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Juan Muñoz Avendaño con AGENCIA NACIONAL DE INTELIGENCIA Rol: C663-20

Consejo para la Transparencia, 18/05/2020

Se rechaza el amparo deducido contra la Agencia Nacional de Inteligencia, referido a la entrega del informe reservado N°01, de 2019, emitido por el Jefe de División de Asuntos Sectoriales, que sirvió de antecedente de la Resolución Exenta N°1.857, de fecha 26 de noviembre de 2019. Lo anterior, por cuanto dicho informe puede revelar actividades propias del sistema de inteligencia o producir una afectación a las actividades de inteligencia, en los términos expuestos por la reclamada.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Descriptores analíticos:

Tema Defensa
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Ausente), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C663-20

Entidad pública: Agencia Nacional de Inteligencia

Requirente: Juan Muñoz Avendaño

Ingreso Consejo: 06.02.2020

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido contra la Agencia Nacional de Inteligencia, referido a la entrega del informe reservado N°01, de 2019, emitido por el Jefe de División de Asuntos Sectoriales, que sirvió de antecedente de la Resolución Exenta N°1.857, de fecha 26 de noviembre de 2019.

Lo anterior, por cuanto dicho informe puede revelar actividades propias del sistema de inteligencia o producir una afectación a las actividades de inteligencia, en los términos expuestos por la reclamada.

En sesión ordinaria N° 1097 del Consejo Directivo, celebrada el 18 de mayo de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C663-20.

VISTOS:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 31 de enero de 2020, don Juan Muñoz Avendaño solicitó a la Agencia Nacional de Inteligencia la siguiente información: "el informe reservado N° 01, de fecha 25 de noviembre de 2019, emitido por el Jefe de División de Asuntos Sectoriales, que individualiza, de antecedentes de la Resolución Exenta N° 1.857, de fecha 26 de noviembre de 2019, donde se le notifica la no prórroga de contrata año 2020".

2) RESPUESTA: El 7 de febrero de 2020, la Agencia Nacional de Inteligencia denegó el acceso a lo solicitado, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley N°19.974.

3) AMPARO: El 6 de febrero de 2020, don Juan Muñoz Avendaño dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director de la Agencia Nacional de Inteligencia, mediante Oficio N°E2318, de 21 de febrero de 2020, requiriéndole referirse específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada.

Mediante Of. Res. N°075/2020, de fecha 4 de marzo de 2020, el órgano presentó sus descargos, reiterando lo expuesto en la respuesta al reclamante y agregando, en síntesis, que deniega la entrega del informe requerido, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N°5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo prescrito en el artículo 38 de la Ley N°19.974, que establece: "Se considerarán secretos y de circulación restringida, para todos los efectos legales, los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de los organismos que conforman el Sistema o de su personal, cualquiera que sea su cargo o la naturaleza de su vinculación jurídica con éstos. Asimismo, tendrán dicho carácter aquellos otros antecedentes de que el personal de tales organismos tome conocimiento en el desempeño de sus funciones o con ocasión de éstas".

Agrega, que revelar el contenido de informes que contienen características de las funciones que se desempeñan, cómo éstas se ejecutan, la valoración que de ellas se efectúa, nombres de quienes suscriben dichos informes, implica colocar en riesgo su adecuado funcionamiento.

En resumen, la Ley considera como secretos y de circulación restringida para todos los efectos legales: i) antecedentes; ii) informaciones; iii) registros; iv) estudios y v) informes que obren en poder de los organismos que conforman el Sistema de Inteligencia del Estado (entre ellos la ANI).

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa por parte de la Agencia Nacional de Inteligencia, del informe reservado N 01, de fecha 25 de noviembre de 2019, emitido por el Jefe de División de Asuntos Sectoriales, el cual constituiría uno de los antecedentes de la Resolución Exenta N° 1.857, de fecha 26 de noviembre de 2019, donde se le notifica la no prórroga de contrata para el año 2020 al solicitante. Al respecto, el órgano denegó la entrega de la información, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 38 de la Ley N° 19.974.

2) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.

3) Que, a modo de contexto, la ley N° 19.974, sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y que crea la Agencia Nacional de Inteligencia, se aplica "a toda la actividad de inteligencia que realicen los órganos y servicios que integren dicho Sistema" (artículo 1°). A su vez, el Sistema es definido como "el conjunto de organismos de inteligencia, independientes entre sí, funcionalmente coordinados, que dirigen y ejecutan actividades específicas de inteligencia y contrainteligencia, para asesorar al Presidente de la República y a los diversos niveles superiores de conducción del Estado, con el objetivo de proteger la soberanía nacional y preservar el orden constitucional (...)" (artículo 4°). Dicho sistema se encuentra integrado, entre otros organismos, por "las direcciones o jefaturas de inteligencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública" (artículo 5°, letra d). Además, "Las unidades, departamentos o cualquiera otra dependencia de las Fuerzas Armadas o de Orden y Seguridad Pública que realicen tareas de inteligencia se considerarán, para los efectos de la aplicación de esta ley, como partes integrantes de las respectivas direcciones o jefaturas de inteligencia señaladas precedentemente" (artículo 5°, inciso final). En materia de obtención de información, el artículo 23 inciso 2° dispone que tales procedimientos "estarán limitados exclusivamente a actividades de inteligencia y contrainteligencia que tengan por objetivo resguardar la seguridad nacional y proteger a Chile y su pueblo de las amenazas del terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico".

