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Javier Morales con EJÉRCITO DE CHILE Rol: C720-20

Consejo para la Transparencia, 18/05/2020

Se acoge el amparo deducido en contra del Ejército de Chile, referido a entrega de hoja de vida de ex general que se indica. Lo anterior, fundado en que la función pública, debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía. En virtud del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia, deberán tarjarse aquellos datos personales y sensibles de contexto contenidos en la información que se ordena proporcionar, que en nada se relacionan con el cumplimiento de la función pública desempeñada, tales como nombre de personas naturales que no ejerzan funciones públicas; el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, peso y altura, como también los referidos a las patologías médicas que afectaron o pudieron haber afectado al ex funcionario. Asimismo, se deberán tarjar las sanciones efectivamente prescritas o cumplidas. Lo anterior conforme lo dispone la Ley Sobre Protección de la Vida Privada y Ley de Transparencia. Aplica criterio contenidos en las decisiones de amparos Roles C2010-17; C2089-17; C3046-17 y C3047-17; C3244-17; C1241-18; C1366-18; C16-19; C174-19; C595-19 y C2015-19, entre otras.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Descriptores analíticos:

Tema Defensa
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento



Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Ausente), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C720-20

Entidad pública: Ejército de Chile

Requirente: Javier Morales

Ingreso Consejo: 10.02.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra del Ejército de Chile, referido a entrega de hoja de vida de ex general que se indica.

Lo anterior, fundado en que la función pública, debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía.

En virtud del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia, deberán tarjarse aquellos datos personales y sensibles de contexto contenidos en la información que se ordena proporcionar, que en nada se relacionan con el cumplimiento de la función pública desempeñada, tales como nombre de personas naturales que no ejerzan funciones públicas; el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, peso y altura, como también los referidos a las patologías médicas que afectaron o pudieron haber afectado al ex funcionario. Asimismo, se deberán tarjar las sanciones efectivamente prescritas o cumplidas. Lo anterior conforme lo dispone la Ley Sobre Protección de la Vida Privada y Ley de Transparencia.

Aplica criterio contenidos en las decisiones de amparos Roles C2010-17; C2089-17; C3046-17 y C3047-17; C3244-17; C1241-18; C1366-18; C16-19; C174-19; C595-19 y C2015-19, entre otras.

En sesión ordinaria N° 1097 del Consejo Directivo, celebrada el 18 de mayo de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C720-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 13 de enero de 2020, don Javier Morales solicitó al Ejército de Chile -en adelante, indistintamente el Ejército- la siguiente información: hoja de vida del ex General Jorge Morales Fernández, entre los años 2002 al 2012.

2) OPOSICIÓN DEL TERCERO INVOLUCRADO: Mediante presentación, de fecha 7 de febrero de 2020, el tercero interesado presentó su oposición a la entrega de los antecedentes solicitados, por tratarse de antecedentes que pertenecen a su vida privada, referentes al desempeño de su carrera militar y otros antecedentes personales allí contenidos, en conformidad de lo dispuesto en el artículo 20° y 21° de la Ley de Transparencia, y el artículo 2° de la Ley sobre Protección a la vida privada.

3) RESPUESTA: Mediante presentación, de fecha 10 de febrero de 2020, el Ejército respondió a dicho requerimiento de información, denegando su entrega, en virtud de la oposición formulada por tercero en tiempo y forma, en los términos dispuestos en el artículo 20° y por concurrir la causal de reserva dispuesta en el artículo 21 N°3 de la Ley de Transparencia.

Al respecto, señala que, el mencionado ex general perteneció a las Fuerzas Terrestres, situación de especial sensibilidad desde el punto de vista de la Inteligencia Militar, razón por la cual divulgar su hoja de vida significa vulnerar aspectos de la seguridad militar, toda vez que se les podría dar mal uso. Ejemplifica lo anterior, indicando que, la hoja de vida contiene información relativa a la preparación militar, las competencias profesionales, los cargos desempeñados, las unidades a las cuales perteneció, entre otros antecedentes. Por lo anterior, concluye que, dicha información podría ser usada por agencias extranjeras y de potenciales adversarios del Estado, otorgándoles una ventaja táctica, que causaría un daño a la seguridad de la nación.

