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Roberto Emilio Najle Fairlie con MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Rol: C961-20

Consejo para la Transparencia, 18/05/2020

Se rechaza el amparo en contra de la Subsecretaría de Evaluación Social, respecto a entregar copia del documento "Propuesta Instituto Nacional de la Juventud" del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de fecha Octubre de 2019 emanado por la repartición. Lo anterior, debido a que la entrega de dicha información podría afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado. En efecto, divulgar información de naturaleza preliminar, a juicio de esta Corporación supone inmiscuirse en el ámbito de decisión del organismo en forma previa a la adopción de una medida en particular sobre la materia, afectando con ello el privilegio deliberativo que en tal sentido ha consagrado el legislador en el artículo 21 N° 1, letra b) de la Ley de Transparencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Conformidad objetiva

Descriptores analíticos:

Tema
Materia Auditoría y Control de gestión
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Ausente), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C961-20

Entidad pública: Subsecretaría de Evaluación Social

Requirente: Roberto Emilio Najle Fairlie

Ingreso Consejo: 21.02.2020

RESUMEN

Se rechaza el amparo en contra de la Subsecretaría de Evaluación Social, respecto a entregar copia del documento "Propuesta Instituto Nacional de la Juventud" del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de fecha Octubre de 2019 emanado por la repartición.

Lo anterior, debido a que la entrega de dicha información podría afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado. En efecto, divulgar información de naturaleza preliminar, a juicio de esta Corporación supone inmiscuirse en el ámbito de decisión del organismo en forma previa a la adopción de una medida en particular sobre la materia, afectando con ello el privilegio deliberativo que en tal sentido ha consagrado el legislador en el artículo 21 N° 1, letra b) de la Ley de Transparencia.

En sesión ordinaria N° 1097 del Consejo Directivo, celebrada el 18 de mayo de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C961-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 30 de enero de 2020, don Roberto Emilio Najle Fairlie solicitó a la Subsecretaría de Evaluación Social la siguiente información: "el documento "Propuesta Instituto Nacional de la Juventud" del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de fecha Octubre de 2019 emanado por la repartición.

2) RESPUESTA: Mediante Carta N° 788, de fecha 20 de febrero de 2020, la Subsecretaría de Evaluación Social respondió a dicho requerimiento de información indicando que lo solicitado constituye un antecedente de los procesos de análisis interno y eminentemente preliminar a la eventual toma de decisión por parte de la autoridad, por tanto, comunico a usted que esta autoridad se abstendrá de entregar tal antecedente. Por tanto, deniega lo solicitado conforme al artículo 21 N°1, letra b) de la Ley de Transparencia.

3) AMPARO: El 21 de febrero de 2020, don Roberto Emilio Najle Fairlie dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información. Además, el reclamante hizo presente que: "a su juicio no procede la causal de reserva toda vez que se ha dado a conocer por los medios de comunicación, las autoridades sectoriales, parlamentarios y el propio afectado ha evacuado comunicados de prensa cuyo sentido es desviar la atención de un hecho que tiene certezas jurídicas, del mismo modo se infiere de la redacción de respuesta entregada por el reclamado".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sra. Subsecretaria de la Subsecretaría de Evaluación Social , mediante Oficio N° E3668 de 13 de marzo de 2020 solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) señale cómo la entrega de la información reclamada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa, precisando, en qué medida lo solicitado serviría de antecedente para la adopción de una medida o política futura; detallando las implicancias de dicha medida, y explicitando las características particulares de lo solicitado que, a juicio del órgano que usted representa, justificaría que su comunicación vulnera el correcto cumplimiento de los objetivos de la medida o política en curso, identificando los efectos que produciría su comunicación; y, (3°) informe el estado del proceso sobre el que recae la información denegada y fecha aproximada del término del mismo.

Mediante Ord. S/N, recibido por esta Corporación con fecha 21 de abril de 2020, el órgano reclamado presentó sus descargos u observaciones, reiterando lo expuesto en su respuesta y agregando, en síntesis, que el documento requerido, es uno de los antecedentes que se estaba estudiando de forma preliminar, para eventualmente proponer al Presidente de la República, modificaciones al Instituto Nacional de la Juventud (INJUV). Los cuales según el organismo tienen la calidad de antecedente previo, que los equipos están estudiando, conjuntamente con otros documentos e información y que por lo anterior, mientras estos antecedentes se encuentren en etapa de estudio, es necesario mantener la reserva respecto de ellos, por cuanto su conocimiento puede afectar las decisiones que la autoridad puede tomar en torno al asunto.

