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Fabián Teca Fuentealba con SERVICIO NACIONAL DE PESCA REGIÓN DE AYSÉN Rol: C334-20

Consejo para la Transparencia, 18/05/2020

Se rechaza el amparo deducidos en contra del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, referido a la entrega de copias de las cosechas o producciones obtenidas y declaradas en el periodo y en los centros de engorda de salmónidos indicados en el requerimiento, por configurarse la causal de reserva de afectación a los derechos de carácter comercial o económicos de las empresas titulares de dichos centros de cultivo. Aplica criterio contenidos en las decisiones de amparos Roles C227-10, C446-10, C1407-15, C2771-17, C1003-18, C6264-18, C6503-18, C6504-18, C6506-18, C6507-18, C214-19, C215-19, C622-19, C1047-19 y C1404-19. Hay voto disidente del Consejero don Francisco Leturia Infante, quien fue partidario de acoger los amparos, por cuanto estima que respecto de la información pedida no concurre la causal de reserva de afectación a los derechos comerciales y económicos de las empresas que se opusieron a la entrega, considerando además, que existe un interés público asociado al conocimiento de tales antecedentes al encontrarse vinculada con una materia que puede comprometer la salud pública.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento

Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Ausente), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Ausente)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C334-20

Entidad pública: Servicio Nacional de Pesca Región de Aysén

Requirente: Fabián Teca Fuentealba

Ingreso Consejo: 21.01.2020

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducidos en contra del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, referido a la entrega de copias de las cosechas o producciones obtenidas y declaradas en el periodo y en los centros de engorda de salmónidos indicados en el requerimiento, por configurarse la causal de reserva de afectación a los derechos de carácter comercial o económicos de las empresas titulares de dichos centros de cultivo.

Aplica criterio contenidos en las decisiones de amparos Roles C227-10, C446-10, C1407-15, C2771-17, C1003-18, C6264-18, C6503-18, C6504-18, C6506-18, C6507-18, C214-19, C215-19, C622-19, C1047-19 y C1404-19.

Hay voto disidente del Consejero don Francisco Leturia Infante, quien fue partidario de acoger los amparos, por cuanto estima que respecto de la información pedida no concurre la causal de reserva de afectación a los derechos comerciales y económicos de las empresas que se opusieron a la entrega, considerando además, que existe un interés público asociado al conocimiento de tales antecedentes al encontrarse vinculada con una materia que puede comprometer la salud pública.

En sesión ordinaria N° 1097 del Consejo Directivo, celebrada el 18 de mayo de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C334-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 11 de diciembre de 2019, don Fabián Teca Fuentealba solicitó al Servicio Nacional de Pesca Región de Aysén, las copias de las cosechas o producciones obtenidas y declaradas ante el órgano, en el periodo 2010 a 2019, en los centros de engorda de salmónidos que se indican en el cuadro siguiente, identificados por su Registro Nacional de Acuicultura y todos ellos ubicados en la Región de Aysén

Titular RNA

Ventisqueros 110699

AQUACHILE 110412

MOWI 110477

BLUMAR 110637

MULTIEXPORT 110813

SALMONES ANTÁRTICA 110350

2) RESPUESTA: El 31 de diciembre de 2019, el Servicio Nacional de Pesca Región de Aysén denegó parcialmente lo requerido por cuanto 5 empresas manifestaron su oposición por la afectación de sus derechos de carácter económicos - Mowi, Blumar, Aquachile, Ventisquero y Multiexport-, sin embargo se ordena la entrega de los antecedentes requeridos respecto de la compañía Salmones Antártica, la cual no ejerció el derecho de oposición, en conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia.

3) AMPARO: El 21 de enero de 2020, don Fabián Teca Fuentealba dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que se le otorgo una respuesta negativa a su solicitud de información en virtud de la oposición de terceros interesados.

4) OPOSICIÓN DE LOS TERCEROS: Por medio de presentaciones de 18 de diciembre de 2019, el órgano reclamado, conforme a lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley de Transparencia, comunico a las empresas Mowi, Blumar, Aquachile, Ventisquero, Multiexport y Salmones Antártica, la solicitud de acceso del requirente, y su derecho a oponerse a la entrega de la información pedida.