Por otra parte, sostiene que, las hojas de vida son herramientas administrativas cuyo fin es evaluar la gestión del personal, cuya divulgación hace perder el debido resguardo que debe tenerse de las mismas y que siendo documentos reservados para los integrantes de la Institución, debiese tener la misma naturaleza para personas ajenas a ella.

4) AMPARO: El 10 de febrero de 2020, don Javier Morales dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información, en razón de la oposición deducida por tercero en tiempo y forma y por concurrir la causal dispuesta en el artículo 21 N°3 de la Ley de Transparencia.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Comandante En Jefe del Ejército de Chile, mediante Oficio N°E3168, de fecha 9 de marzo de 2020 solicitándole que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información; (2°) detalle cómo la entrega de dicha información afectaría la seguridad de la Nación; (3°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos del tercero; (4°) acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a el tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que dan cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; y, (5°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, del tercero que se opuso a la entrega de la información, a fin de dar aplicación a los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.

Mediante presentación, de fecha 24 de marzo de 2020, el Ejército presentó sus descargos y observaciones, señalando que:

4.1) Con relación al amparo de acceso a la información, sostiene que, el peticionario no cumple con los presupuestos normativos del inciso 2° del artículo 24 de la Ley de Transparencia, toda vez que no fundamente, ni señala claramente la infracción cometida por el órgano reclamado, requisito que se exige para la admisibilidad del recurso.

4.2) A continuación, precisa que, la hoja de vida funcionaria se confecciona de acuerdo a la Cartilla CAP-01001, la cual permite entregar una visión completa del calificado, conteniendo antecedentes profesionales e incorporando información que corresponde a la vida privada de éste. Así las cosas, el Ejército de Chile se ve imposibilitado de entregar la documentación solicitada, por tratarse de información militar que tiene el carácter de reservada en aplicación del artículo 21 N°2 y N°3, de la Ley de Transparencia. Acto seguido, individualiza y explica detalladamente las materias consignadas en dicho documento.

Asimismo, señala que, en el documento singularizado constan antecedentes sobre actividades desarrolladas en el ámbito de la inteligencia nacional, amparadas por la Ley N°19.974, de 20014, sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia. Por lo anterior, sostiene que, desde la perspectiva institucional, resguardar las hojas de vida del personal en retiro, dice relación directa con la seguridad nacional, pues su divulgación significa vulnerar aspectos de la seguridad militar, toda vez que de ellas se puede desprender, datos relevantes y a los cuales se les podría dar un mal uso, por ejemplo, de trabajos de investigaciones de inteligencia, proyectos elaborados a este respecto, entre otros. A mayor abundamiento, agrega que, se puede establecer, que con la entrega se pierde el resguardo necesario de ellas, y que el Ejército se encuentra impedido de conocer el motivo de su petición, así como el uso que se les puede dar, y que tal como se mencionó, la entrega de ellas a potenciales Agencias de Inteligencia extranjeras, sumado al cruce de información, que se puede obtener por esta vía, harían posible determinar los perfiles que se emplean para determinar quienes desempeñan ciertas funciones críticas. Además, se trata de documentos que son reservados para los integrantes de Ejército, de modo tal que debiesen tratarse de igual forma para con personas ajenas a la institución.

4.3) Asimismo, sobre lo anterior, el Ejército de Chile hace presente que, en conformidad de lo dispuesto en el artículo 20° de la Ley de Transparencia, informa al tercero interesado sobre la solicitud de información, haciendo presente los derechos que le asisten. Acto seguido, precisa que, el tercero involucrado se opuso a la entrega de la información consultada en tiempo y forma.

4.4) Finalmente, en cuanto a la petición del reclamante relativa a que la información sea remitida en formato PDF, informa que de accederse a la entrega de la información resulta necesario tarjar toda alusión de carácter personal, lo cual no se puede efectuar desde su fuente original, ya que ello implica la destrucción del documento, por lo cual es imperioso y necesario fotocopiarlo para efectuar dicha tarea, de lo cual se deriva de manera inevitable un costo de reproducción. En razón de lo anterior, los medios materiales que se utilizan (fotocopias para el caso en particular) generan un costo pecuniario, respecto del cual resulta injusto que el Estado y como consecuencia de ello los contribuyentes, deban solventar de manera gratuita solicitudes de información que de manera evidente demandan un costo que debe expresarse en dinero. Asimismo, hace presente que el sistema electrónico que opera el CPLT para la entrega de la documentación requerida, no acepta un peso superior a 15 o 20 carillas en formato PDF, situación totalmente inoponible al Ejército.

