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Eduardo Bolados Ampuero con GENDARMERÍA DE CHILE Rol: C8339-19

Consejo para la Transparencia, 18/05/2020

Se rechaza el amparo contra de Gendarmería de Chile, respecto a la entrega de información respecto a internos (condenados y en Prisión Preventiva) en CPP Santiago 1, CCP Colina 1, CCP Colina 2 y Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, de acuerdo a lo indicado en la solicitud. Lo anterior, por concurrir la causal de secreto o reserva del articulo 21 N°2 de la Ley de Transparencia y en ejercicio de la facultad consagrada en el artículo 33, letra j), de la Ley de Transparencia que tiene esta Corporación, de velar por la debida reserva de los datos e informaciones que conforme a la Constitución Política de la República y a la ley tengan carácter secreto o reservado.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Ausente), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C8339-19

Entidad pública: Gendarmería de Chile

Requirente: Eduardo Bolados Ampuero

Ingreso Consejo: 20.12.2019

RESUMEN

Se rechaza el amparo contra de Gendarmería de Chile, respecto a la entrega de información respecto a internos (condenados y en Prisión Preventiva) en CPP Santiago 1, CCP Colina 1, CCP Colina 2 y Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, de acuerdo a lo indicado en la solicitud.

Lo anterior, por concurrir la causal de secreto o reserva del articulo 21 N°2 de la Ley de Transparencia y en ejercicio de la facultad consagrada en el artículo 33, letra j), de la Ley de Transparencia que tiene esta Corporación, de velar por la debida reserva de los datos e informaciones que conforme a la Constitución Política de la República y a la ley tengan carácter secreto o reservado.

En sesión ordinaria N° 1097 del Consejo Directivo, celebrada el 18 de mayo de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C8339-19.

VISTOS:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 29 de octubre de 2019, don Eduardo Bolados Ampuero solicitó a Gendarmería de Chile la siguiente información: "sobre internos (condenados y en Prisión Preventiva) en CPP Santiago 1, CCP Colina 1, CCP Colina 2 y Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, que:

a. Hayan Fallecido entre los años 2017 a 2019

b. Nombre completo de ellos y Cédula de Identidad

c. Domicilio registrado antes de internación o registrado en GENCHI

d. Causa de Muerte

e. Fecha de muerte

f. Individualización de persona o familiar que se le aviso la muerte del interno, con nombre completo y cédula de identidad".

2) RESPUESTA: Por medio de Carta N° 6388, de fecha 12 de diciembre de 2019, Gendarmería de Chile respondió a dicho requerimiento de información indicando que accede parcialmente a lo solicitado y que deniega la información que contiene datos de carácter personal. En particular el nombre completo de ellos, cédula de identidad y domicilio registrado antes de internación o registrado en GENCHI, por concurrir la causal de secreto o reserva del articulo 21 N°2 y 5 de la Ley de Transparencia. Y respecto de la individualización de persona o familiar que se le aviso la muerte del interno, con nombre completo y cédula de identidad no se entregan por cuanto no cuentan con la información sistematizada en los términos requeridos. Finalmente indican la resolución de Amparo C-2045-15, en la que se indica que existe protección a los datos personales de personas fallecidas, interpretando que artículo 19 numeral 4° de la Constitución Política de la República la que reconoce la protección de datos personales del fallecido, radicándolo en su familia. Además agregan listado con indicación de la unidad penal, fecha de defunción, tipo de reclusión, causa de muerte y calidad procesal.

3) AMPARO: El 20 de diciembre de 2019, don Eduardo Bolados Ampuero dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta incompleta o parcial. Además, el reclamante hizo presente que: "Solo envía datos de Unidad Penal Fecha defunción, Tipo Reclusión, Causa, Calidad Procesal, omitiendo los datos más importantes como Nombre completo y Cédula de Identidad del difunto, Domicilio registrado antes de internación o registrado en GENCHI, Individualización de persona o familiar que se le avisó la muerte del interno, con nombre completo y cédula de identidad. Se requiere la información de los motivos específicos de defunción de los internos, lugar de reclusión y la identificación completa del mismo, toda información que está en poder y a disposición de Gendarmería de Chile, sin que tenga motivo o razón para dar una respuesta tan incompleta, escondiendo los datos ausentes y que permiten individualizar los casos de fallecimiento".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile , mediante Oficio N° E473 de 15 de enero de 2020 solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; y, (2°) explique cómo lo reclamado afectaría los derechos de los terceros.

Por medio de Ord. N° 14.00.00. 180/20, de fecha 29 de enero de 2020 el referido organismo junto con reiterar lo ya expuesto en su respuesta al requerimiento, agregó que respecto a las causales de secreto o reserva del articulo 21 N°2 y 5 de la Ley de Transparencia, estas deben ser concordadas con el artículo 7 de la Ley 19.628, sobre Protección de Datos de Carácter Personal que señala: "Las personas que trabajan en el tratamiento de datos personales, tanto en organismos públicos como privados, están obligadas a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público, como asimismo sobre los demás datos y antecedentes relacionados con el banco de datos, obligación que no cesa por haber terminado sus actividades en ese campo", definiendo lo que se entiende como dato personal la letra f) del artículo el artículo 2 de la Ley en comento "Datos de carácter personal o datos personales, los relativos a cualquier información concerniente a personas natural, identificadas o identificables".