Al efecto, mediante cartas de 20 y 23 de diciembre de 2019, los terceros interesados - salvo Salmones Antártica-, se opusieron a la entrega de los antecedentes requeridos señalando en síntesis lo siguiente:

La empresa Mowi Chile S.A., sostuvó que la publicidad, comunicación y conocimiento de la información solicitada afecta a los derechos de la referida sociedad, particularmente aquellos de carácter comercial o económico, circunstancia que está establecida como causal de secreto o reserva por la Ley de Transparencia. Lo anterior, debido que lo solicitado da cuenta de información estratégica de la empresa especialmente en referencia a su capacidad de producción de salmónidos que constituye un bien económico estratégico, cuya divulgación pondría en riesgo a la empresa desde un punto de vista competitivo y comercial.

La empresa Salmones Blumar S.A., señaló que, declaró oponerse a la entrega de la información, en virtud de lo establecido en el artículo 21 N° 2 y N° 4, debido a que podría implicar hacer público tanto el uso como la estrategia de producción de sus centros de cultivo, cuya titularidad es exclusiva de su empresa, respecto de especies que no revisten la calidad de bien nacional de uso público. Además aludió a la potencial desventaja ante sus competidores nacionales y extranjeros, quienes podrán tener acceso a sus estrategias de producción, con la divulgación de la información requerida. Finalmente, señala que la entrega de la información que reviste el carácter de sensible y es altamente protegida por la empresa, tiene un claro potencial de afectación de sus derechos comerciales y económicos.

La empresa AquaChile S.A., puntualizó que, de entregarse la información solicitada, esta puede ser utilizada en campañas que tengan por fin dañar la imagen corporativa de la empresa. Asimismo, la información requerida es de carácter estratégico y confidencial, por lo que de ser utilizada por la competencia, les permitiría obtener una posición relevante en el mercado. En consecuencia la información solicitada es vital para la actividad de la empresa y sobre todo, para el aspecto productivo de la misma, por lo que develarla vulneraria derechos de carácter económico y comercial de la empresa. Lo anterior, se encuentra amparado en el límite del acceso a la información y en las excepciones legales previstas en la Ley de Transparencia.

La empresa Productos del Mar Ventisqueros S.A., argumentó que la entrega de la información requerida por el solicitante es de carácter sensible y protegido, y tiene el potencial de afectar sus derechos económicos y comerciales, principalmente en materia de seguro, crédito y comercio exterior. Se trata de información sobre la planificación estratégica referida a la producción, que constituye un bien económico estratégico, del cual la empresa declara ser titular, por lo que procede la causal de reserva del articulo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, y alega que en definitiva, de hacerse pública dicha información la empresa podría verse perjudicada en sus relaciones comerciales, favoreciendo a otras empresas del rubro salmonero y viendo disminuido su posicionamiento dentro de la industria.

La empresa Salmones Multiexport S.A., declaró no autorizar la entrega de ningún tipo de información perteneciente a su empresa, que obre en poder del órgano reclamado, ya que, en virtud del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, la información constituye secreto empresarial, y su entrega afectaría gravemente los derechos e intereses económicos y comerciales de su institución, puesto que dichos antecedentes tienen directa relación con las condiciones de mercado al referirse a ámbitos productivos, lo cual se encuentra amparado por las garantías constitucionales contenidas en el artículo 19 Números 21, 24 y 25 de la Constitución Política de la Republica.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Regional del Servicio Nacional de Pesca Región de Aysén , mediante Oficio E1804, de 7 de febrero de 2020, solicitándole que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de terceros; (3°) remita copia de todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a los terceros, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación y de las oposiciones deducidas, conjuntamente con los antecedentes que acrediten la fecha en que éstas ingresaron ante el órgano que Ud. representa; (4°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros que se opusieron a la entrega de la información, a fin de dar aplicación a los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento; y, (5°) remita copia íntegra de la información otorgada y de la que fue denegada, haciendo presente que, de acuerdo al artículo 26 de la Ley de Transparencia y mientras no se adopte la decisión definitiva, el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia mantendrá el debido resguardo de los antecedentes que le sean remitidos. Asimismo, si la decisión final del Consejo declara que la información es secreta o reservada tendrán este carácter los escritos, documentos y actuaciones que hayan servido de base para su pronunciamiento.

