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Víctor Diaz Iturriaga con MUNICIPALIDAD DE PELARCO Rol: C814-20

Consejo para la Transparencia, 18/05/2020

Se acoge el amparo deducido en contra de de la Municipalidad de Pelarco, referido a antecedentes contractuales de la persona que se indica. Lo anterior, fundado en que la función pública, debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía. En virtud del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia, se deberán tarjar los datos personales de contexto, que allí se contengan, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Presupuesto y Finanzas
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Documentación presupuestaria.Rendición de cuentas 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Ausente), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C814-20

Entidad pública: Municipalidad de Pelarco

Requirente: Víctor Diaz Iturriaga

Ingreso Consejo: 14.02.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de de la Municipalidad de Pelarco, referido a antecedentes contractuales de la persona que se indica.

Lo anterior, fundado en que la función pública, debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía.

En virtud del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia, se deberán tarjar los datos personales de contexto, que allí se contengan, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada.

En sesión ordinaria N° 1097 del Consejo Directivo, celebrada el 18 de mayo de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C814-20.

VISTOS:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 20 de noviembre de 2019, don Víctor Diaz Iturriaga solicitó a la Municipalidad de Pelarco -en adelante, indistintamente Municipio o Municipalidad- la siguiente información: «copia de contratos y/o nombramientos y respaldos de pagos del Sr. Cristian Olave Avila en la Municipalidad de Pelarco».

2) PRORROGA DE PLAZO: Mediante presentación, de fecha 17 de diciembre de 2019, el órgano notificó a la parte solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en 10 días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia, en atención a que existen circunstancias que hacen difícil reunir la información requerida.

3) SOLICITUD DE SUBSANACIÓN: Mediante presentación, de fecha 2 de enero de 2020, en conformidad de lo dispuesto en el artículo 12° de la Ley de Transparencia, el Municipio requirió la subsanación de la solicitud de información, en razón de que se precise el periodo administrativo o la fecha aproximada de lo pedido.

Mediante comunicación electrónica, de fecha 6 de enero de 2020, subsana lo requerido, precisando que lo pedido corresponde a copia de contratos y/o nombramientos y respaldos de pagos del Sr. Cristian Olave Ávila en la Municipalidad de Pelarco correspondiente al periodo 2012-2020, año por año.

4) RESPUESTA: Mediante presentación, de 5 de febrero de 2020, el Municipio respondió a dicho requerimiento de información accediendo a la entrega de la información consultada. Al efecto, acompaña los siguientes documentos:

4.1) Decreto de Pago N°99, de fecha 29 de enero de 2020, emitido por la Municipalidad de Pelarco

4.2) Decreto Alcaldicio N°107, de fecha 21 de enero de 2020, que aprueba celebración de contrato de prestación de servicios.

4.3) Contrato de Prestación de Servicios a Honorarios, de fecha 1 de enero de 2020.

5) AMPARO: El 14 de febrero de 2020, don Víctor Diaz Iturriaga dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la respuesta proporcionada por el Municipio seria incompleta. Al efecto, el peticionario hace presente que, el órgano reclamando sólo proporciona información referente al año 2020, en circunstancias de que la persona indicada ha laborado durante un periodo superior en el Municipio. Sobre lo anterior, indica que requiere información del periodo comprendido entre los años 2015 y 2019.

6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Pelarco, mediante Oficio N°E3182, de fecha 9 de marzo de 2020 solicitándole que: (1°) indique las razones por las cuales la solicitud de información no habría sido atendida oportunamente; (2°) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; y, (5) de encontrarse disponible la información reclamada, remita la misma al solicitante, con copia a este Consejo, a fin de evaluar la finalización del presente amparo, a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC).Lo anterior, tarjando previamente los datos personales de terceros que pudiere contener, como por ejemplo, el número de cédula nacional de identidad u otro dato personal de contexto, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada.

Mediante presentación, de fecha 14 de abril de 2020, el órgano reclamado presentó sus observaciones y descargos, no aportando mayores antecedentes sobre el caso de especie.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la falta de satisfacción del reclamante con la información entregada, ya que la respuesta sería incompleta. Al efecto, el peticionario hace presente que el órgano reclamando sólo proporciona información referente al año 2020, en circunstancias de que la persona indicada ha laborado durante un periodo superior en el Municipio.

2) Que, de la revisión de los antecedentes del presente procedimiento de acceso, este Consejo advierte que, con ocasión de su respuesta y descargos, el órgano reclamado sólo proporciona antecedentes laborales y remuneratorios del presente año -en particular el Decreto de Pago, el Decreto Alcaldicio que aprueba la celebración del contrato y el contrato de prestación de servicios que vincula a ambas partes-. De esta manera, el órgano reclamado no entrega documentación sobre los restantes años consultados -periodo comprendido entre 2015 y 2019-, ni tampoco entrega antecedentes sobre la eventual inexistencia de la información requerida, lo que impide a este Consejo contar con antecedentes o medios de prueba que pueda ponderar, para determinar la configuración de causales de reserva o secreto, o, en su defecto, la inexistencia de la información.

3) Que, sobre la publicidad de los antecedentes consultados, resulta útil recordar al órgano reclamado que este Consejo ha sostenido reiteradamente que, atendido al tipo de función que desempeñan los servidores públicos, éstos están sujetos a un nivel de escrutinio de una entidad mayor, que supone un control social más intenso respecto de sus antecedentes profesionales y relativos a su desempeño. Luego, y en base a la referida premisa, ha ordenado la entrega de instrumentos de nombramiento y cese de funciones, medición de desempeño, registros de asistencia, currículum vítae, liquidaciones y otros antecedentes referidos al desempeño de sus laborales.

4) Que, sobre este punto y a mayor abundamiento, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en los artículos 8° de la Constitución Política de la Republica y 3° de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones del personal de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía. En este contexto, los actos administrativos que vinculan laboralmente a determinados funcionarios a un organismo público permiten conocer las condiciones en que se encuentran sometidas tales relaciones laborales.

5) Que, en mérito de lo expuesto precedentemente, tratándose de información de naturaleza pública que debe obrar en poder del órgano reclamado; no existiendo controversia respecto de los fundamentos expuestos por el reclamante; y, no configurándose en la especie causales de secreto o reserva respecto de lo requerido, se acogerá el presente amparo, ordenándose la entrega de la información requerida. No obstante lo anterior, en virtud del principio de divisibilidad, el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, RUT, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, letra f), y 4 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada -en adelante ley N° 19.628-, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Víctor Diaz Iturriaga, en contra de la Municipalidad de Pelarco, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir Sr. Alcalde de la Municipalidad de Pelarco, lo siguiente;

a) Entregue al reclamante copia de contratos y/o nombramientos y respaldos de pagos del Sr. Cristian Olave Ávila en la Municipalidad de Pelarco correspondiente al periodo 2015-2019, año por año. No obstante lo anterior, en virtud del principio de divisibilidad, el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, RUT, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, letra f), y 4 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada -en adelante ley N° 19.628-, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Víctor Diaz Iturriaga y, al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Pelarco.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.