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Fernando Halim Muñoz con MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA Rol: C268-20 / C269-20

Consejo para la Transparencia, 05/05/2020

Se acogen los amparos deducidos en contra de la Municipalidad de Ñuñoa, respecto de diversos antecedentes relativos a las fiscalizaciones efectuadas por personal de la Municipalidad de Ñuñoa, en los días que indica, respecto del inmueble que consulta, por ruidos molestos. Lo anterior, por tratarse de información pública que obra en poder del órgano reclamado, y por haberse desestimado la concurrencia de la causal de reserva relativa a que se trataría de antecedentes necesarios para la defensa jurídica o judicial, toda vez que no se acreditó fehacientemente dicha causal, por cuanto el municipio ya presentó su informe ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Otros, especificar
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Ausente), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPAROS ROLES C268-20 y C269-20

Entidad pública: Municipalidad de Ñuñoa.

Requirente: Fernando Halim Muñoz.

Ingreso Consejo: 17.01.2020

RESUMEN

Se acogen los amparos deducidos en contra de la Municipalidad de Ñuñoa, respecto de diversos antecedentes relativos a las fiscalizaciones efectuadas por personal de la Municipalidad de Ñuñoa, en los días que indica, respecto del inmueble que consulta, por ruidos molestos.

Lo anterior, por tratarse de información pública que obra en poder del órgano reclamado, y por haberse desestimado la concurrencia de la causal de reserva relativa a que se trataría de antecedentes necesarios para la defensa jurídica o judicial, toda vez que no se acreditó fehacientemente dicha causal, por cuanto el municipio ya presentó su informe ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

Aplica criterio contenido en las decisiones de amparos roles C1864-17, C1865-17, C1925-17.

En sesión ordinaria N° 1094 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de mayo de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de las solicitudes de amparo al derecho de acceso a la información, roles C268-20 y C269-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUDES DE ACCESO: El 7 de enero de 2020, don Fernando Halim Muñoz requirió a la Municipalidad de Ñuñoa, la siguiente información:

a) Solicitud que dio origen al amparo rol C268-20, requirió lo siguiente: "En la noche del día 7 de noviembre y madrugada del 8 de noviembre, el Inspector Municipal Roberto Sola, Fiscalizó el Bar la Cantera, con ocasión a denuncias de vecinos por ruidos molestos. El inspector en cuestión nos solicitó mayores antecedentes vía correo para efectos de emitir un informe a la Dirección de Seguridad Pública. Hasta la fecha no nos ha enviado copia de dicho informa, a pesar de habérselo solicitado por la misma vía que le entregamos los antecedente que pidió. Por tal motivo, me gustaría pedir: 1. Descripción de los procedimientos llevados a cabo por los inspectores municipales el día 7 y 8 de noviembre, con ocasión a las denuncias por ruidos molestos del Bar la Cantera, ubicado en José Domingo Cañas 2936, Ñuñoa; como también los resultados de éstos. 2. Copia del informe escrito por el Inspector Roberto Sola respecto al Bar La Cantera, realizado en cualquier fecha por éste".

b) Solicitud que dio origen al amparo rol C269-20, requirió lo siguiente: "Me gustaría obtener todos los procedimientos que haya realizado la Ilustre Municipalidad de Ñuñoa con ocasión a denuncias por ruidos molestos o contaminación de cualquier tipo, realizadas en contra del Restobar La Cantera, emplazado en José Domingo Cañas 2940. Especialmente los realizados por la Dirección de Seguridad Pública y la de Inspección, ambos de la Municipalidad de Ñuñoa, desde el día 14 de octubre de 2019 hasta el día 20 de noviembre de 2019".

2) RESPUESTAS: El 13 de enero de 2020, mediante cartas de respuesta, el órgano respondió ambas solicitudes, con el mismo tenor, denegando la entrega de la información solicitada en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N°1, letra a), de la Ley de Transparencia, señalando que "Por lo anterior, le informamos que no podemos entregarle información ya que existe un Recurso de Protección (Rol 173.259-2019), presentado por usted en la I. Corte de Apelaciones de Santiago, el cual aún no tiene sentencia por parte de la Corte".

