logo
 

C975-20 Rol: C975-20

Consejo para la Transparencia, 18/05/2020

Se rechaza el amparo en contra de Gendarmería de Chile, respecto a entregar copia íntegra del estudio realizado el año 2007 y con cuyos resultados fuera actualizado el instrumento de clasificación penitenciaria y que determinó que el ICD (Índice de compromiso delictual) debía ser diferente para hombres y mujeres, estableciendo 13 variables para hombres y 11 para mujeres. Lo anterior, debido a que la entrega de dicha información podría afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado. En efecto, divulgar dicho tipo de información, a juicio de esta Corporación, supone afectar el cumplimiento de las funciones del órgano consagrado en su Ley Orgánica.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Descriptores analíticos:

Tema Justicia
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Estudios o investigaciones.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Ausente), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C975-20

Entidad pública: Gendarmería de Chile

Requirente: Fernando Codoceo Ortiz

Ingreso Consejo: 24.02.2020

RESUMEN

Se rechaza el amparo en contra de Gendarmería de Chile, respecto a entregar copia íntegra del estudio realizado el año 2007 y con cuyos resultados fuera actualizado el instrumento de clasificación penitenciaria y que determinó que el ICD (Índice de compromiso delictual) debía ser diferente para hombres y mujeres, estableciendo 13 variables para hombres y 11 para mujeres.

Lo anterior, debido a que la entrega de dicha información podría afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado. En efecto, divulgar dicho tipo de información, a juicio de esta Corporación, supone afectar el cumplimiento de las funciones del órgano consagrado en su Ley Orgánica.

En sesión ordinaria N° 1097 del Consejo Directivo, celebrada el 18 de mayo de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C975-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 27 de diciembre de 2019, don Fernando Codoceo Ortiz solicitó a Gendarmería de Chile la siguiente información: "Copia íntegra del estudio realizado el año 2007 y con cuyos resultados fuera actualizado el instrumento de clasificación penitenciaria y que determinó que el ICD (Índice de compromiso delictual) debía ser diferente para hombres y mujeres, estableciendo 13 variables para hombres y 11 para mujeres".

2) RESPUESTA: Mediante Carta N°578, de fecha 5 de febrero de 2020, Gendarmería de Chile respondió a dicho requerimiento de información, proporcionando la "Actualización de la Ficha de Clasificación Penitenciaria con Enfoque de Género" del año 2004, señalando que "Si bien la última actualización del actual instrumento de Clasificación fue aplicada el año 2007, se estuvo trabajando desde el año 2004, por lo cual el documento adjunto es válido para ese proceso de actualización". Agregan que además aplican el principio de divisibilidad, ya que lo solicitado, implicaría exponer el actuar de la Administración Penitenciaria en los diversos procesos de seguridad llevados a cabo en los establecimientos penitenciarios (tipo de respuestas con mayor o menos ponderación en los instrumentos e indicadores, por ejemplo), lo que podría afectar la labor propia en materia de reinserción social de las personas privadas de libertad, por lo que el servicio denegó la información en virtud del artículo 21 N°1 y N°3 de la Ley de Transparencia. Lo anterior porque su divulgación supondrá revelar pautas que eventualmente permitirían inhibir la posibilidad de controlar situaciones internas y externas, reduciendo la eficacia de este servicio y afectando tanto el debido cumplimiento de las funciones de Gendarmería como la mantención de la seguridad penitenciaria y el tratamiento efectivo en materia de reinserción social.

Asimismo cabe hacer presente que han incorporado el presente acto al "índice de actos y Documentos Calificados como Secretos y Reservados", en conformidad con la Instrucción General N°3 de esta Corporación.

3) AMPARO: El 24 de febrero de 2020, don Fernando Codoceo Ortiz dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada, ya que el órgano alega la seguridad nacional y el debido funcionamiento del órgano/servicio; . Además, el reclamante hizo presente que se solicita un documento preciso del año 2007, y se entrega uno del 2004, que no corresponde en absoluto al requerido.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile , mediante Oficio N° E3865 de 17 de marzo de 2020 solicitando que: se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada, detallando cómo la entrega dicha información afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa y la seguridad de la Nación.

