logo
 

David Peña Larenas con DIRECCIÓN DEL TRABAJO Rol: C1416-20

Consejo para la Transparencia, 05/05/2020

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Dirección del Trabajo, sobre entrega de información referida a denuncias, reclamos, resultados de comparendos de conciliación y convenios colectivos de conciliación en contra de empresa que indica. Lo anterior, por cuanto con la divulgación de los reclamos, denuncias o resultados de comparendos de conciliación se afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano, toda vez que su conocimiento puede inhibir que los trabajadores afectados presenten denuncias ante el organismo fiscalizador, y puede afectar los derechos de los trabajadores denunciantes o de los que han prestado declaración. Asimismo, los convenios colectivos constituyen información privada sin que sea fundamento de un acto o resolución administrativa, o respecto de la cual se haya ejercido alguna potestad pública. Aplica criterios amparos roles C272-10; C2323-14, C1174-15; C1248-15; C4002-16, C890-17, C3009-17 y C1505-18 entre otros.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1416-20

Entidad pública: Dirección del Trabajo

Requirente: David Peña Larenas

Ingreso Consejo: 18.03.2020

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Dirección del Trabajo, sobre entrega de información referida a denuncias, reclamos, resultados de comparendos de conciliación y convenios colectivos de conciliación en contra de empresa que indica.

Lo anterior, por cuanto con la divulgación de los reclamos, denuncias o resultados de comparendos de conciliación se afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano, toda vez que su conocimiento puede inhibir que los trabajadores afectados presenten denuncias ante el organismo fiscalizador, y puede afectar los derechos de los trabajadores denunciantes o de los que han prestado declaración.

Asimismo, los convenios colectivos constituyen información privada sin que sea fundamento de un acto o resolución administrativa, o respecto de la cual se haya ejercido alguna potestad pública.

Aplica criterios amparos roles C272-10; C2323-14, C1174-15; C1248-15; C4002-16, C890-17, C3009-17 y C1505-18 entre otros.

En sesión ordinaria N° 1094 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de mayo de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1416-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 20 de febrero de 2020, don David Peña Larenas solicitó a la Dirección del Trabajo, la siguiente información: "Dentro de las fechas 1 de enero del 2017, hasta el 20 de febrero inclusive las dos fechas mencionadas.

1) Lista de reclamos realizados a la empresa que indica, esto es reclamos realizados por despidos injustificados ante la Inspección del Trabajo de Santiago.

2) Lista de los resultados de los comparendos de conciliación en que la parte reclamada es la empresa que indica, con el detalle de cuantas fueran por acuerdo en el centro de conciliación y cuanta audiencias no se pudo llegar a acuerdo por incomparecencia de la parte reclamada.

3) Lista de reclamos que procesan la fiscalización, mencionando los motivos de los reclamos hacia la empresa que indica, las caratula de fiscalización que el realizó el fiscalizador, mencionando multas cursadas.

4) Lista de las multas cursadas hacia la empresa que indica.

5) Lista de los sindicatos que se encuentran registrados en la Dirección del Trabajo de la empresa que indica, con el detalle de la directiva y los socios que gozan de fuero laboral.

6) Los convenios colectivos que mantenga la empresa que indica con los sindicatos que se encuentren vigentes."

2) RESPUESTA: El 11 de marzo de 2020, la Dirección del Trabajo respondió a dicho requerimiento de información mediante escrito, señalando, en síntesis, lo siguiente:

En cuanto al listado de los denuncias, reclamos y resultados de comparendos de conciliación, la reclamada estima que se trata de información reservada, por cuanto la divulgación de estos antecedentes "podrían comprometer la estabilidad laboral y la vida privada de los trabajadores, mediando los mecanismos establecidos en la Ley de Transparencia, por estimar que de divulgarse su contenido, podría afectar no sólo la futura acción fiscalizadora que al respecto le compete a la Dirección del Trabajo, sino que también el derecho a la privacidad de aquellos que constan en éstas, al igual que la estabilidad laboral presente o futura de la o los trabajadores/ras, todo lo cual configura las causales de reserva previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 21 de la Ley N°20.285 (...)". En esta línea, cita jurisprudencia de este Consejo que justifica la reserva en estas materias.

