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Javier Morales con Rol: C644-20

Consejo para la Transparencia, 18/05/2020

Se rechaza el amparo contra de la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI), en que se pide información sobre la infraestructura crítica existente en el país. Lo anterior, por cuanto entregar dicha información supone un riesgo de afectación al bien jurídico protegido por la causal de reserva invocada para denegar su conocimiento.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento

Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Ausente), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C644-20

Entidad pública: Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI)

Requirente: Javier Morales

Ingreso Consejo: 05.02.2020

RESUMEN

Se rechaza el amparo contra de la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI), en que se pide información sobre la infraestructura crítica existente en el país.

Lo anterior, por cuanto entregar dicha información supone un riesgo de afectación al bien jurídico protegido por la causal de reserva invocada para denegar su conocimiento.

En sesión ordinaria N° 1097 del Consejo Directivo, celebrada el 18 de mayo de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C644-20.

VISTOS:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 23 de diciembre de 2019, don Javier Morales solicitó a la Oficina Nacional de Emergencia - en adelante e indistintamente Oficina Nacional u ONEMI-, el "listado de infraestructura crítica a lo largo del país".

2) RESPUESTA: Por medio de Resolución Exenta N°152, de 5 de febrero de 2020, la Oficina Nacional, respondió a dicho requerimiento de información indicando que no le era posible acceder a la divulgación de la información pedida en aplicación de lo previsto en el artículo 21 N°3 de la Ley de Transparencia. Agregó que, los antecedentes solicitados, corresponden a información cuya publicidad, comunicación o conocimiento pone en peligro la seguridad de la nación, porque implica hacer pública la ubicación de aquellos servicios "esenciales e impostergables para la vida, salud y sostenibilidad inmediata de la población, sin empleo de infraestructura auxiliar de apoyo o respaldo", cuyo conocimiento podría dar lugar a acciones que generen impedimentos a la continuidad operacional de servicios indispensables para la población, generando interrupción o alteración al normal desarrollo de las condiciones normales de vida, afectación de derechos de las personas, dando lugar a posibles situaciones de emergencia.

Además indicó que, según ha sostenido esta Corporación, desde la decisión de amparo Rol N° C6345-18, el secreto debe interpretarse desde la perspectiva de la hipótesis de peligro que genera la divulgación de la información a la seguridad de la nación, la defensa nacional, la mantención del orden público o la seguridad pública.

3) AMPARO: El 5 de febrero de 2020, don Javier Morales dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director General de la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) , mediante Oficio N° E2317 de 21 de febrero de 2020 solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; y (2°) detalle cómo la entrega de dicha información afectaría la seguridad de la Nación.

Mediante Oficio N° 46, de fecha 24 de enero de 2020, el órgano reclamado presentó sus descargos u observaciones, reiterando lo expuesto en su respuesta y agregando, en síntesis, que la causal que funda la denegación corresponde al numeral 3° del artículo 21 de la Ley de Transparencia y que en definitiva, entregar la ubicación de infraestructura que permite el desarrollo de la vida en sociedad, su abastecimiento, transporte y comunicaciones, puede implicar un peligro inminente a la seguridad nacional.

Y CONSIDERANDO:

1) Que el presente amparo tiene objeto la entrega del listado de infraestructura crítica existente en el país. Al efecto, el órgano denegó la entrega de la información en virtud de la causal de reserva prevista en el artículo 21 N°3 de la Ley de Transparencia.

2) Que, sobre el particular, cabe tener presente que infraestructura crítica es aquella referida a instalaciones, servicios, caminos, equipos físicos, tecnología de la información, cuya interrupción o destrucción tendría un impacto en la salud, seguridad y bienestar de cada uno de los miembros del país. En efecto, esta se extiende a todas las aéreas de la vida nacional, impactando su adecuado funcionamiento en la economía, transporte, comunicaciones, servicios, cadena de suministros básicos, entre otras aéreas. Luego, su protección resulta esencial para el normal y adecuado funcionamiento de un país, más aún en períodos de crisis o fenómenos naturales que nos afecten .

3) Que de conformidad a lo preceptuado en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, para que se verifique la procedencia de una causal de reserva, es menester determinar la afectación de alguno de los derechos subjetivos protegidos por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva.

4) Que, en el caso concreto, develar la totalidad de la infraestructura crítica del país, supone un riesgo grave de afectación al bien jurídico protegido por la causal de reserva invocada para denegar la información. Lo anterior, toda vez que de encontrarse a disposición de cualquier persona aspectos que inciden en la seguridad y buen funcionamiento del país, expone dichas estructuras a eventuales ataques a nivel interno. Asimismo, su conocimiento constituiría otorgar un insumo esencial para que organismos de inteligencias de otras naciones puedan establecer de modo indubitado, cuales son y donde se encuentran aquellas estructuras que permiten el funcionamiento de nuestro país.

5) Por lo anterior, a juicio de este Consejo, de conocerse la información pedida podría comprometerse gravemente la seguridad de la nación. En efecto, sobre el particular no debe olvidarse como los recientes ataques al sistema de transporte urbano - Metro-, supuso una grave afectación al sistema de transporte en la Región Metropolitana, dejando a millones de compatriotas en condiciones desfavorables para trasladarse a lo largo y ancho de la principal región de país en términos de cantidad de población y actividad financiera desarrollada en dicho territorio, erigiéndose lo anterior en un grave daño a la actividad productiva del país.

6) Que, en consecuencia, y en virtud de lo razonado precedentemente, se rechazará el presente amparo, por cuanto la información objeto del presente amparo es reservada en aplicación de lo dispuesto en la hipótesis de reserva consagrada en el artículo 21 N° 3 de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Javier Morales, en contra de la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI), en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Javier Morales, y al Sr. Director General de la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI).

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.