Mediante presentación, de 03 de marzo de 2020, el órgano evacuo sus descargos señalando en síntesis que, habiendo sido notificadas todas las empresas cuyos antecedentes se requieren, a través de diversas presentaciones, se les informo el derecho de oposición que les asistía en conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, aquellas - salvo Salmones Antártica S.A.- manifestaron su oposición a la entrega de la información en virtud de lo establecido en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por cuanto lo requerido es información comercialmente sensible y su otorgamiento afectaría gravemente los derechos e intereses económicos y comerciales de las empresas referidas, todo lo cual se encuentra amparado por las garantías constitucionales contenidas en el artículo 19 Números 21, 24 y 25 de la Constitución Política de la Republica. Agregó que, por su parte, la empresa Salmones Antártica, no presento respuesta alguna respecto de la notificación a su derecho de oposición, por lo que en tal caso se hizo aplicable lo dispuesto en el inciso final del artículo 20 de la Ley de Transparencia, entendiéndose que dicha empresa accedió a la publicidad de los antecedentes pedidos y, que en definitiva por lo anterior, denegó parcialmente entregar la información solicitada.

Asimismo, alegó que en este caso, tuvo lugar la causal de reserva del articulo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia en relación con el articulo 7 numeral 2 del Reglamento de antedicha Ley, en virtud de la cual, se puede denegar el acceso a la información cuando se afecten los derechos de las personas, entre ellos, los de carácter económico o comercial, esgrimiéndose que aquellos se verían afectados con la divulgación de lo pedido, por cuanto se trata de información esencial que influye directamente en la posición de las empresas frente a los demás actores del mercado, así, con la publicación de los antecedentes requeridos se develaría parte importante de la estrategia comercial y estructura de la actividad productiva que desarrollan las empresas, perjudicándose gravemente su capacidad competitiva, toda vez que la información estaría disponible para el conocimiento de competidores directos, quienes en razón de las proyecciones y tratamientos de las empresas, podrían ajustar sus actividades para competir deslealmente y removerla del mercado en pos de aumentar sus niveles de participación y utilidades finales. Añadiendo que, sin perjuicio de que la información obrara en poder del órgano, aquello no permite estimar de forma indubitada que aquella es de naturaleza pública.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INTERESADOS: De conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación, mediante los Oficios Números E3828, E3829, E3830, E3831, E3832, todos de 16 de marzo de 2020, acordó dar traslado del amparo a los terceros eventualmente afectados con la entrega de la información solicitada, a fin de que presentaran sus descargos y observaciones, haciendo mención expresa a los derechos que les asisten y que pudieran verse afectados con la publicidad de la información requerida.

Mediante presentación de fecha 27 de marzo de 2020, Salmones Multiexport S.A. evacuó sus descargos, manifestando su oposición expresa a la entrega de la información, en razón de que el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia señala como causal de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, la afectación de derechos comerciales o económicos, alegando, que divulgar los antecedentes solicitados afectaría gravemente los derechos económicos de antedicha empresa y en ese sentido, es información que no es de carácter pública. Añadiendo, que, se trata de información sensible relativa a procesos productivos de la compañía, de tipo económica, que le permite hoy desarrollar en libre competencia esta actividad comercial. Asimismo, agrega que, otorgar lo solicitado constituiría una grave vulneración al derecho a desarrollar una actividad económica.

A través de presentación de 30 de marzo del 2020, Blumar S.A. presentó sus descargos, señalando en síntesis que, atendido el tenor de la información requerida, se hacen plenamente aplicables las causales de reserva contempladas en el artículo 21 N° 2 y N° 4 de la Ley de Acceso a la información Pública. Asimismo, puntualizo que la entrega de la información implicaría una desventaja ante sus competidores chilenos, noruegos y del resto del mundo, quienes contarían con información comercial sobre la producción de antedicha empresa, pudiendo ello afectar los precios y condiciones de venta, luego agrego que, los antecedentes requeridos tienen un claro potencial de afectación de sus derechos comerciales y económicos, principalmente en materias de seguros, créditos y comercio exterior.

