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Pablo López con GENDARMERÍA DE CHILE Rol: C399-20

Consejo para la Transparencia, 05/05/2020

Se acoge el amparo deducido en contra de Gendarmería de Chile, referido a la entrega de antecedentes laborales de funcionario que se indica. Lo anterior, fundado en que la función pública, debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía. En virtud del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia, se deberán tarjar los datos personales de contexto, que allí se contengan, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C399-20

Entidad pública: Gendarmería de Chile

Requirente: Pablo López

Ingreso Consejo: 24.01.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de Gendarmería de Chile, referido a la entrega de antecedentes laborales de funcionario que se indica.

Lo anterior, fundado en que la función pública, debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía.

En virtud del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia, se deberán tarjar los datos personales de contexto, que allí se contengan, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada.

En sesión ordinaria N° 1094 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de mayo de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C399-20.

VISTOS:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 26 de diciembre de 2019, don Pablo López solicitó a Gendarmería de Chile la siguiente información:

1.1) «Copia simple de la resolución que contrata a la abogada Marcela Elizabeth Ramírez, grado 8°, a contar del día 29 de julio de 2019;

1.2) Copia simple de la resolución que prorroga dicha contrata para el año 2020;

1.3) Información sobre la división, departamento, sección o unidad donde dicha abogada presta sus servicios, las funciones que desempeña; y

1.4) Número de horas extraordinarias que le fueron autorizadas durante este año 2019».

2) OPOSICIÓN DEL TERCERO INVOLUCRADO: Mediante declaración, de fecha 6 de enero de 2020, el tercero presentó su oposición a la entrega de los antecedentes consultados, por tratarse de datos personales, que perturban y amenazan, su privacidad y seguridad.

3) RESPUESTA: Mediante presentación, de fecha 23 de enero de 2020, Gendarmería de Chile respondió a dicho requerimiento de información, denegando su entrega, fundado en la oposición formulada por tercero involucrado, en conformidad de lo dispuesto en el artículo 20° de la Ley de Transparencia y el artículo 34° del Reglamento de la Ley recién citada, por tratarse de antecedentes referidos a su intimidad y vida privada.

Adicionalmente, señala que el órgano reclamado está impedido de entregar la información consultada, por configurarse la hipótesis de reserva dispuesta en el N°2 del artículo 21° de la Ley de Transparencia, por producir un menoscabo al derecho a la intimidad y vida privada del tercero involucrado. Asimismo, señala la concurrencia de la causal de reserva establecida en el N°5 del artículo 21° de la Ley de Transparencia, por contravenirse al artículo 7° y 10° de la Ley 19.628, sobre Protección de la Vida Privada.

4) AMPARO: El 24 de enero de 2020, don Pablo López dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la denegación de la información consultada, en razón de la oposición del tercero involucrado.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile, mediante el Oficio N°E1821, de fecha 10 de febrero de 2020, solicitándole que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos del tercero; (3°) acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación y de los antecedentes que dan cuenta de la fecha en la que la oposición ingresó ante el órgano que usted representa; y, (4°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros que se opusieron a la entrega de la información, a fin de dar aplicación a los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.

Mediante presentación, de fecha 27 de febrero de 2020, el órgano reclamado presentó sus observaciones y descargos, reiterando, en síntesis, lo expuesto en su presentación. Al efecto, deniega la entrega de los antecedentes requeridos, en virtud de la oposición formulada por el tercero involucrado, en conformidad de lo dispuesto en el artículo 20° de la Ley de Transparencia, y por concurrir las causales de reserva preceptuadas en el N°2 y N°5 del artículo 21° la Ley de Transparencia.

Sobre la concurrencia de la causal de reserva N°2 del artículo 21° de la Ley de Transparencia, señala que, la vida privada corresponde al ámbito interior de individuo, como su moral, su psique, su pensamiento, su cuerpo y elementos relativos, a su domicilio, sus comunicaciones y sus relaciones personales y afectivas, la familia, entre otros. Al respecto, agrega que, el derecho a la vida privada permite entonces, que las personas libremente puedan decidir la información que quieran que se sean conocidos o aquellos a los que terceros puedan acceder, información sobre la cual el individuo tendría un cierto poder de control.