Asimismo indican que en este momento no es posible indicar la fecha de término, toda vez que, debido a la contingencia que atraviesa el país por la crisis sanitaria de público conocimiento, todos los trabajos y esfuerzos, tanto de las autoridades del Ministerio como de sus funcionarios, se encuentran avocados a las tareas relacionadas con dicha situación de emergencia. Por todo ello a la fecha, no hay plazo de para tal definición, sumado a las instrucciones de austeridad fiscal impartidas por el Ministerio de Hacienda, lo que alcanza entre otros aspectos la creación y/o reestructuración de una repartición pública.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el objeto de la solicitud está dirigida a obtener información respecto al documento "Propuesta Instituto Nacional de la Juventud" del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de fecha Octubre de 2019 emanado por la repartición. Al efecto, el órgano reclamado señaló que la información está cubierta por la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia.

2) Que, el reclamante funda su amparo en que la falta de respuesta entregada. Además, hace presente que a su juicio no procede la causal de reserva toda vez que se ha dado a conocer por los medios de comunicación, las autoridades sectoriales, parlamentarios y el propio afectado ha evacuado comunicados de prensa cuyo sentido es desviar la atención de un hecho que tiene certezas jurídicas, del mismo modo se infiere de la redacción de respuesta entregada por el reclamado.

3) Que, dicho lo anterior la Subsecretaría de Evaluación Social no hizo entrega del documento solicitado, toda vez que a su juicio procedería la aplicación de la hipótesis de reserva consagrada en el artículo 21 N° 1 letra b), que permite denegar la información que se solicite cuando su comunicación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente "tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquellas sean públicos una vez que sean adoptados". Conforme lo establece el artículo 7° N° 1, letra b), del Reglamento de la Ley de Transparencia, se entiende por "antecedentes" todos aquellos que informan la adopción de una resolución, medida o política, y por "deliberaciones", las consideraciones, formuladas para la adopción de las mismas, que consten, entre otros, en discusiones, informes, minutas u oficios.

4) Que, a partir de las decisiones pronunciadas en los amparos roles A12-09, A47-09 y A79-09, este Consejo ha sostenido reiteradamente que para configurar dicha hipótesis de secreto o reserva, se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos, a saber: (a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política; y (b) que su conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano.

5) Que, el documento, versaría sobre las alternativas que el Gobierno de Chile, por medio de la reclamada, estaría evaluando a fin de generar un proyecto en el cual se buscaría es uno de los antecedentes que se estaba estudiando de forma preliminar, para eventualmente proponer al Presidente de la República, modificaciones al Instituto Nacional de la Juventud (INJUV). Por tanto, tratan sobre antecedentes que servirían de base a una medida o política de la autoridad administrativa requerida. En cuanto al segundo requisito, divulgar información de naturaleza preliminar, a juicio de esta Corporación supone inmiscuirse en el ámbito de decisión de la Subsecretaría de Evaluación Social en forma previa a la adopción de una medida en particular sobre la materia, afectando con ello claramente el privilegio deliberativo que en tal sentido ha consagrado el legislador en el artículo 21 N° 1, letra b) de la Ley de Transparencia.

6) Que a mayor abundamiento, el Tribunal Constitucional ha sostenido que el espacio para el debate sobre los proyectos de ley está en el Congreso Nacional. De hecho, una de las características de los anteproyectos es el acceso restringido a éstos, aun dentro del Ejecutivo. Sólo conocen de ellos las personas u organismos a quienes el Presidente o el Ministro encargado de impulsarlos, estima pertinente dárselos a conocer. Incluso el destinatario final de un anteproyecto, si llega a transformarse en proyecto de ley (el Congreso Nacional), está excluido de conocerlo en esta etapa. Profundizando su razonamiento, dictaminando que el "conocimiento singular de un anteproyecto por un particular, sería una desconsideración con el Congreso, que es el destinatario final de los proyectos de ley. Una vez que el Gobierno decida el envío del anteproyecto, éste gozará de máxima publicidad. El texto irá acompañado de un mensaje en el que explicarán las razones que lo justifican. Los Ministros tendrán que concurrir al Congreso a dar explicaciones sobre el sentido y alcance de lo que se propone. Transformado en proyecto de ley, el Congreso se convierte en el foro privilegiado de discusión de las iniciativas legales. Por lo mismo, no tiene sentido iniciar una discusión previa a la que naturalmente debe darse en el Congreso". Concluyendo que para dicho Tribunal, "todo lo que tenga que ver con la publicidad, vía derecho de acceso, durante la etapa de preparación de los proyectos de ley o fase prelegislativa, afecta negativamente el ejercicio de la potestad legislativa del Presidente de la República". (Sentencia Rol N° 2246-12, de 13 de enero de 2013).

7) Que en dicho contexto, se justifica la denegación de la información consultada en aplicación de lo dispuesto en el artículo 21 N° 1 b) de la Ley de Transparencia invocado por la Subsecretaría de Evaluación Social. En consecuencia, se rechazará el amparo por las razones esgrimidas.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Roberto Emilio Najle Fairlie, en contra de la Subsecretaría de Evaluación Social, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Roberto Emilio Najle Fairlie y a la Sra. Subsecretaria de la Subsecretaría de Evaluación Social.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.