4) Que, en tal sentido, la reclamada denegó la entrega de la información aludida por aplicación de lo dispuesto en el artículo 38 de la ley N° 19.974, el cual establece que "se considerarán secretos y de circulación restringida, para todos los efectos legales, los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de los organismos que conforman el Sistema o de su personal, cualquiera que sea su cargo o la naturaleza de su vinculación jurídica con éstos. Asimismo, tendrán dicho carácter aquellos otros antecedentes de que el personal de tales organismos tome conocimiento en el desempeño de sus funciones o con ocasión de éstas". Agrega su inciso 2°, que "Los estudios e informes que elaboren los organismos de inteligencia sólo podrán eximirse de dicho carácter con la autorización del Director o Jefe respectivo, en las condiciones que éste indique", finalizando que "Los funcionarios de los organismos de inteligencia que hubieren tomado conocimiento de los antecedentes a que se refiere el inciso primero, estarán obligados a mantener el carácter secreto de su existencia y contenido aun después del término de sus funciones en los respectivos servicios".

5) Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 y del artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, este Consejo ha concluido, que para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley señalada, no sólo basta que ésta sea de rango legal y entendida por este hecho de quórum calificado, sino que, además debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que además establece el artículo 8, inciso 2, de la Constitución Política de la República. De este modo, si bien el artículo 38 de la ley mencionada, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia (y puede por tanto ser objeto de reconducción formal), es igualmente menester determinar si el contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente, es decir, si puede tener lugar a su respecto la reconducción material; la que debe estar guiada por la exigencia de "afectación" de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política, esto es, debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, derechos de las personas, seguridad de la Nación o el interés nacional. Lo anterior, en atención a la claridad del vocablo "afectare" que ha sido utilizado en el inciso segundo del precepto constitucional, por cuanto la referida afectación implica necesariamente la existencia de un perjuicio o daño al bien jurídico de que se trate, para el caso de divulgarse la información.

6) Que, en efecto, no basta sólo con que la información "se relacione" con el bien jurídico protegido o que le resulte "atingente" para los efectos de mantener tal información en secreto o reserva, sino que se precisa la afectación. En tal sentido, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que aquella debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se presume sino que debe ser acreditado por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad.

7) Que, precisado lo anterior, cabe indicar que una interpretación de contexto del mencionado artículo 38 de la ley N° 19.974 permite establecer que la funcionalidad del secreto consagrado en dicha norma está determinada por la posibilidad de restar del conocimiento público aquella información referida a las "actividades de inteligencia" que realicen los órganos y servicios que integran el Sistema de Inteligencia del Estado. Por tanto, la referencia a "los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de (...)" que emplea el artículo 38 de la ley N° 19.974, en tanto hace alusión a la tenencia o control de la información de que se trata, debe entenderse restringida a aquellos antecedentes que, conforme a sus competencias, puede y debe controlar el Sistema de Inteligencia del Estado, esto es, a la información relativa a las actividades de inteligencia, y no a la información cuya materia o naturaleza resulte ajena a dichas actividades.

8) Que, en la especie, la Agencia Nacional de Inteligencia ha precisado que, atendida la naturaleza del Informe Reservado requerido, éste debiere contener información referida a las características de las funciones específicas que desempeñaba el ex funcionario indicado, cómo éstas se ejecutaban, la valoración que de ellas se efectúa, los nombres de quienes suscriben dicho informe, cuestiones que implican necesariamente poner en riesgo el adecuado funcionamiento de la ANI, específicamente en lo referido al sistema de inteligencia o una afectación a las actividades de inteligencia. En efecto, a juicio de esta Corporación, el conjunto de elementos que pudiere dar cuenta el Informe Reservado requerido, atendida la especial condición que reviste la reclamada- deben ser reservados en -aplicación del artículo 38 de la Ley N°19.974, ya que se trata precisamente de antecedentes e informaciones que, conforme a sus competencias, puede y debe controlar el Sistema de Inteligencia del Estado, esto es, información relativa a las actividades de inteligencia.

9) Que, en virtud de lo expuesto, configurándose en la especie la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N°5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley N°19.974, se rechazará el presente amparo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Juan Muñoz Avendaño, en contra de la Agencia Nacional de Inteligencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Juan Muñoz Avendaño; y, al Sr. Director de la Agencia Nacional de Inteligencia.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.