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Roxana Cáceres Sagues con SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES Rol: C811-20

Consejo para la Transparencia, 18/05/2020

Se acoge el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, ordenándose la entrega del reglamento sobre la relación asistencial docente y proceso de asignación de campo clínico docente de formación profesional y técnica de pregrado; información sobre la destinación de las retribuciones de estos convenios y su monto en dinero; y las normas aplicables que fundamenten dichas destinaciones. Lo anterior, por cuanto del análisis del marco aplicable, se advierte que la información solicitada se refiere a materias de competencia específica de la autoridad requerida, y respecto de las cuales tampoco se configura alguna causal de secreto o reserva.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Conformidad objetiva

Descriptores analíticos:

Tema Salud
Materia Regulación Interna
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Ausente), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C811-20

Entidad pública: Subsecretaría de Redes Asistenciales

Requirente: Roxana Cáceres Sagues

Ingreso Consejo: 14.02.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, ordenándose la entrega del reglamento sobre la relación asistencial docente y proceso de asignación de campo clínico docente de formación profesional y técnica de pregrado; información sobre la destinación de las retribuciones de estos convenios y su monto en dinero; y las normas aplicables que fundamenten dichas destinaciones.

Lo anterior, por cuanto del análisis del marco aplicable, se advierte que la información solicitada se refiere a materias de competencia específica de la autoridad requerida, y respecto de las cuales tampoco se configura alguna causal de secreto o reserva.

En sesión ordinaria N° 1097 del Consejo Directivo, celebrada el 18 de mayo de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C811-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 15 de enero de 2020, doña Roxana Cáceres Sagues solicitó a la Subsecretaría de Redes Asistenciales la siguiente información: «Documento más reciente que:

1.1) Aprueba el Reglamento sobre la relación asistencial docente y proceso de asignación de campo clínico docente de formación profesional y técnica de pregrado.

1.2) información sobre la destinación de las retribuciones de estos convenios, cuanto son en dinero.

1.3) Normas aplicables que fundamenten dichas destinaciones».

2) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 14 de febrero de 2020, Doña Roxana Cáceres Sagues dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la ausencia de respuesta a su requerimiento de información.

3) AUSENCIA DE DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario de Redes Asistenciales, mediante Oficio N°E3055, de fecha 6 de marzo de 2020 solicitándole que: (1°) indique las razones por las cuales la solicitud de información no habría sido atendida oportunamente; (2°) en caso de haber dado respuesta al requerimiento de información, acredite dicha circunstancia, acompañando copia de la respuesta y los antecedentes que acrediten la fecha y medio de despacho de ésta, de conformidad a lo establecido en el artículo 17, inciso 2°, de la Ley de Transparencia y en el numeral 4.4., de la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información; (3°) señale si la información requerida en la solicitud de acceso, obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (4°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida; (5°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que harían procedente la denegación de la información solicitada; y, (6°) de encontrarse disponible la información reclamada, remita la misma al solicitante, con copia a este Consejo, a fin de evaluar la finalización del presente amparo, a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC).

A la fecha del presente acuerdo, no consta que el órgano hubiere presentado descargos u observaciones al presente reclamo.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, previo a pronunciarse sobre el fondo del presente amparo, se debe señalar que la Ley de Transparencia en su artículo 14 dispone que la autoridad o jefatura del organismo requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde su recepción. No obstante ello, en el presente caso, la solicitud en análisis no fue respondida dentro del plazo legal indicado. Al efecto consta que la solicitud ingresó al órgano reclamado el día 15 de enero de 2020, venciéndose el plazo de entrega el día 12 de febrero de 2020, sin que a la fecha el órgano hubiere dado respuesta a su requerimiento de información. Lo anterior importa una infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad previsto en el artículo 11, letra h) del mismo cuerpo normativo.

2) Que, en cuanto al fondo del presente reclamo, éste tiene por objeto la entrega del reglamento sobre la relación asistencial docente y proceso de asignación de campo clínico docente de formación profesional y técnica de pregrado; información sobre la destinación de las retribuciones de estos convenios y su monto en dinero; y las normas aplicables que fundamenten dichas destinaciones.

3) Que, sobre la publicidad de los antecedentes consultados, es menester tener en consideración el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que «son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional». Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, «cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público», salvo las excepciones legales.

4) Que, del análisis del marco normativo aplicable, este Consejo advierte que la información solicitada se refiere a materias de competencia específica de la autoridad requerida. Al efecto, el Decreto Supremo N°19, que aprueba la norma técnica administrativa que regula la relación asistencial docente y establece el proceso de asignación de campo clínico de formación profesional y técnica, de fecha 5 de septiembre de 2017, emitido por el Ministerio de Salud, establece en su artículo 5° que: «La Subsecretaría de Redes Asistenciales, a través de la División de Gestión y Desarrollo de las Personas, fijará las orientaciones técnicas e instrumentos de gestión, que promuevan el adecuado desarrollo de la relación asistencial docente, cautelando la estandarización de procesos claves de inducción, identificación, enrolamiento, entre otros. Para estos fines, la Subsecretaría deberá contar con información actualizada de los convenios asistenciales docentes existentes en los Servicios de Salud». En el mismo orden de ideas, la Resolución N°254, de fecha 9 de julio de 2012, que aprueba la Norma General Técnica y Administrativa, que regula la relación asistencial y docente dispone en su apartado III, letra b) que: «El Ministerio de Salud, por intermedio de la División de Gestión y desarrollo de Personas -dependiente de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, ejercerá labores de asistencia técnica en la aplicación de la presente normativa, monitorear la suscripción de convenios docentes y mantendrá actualizado dichos convenios». En consecuencia, es menester advertir que, los antecedentes versan sobre información de competencia de la requerida, respecto de los cuales no se ha alegado ninguna de las hipótesis de reserva previstas en la ley para denegar su entrega.

5) Que, a su turno, este Consejo confirió traslado del amparo al organismo reclamado, con la finalidad de que efectuara sus descargos y/o observaciones, y particularmente, para que acreditara la entrega de la información solicitada o se refiriera a las eventuales circunstancias de hecho o causales legales, que hicieran procedente la denegación de la misma. Sin embargo, a la fecha, no existe constancia de que el órgano haya presentado descargos u observaciones en esta sede, lo que impide a este Consejo contar con antecedentes o medios de prueba que pueda ponderar, para determinar la configuración de causales de reserva o secreto, o, en su defecto, la inexistencia de la información.

6) Que, en mérito de lo expuesto con anterioridad, tratándose de información de naturaleza pública que debe obrar en poder del órgano reclamado; que la información reclamada no fue entregada en su oportunidad; y, no configurándose en la especie causales de secreto o reserva respecto de lo requerido, se acogerá el presente amparo, ordenándose la entrega de la información requerida.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por doña Roxana Cáceres Sagues, en contra de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Subsecretario de Redes Asistenciales, lo siguiente;

a) Entregue al reclamante el reglamento sobre la relación asistencial docente y proceso de asignación de campo clínico docente de formación profesional y técnica de pregrado; la información sobre la destinación de las retribuciones de estos convenios y su monto en dinero; y, las normas aplicables que fundamenten dichas destinaciones. No obstante lo señalado, en el evento que dicha información no obre en su poder deberá informarlo circunstanciadamente tanto a este Consejo como al requirente.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Roxana Cáceres Sagues; y, al Sr. Subsecretario de Redes Asistenciales.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.