable en la especie, por lo tanto, la reclamada al denegar la entrega de la información, obró de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, por cuanto ante la imposibilidad de conferir traslado a los titulares de la información pedida de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia para los fines de obtener su anuencia a la entrega de la información como dispone el artículo 4° de la Ley 19.628, atendido que confirió traslado al tercero interesado, aplicó la reserva general que dicho cuerpo legal dispone.

6) Que, al respecto, cabe además señalar que este Consejo no advierte un interés público prevalente que justifique la revelación de la referida información y permita soslayar la reserva que el legislador le otorga. En consecuencia, y siendo la información pedida de aquellas protegidas por la Ley N° 19.628 precitada, así como por lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, el cual dispone la protección de aquella información cuya comunicación pueda afectar la vida privada de sus titulares, se rechazará el amparo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Iván Rojas Rojas, en contra de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas (DGC), en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Iván Rojas Rojas, y al Sr. Director Nacional de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas (DGC) y asimismo al tercero interesado.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y su Consejero doña Gloria de la Fuente González. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Se deja constancia que el Consejero don Francisco Leturia Infante, sin perjuicio de concurrir para formar quórum, en forma previa al conocimiento del presente caso, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el mismo, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido, en razón de mantener un vínculo de parentesco con el Sr. Subsecretario de Obras Públicas, al ser hermano de dicha autoridad; solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.