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Fernando Halim Muñoz con MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA Rol: C213-20

Consejo para la Transparencia, 05/05/2020

Se acoge el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Ñuñoa, ordenando la entrega de copia del procedimiento y bitácora llevada a cabo por la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Ñuñoa, el día 25 y 26 de noviembre de 2019, con ocasión de la denuncia por ruidos molestos emanados desde el Bar La Cantera, emplazado en José Domingo Cañas 2936. Lo anterior, por tratarse de información pública que obra en poder del órgano reclamado, y por haberse desestimado la concurrencia de la causal de reserva relativa a que se trataría de antecedentes necesarios para la defensa jurídica o judicial, toda vez que no se acreditó fehacientemente dicha causal, toda vez que el municipio ya presentó su informe ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Ausente), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C213-20

Entidad pública: Municipalidad de Ñuñoa.

Requirente: Fernando Halim Muñoz.

Ingreso Consejo: 14.01.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Ñuñoa, ordenando la entrega de copia del procedimiento y bitácora llevada a cabo por la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Ñuñoa, el día 25 y 26 de noviembre de 2019, con ocasión de la denuncia por ruidos molestos emanados desde el Bar La Cantera, emplazado en José Domingo Cañas 2936.

Lo anterior, por tratarse de información pública que obra en poder del órgano reclamado, y por haberse desestimado la concurrencia de la causal de reserva relativa a que se trataría de antecedentes necesarios para la defensa jurídica o judicial, toda vez que no se acreditó fehacientemente dicha causal, toda vez que el municipio ya presentó su informe ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En sesión ordinaria N° 1094 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de mayo de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C213-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 7 de enero de 2020, don Fernando Halim Muñoz solicitó a la Municipalidad de Ñuñoa, lo siguiente: "Quisiera solicitar copia del procedimiento y bitácora llevada a cabo por la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Ñuñoa, el día 25 y 26 de noviembre de 2019, con ocasión a la denuncia por ruidos molestos emanados del Bar La Cantera, emplazado en José Domingo Cañas 2936".

2) RESPUESTA: El 13 de enero de 2020, mediante carta de respuesta, el órgano respondió la solicitud, denegando la entrega de la información solicitada en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N°1, letra a), de la Ley de Transparencia, señalando que "Por lo anterior, le informamos que no podemos entregarle información ya que existe un Recurso de Protección (Rol 173.259-2019), presentado por usted en la I. Corte de Apelaciones de Santiago, el cual aún no tiene sentencia por parte de la Corte".

3) AMPARO: El 14 de enero de 2020, don Fernando Halim Muñoz dedujo amparo a su derecho de acceso en contra de la Municipalidad de Ñuñoa, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información. Asimismo, alegó que "Se invoca artículo 21 letra a) de la Ley 20285, sin embargo no se señala el cómo la información solicitada puede afectar la defensa jurídica o judicial de la I. Municipalidad. Debe aclararse que la Ley no autoriza a denegar la petición de información pública por gestión judicial pendiente, sino que por tratarse de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales, lo cual debe ser invocado y fundado, cosa que no ha ocurrido en el caso concreto. Ahora bien, la Municipalidad ha interpretado de manera extensiva la causal (lo que no puede hacerse por ser una norma de excepción), ya que no se han solicitado antecedentes necesarios para las defensas jurídicas y judiciales. Dicho de otra manera, no se han requerido documentos que digan relación con su estrategia (como puede ser un informe en derecho o una minuta de abogado). Interpretar lo contrario sería estimar válido que la I. Municipalidad pueda ocultar información pública como legítima vía de actuar con miras a ganar un juicio, cuestión que entraría en contradicción con su función pública, lo cual es inadmisible".

Acto seguido, reclamó que "El Consejo para la Transparencia ha señalado que el hecho de tener un juicio pendiente no transforma todos los documentos relacionados con él en secretos (A68-09, A96-09) (...) En cuanto a la acción de protección, cabe aclarar que ésta no es un juicio, careciendo de un término probatorio o período de prueba, por lo que, una vez emitido el informe, ya no hay más estrategia jurídica o judicial que desplegar -cosa que ya ocurrió-, toda vez que los hechos quedaron firmes con dicho informe. A mayor antecedente, en el evento que admitiéramos que la Municipalidad tuviera una estrategia judicial que defender con dichos documentos, esta ya habría precluido, en el entendido que la Municipalidad ya desplegó su estrategia al emitir informe en la causa de protección, quedando ahora sólo los alegatos para que se emita la sentencia (...)".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo, y mediante oficio N° E1394, de fecha 31 de enero de 2020, confirió traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Ñuñoa, notificando el reclamo y solicitando que formule sus descargos u observaciones.

