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Víctor Diaz Iturriaga con MUNICIPALIDAD DE PELARCO Rol: C818-20

Consejo para la Transparencia, 05/05/2020

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Pelarco, ordenándose la entrega de copia de los documento en los que consten las entregas de dinero que ha hecho el Municipio a funcionario municipal que se indica, debiendo tarjarse previamente toda información relativa a la singularización de la AFP y sistema de salud al que se encuentren afiliados, como también aquella relativa a los descuentos de carácter personal (créditos de consumo, ahorros voluntarios, pago de cuentas, entre otros) que consten en las liquidaciones, dando aplicación con ello al principio de máxima divulgación y de divisibilidad de la Ley de Transparencia. Asimismo, deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como, por ejemplo, RUT, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros. Lo anterior, fundado en que la función pública, debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C818-20

Entidad pública: Municipalidad de Pelarco

Requirente: Víctor Diaz Iturriaga

Ingreso Consejo: 14.02.2020

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Pelarco, ordenándose la entrega de copia de los documento en los que consten las entregas de dinero que ha hecho el Municipio a funcionario municipal que se indica, debiendo tarjarse previamente toda información relativa a la singularización de la AFP y sistema de salud al que se encuentren afiliados, como también aquella relativa a los descuentos de carácter personal (créditos de consumo, ahorros voluntarios, pago de cuentas, entre otros) que consten en las liquidaciones, dando aplicación con ello al principio de máxima divulgación y de divisibilidad de la Ley de Transparencia. Asimismo, deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como, por ejemplo, RUT, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros.

Lo anterior, fundado en que la función pública, debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía.

En sesión ordinaria N° 1094 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de mayo de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C818-20.

VISTOS:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 20 de noviembre de 2019, don Víctor Diaz Iturriaga solicitó a la Municipalidad de Pelarco -en adelante, indistintamente Municipalidad o Municipio- la siguiente información: «copia de todo documento en el que consten las entregas de dinero que ha hecho el Municipio a cualquier título a Johan Guerra A, sean éstas, remuneraciones, pagos extraordinarios, de boletas de honorarios, de boletas comerciales o facturas, compensaciones económicas, reembolso, rendiciones, pagos de horas extraordinarias, encargos, viáticos y gastos ocasionados»

2) PRORROGA DE PLAZO: Mediante presentación, de fecha 17 de diciembre de 2019, el órgano notificó a la parte solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en 10 días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia, en atención a que existen circunstancias que hacen difícil reunir la información requerida.

3) SOLICITUD DE SUBSANACIÓN: Mediante presentación, de fecha 2 de enero de 2020, en conformidad de lo dispuesto en el artículo 12° de la Ley de Transparencia, el Municipio requirió la subsanación de la solicitud de información, en razón de que se precise el periodo administrativo o la fecha aproximada de lo pedido.

Mediante comunicación electrónica, de fecha 6 de enero de 2020, subsana lo requerido, precisando que lo pedido corresponde a copia de todo documento en el que consten las entregas de dinero que ha hecho el Municipio a cualquier título a la persona que indica, sean éstas remuneraciones, pagos extraordinarios, de boletas de honorarios, de boletas comerciales o facturas, compensaciones económicas, reembolso, rendiciones, pagos de horas extraordinarias, encargos, viáticos y gastos ocasionados, correspondiente al periodo comprendido entre los años 2012 y 2020.

4) RESPUESTA: El 10 de febrero de 2020, la Municipalidad de Pelarco respondió a dicho requerimiento de información, accediendo a la entrega de la información consultada:

4.1) Con respecto a la entrega de los documentos donde consten el pago de las remuneraciones, adjunta Decreto Alcaldicio N°02, de fecha 2 de enero de 2013, acto administrativo que nombra a la persona indicada como Director de Desarrollo Comunitario en grado 9°.

4.2) Con respecto a la entrega de los documentos en los que consten pagos extraordinarios, pagos de boletas de honorarios, pagos de boletas comerciales o facturas, compensaciones económicas, reembolso, rendiciones, pagos de horas extraordinarias, encargos, viáticos y gastos ocasionados, el Municipio precisa que, el funcionario municipal no ha recibido, ni tramitado ningún tipo de los pagos descritos en el último periodo administrativo.

5) AMPARO: El 14 de febrero de 2020, don Víctor Diaz Iturriaga dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la respuesta proporcionada por el Municipio seria parcial. Al efecto, el reclamante hace presente que se solicitan los años efectivos, comprendidos entre el año 2010 hasta el año 2020 (sic)

6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Pelarco, mediante Oficio E3208, de fecha 9 de marzo de 2020, solicitándole que: (1°) indique las razones por las cuales la solicitud de información no habría sido atendida oportunamente; (2°) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información, considerando lo indicado por el recurrente; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; y, (5) de encontrarse disponible la información reclamada, remita la misma al solicitante, con copia a este Consejo, a fin de evaluar la finalización del presente amparo, a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC).Lo anterior, tarjando previamente los datos personales de terceros que pudiere contener, como por ejemplo, el número de cédula nacional de identidad u otro dato personal de contexto, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada.

