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Carlos Zurita Lineros con SEREMI DE BIENES NACIONALES REGIÓN DEL MAULE Rol: C593-20

Consejo para la Transparencia, 18/05/2020

Se acoge el amparo deducido en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la región del Maule, ordenándose la entrega de expediente de regularización que se consulta. Lo anterior, toda vez que se trata de información pública, respecto de la cual no se configura la causal de reserva de afectación de derechos de las personas, alegada por el órgano reclamado. En virtud del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia, se deberán tarjar los datos personales de contexto que allí se contengan, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Ausente), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C593-20

Entidad pública: Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región del Maule

Requirente: Carlos Zurita Lineros

Ingreso Consejo: 03.02.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la región del Maule, ordenándose la entrega de expediente de regularización que se consulta.

Lo anterior, toda vez que se trata de información pública, respecto de la cual no se configura la causal de reserva de afectación de derechos de las personas, alegada por el órgano reclamado.

En virtud del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia, se deberán tarjar los datos personales de contexto que allí se contengan, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada.

En sesión ordinaria N° 1097 del Consejo Directivo, celebrada el 18 de mayo de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C593-20.

VISTOS:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 16 de enero de 2020, don Carlos Zurita Lineros solicitó a la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región del Maule -en adelante también SEREMI-, la siguiente información: «copia del expediente administrativo de regularización de título de dominio N° 88240». Adicionalmente, señala que, le fue denegado dicho expediente en primera instancia, ya que el tercero involucrado se opuso a la entrega de los referidos expedientes. Agrega que, requiere copia del expediente a fin de impetrar oposición en proceso de regularización.

2) OPOSICIÓN DEL TERCERO INVOLUCRADO: Mediante presentación, de fecha 21 de enero de 2020, el tercero involucrado, presentó su oposición a la entrega de los documentos consultados, sin mayor fundamentación, sosteniendo que desconoce la identidad del solicitante y el motivo para qué se utilizará la información.

3) RESPUESTA: Mediante presentación, de fecha 24 de enero de 2020, la SEREMI de Bienes Nacionales de la Región del Maule respondió a dicho requerimiento de información, denegando su entrega y señalando que los documentos solicitados contienen información cuya publicidad puede afectar los derechos de tercero involucrado. Atendido lo anterior, el órgano solicitado procedió a notificar al tercero consultado quien formuló oposición, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia y el artículo 34 del Reglamento de la presente Ley. Por lo anterior y en aplicación de los efectos previstos en la citada norma legal, sostiene que, no le es posible acceder a la divulgación de los antecedentes requeridos.

4) AMPARO: El 3 de febrero de 2020, doña Carlos Zurita Lineros dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud, en razón de la oposición del tercero.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Secretario de la SEREMI de Bienes Nacionales de la Región del Maule, mediante Oficio N°E2215, de fecha 18 de febrero de 2020 solicitándole que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos del tercero; (3°) acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a el tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que dan cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; y, (4°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros que se opusieron a la entrega de la información, a fin de dar aplicación a los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.

Mediante presentación, de fecha 9 de marzo de 2020, el órgano reclamado presentó sus descargos y observaciones, reiterando lo expuesto en su respuesta. Al respecto, señala que, el procedimiento de saneamiento tiene como principal objetivo otorgar la calidad jurídica de poseedor regular al solicitante, para adquirir el dominio del inmueble transcurrido el plazo de dos años, contados desde la inscripción a su nombre, en conformidad de lo dispuesto en el artículo 15° y 16° del Decreto Ley 2.695 del año 1979. Por lo anterior, razona que, el referido expediente contiene documentación y antecedentes de carácter privado o reservado, relativos a datos de identificación, del domicilio, la red familiar, fotografías privadas o familiares en algunos casos, superficies del inmueble, declaraciones juradas del solicitante y de terceros, boletas de servicios básicos, diversos contratos sobre el predio, entre otros tópicos.

En línea con lo anterior, señala que, el proceder del Servicio se encuentra ajustado a derecho, pues el caso en comento se encuentra subsumido en la causal de secreto dispuesta en el numeral 2° del artículo 21° de la Ley de Transparencia.