Que, así las cosas, al entregar la información tratada en estos párrafos precedentes, configura lo que la ley 19.628 entiende por dato de carácter personal, al ser una nómina con nombres, cédula de Identidad y domicilio haciendo que la persona fallecida sea totalmente identificable, afectando la esfera de su vida privada y las de sus familiares. Que, si bien es cierto la ley 19.628 no es aplicable a las personas fallecidas, al dejar de ser titular de antecedentes personales, indican que esta Corporación ha reconocido la protección de dichos datos, como lo ha manifestado en diversas decisiones C2045-15, C1881-17, C1407-17 y C3191-16.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta parcial o incompleta por parte del órgano, entregando este un listado con indicación de la unidad penal, fecha de defunción, tipo de reclusión, causa de muerte y calidad procesal. Al efecto, cabe hacer presente que con la información entregada y tenida a la vista por esta Corporación se satisface la solicitud de información descrita en el numeral 1 de la parte expositiva, en particular los literales a), d) y e).

2) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales.

3) Que, respecto al literal b), es decir, nombre completo de las personas fallecidas y sus cédulas de identidad, el cual es objeto del amparo, cabe señalar que la Ley N° 19.628 establece que son "datos personales", los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables y son "datos sensibles", aquellos datos personales que se refieren a características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, entre otros. Asimismo se explique que quien son titulares de los datos personales y de los datos sensibles son las personas naturales, esto es "todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición" (art. 55 del Código Civil). El Código Civil establece en los artículos 74 y 78 que la existencia legal de toda persona principia al nacer, eso es, al separarse completamente de su madre y que la persona termina con la muerte natural.

4) Por tanto, el titular del derecho a la protección de datos personales, al ser un derecho fundamental y personalísimo, es la persona natural y, por esto, las personas fallecidas no pueden ser titulares de éstos, toda vez que estos derechos se extinguen con la muerte. Sin embargo, dicha afirmación no implica desconocer otras formas de protección sobre los datos de los fallecidos, en especial lo referente a sus informes o que hayan estado privados de libertad. Lo anterior, pues tratándose de la honra del fallecido existen una serie de disposiciones en las que ésta se proyecta como un derecho propio de sus familiares, considerando que su memoria constituye una prolongación de dicha personalidad, protegida y asegurada como parte de la honra de la familia. Cabe destacar en este el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, el cual reconoce a todas las personas el respeto y protección a la vida privada y a la honra, tanto de la persona misma como de su familia. Por consiguiente, es el propio constituyente el que reconoce esta prolongación de la privacidad del individuo, más allá de su titular originario, para radicarlo en toda su familia. De igual forma el título VI del Código Penal, De los crímenes y simples delitos contra el orden y la seguridad públicos cometidos por particulares, en su numeral 15, que lleva por nombre "De la infracción de las leyes o reglamentos sobre inhumaciones y exhumaciones", a pesar de centrarse en los artículos 320 y 322 en la infracción a leyes y reglamentos, prescribe en su artículo 321 "El que violare los sepulcros o sepulturas practicando cualquier acto que tienda directamente a faltar al respeto debido a la memoria de los muertos, será condenado a reclusión menor en su grado medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales". Con ello, también en el ámbito penal, se otorga una protección a la privacidad de los fallecidos, al conceptualizar que el bien jurídico protegido, incluso la memoria de los muertos.

5) Que, por su parte, la doctrina nacional ha reconocido que la honra de las personas fallecidas es también un derecho de sus familiares, toda vez que su memoria constituye una prolongación de dicha personalidad que es susceptible de resguardo, la cual queda asegurada por la protección de la honra de la familia (Nogueira A., Humberto. El derecho a la libertad de opinión e información y sus límites. Santiago: Lexis Nexis, 2002, p. 131-133). Por ello se ha entendido que el derecho a la honra prohíbe la "violación del buen nombre de la persona o su familia como consecuencia de la divulgación de aspectos de la vida privada de las personas que por su naturaleza afectan su reputación" (Ídem., p. 132).

6) Que, en razón de las consideraciones anteriores y según ha resuelto este Consejo a partir de la decisión recaída en el amparo rol C322-10, los llamados a cautelar la honra y determinar qué información desean sustraer del conocimiento de terceros no vinculados al fallecido son sus familiares. Por lo tanto, de los antecedentes solicitados, a saber, nombre completo de las personas fallecidas y sus cédulas de identidad de los internos que hayan fallecido en los años 2017 y 2019, en los centros penitenciarios que se indican, sólo pueden disponer las familias de aquellos. En consecuencia, en ejercicio de la facultad consagrada en el artículo 33, letra j), de la Ley de Transparencia, de velar por la debida reserva de los datos e informaciones que conforme a la Constitución Política de la República y a la ley tengan carácter secreto o reservado, se rechazará el amparo en esta parte.

7) Que, respecto al literal c) y f), es decir, Domicilio registrado antes de internación o registrado en GENCHI e individualización de la persona o familiar que se le aviso la muerte del interno, con nombre completo y cédula de identidad. Que, si bien, este Consejo debe resguardar y garantizar en todo momento el derecho de acceso a la información, aquello se debe conciliar con la protección de los datos personales consagrados, actualmente, como derecho fundamental y por tanto, no existe motivo suficiente que permita relevar dicha información de la protección de la Ley N°19.628, debido a que la ponderación entre la necesidad de conocimiento de la información, por el eventual interés publico que pueda existir o el control social no son de tal entidad que permita dar a conocer dicha información. En razón de lo anterior se rechazará el amparo, en esta parte.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Eduardo Bolados Ampuero, en contra de Gendarmería de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Eduardo Bolados Ampuero, y al Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.