Sobre la procedencia de la causal de reserva N°5 del artículo 21° de la Ley de Transparencia, indica que, la divulgación de los antecedentes consultados constituye una vulneración a los artículos 4° y 7° de la Ley Sobre Protección de la Vida privada, en concordancia con lo dispuesto en su artículo 2°, sobre datos personales y tratamiento de datos. Asimismo, precisa que, es necesario realizar una analogía con el Código del Trabajo y considerar lo dispuesto en el artículo 154° bis del presente cuerpo legal. Por tanto, sostiene que, el empleador debe usar la información personal del funcionario, dentro de los límites de la relación laboral, para el solo efecto del cumplimiento del contrato de trabajo-resolución. En consecuencia, afirma que, el tratamiento y uso de datos personales por parte del empleador no puede ser ilimitado y arbitrario.

Por último, sostiene que, la información solicitada, contiene datos relativos a la identidad de una funcionaria del órgano reclamado, los cuales, de acuerdo a la Ley N°21.209, que moderniza la Carrera Funcionaria en Gendarmería de Chile, que modifica el Decreto Ley N°2.859, de 1979, se consideran reservados, en concordancia con lo establecido en el artículo 21° N°5 de la Ley de Transparencia.

6) AUSENCIA DE DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INTERESADOS: De conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación, acordó dar traslado del amparo al tercero interesado, mediante Oficio N°E3759, de fecha 16 de marzo de 2020, a fin de que presentara sus descargos y observaciones, haciendo mención expresa a los derechos que le asisten y que pudieran verse afectados con la publicidad de la documentación requerida. A la fecha del presente acuerdo, no consta que el tercero interesado hubiere presentado descargos u observaciones al presente reclamo.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega de copia de los antecedentes laborales consignados en el numeral primero de lo expositivo de este Acuerdo. Al efecto, el órgano reclamado denegó la entrega de la información consultada por el requirente, fundado en la oposición formulada por el tercero involucrado, y la concurrencia de las causales N°2 y N°5 del artículo 21° de la Ley de Transparencia en el caso de especie.

2) Que, sobre la oposición formulada por el tercero y la invocación de la hipótesis de reserva dispuesta en el N°2 del artículo 21° por parte del órgano reclamado, resulta útil recordar al órgano reclamado que este Consejo ha sostenido reiteradamente que, atendido al tipo de función que desempeñan los servidores públicos, éstos están sujetos a un nivel de escrutinio de una entidad mayor, que supone un control social más intenso respecto de sus antecedentes profesionales y relativos a su desempeño. Luego, y en base a la referida premisa, ha ordenado la entrega de instrumentos de nombramiento y cese de funciones, medición de desempeño, registros de asistencia, currículum vítae, liquidaciones y otros antecedentes referidos al desempeño de sus laborales.

3) Que, sobre este punto y a mayor abundamiento, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en los artículos 8° de la Constitución Política de la Republica y 3° de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones del personal de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía. En este contexto, los actos administrativos que vinculan laboralmente a determinados funcionarios a un organismo público permiten conocer las condiciones en que se encuentran sometidas tales relaciones laborales.

4) Que, sobre la materia, respecto a la afectación a la vida privada de los funcionarios, que fuere alegada, resulta necesario tener presente lo razonado por la Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia causal Rol N° 11.513-2016, de fecha 8 de mayo de 2017, la que indicó en su considerando 5°, lo siguiente: (...)«si bien el funcionario público es titular del derecho fundamental consagrado en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República, la protección de su vida privada no es un derecho absoluto, permitiéndose limitaciones que tengan por finalidad la preservación de valores vinculados a intereses generales de la colectividad o la necesidad de proteger otros derechos que representan valores socialmente deseables. Es por ello que se encuentra sujeto a un estándar de escrutinio público mayor que el de un particular, que permita el cumplimiento de las obligaciones de la administración y el control social sobre las mismas, de otra manera no sería posible verificar el requisito exigido por la ley».