Por medio de presentación de 31 de marzo de 2020, Ventisqueros S.A. evacuo sus descargos, reiterando lo señalado en su respuesta e indicando en suma que el DFL N° 3, de 2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Propiedad Industrial, consagra garantías para las empresas en relación con el tratamiento de cierto tipo de información. Es así como, en los artículos 86 y 87, se abordan los secretos empresariales, en el marco de la información presentada a la autoridad para la obtención de registros o autorizaciones sanitarias. De esta manera, al garantizarse la propiedad industrial en nuestro ordenamiento y, con ello, los medios que la hacen posible - dentro de los que cabe el secreto empresarial-, se reconoce que existe una esfera de información que es propia y reservada de las empresas, la cual forma parte de la legítima expectativa de desarrollar estrategias de negocios, dentro del marco de los legalmente permitido. La Ley de Propiedad industrial no es sino el reflejo de lo anterior, puesto que, si bien sus artículos 86 y 87 se enmarcan en los procedimientos en que la Administración solicita información para registrar o a otorgar autorizaciones sanitarias, se reconoce que cierta información puede quedar cubierta por el secreto empresarial y reservársela para sí la entidad en cuestión, como un derecho económico y comercial de la misma. En la misma línea sentada por la configuración del secreto empresarial, el artículo 27 de la Ley N° 19.300, de Bases Generales del Medio Ambiente, también es cauteloso en la regulación de cierto tipo de información reservada de las empresas. En tal sentido, no toda la información de una empresa que entre al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental puede ser requerida por las personas que la solicitan. El legislador vuelve a proteger aquí aquellos núcleos de información reservada, por razones comerciales o económicas;

Mediante presentación de 01 de abril de 2020, la empresa Mowi Chile S.A. evacuo sus descargos manifestando su oposición a la entrega de la información , en síntesis, porque la información solicitada no es pública y, en todo caso, su divulgación afecta los derechos comerciales o económicos de los terceros que son titulares de la misma -como ocurre con Mowi Chile S.A.-, por constituir secreto empresarial, por una parte; así como también, por otra, por cuanto aquella se encuentra amparada por el secreto estadístico; de manera que a su respecto se configuran las causales de reserva establecidas en el artículo 21, N°s. 2 y 5, respectivamente, de la Ley de Transparencia.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativas a las solicitud de acceso referida a las cosechas o producciones obtenidas y declaradas en el periodo 2010 a 2019, por los centros de engorda de salmónidos que se indican en los requerimientos.

2) Que conforme con lo dispuesto en el artículo 6 del decreto N° 129, los titulares de inscripciones, autorizaciones y concesiones de acuicultura o quienes éstos designen, deberán entregar la información a que se refiere el mencionado reglamento. Por su parte, el artículo 7 establece, en lo relativo a la cosecha, que dichos titulares deberán informar tipo y fecha del evento, especie, número y peso de los ejemplares, así como la identificación del transporte utilizado y del documento tributario que respalda el movimiento. Respecto del destino del movimiento, se deberá identificar, según corresponda, la planta de proceso, centro de acopio o planta de faenamiento, o bien cualquier otro establecimiento al que se destinen los peces.

3) Que, en cuanto a la naturaleza de la información pedida, cabe señalar que ésta ha sido entregada por las empresas al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, en cumplimiento de la obligación establecida en la normativa citada precedentemente. En dicho contexto, los datos solicitados constituyen un insumo para el ejercicio de su rol fiscalizador, en materias de su competencia. De este modo, conforme con lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, la documentación requerida, en principio, es de naturaleza pública, a menos que concurra a su respecto una causal de secreto o reserva.

4) Que el órgano reclamado denegó el acceso a lo pedido, por una parte, debido a la oposición manifestada por los titulares de los centros de cultivos por cuyos antecedentes se consultan; y, por otro, a la concurrencia de la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. En este último punto, se debe hacer presente que dicha causal está establecida en forma exclusiva en favor de los terceros a quienes se refiere la información, contando con un procedimiento de oposición establecido en el artículo 20 de la ley señalada, el cual fue aplicado en este caso. Razón por la cual, los argumentos esgrimidos por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura en tal sentido no serán considerados, por carecer, en este caso en particular, de la titularidad para aquello.