1) AMPAROS: El 17 de enero de 2020, don Fernando Halim Muñoz dedujo dos amparos a su derecho de acceso a la información en contra de la Municipalidad de Ñuñoa, fundados en la respuesta negativa a las solicitudes, dando origen a los amparos rol C268-20 y C269-20. Asimismo, respecto del segundo de dichos reclamos, alegó que "Se invoca artículo 21 letra a) de la Ley 20285, sin embargo no se señala el cómo la información solicitada puede afectar la defensa jurídica o judicial de la I. Municipalidad. Debe aclararse que la Ley no autoriza a denegar la petición de información pública por gestión judicial pendiente, sino que por tratarse de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales, lo cual debe ser invocado y fundado, cosa que no ha ocurrido en el caso concreto. Ahora bien, la Municipalidad ha interpretado de manera extensiva la causal (lo que no puede hacerse por ser una norma de excepción), ya que no se han solicitado antecedentes necesarios para las defensas jurídicas y judiciales. Dicho de otra manera, no se han requerido documentos que digan relación con su estrategia (como puede ser un informe en derecho o una minuta de abogado). Interpretar lo contrario sería estimar válido que la I. Municipalidad pueda ocultar información pública como legítima vía de actuar con miras a ganar un juicio, cuestión que entraría en contradicción con su función pública, lo cual es inadmisible".

Acto seguido, reclamó que "El Consejo para la Transparencia ha señalado que el hecho de tener un juicio pendiente no transforma todos los documentos relacionados con él en secretos (A68-09, A96-09) (...) En cuanto a la acción de protección, cabe aclarar que ésta no es un juicio, careciendo de un término probatorio o período de prueba, por lo que, una vez emitido el informe, ya no hay más estrategia jurídica o judicial que desplegar -cosa que ya ocurrió-, toda vez que los hechos quedaron firmes con dicho informe. A mayor antecedente, en el evento que admitiéramos que la Municipalidad tuviera una estrategia judicial que defender con dichos documentos, esta ya habría precluido, en el entendido que la Municipalidad ya desplegó su estrategia al emitir informe en la causa de protección, quedando ahora sólo los alegatos para que se emita la sentencia (...)".

3) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación los amparos interpuestos, y mediante oficios N° E1554, de fecha 3 de febrero de 2020, confirió traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Ñuñoa, notificando los reclamos y solicitando que presente sus descargos u observaciones.

Mediante Ord. N° 1300/456, de fecha 13 de febrero de 2020, el órgano evacuó sus descargos respecto de ambos amparos, reiterando lo señalado en su respuesta, y agregando que la información está disponible en el Portal web del Poder Judicial.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el principio de economía procedimental consagrado en el artículo 9° de la ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos, mediante las cuales se rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, exige responder con la máxima economía de medios y eficacia, evitando trámites dilatorios. Por lo anterior, y atendido al hecho que entre los amparos roles C268-20 y C269-20 existe identidad respecto del solicitante y del órgano de la Administración requerido, además de tratarse de solicitudes de información de similar contenido, este Consejo, para facilitar su comprensión y resolución, ha resuelto acumular los citados amparos, resolviéndolos a través de su revisión en conjunto.

2) Que, los amparos se fundan en las respuestas negativas por parte de la Municipalidad de Ñuñoa, a las solicitudes de información del reclamante. En efecto, dichos requerimientos se refieren a diversos antecedentes relativos a las fiscalizaciones efectuadas por personal de la Municipalidad de Ñuñoa, en los días que indica, respecto del inmueble que señala, por ruidos molestos. Al respecto, en su respuesta, el órgano denegó la entrega de dicha información de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N°1, letra a), de la Ley de Transparencia.

3) Que, en primer lugar, cabe tener presente que el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.

4) Que, en segundo lugar, el órgano denegó la entrega de la documentación solicitada, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N°1, letra a), de la Ley de Transparencia. Al respecto, cabe tener presente que por tratarse de una norma de derecho estricto, que se contrapone al principio general de transparencia de los actos de la Administración, debe ser interpretado restrictivamente. En tal sentido, el mencionado artículo dispone que se podrá denegar el acceso a la información, cuando su entrega afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, especialmente "si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales". Por su parte, el Reglamento de la Ley de Transparencia, en su artículo 7, letra a), entiende por estos antecedentes "entre otros, aquéllos destinados a respaldar la posición del órgano ante una controversia de carácter jurídico".