6) COMPLEMENTO DE DESCARGOS: Mediante comunicación electrónica, de fecha 26 de marzo de 2020, esta Corporación solicitó al órgano reclamado complementar sus descargos presentados en esta sede, en orden a: (1°) remitir todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a el tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que dan cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; y, (2°) remitir copia íntegra de la información requerida.

Mediante comunicación electrónica, de fecha 27 de marzo, el órgano reclamado proporciona los antecedentes requeridos por esta Corporación, adjuntando antecedentes sobre la notificación efectuada, de la oposición deducida por el tercero involucrado y copia de la hoja de vida del exfuncionario singularizado.

7) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INTERESADOS: De conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación, acordó dar traslado del amparo al tercero interesado, mediante Oficio N°E5539, de fecha 17 de abril de 2020, a fin de que haga mención expresa a los derechos que le asisten, y que pudieran verse afectados con la publicidad de la información solicitada.

Mediante presentación, de fecha 20 de abril de 2020, el peticionario manifestó su oposición a la entrega de los antecedentes consultados, por tratarse de antecedentes personales, referentes al desempeño de su carrera militar, en los términos dispuestos en el artículo 20°, 21 N°2 de la Ley de Transparencia y en el artículo 2° de la Ley Sobre Protección a la Vida Privada.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, previo a pronunciarse sobre el fondo del presente procedimiento de acceso a la información, esta Corporación desestimará la alegación del órgano reclamado, en relación a la inadmisibilidad del presente amparo de acceso a la información, por cuanto éste no señalaría claramente la infracción cometida, los hechos que la configura y no acompañaría pruebas que sustenten la vulneración de su derecho, en los términos dispuestos en el inciso 2° del artículo 24 de la Ley de Transparencia. Lo anterior, toda vez que, a juicio de esta Corporación, el peticionario identifica claramente la infracción cometida por el órgano reclamado y los supuestos fácticos que envuelven dicha vulneración de su derecho, consistentes en la denegación de la información consultada por parte del Ejército de Chile. Por lo anterior, este Consejo advierte la existencia de todos los presupuestos jurídicos y fácticos para la admisibilidad del presente amparo de acceso a la información, en conformidad de lo dispuesto en la Ley de Transparencia.

2) Que, establecido lo anterior, el presente procedimiento de amparo a la información tiene por objeto la entrega de la hoja de vida de exfuncionario singularizado en el numeral primero de lo expositivo de este Acuerdo en el periodo indicado. Al efecto, los antecedentes fueron denegados, por la oposición formulada por tercero -en tiempo y forma-, según lo dispuesto en el artículo 20° de la Ley de Transparencia y por concurrir las hipotesis de reserva consagradas en el 21 N°2 y N°3 de la Ley de Transparencia.

3) Que, con relación a la concurrencia de la hipotesis de reserva dispuesta en el 21 N°2 de la Ley de Transparencia, sobre la publicidad de las hojas de vida de los funcionarios públicos, se debe hacer presente que este Consejo ha sostenido de manera reiterada en las decisiones de amparo Roles C2010-17; C2089-17; C3046-17 y C3047-17; C3244-17, C1241-18, C1366-18; C16-19; C174-19; C595-19 y C2015-19, entre otras, que constituyen un antecedente de naturaleza pública en conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia. Lo anterior, por cuanto han sido elaboradas con recursos públicos y dan cuenta de forma pormenorizada del desarrollo de la carrera funcionaria del personal de una institución y sirven de base a los respectivos procesos de calificación. En efecto, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 79 del D.F.L. N° 1/1997, «La hoja de vida es el documento que contiene un registro cronológico de todas las actuaciones del personal que incidan directamente en su desempeño durante el correspondiente período de calificación. En ella se efectuarán tanto las anotaciones de mérito como de demérito que lo afecten, como asimismo las que correspondan a su vida funcionaria, tales como, feriados, licencias, comisiones de servicio, resoluciones recaídas por investigaciones sumarias administrativas y sentencias definitivas en causas civiles y criminales. Podrá contemplar también todo otro antecedente que se considere útil para la posterior evaluación del personal, siempre que corresponda al período de calificación de que se trate». (énfasis agregado)