Mediante presentación, de fecha 14 de abril de 2020, el órgano reclamado presenta sus observaciones y descargos, acompañando anexo de respuesta. En dicho documento, se consigna que la única remuneración otorgada al funcionario indicado corresponde al cargo de Director de Desarrollo Comunitario, Grado 9° de la Escala Municipal, en conformidad al Decreto Alcaldicio N°02, de fecha 2 de enero de 2013, a la fecha.

Asimismo, sobre el periodo comprendo entre el año 2010 y 2012, hace presente que, el funcionario no tenía un vínculo contractual con el Municipio. En relación al periodo comprendido entre el año 2013 y el 2020, indica que no existe en los registros municipales constancia de otros pagos, en las formas detalladas en la solicitud, como entregas de dinero, boletas de honorarios y pagos de boletas comerciales o facturas.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la falta de satisfacción del reclamante con la información entregada, ya que la respuesta sería incompleta. Al efecto, el reclamante señala que, lo requerido es todo documento en el que consten las entregas de dinero que ha hecho el Municipio a cualquier título al funcionario municipal en el periodo indicado.

2) Que, de la revisión de los antecedentes proporcionados por el Municipio, con ocasión de su respuesta y descargos, esta Corporación advierte que, la información entregada por el órgano reclamado no satisface el requerimiento de información en los términos formulados por el peticionario. Al efecto, el órgano reclamado sólo hace entrega del Decreto Alcaldicio N°02, de fecha 2 de enero de 2013, correspondiente al nombramiento de la persona indicada como Director de Desarrollo Comunitario en grado 9°, en circunstancias que lo solicitado versa sobre copia de todos los documentos en que conste entregas de dinero al funcionario Municipal. Al respecto, este Consejo constata que, el órgano reclamado no acompaña instrumentos que consignen entregas de dinero y especialmente de liquidaciones, que den cuenta del pago de remuneraciones, horas extraordinarias, reembolsos, pagos extraordinarios, compensaciones económicas, entre otros. Por lo anterior, a juicio de este Consejo, el órgano reclamado debió acompañar las liquidaciones, a efectos de satisfacer el requerimiento de información.

3) Que, sobre la materia, resulta útil recordar al órgano reclamado que este Consejo ha sostenido reiteradamente que, atendido al tipo de función que desempeñan los servidores públicos, éstos están sujetos a un nivel de escrutinio de una entidad mayor, que supone un control social más intenso respecto de sus antecedentes profesionales y relativos a su desempeño. Luego, y en base a la referida premisa, ha ordenado la entrega de instrumentos de nombramiento y cese de funciones, medición de desempeño, registros de asistencia, currículum vítae, liquidaciones y otros antecedentes referidos al desempeño de sus laborales. (énfasis agregado).

4) Que, sobre este punto y a mayor abundamiento, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en los artículos 8° de la Constitución Política de la Republica y 3° de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones del personal de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía. En este contexto, los actos administrativos que vinculan laboralmente a determinados funcionarios a un organismo público permiten conocer las condiciones en que se encuentran sometidas tales relaciones laborales.

5) Que, en particular, respecto de las liquidaciones de sueldos de funcionarios públicos, se debe tener presente que a partir de la decisión de amparo Rol C211-10 este Consejo razonó que ellas «(...) contienen, información relativa a descuentos que la ley permite y personales relativos a pagos de seguros; asociaciones gremiales, y ahorros voluntarios, entre otros (...) las remuneraciones percibidas por los funcionarios públicos tienen el carácter de información pública ya que dicen relación directa con el ejercicio de cargos y funciones públicas, y que, además, son pagados con fondos públicos. Sin embargo, el objeto al cual los funcionarios destinen voluntariamente dichas remuneraciones no guarda relación con el desempeño de sus funciones ni interfiere en el ejercicio de las mismas, siendo más bien una materia propia de la esfera de su vida privada, lo que lleva a este Consejo a concluir que la información pedida respecto a las liquidaciones de sueldo deberá ser entregada, aplicando el principio de divisibilidad, tarjando la información relativa a los gastos voluntarios efectuadas por los funcionarios a las que éstas se refieren (...) el mismo criterio debe aplicarse respecto de la identificación de las Administradoras de Fondos de Pensión, como de las instituciones de salud a la cual se encuentren afiliados, ya que es información irrelevante y meramente de contexto para el control que la ciudadanía puede realizar respecto del ejercicio de la función pública que desempeña cada funcionario». Dicho criterio ha sido refrendado por esta Corporación en las decisiones C408-14, C751-14, C1272-15, C2958-17, C3183-17, C3184-17 y C4153-18, entre otras. (énfasis agregado).

6) Que, con respecto a la circunstancia alegada por el órgano reclamado, en relación a la inexistencia en los registros municipales de documentos que consignen entregas de dinero, tales como viáticos, encargos, rendiciones y gastos ocasionados, entre otras, este Consejo ha sostenido reiteradamente en las decisiones de amparo Roles C1179-11, C409-13, C3691-17 y C3692-17, entre otras, que la inexistencia de la información solicitada constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder y debiendo acreditarla fehacientemente.