Sin perjuicio de lo anterior, hasta esta fecha, no existe constancia de que el órgano se haya pronunciado en los términos referidos.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa por parte de la Municipalidad de Ñuñoa, a la solicitud de información del reclamante. En efecto, dicho requerimiento se refiere a copia del procedimiento y bitácora llevada a cabo por la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Ñuñoa, el día 25 y 26 de noviembre de 2019, con ocasión de la denuncia por ruidos molestos emanados desde el inmueble que indica. Al respecto, en su respuesta, el órgano denegó la entrega de dicha información de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N°1, letra a), de la Ley de Transparencia.

2) Que, en primer lugar, cabe tener presente que el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.

3) Que, en segundo lugar, el órgano denegó la entrega de la documentación solicitada, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N°1, letra a), de la Ley de Transparencia. Al respecto, cabe tener presente que por tratarse de una norma de derecho estricto, que se contrapone al principio general de transparencia de los actos de la Administración, debe ser interpretado restrictivamente. En tal sentido, el mencionado artículo dispone que se podrá denegar el acceso a la información, cuando su entrega afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, especialmente "si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales". Por su parte, el Reglamento de la Ley de Transparencia, en su artículo 7, letra a), entiende por estos antecedentes "entre otros, aquéllos destinados a respaldar la posición del órgano ante una controversia de carácter jurídico".

4) Que, de acuerdo a lo razonado por este Consejo en las decisiones de amparos roles C1864-17, C1865-17 y C1925-17, entre otras, el hecho de existir uno o más juicios pendientes no transforma a todos los documentos relacionados, o que tengan algún grado de vinculación con él, en secretos. Tampoco basta, para que se configure la concurrencia de la causal de reserva alegada, que el órgano sólo haga mención a la existencia de dicho procedimiento judicial. Para que ello ocurra, debe existir una relación directa entre la información solicitada, el litigio pendiente y la estrategia jurídica o judicial del órgano, lo que debe ser acreditado por el órgano reclamado. En ese contexto, la Municipalidad no señaló detallada y fundadamente, ni ha demostrado en grado alguno, la forma en que la entrega de la información solicitada pudiera afectar la estrategia jurídica o la defensa judicial del órgano, frente a la tramitación del recurso de protección interpuesto, teniendo en consideración que, en la especie, se han requerido antecedentes sobre el procedimiento y bitácora relacionados con la denuncia por ruidos molestos que indica, hechos ocurridos con anterioridad a la presentación del recurso judicial, y que, en atención a lo indicado por el reclamante y a lo verificado en el portal web del Poder Judicial, el municipio ya presentó su informe ante la Iltma. Corte de Apelaciones.

5) Que, respecto de la causal invocada por el órgano para no entregar la información, este Consejo ha estimado que debe distinguirse entre aquellos documentos relativos a la estrategia jurídica del órgano reclamado (tales como minutas internas, informes técnicos, el expediente interno relativo al litigio, entre otros) y aquéllos que sólo constituyen medios de prueba anexos. La letra a) del numeral 1° del artículo 7° del Reglamento de la Ley se refiere precisamente al primer caso, esto es, a documentos que son parte de la estrategia de defensa, mas no a aquellos que se utilizarán meramente como medios de prueba accesorios por cualquiera de las partes en un litigio pendiente. En la especie, lo pedido no se refiere a tales minutas o informes.

6) Que, en consecuencia, tratándose de información pública que obra en poder del órgano reclamado, y habiéndose desestimado la concurrencia de la causal de reserva del artículo 21 N°1, letra a), de la Ley de Transparencia, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, ordenando la entrega de la información solicitada.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo interpuesto por don Fernando Halim Muñoz en contra de la Municipalidad de Ñuñoa, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Ñuñoa, lo siguiente:

a) Entregar al reclamante copia del procedimiento y bitácora llevada a cabo por la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Ñuñoa, el día 25 y 26 de noviembre de 2019, con ocasión de la denuncia por ruidos molestos emanados desde el Bar La Cantera, emplazado en José Domingo Cañas 2936.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Fernando Halim Muñoz y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Ñuñoa.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.