Respecto al listado de multas y organizaciones sindicales, en virtud de artículo 15 de la Ley de Transparencia, indica que se trata de información que se encuentra permanentemente a disposición del público, en el Banner de Transparencia Activa que indica denominados consultas públicas de Multas y consultas públicas de Organizaciones Sindicales y Asociaciones de Funcionarios. Al efecto, adjunta los enlaces y las indicaciones para llegar a la información solicitada.

Por último, en relación a los convenios colectivos, la reclamada precisa que se debe tener presente lo razonado por este Consejo en materia de instrumentos colectivos, señalando que "la entrega a un tercero, tanto de la copia del proyecto del Convenio Colectivo de un grupo de trabajadores, como de la respuesta de la empresa afectaría la esfera de la vida privada de esos trabajadores (...)". Así, advierte sobre "la naturaleza privada de los instrumentos solicitados, como también la de los actos previos a su inicio, toda vez que la información proporcionada dan cuenta de aspectos de funcionamiento interno, exclusivos de interés de las partes involucradas en el especial proceso bipartito de la negociación colectiva (...)". Además, agrega que el haber requerido todos los instrumentos colectivos de los sindicatos constituidos en la empresa individualizada, implica necesariamente distraer indebidamente las funciones habituales de la reclamada configurándose a su respecto la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N°1 letra c) de la Ley de Transparencia.

3) AMPARO: El 18 de marzo de 2020, don David Peña Larenas dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta incompleta a su solicitud.

Además, el reclamante hizo presente que "fundamento en 21 N° 1 y 2, con respecto a que afecte debido funcionamiento, no señala como lo afectaría, ni el tiempo que le llevaría hacerlo u otras exigencias que establece la jurisprudencia de este tribunal, y el N°2, lo que solicite fue materias de fondo de personas por lo que deberían borrar los datos sensibles que ellos estiman (...)"

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Directora Nacional del Trabajo, mediante Oficio N°E4544 de fecha 30 de marzo de 2020 solicitándole que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros y el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; (3°) indique si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (4°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y, en la afirmativa, acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que den cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; (5°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento; (6°) respecto al punto 6 del requerimiento, aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; y, (7°) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida.

Por medio de correo electrónico, de fecha 16 de abril de 2020, el órgano remite escrito con sus descargos, reiterando lo señalado en su respuesta referido a la configuración de causales de reserva del artículo 21 N°1 y 2 de la Ley de Transparencia en relación a la entrega de información referida a los reclamos, denuncias, resultados de comparendos de conciliación y convenios colectivos y precisando que "la publicidad de la información solicitada afectaría derechos del trabajador/a como el derecho al trabajo, derecho a la vida privada, dignidad de la persona, derechos económicos, haciéndolos víctimas de represalias por parte del empleador (especialmente si se mantienen laboralmente vinculados con aquél), así también se daña todo aquel derecho emanado de la relación laboral (...)". En razón de sus dichos, cita jurisprudencia de este Consejo en casos similares.

Añade que "en cuanto al resultado de una audiencia de conciliación y los acuerdos establecidos por las partes, debemos tener presente que quedan contenidos en actas de comparendo o mediación (...)". Agrega que "el comparendo es un proceso en que se resolverá el término de la relación laboral dando cuenta de los montos adeudados y/o cancelados por, la causal invocada para el término de contrato de trabajo, por lo que tratándose de un acta de la esfera de la vida privada y de derechos de carácter económico emanados de la relación laboral, se configura la causal de reserva del artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia (...)"

Finalmente, expresa que "en relación a los convenios colectivos, estima que no fue posible proceder conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, por ser un solicitud excesiva, siendo aplicable la causal del artículo 21 N°1 letra c) de la Ley de Transparencia, ello por tratarse de un número elevado de actos administrativos, cuya atención requiere distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus funciones (...)", describiendo en detalle sobre el proceso de notificación a las partes titulares de la empresa y cada una de las organizaciones sindicales; "que implicaría que un funcionario se dedicara 45 horas, esto es, una semana de jornada laboral a la confección, revisión y firma de cada Oficio (...)"