4) Que, a su turno, cabe señalar que este Consejo ha razonado que atendido el tipo de función que desempeñan los servidores públicos, éstos están sujetos a un nivel de escrutinio de una entidad mayor, que supone un control social más intenso respecto de sus antecedentes profesionales. Luego, y en base a la referida premisa ha ordenado la entrega de instrumentos de medición de desempeño, registros de asistencia, currículum vítae, liquidaciones y otros similares, de funcionarios y ex funcionarios. Sobre este punto y a mayor abundamiento, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en el artículo 8 de la Constitución Política de la Republica y en el artículo 3 de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios y ex funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser, o haber sido, empleados públicos al servicio de la misma. (énfasis agregado)

5) Que, en cuanto a lo alegado por el Ejército de Chile, en orden a que en la especie se configura la causal de reserva del artículo 21 N° 3 de la Ley de Transparencia, dado que los antecedentes contenidos en la hoja de vida consultada darían cuenta de actividades de inteligencia militar cuya divulgación afectaría la seguridad de la Nación, es menester indicar que el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación -de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 21 de la Ley de Transparencia- debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se presume sino que debe ser acreditado por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad. En la especie el Ejército de Chile sólo ha realizado alegaciones genéricas sobre la materia, haciendo mención a un conjunto de situaciones hipotéticas que, eventualmente, podrían ocurrir o generarse a partir de la publicidad de la hoja de vida del ex funcionario consultado, y no ha acreditado de qué modo concreto ni específico la entrega de los datos requeridos pueda afectar el bien jurídico cautelado por la causal esgrimida. En el mismo orden de ideas, esta Corporación tuvo a la vista la singularizada hoja de vida, no advirtiéndose en la especie, actividades pertenecientes a la esfera de la inteligencia militar, que podrían significar un daño para la seguridad de la nación.

6) Que, en mérito de lo precedentemente señalado; verificándose la publicidad de los antecedentes requeridos; que éstos no fueron proporcionados por el órgano reclamado con ocasión de su respuesta; y no advirtiéndose que de conocerse la hoja de vida del ex funcionario pueda devenirse en un perjuicio a la seguridad de la Nación, se acogerá el presente amparo, y conjuntamente, se ordenará la entrega de la hoja de vida previamente singularizada, en el periodo indicado en el numeral primero de lo expositivo de este Acuerdo, previo pago de los costos directos de reproducción de la información pedida. No obstante lo anterior, en aplicación del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia y en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, letras f) y g), y 4 de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la vida privada, deberán tarjarse, al momento de efectuar la entrega de la información, solamente aquellos datos personales de contexto, que en nada se relacionan con el cumplimiento de la función pública desempeñada, tales como el nombre de personas naturales que no tengan la calidad de funcionarios públicos, número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, peso y altura, como también los referidos a las patologías médicas que afectaron o pudieron haber afectado a los funcionarios. Asimismo, se deberán tarjar las sanciones efectivamente prescritas o cumplidas, esto último, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la ley N° 19.628. Todo ello, en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Javier Morales, en contra del Ejército de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Comandante En Jefe del Ejército de Chile, lo siguiente;

a) Entregue al reclamante copia de la hoja de vida singularizada en el numeral primero de lo expositivo de este Acuerdo en el periodo indicado, previo pago de los costos directos de reproducción de los antecedentes consultados.

No obstante lo anterior, en aplicación del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia y en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, letras f) y g), y 4 de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la vida privada, deberán tarjarse, al momento de efectuar la entrega de la información, solamente aquellos datos personales de contexto, que en nada se relacionan con el cumplimiento de la función pública desempeñada, tales como el nombre de personas naturales que no tengan la calidad de funcionarios públicos, número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, peso y altura, como también los referidos a las patologías médicas que afectaron o pudieron haber afectado a los funcionarios. Asimismo, se deberán tarjar las sanciones efectivamente prescritas o cumplidas, esto último, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la ley N° 19.628. Todo ello, en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Javier Morales; al Sr. Comandante En Jefe del Ejército de Chile; y al tercero involucrado.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.