7) Que, según lo prescrito en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 de esta Corporación: «Si realizada la búsqueda, el órgano público constata que no posee la información deberá: (...) b) De no existir un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación de los documentos pedidos, agotar todos los medios a su disposición para encontrar la información y, en caso de estimarse que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, instruir el correspondiente procedimiento sancionatorio. Si la información no fuere habida, deberá comunicarse esta circunstancia al solicitante, indicándole detalladamente las razones que lo justifiquen» (énfasis agregado). En la especie, de la revisión de los antecedentes aportados por la parte reclamada, este Consejo advierte que, el municipio no acreditó suficientemente y de manera fehaciente, la inexistencia de la información requerida, en circunstancias de que sólo se limitó a señalar su inexistencia en los registros municipales, sin detallar en qué consistieron dichas gestiones de búsqueda, ni consigna dichas diligencias en actos administrativos que refrenden lo señalado por el órgano reclamado.

8) Que, con respecto al periodo consultado que comprende la solicitud, esto es desde el año 2012 hasta el año 2020, el órgano reclamado hace presente que, no existen en los registros municipales constancias de pagos al funcionario referido a los años 2010, 2011 y 2012. Al respecto, a juicio de este Consejo, el órgano acreditó debidamente y suficientemente la circunstancia alegada, pues el el Decreto N°02, de nombramiento en el cargo de Director de Desarrollo Comunitario, consigna que el vínculo laboral en el cargo indicado, entre la persona indicada y el Municipio, comenzó el 2 de enero de 2013. Por tal motivo, y no existiendo antecedentes que permitan desvirtuar lo expuesto por la reclamada en esta sede -referido a la inexistencia material de la información consultada- no resulta procedente requerir al órgano que haga entrega de información que, de acuerdo a lo señalado, no obraría en su poder, por inexistencia de aquella. Por lo anterior, en virtud de lo señalado precedentemente, se rechazará el presente amparo sobre este punto, desestimándose la entrega de documentos contractuales referidos al año 2012.

9) Que, en mérito de lo expuesto precedentemente, tratándose de información de naturaleza pública; constatándose que la información consultada no fue proporcionada por el órgano reclamado; atendiéndose que la reclamada no ha dado cumplimiento al estándar de búsqueda y acreditación impuesto por la Instrucción General N° 10 de esta Corporación con respecto a parte de la información requerida; y, no advirtiéndose la necesidad de mantener en reserva la información, este Consejo procederá a acoger parcialmente el presente amparo, y conjuntamente, ordenará la entrega de copia de todo documento en el que consten las entregas de dinero que ha hecho el Municipio a cualquier título a la persona que indica, sean éstas remuneraciones, pagos extraordinarios, de boletas de honorarios, de boletas comerciales o facturas, compensaciones económicas, reembolso, rendiciones, pagos de horas extraordinarias, encargos, viáticos y gastos ocasionados, correspondiente al periodo comprendido entre los años 2013 y 2020, especialmente de las liquidaciones del funcionario municipal indicado, tarjando previamente toda aquella información relativa a la singularización de la AFP y sistema de salud al que se encuentren afiliados, como también aquella relativa a los descuentos de carácter personal (créditos de consumo, ahorros voluntarios, pago de cuentas, entre otros) que consten en las liquidaciones, dando aplicación con ello al principio de máxima divulgación y de divisibilidad consagrado en el artículo 11 literales d) y e) de la Ley de Transparencia. Asimismo, deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, RUT, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, letra f), y 4 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada -en adelante ley N° 19.628-, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por doña Víctor Diaz Iturriaga, en contra de la Municipalidad de Pelarco, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir Sr. Alcalde de la Municipalidad de Pelarco, lo siguiente;

a) Entregue al reclamante copia de todos los documentos en el que consten las entregas de dinero que ha hecho el Municipio a cualquier título a la persona que indica, sean éstas remuneraciones, pagos extraordinarios, de boletas de honorarios, de boletas comerciales o facturas, compensaciones económicas, reembolso, rendiciones, pagos de horas extraordinarias, encargos, viáticos y gastos ocasionados, correspondiente al periodo comprendido entre los años 2013 y 2020, y especialmente, de las liquidaciones del funcionario municipal indicado, tarjando previamente toda aquella información relativa a la singularización de la AFP y sistema de salud al que se encuentren afiliados, como también aquella relativa a los descuentos de carácter personal (créditos de consumo, ahorros voluntarios, pago de cuentas, entre otros) que consten en las liquidaciones, dando aplicación con ello al principio de máxima divulgación y de divisibilidad consagrado en el artículo 11 literales d) y e) de la Ley de Transparencia. Asimismo, deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, RUT, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, letra f), y 4 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada -en adelante ley N° 19.628-, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Rechazar la petición de los documentos consultados referidos al año 2012, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

IV. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Víctor Diaz Iturriaga; y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Pelarco.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.