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta incompleta al requerimiento, por cuanto no se entregó información referida a los reclamos y/o denuncias, resultados de comparendos de conciliación y convenios colectivos respecto a la empresa que se indica. Al respecto, la reclamada en su respuesta y con ocasión de sus descargos denegó la entrega de lo requerido en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N°1 y 2 de la Ley de Transparencia, y la alegación específica respecto a los convenios colectivos de la configuración de la causal de reserva establecida en el artículo 21 N°1 letra c) de la citada norma.

2) Que, sobre el particular, en relación a los reclamos, denuncias y resultados de los comparendos de conciliación, según ha razonado este Consejo, a partir de la decisión C272-10 y refrendado con posterioridad por las decisiones de amparo C1174-15, C1248-15, C890-17, C3009-17 y C1505-18, entre otras, «no se puede desconocer la naturaleza especial de las denuncias realizadas por los trabajadores ante la Dirección del Trabajo y el riesgo de que su divulgación, así como la de la identidad de los denunciantes o la de los trabajadores que han declarado en un proceso de fiscalización en contra del empleador, afecte su estabilidad en el empleo o los haga víctimas de represalias (especialmente si se mantienen laboralmente vinculados con el mismo empleador)». Asimismo, ha resuelto que la publicidad, comunicación o conocimiento de dicha información puede afectar los derechos de los trabajadores denunciantes o de los que han prestado declaración, en particular tratándose de la esfera de su vida privada y sus derechos de carácter económico emanados de la relación laboral, configurándose de esta forma la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, la que se encuentra reforzada por lo dispuesto en el artículo 33, letra m), del mismo cuerpo legal, en cuanto se encomienda a este Consejo, velar por el adecuado cumplimiento de la ley N° 19.628, por parte de los órganos de la Administración del Estado.

3) Que, en tal sentido, cabe además señalar que la divulgación de antecedentes como los solicitados, puede inhibir que los trabajadores afectados por conductas que vulneren sus derechos fundamentales presenten denuncias ante el organismo fiscalizador reclamado, lo cual afectaría el debido cumplimiento de sus funciones, en los términos establecidos en el artículo 21 N°1 de la Ley de Transparencia. En consecuencia, este Consejo rechazará el amparo en este punto.

4) Que, respecto a los convenios colectivos, se debe mencionar que, ante idénticos requerimientos, este Consejo ya se ha pronunciado rechazando la entrega de instrumentos colectivos, por estimar que dicha información es de naturaleza privada. En efecto en la decisión recaída en el amparo Rol N° C1849-13, se expuso "que el convenio solicitado no puede ser alcanzado por el principio de publicidad que la Constitución y la Ley de Transparencia imponen a la información pública. [Lo anterior, por cuanto] de la normativa que rige los convenios colectivos (...) no se advierte que la reclamada, en ejercicio de sus atribuciones, deba registrar o mantener copia del instrumento solicitado(...). Asimismo, la normativa laboral no establece que la Inspección del Trabajo deba dictar un acto administrativo cuyo fundamento o complemento directo y esencial sea el convenio colectivo. [Luego] cuando se trata de información privada que ha sido proporcionada al Estado por particulares no se aplica, sin más, el principio de publicidad del artículo 8° inciso 2° de la Constitución y, por ende, respecto de ella no procede amparar el ejercicio del derecho de acceso a la información contemplado en la Ley de Transparencia, pues debe resguardarse la privacidad de la información, salvo que su titular consienta en revelarla, que la ley disponga expresamente su divulgación, que esa información privada que obra en poder del Estado constituya el fundamento de un acto o resolución administrativa, o bien, que se haya ejercido a su respecto alguna potestad pública, pero ninguna de estas circunstancias ha ocurrido respecto del convenio solicitado". En idéntico sentido, se pronunció esta Corporación en la deciisón C2507-15.

5) Que, por consiguiente, al alero del criterio citado precedentemente, y no concurriendo en el procedimiento ninguna de las hipótesis de publicidad ahí enunciadas, se rechazará el presente amparo en este punto. Lo anterior, por cuanto la información solicitada, no es pública, sino de carácter privado.

6) Que, en virtud de lo resuelto precedentemente, esta Corporación no se pronunciará sobre la causal de reserva del artículo 21 N°1 letra c) de la Ley de Transparencia invocada por la reclamada, por resultar inoficioso.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don David Peña Larenas, en contra de la Dirección del Trabajo, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don David Peña Larenas y a la Sra. Director Nacional de la Dirección del Trabajo.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.