5) Que, de acuerdo a lo razonado por este Consejo en las decisiones de amparos roles C1864-17, C1865-17, C1925-17, el hecho de existir uno o más juicios pendientes no transforma a todos los documentos relacionados, o que tengan algún grado de vinculación con él, en secretos. Tampoco basta, para que se configure la concurrencia de la causal de reserva alegada, que el órgano sólo haga mención a la existencia de dicho procedimiento judicial. Para que ello ocurra, debe existir una relación directa entre la información solicitada, el litigio pendiente y la estrategia jurídica o judicial del órgano, lo que debe ser acreditado por el órgano reclamado. En ese contexto, la Municipalidad no señaló detallada y fundadamente, ni ha demostrado en grado alguno, la forma en que la entrega de la información solicitada pudiera afectar la estrategia jurídica o la defensa judicial del órgano, frente a la tramitación del recurso de protección interpuesto, teniendo en consideración que, en la especie, se han requerido antecedentes sobre el procedimiento y bitácora relacionados con la denuncia por ruidos molestos que indica, hechos ocurridos con anterioridad a la presentación del recurso judicial, y que, en atención a lo indicado por el reclamante y a lo verificado en el portal web del Poder Judicial, el municipio ya presentó su informe ante la Iltma. Corte de Apelaciones.

6) Que, respecto de la causal invocada por el órgano para no entregar la información, este Consejo ha estimado que debe distinguirse entre aquellos documentos relativos a la estrategia jurídica del órgano reclamado (tales como minutas internas, informes técnicos, el expediente interno relativo al litigio, entre otros) y aquéllos que sólo constituyen medios de prueba anexos. La letra a) del numeral 1° del artículo 7° del Reglamento de la Ley se refiere precisamente al primer caso, esto es, a documentos que son parte de la estrategia de defensa, mas no a aquellos que se utilizarán meramente como medios de prueba accesorios por cualquiera de las partes en un litigio pendiente. En la especie, lo pedido no se refiere a tales minutas o informes.

7) Que, en consecuencia, tratándose de información pública que obra en poder del órgano reclamado, y habiéndose desestimado la concurrencia de la causal de reserva del artículo 21 N°1, letra a), de la Ley de Transparencia, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, ordenando la entrega de la información solicitada, debiendo el órgano tarjar, previamente, aquellos datos personales de contexto que pudieran estar incorporados en la documentación que se entregue, como por ejemplo, número de cédula de identidad, domicilio particular, teléfono o correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, letra f), 4 y 7 de la ley N° 19.628, en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada ley.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger los amparos deducidos por don Fernando Halim Muñoz en contra de la Municipalidad de Ñuñoa, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Ñuñoa, lo siguiente:

a) Entregar al reclamante información respecto de los procedimientos llevados a cabo por los inspectores municipales el día 7 y 8 de noviembre, con ocasión a las denuncias por ruidos molestos del Bar la Cantera, ubicado en José Domingo Cañas 2936, Ñuñoa, como también los resultados de éstos; copia del informe escrito por el Inspector Roberto Sola respecto al Bar La Cantera, realizado en cualquier fecha por éste; y copia de todos los procedimientos que haya realizado la Municipalidad con ocasión a denuncias por ruidos molestos o contaminación de cualquier tipo, realizadas en contra del Restobar La Cantera, emplazado en José Domingo Cañas 2940, especialmente los realizados por la Dirección de Seguridad Pública y la de Inspección, desde el día 14 de octubre de 2019 hasta el día 20 de noviembre de 2019, debiendo el órgano tarjar, previamente, aquellos datos personales de contexto que pudieran estar incorporados en la documentación que se entregue, como por ejemplo, número de cédula de identidad, domicilio particular, teléfono o correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, letra f), 4 y 7 de la ley N° 19.628, en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada ley.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Fernando Halim Muñoz y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Ñuñoa.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.