5) Que, sobre la alegación de la hipótesis de reserva dispuesta en el N°5 del artículo 21° de la Ley de Transparencia, este Consejo ha concluido, que para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes, no sólo basta que ésta sea de quórum calificado, sino que, además debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que además establece el artículo 8°, inciso 2°, de la Carta Fundamental. Por lo anterior, es menester determinar si el contenido de la disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente.

6) Que, la reconducción señalada debe estar guiada por la exigencia de "afectación" de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política, esto es, el debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional. Pues bien, con respecto a la afectación de éstos y para justificar la causal de reserva alegada, la reclamada ha señalado que, en este caso se configura la causal de reserva establecida en el número 5 del artículo 21, en relación con el artículo 16 letra c) de la Ley N°21.209, que incorpora el artículo 27 a la Ley Orgánica Constitucional de Gendarmería: «Se considerarán secretos los siguientes documentos, cuya publicidad afectare la seguridad del personal de Gendarmería de Chile o la seguridad de la Nación: Los relativos a la identificación tanto de los funcionarios de las plantas como, en general, de otras dotaciones de su personal». (énfasis agregado)

7) Que, sobre la materia, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación debe ser presente o probable, y con la suficiente especificidad que permita justificar la reserva, de modo que no cabe presumirla, sino que debe ser acreditada por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad. Sobre el particular, el órgano reclamado no especificó la forma o la manera en que la entrega de la información requerida podría afectar la seguridad de la nación, ni de su personal institucional, limitándose meramente a invocar la hipótesis de reserva señalada. Al efecto, Gendarmería de Chile no proporciona elementos que permitan fundar suficientemente la vinculación existente entre la protección de dichos bienes jurídicos -mediante la reserva de información- y el daño que provocaría la divulgación de los antecedentes consultados. En efecto, según la jurisprudencia reiterada de este Consejo, no basta con invocar una causal de secreto o reserva para eximir al órgano reclamado del cumplimiento de su obligación de entrega, sino que, además, debe indicar los hechos que la configuran y aportar los antecedentes que acrediten la afectación a los bienes jurídicos respectivos, circunstancias que no se advierten en la especie. Asimismo, cabe señalar que, de aceptarse la reserva de los datos consultados, se impediría ejercer un control social efectivo sobre el uso de recursos públicos por parte de un órgano de la Administración del Estado -en materia de contratación de personal- dejando el manejo de los mismos, al margen del escrutinio de la ciudadanía.

8) Que, en mérito de lo anterior, tratándose de información de naturaleza pública; y, habiéndose desestimado las alegaciones formuladas por el tercero involucrado, y las causales de reserva alegadas por el órgano reclamado, este Consejo ordenará la entrega de la información consultada, consignada en el numeral primero de lo expositivo de este Acuerdo. No obstante lo anterior, en aplicación del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia y en conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República, de lo preceptuado en los artículos 2, letras f) y g), y 4 de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la vida privada, en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia, deberán tarjarse, al momento de efectuar la entrega de la información, solamente aquellos datos personales de contexto y datos sensibles, que en nada se relacionan con el cumplimiento de la función pública desempeñada, tales como el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Pablo López, en contra de Gendarmería de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director Nacional de la Gendarmería de Chile , lo siguiente;

a) Entregue al reclamante la información consultada y consignada en el numeral 1° de lo expositivo de este Acuerdo. No obstante lo anterior, en aplicación del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia y en conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República, de lo preceptuado en los artículos 2°, letras f) y g), y 4° de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la vida privada, en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia, deberán tarjarse, al momento de efectuar la entrega de la información, solamente aquellos datos personales de contexto y datos sensibles, que en nada se relacionan con el cumplimiento de la función pública desempeñada, tales como el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Pablo López; y, al Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile y al tercero interesado.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.