5) Que, en cuanto a la oposición de los terceros involucrados en estos amparos, en general, dice relación, con la configuración de la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, respecto de la cual, este Consejo ha establecido criterios ilustrativos que permiten ponderar si lo requerido contiene antecedentes cuya divulgación pueda afectar los derechos económicos y comerciales de una persona, natural o jurídica, los que a continuación se detallan:

a) Debe tratarse de información secreta, es decir, aquella que no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de antecedentes. En el presente caso lo reclamado, respecto de cada centro de cultivo es conocida sólo por sus titulares. Lo anterior, sin perjuicio de que hayan sido entregados a SENAPESCA en cumplimiento de la normativa reglamentaria ya citada, a fin de que este los utilice para el cumplimiento de sus funciones.

b) La información sea objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto. Cabe hacer presente que las empresas en cuestión han entregado los antecedentes de los centros de cultivo de los que son titulares, con la exclusiva finalidad de que el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura cumpla con sus funciones de vigilancia y fiscalización. Por otra parte, la voluntad de los terceros por mantenerlos en secreto no sólo ha sido manifestada en el presente procedimiento administrativo de acceso, sino que es posible concluir que ello es reflejo de su permanente resguardo, toda vez que su éxito en cautelar dicho secreto se verifica en que sus eventuales competidores o terceros han debido intentar esta vía administrativa para obtenerla.

c) La información tenga un valor comercial por ser secreta, toda vez que poseerla con ese carácter proporciona a su titular una ventaja competitiva o su publicidad pueda afectar significativamente su desenvolvimiento competitivo. En este punto, se estima que, de conocerse el nivel de producción de cada centro de cultivo, los competidores -mediante la verificación de los precios de los productos que cada centro comercializa (antecedentes conocidos por el mercado) y la proyección de su propia estructura de costos- podrán conocer los resultados comerciales de cada empresa y, consecuentemente, proyectar su posición financiera y su capacidad de respuesta frente a variaciones de precio o costos. El conocimiento de tales antecedentes posibilitaría a las empresas fijar sus políticas de precio según la capacidad de respuesta de sus competidores, afectando el desenvolvimiento competitivo de aquellos que no les sea posible sortear variaciones de precio que no resultarían factibles de mantenerse en secreto la información sobre su producción.

6) Que, a la luz del criterio citado precedentemente es dable concluir que la información reclamada da cuenta de la planificación estratégica de cada empresa, especialmente referida a su capacidad de producción salmónida, por lo que constituye un bien económico estratégico, respecto del cual existe un titular que ejerce derechos de carácter comercial o económico, en los términos del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, lo que exige mantener su carácter secreto, por corresponder al concepto de secreto empresarial que recoge la legislación nacional. Lo anterior, tiene fundamento constitucional en el derecho a desarrollar cualquier actividad económica sin estar sometido a una competencia desleal por parte de los demás competidores, y en el derecho de propiedad, que se ejerce en este caso respecto de dichos antecedentes que es el objeto del secreto señalado, respectivamente contemplados en los numerales 21 y 24, del artículo 19 de la Constitución Política de la República. El aludido criterio ha sido sostenido por este Consejo en las decisiones de los amparos Roles C227-10, C446-10, C1407-15, C2771-17, C1003-18, C6264-18, C6503-18, C6504-18, C6506-18, C6507-18, C214-19, C215-19, C622-19, C1047-19 y C1404-19.

7) Que, en consecuencia, a juicio de este Consejo se configura la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, razón por la cual se rechazarán estos amparos.

8) Que, en virtud de lo resuelto precedentemente, este Consejo no se pronunciará sobre las demás alegaciones realizadas por los terceros involucrados, por resultar inoficioso.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar los amparos deducidos por don Fabián Teca Fuentealba en contra del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, por concurrir la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente.

II. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Fabián Teca Fuentealba, a la Sra. Directora Nacional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, al Sr. Director Regional del Servicio Nacional de Pesca Región de Aysén y a los terceros involucrados en estos amparos.