6) AUSENCIA DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INTERESADO: Mediante Oficio N°E5240, de fecha 14 de abril de 2020, y en conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación, acordó dar traslado del amparo al tercero interviniente, a fin de que presentara sus descargos y observaciones, haciendo mención expresa a los derechos que le asisten y que pudieran verse afectados con la publicidad de la documentación requerida. A la fecha del presente Acuerdo, no consta que el tercero interesado hubiere presentado descargos u observaciones al presente reclamo.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega de copia de expediente administrativo sobre solicitud de regularización de inmueble. Al efecto, respecto de dicha información, el órgano comunicó al reclamante que se encontraba impedido de entregar lo requerido, fundado en la oposición formulada por el tercero, en conformidad de lo dispuesto en el artículo 20° de la Ley de Transparencia. Asimismo, el órgano reclamado sostiene que, en la especie, concurre la causal de secreto dispuesta en el numeral 2° del artículo 21 de la Ley de Transparencia.

2) Que, con respecto a la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia, invocada por el órgano reclamado, cabe tener presente que este Consejo ha establecido como criterio, que para verificar la procedencia de una causal de reserva, se debe determinar la afectación del interés jurídico protegido por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación negativa, la que a su vez, debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, circunstancia que en este asunto no se produce, toda vez que este Consejo no advierte el modo en que la publicidad del expediente previamente individualizado afectaría los derechos del tercero interviniente, en circunstancias de que se trata de un proceso de regularización, que puede ser objeto de la oposición de otros interesados que aleguen derechos sobre el inmueble, conforme lo establece el artículo 11, inciso final del Decreto Ley N°2.695. En efecto, el órgano reclamado no ha explicado ni acreditado, cómo la entrega de lo requerido, afectaría sus derechos, limitándose a señalar que lo pedido se trataría de información de índole privada, sin especificar los derechos que se ven posiblemente afectados por la entrega de la información solicitada, ni el modo en que ello ocurriría, lo que en caso alguno justifica denegar la información reclamada. A su vez, el tercero interviniente justifica su oposición en el desconocimiento de la identidad del reclamante y el desconocimiento del eventual uso de la información, sin aportar antecedentes que den cuenta de una afectación de sus derechos. Por consiguiente, este Consejo desestimará la causal de reserva invocada y las alegaciones formuladas por el tercero en esta parte, sin perjuicio de lo que se resolverá, respecto de los datos personales y sensibles de contexto incorporados en la información pedida.

3) Que, sobre la publicidad de los antecedentes consultados, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que «son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional». Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en «actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público», salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales.

4) Que, en este sentido, cabe tener presente que de conformidad con el criterio que ha venido reiterada y sistemáticamente aplicando este Consejo, a partir de las decisiones de los amparos Roles C396-12, C1196-12, C438-13, C1045-15, C2397-16, C1867-17, C6260-18, C1269-19, entre otros, dicha información es de naturaleza pública. En efecto, se trata de antecedentes relativos a la regularización de un inmueble, conforme al procedimiento regido por el decreto ley N° 2.695, de 1979 -que fija normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella-, el cual establece un procedimiento para que los poseedores materiales de determinados inmuebles soliciten al Ministerio de Bienes Nacionales que se les reconozca la calidad de poseedores regulares de aquéllos, a fin de que puedan adquirir su dominio por prescripción. Por lo expuesto, la información referida al respectivo expediente sobre el cual versa el requerimiento de información tiene carácter público.

5) Que, en mérito de lo expuesto precedentemente; tratándose de información de naturaleza pública; no resultando suficientes las alegaciones efectuadas por el órgano reclamado y el tercero interesado para tener por configurada la hipótesis de reserva invocada; y, no advirtiendo este Consejo la necesidad de mantener la información en reserva, se acogerá el amparo, ordenándose la entrega de la información requerida. No obstante lo anterior, en aplicación del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia y en conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República, lo preceptuado en los artículos 2, letras f) y g), y 4 de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la vida privada, deberán tarjarse, al momento de efectuar la entrega de la información, solamente aquellos datos personales y sensibles de contexto, tales como, número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por doña Carlos Zurita Lineros, en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región del Maule, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir Sr. Secretario Regional de Bienes Nacionales Región del Maule, lo siguiente;

a) Entregue al reclamante copia del expediente administrativo de regularización de título de dominio N° 88240. No obstante lo anterior, en aplicación del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia y en conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República, lo preceptuado en los artículos 2, letras f) y g), y 4 de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la vida privada, deberán tarjarse, en forma previa a la entrega aquellos datos personales y sensibles de contexto, tales como, número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Carlos Zurita Lineros; al Sr. Secretario de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región del Maule; y al tercero interesado.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.