Mediante Ord. N° 14.00.00. 508/20, de fecha 15 de abril de 2020, el órgano reclamado presentó sus descargos u observaciones, reiterando lo expuesto en su respuesta y agregando, en síntesis, que el documento requerido por el solicitante es lo entregado por medio de la respuesta evacuada por el órgano, ya que si bien existió una actualización en el año 2007, se estuvo trabajando desde el 2004, por lo tanto el documento es válido para ese proceso de actualización. Además se hizo uso del principio de divisibilidad, ya que de saberse los instrumentos de medición pudiese predisponer a los internos en sus respuestas, impactó directamente en los resultados de las evaluaciones de compromiso criminológico, lo que puede afectar la distribución de las personas privadas de libertad al interior de los recintos penitenciarios, poniendo en grave riesgo la seguridad interna, funcionarios, visitas y la comunidad en general. Por lo que el servicio denegó la información en virtud del artículo 21 N°1 "Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente" y N°3 "Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte la seguridad de la Nación, particularmente si se refiere a la defensa nacional o la mantención del orden público o la seguridad pública" de la Ley de Transparencia en relación con el D.L N°2859/1979 que aprueba la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, en particular el Artículo 3.- "Corresponde a Gendarmería de Chile: a).- Dirigir todos los establecimientos penales del país, aplicando las normas previstas en el régimen penitenciario que señala la ley y velar por la seguridad interior de ellos".

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el objeto de la solicitud está dirigida a obtener información respecto a copia íntegra del estudio realizado el año 2007 y con cuyos resultados fuera actualizado el instrumento de clasificación penitenciaria y que determinó que el ICD (Índice de compromiso delictual) debía ser diferente para hombres y mujeres, estableciendo 13 variables para hombres y 11 para mujeres. Al efecto, el órgano reclamado señaló que la información está cubierta por las causales de secreto o reserva del artículo 21 N° 1 y N°3 de la Ley de Transparencia.

2) Que, el reclamante funda su amparo en que la información entregada no corresponde a la solicitada, ya que el órgano alega la seguridad nacional y el debido funcionamiento del órgano/servicio. Además, el reclamante hizo presente que se solicita un documento preciso del año 2007, y se entrega uno del 2004, que no corresponde al requerido.

3) Que, cabe tener presente , de acuerdo con el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo las excepciones legales.

4) Que, a su turno el organismo en su respuesta, como en los descargos indica que de saberse los instrumentos de medición pudiese predisponer a los internos en sus respuestas, impactando directamente en los resultados de las evaluaciones de compromiso criminológico, lo que puede afectar la distribución de las personas privadas de libertad al interior de los recintos penitenciarios, poniendo en grave riesgo la seguridad interna, funcionarios, visitas y la comunidad en general. Lo cual va en la línea de lo indicado en Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, en particular "Artículo 3°.- Corresponde a Gendarmería de Chile: a).- Dirigir todos los establecimientos penales del país, aplicando las normas previstas en el régimen penitenciario que señala la ley y velar por la seguridad interior de ellos" (lo subrayado es nuestro).

5) De esta forma dicha información podría incidir en la distribución de la población penal y esta ser objeto de incidencias y/o alteraciones por medio de las cuales las clasificaciones penitenciarias que ayudan en determinar del grado de compromiso delictual de los individuos privados de libertad de acuerdo a los parámetros establecidos por el órgano podría verse alterado afectando, por tanto, el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido.

6) En tal sentido, cabe señalar que divulgar información que incide directamente en el manejo de la población penal al interior de un recinto penitenciario - toda vez que permite clasificarla y distribuirla en su interior, generando tipologías de presos en mérito de su peligrosidad- incide directamente en la seguridad tanto de dichas personas como la del personal de la reclamada, la cual puede verse afectada en el cumplimiento eficaz de sus tareas de resguardar la seguridad al interior de los penales, facilitando en caso de hacerse públicas, eventuales manipulaciones de la clasificación que pueda facilitar la vulneración de las medidas de seguridad existente y consecuentemente con ello, permitiendo eventuales fugas o la comisión de ilícitos al interior de los respectivos penales.

7) Que en dicho contexto, se justifica la denegación de la información consultada en aplicación de lo dispuesto en el artículo 21 N° 1 y N°3 de la Ley de Transparencia invocado por Gendarmería de Chile. En consecuencia, se rechazará el amparo por las razones esgrimidas.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Fernando Codoceo Ortiz, en contra de Gendarmería de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Fernando Codoceo Ortiz y al Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.