VOTO DISIDENTE

La presente decisión es acordada con el voto disidente del Consejero don Francisco Leturia Infante, quien no comparte lo razonado por este Consejo, y fue partidario de acoger estos amparos de acceso a la información interpuesto, por las siguientes razones:

1) Que, a diferencia del voto mayoritario, este Consejero estima que es pública la información requerida de conformidad a lo previsto en el artículo 8 de la Constitución Política de la República como también en virtud de lo dispuesto en la Ley de Transparencia en sus artículos 5 y 10, no habiéndose acreditado en el presente caso elementos suficientes para tener por configurada la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia alegada por las empresas que se opusieron a su entrega, e incluso para el caso que pudiera estimarse que concurren algunos antecedentes para ello, realizando un balance entre el interés de retener la información y el de divulgarla, para determinar si el beneficio público resultante de conocer la información solicitada es mayor que el daño que podría causar su revelación, a juicio de este disidente, el conocimiento acerca de la información pedida en este punto posibilita a la ciudadanía, tomar noticia y ejercer control social, respecto a una materia particularmente relevante, como la explotación concreta que se le da a una determinada concesión piscícola, y si ello se ajusta a lo autorizado por la autoridad competente.

2) Que, en este sentido, la actividad acuícola no sólo es una actividad económica que está regulada pormenorizadamente, prescribiendo el decreto N° 430, del Ministerio de Economía, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.892, de 1989 y sus modificaciones, (en adelante, -Ley de Pesca y Acuicultura o -Ley de Pesca) en su artículos 67 y siguientes que se requiere una concesión o autorización de acuicultura para ello, sino que además se trata de una actividad cuyo proyecto requiere ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, establecido en la ley N° 20.417, que reformó la ley N° 19.300, de Bases del Medio Ambiente, creando el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, a fin de obtener la respectiva resolución de calificación ambiental, que permita su materialización, y donde la capacidad de producción, sin duda es uno de los elementos a considerar para obtener favorablemente dicha resolución de calificación ambiental.

3) Que, por lo anterior, a juicio de este disidente, existe un interés público en la información reclamada, por cuanto conocer la cosecha o producción que informa al órgano público requerido un determinado centro de cultivo, permite examinar si dicha actividad se está realizando conforme a las autorizaciones y limitaciones específicas otorgadas para ello por la autoridad ambiental competente.

4) Que, en este mismo sentido, resulta plenamente aplicable y pertinente lo señalado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia de fecha 31 de mayo de 2016 en causa Rol N° 11.771-2015, considerando trigésimo segundo y trigésimo séptimo, cuyo texto se da por reproducido, en orden a que la información reclamada en esta parte no sólo importa a la empresa titular de la piscicultura sobre la cual versa el requerimiento, sino que de un modo superior, a la sociedad en su conjunto a fin de conocer si dicha actividad se está desarrollando en las condiciones en que fuera autorizada en su momento, teniendo en consideración el resguardo del medio ambiente, la salud humana, y animal, como asimismo tomar conocimiento del incumplimiento de dichas condiciones, a fin de requerir que las autoridades fiscalizadoras competentes ejerzan las facultades legales que les confiere la normativa legal vigente.

5) Que, a mayor abundamiento, resulta pertinente tener presente lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia de fecha 19 de septiembre de 2006, en el caso Claude Reyes y otros versus Chile, en orden a que "En este sentido, el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas. El acceso a la información bajo el control del Estado, que sea de interés público, puede permitir la participación en la gestión pública, a través del control social que se puede ejercer con dicho acceso. (Considerando 86). Asimismo, es aplicable lo señalado por la referida Corte Interamericana, en cuanto que "El control democrático, por parte de la sociedad a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública. Por ello, para que las personas puedan ejercer el control democrático es esencial que el Estado garantice el acceso a la información de interés público bajo su control. Al permitir el ejercicio de ese control democrático se fomenta una mayor participación de las personas en los intereses de la sociedad." (Considerando 87).

6) Que, en consecuencia, este disidente estima que se deben acoger estos amparos respecto a la información requerida relativa a las cosechas o producciones obtenidas y declaradas en el periodo 2010 a 2019, por los centros de engorda de salmónidos indicados, requiriendo, en definitiva, su entrega al reclamante, desestimando la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.