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Zoraida Landeros Aravena con MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES Rol: C8447-19

Consejo para la Transparencia, 18/05/2020

Se acoge el amparo contra la Municipalidad de Cauquenes, ordenando la entrega de los nombres de los concejales que realizaron viajes al extranjero y que no justificaron en su oportunidad, en el contexto del Informe de Investigación Especial N°576/2018 de la Contraloría Regional del Maule. Lo anterior, por cuanto se trata de información pública, que obra en poder del órgano y cuya publicidad no afectará el debido cumplimiento de las funciones del órgano en los términos alegados, ni tampoco afecta la vida privada de los funcionarios públicos consultados.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Otros, especificar
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos  Documentos Operacionales.Documentación presupuestaria.Rendición de cuentas 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Ausente), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C8447-19

Entidad pública: Municipalidad de Cauquenes

Requirente: Zoraida Landeros Aravena

Ingreso Consejo: 30.12.2019

RESUMEN

Se acoge el amparo contra la Municipalidad de Cauquenes, ordenando la entrega de los nombres de los concejales que realizaron viajes al extranjero y que no justificaron en su oportunidad, en el contexto del Informe de Investigación Especial N°576/2018 de la Contraloría Regional del Maule.

Lo anterior, por cuanto se trata de información pública, que obra en poder del órgano y cuya publicidad no afectará el debido cumplimiento de las funciones del órgano en los términos alegados, ni tampoco afecta la vida privada de los funcionarios públicos consultados.

En sesión ordinaria N° 1097 del Consejo Directivo, celebrada el 18 de mayo de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C8447-19.

VISTOS:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 27 de noviembre de 2019, doña Zoraida Landeros Aravena solicitó a la Municipalidad de Cauquenes la siguiente información: "(...) los nombres de los concejales que realizaron viajes al extranjero y no justificaron, además los montos que deben devolver".

2) RESPUESTA: Mediante Ord. N°198, de fecha 23 de diciembre de 2019, la Municipalidad de Cauquenes respondió a dicho requerimiento de información, adjuntando Memorándum N°570 de la Dirección de Administración y Finanzas, en el cual se informa que la materia consultada, se encuentra disponible en el Informe de Investigación Especial N°576/2018 de la Contraloría Regional del Maule, la cual se encuentra en el link http://www.cauquenes.cl/transparencia_activa/auditorias/IE_576_2018.pdf.

3) AMPARO: El 30 de diciembre de 2019, doña Zoraida Landeros Aravena dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta incompleta o parcial. La reclamante indica que le enviaron un documento donde aparecen los nombres tarjados.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Cauquenes, mediante Oficio N°E723, de 20 de enero de 2020, requiriéndole lo siguiente: (1°) señalar si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información; (2°) señalar si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) referirse a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; (4°) pronunciarse acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; y, (5°) remitir copia íntegra de la información reclamada, haciendo presente que, de acuerdo al artículo 26 de la Ley de Transparencia y mientras no se adopte la decisión definitiva, el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia mantendrá el debido resguardo de los antecedentes que le sean remitidos. Asimismo, si la decisión final del Consejo declara que la información es secreta o reservada tendrán este carácter los escritos, documentos y actuaciones que hayan servido de base para su pronunciamiento.

Mediante Ord. N°06, el órgano presentó sus descaros u observaciones, adjuntando Memo N°26 de fecha 24 de enero de 2020, del Asesor Jurídico del municipio, señalando que respecto de la información requerida, concurre la causal de reserva del art. 21 N°1 literal b) de la Ley de Transparencia.

Al respecto, informa que existe un procedimiento jurisdiccional pendiente de tramitación y decisión, ya que el Órgano Contralor, según lo indicado en informe final de investigación N°576/2018, en ejercicio de sus facultades fiscalizadoras y jurisdiccionales, ha decidido instruir el inicio de un juicio de cuentas -causa Rol 66/2019-, a objeto de verificar la legalidad, veracidad y exactitud de los hechos investigados, e impetrar las eventuales responsabilidades pertinentes de los involucrados, razón por la cual, los nombres -de los concejales- se encuentran tarjados.

Por su parte, con el objeto de resguardar la honra y el respeto de la vida pública de las personas involucradas en estos hechos, es procedente actuar conforme lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N°19.628, puesto que la disposición y publicidad de datos personales debe respetar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de los titulares. Por lo expuesto, la publicidad de la identidad de los funcionarios involucrados tiene por objeto el desmedro de los derechos fundamentales de los involucrados, ya que no ha existido en la especie, una sentencia condenatoria que permita atribuir una efectiva responsabilidad a los servidores consultados, vulnerándose el principio del debido proceso.

Y CONSIDERANDO:

1) Que el presente amparo tiene objeto la entrega de información referida a la identidad de los concejales que realizaron viajes al extranjero, sin la debida justificación, los cuales fueron tarjados por parte del municipio reclamado. Al efecto, el órgano hizo una entrega parcial o incompleta de la información en virtud de la causal de reserva del articulo 21 N°1, letra b) de la Ley de Transparencia. Además, alega que el tarjado tiene por objeto proteger los datos personales y el "respeto de la vida pública" de dichos funcionarios públicos.

2) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, "se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales.

3) Que, en relación a la causal de reserva invocada por el órgano reclamado, prevista en el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, se podrá denegar total o parcialmente lo requerido, cuando la divulgación de lo pedido afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente "tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas". Además, según lo previsto en el artículo 7° N° 1, letra b), del Reglamento de la Ley de Transparencia, se entiende por antecedentes todos aquellos que informan la adopción de una resolución, medida o política, y por deliberaciones, las consideraciones formuladas para la adopción de las mismas, que consten, entre otros, en discusiones, informes, minutas u oficios.

4) Que, este Consejo ha sostenido reiteradamente que, para los efectos de configurar dicha causal, se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos, cuales son: a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política, y b) que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano. En este sentido, de conformidad con el texto expreso del artículo 21 de la Ley de Transparencia, para verificar la procedencia de la causal invocada es menester determinar la afectación del interés jurídico protegido por ella -en la especie, las funciones del órgano-, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva.

5) Que, de acuerdo a los antecedentes examinados, el municipio reclamado argumenta que procedería la reserva de la identidad de los concejales consultados, ya que existiría un juicio de cuentas pendiente instruido por la Contraloría General de la República, tras haber concluido un informe final de investigación evacuado por dicho organismo, en ejercicio de sus facultades fiscalizadoras. Sobre el particular, esta Corporación advierte que la reclamada no ha aportado elementos específicos ni concretos que permitan acreditar fehacientemente de qué forma la entrega de la información pedida produce una afectación presente o probable y con suficiente especificidad en el cumplimiento de las funciones propias del municipio, en lo referido a los gastos realizados por dicho órgano con motivo de la participación de concejales en capacitaciones internacionales efectuadas el año 2016, en las ciudades de Chetumal y Río de Janeiro, de México y Brasil respectivamente, según da cuenta el Informe Final de Investigación Especial N° 576, de 2018, ya concluido y de público conocimiento. En este orden de ideas, el municipio no ha fundado mayormente en qué medida la publicidad de los antecedentes requeridos (identidad de concejales que viajaron), afectará el debido cumplimiento de las funciones propias del órgano, en lo relativo a la adopción de una resolución, medida o política que éste deba adoptar. Por lo anteriormente expuesto, se desestimará la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, invocada por el órgano requerido.

6) Que, a su turno, respecto a la eventual afectación a la vida privada de los funcionarios públicos consultados, resulta necesario tener presente lo razonado por la Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia de fecha 8 de mayo de 2017, en causal Rol N° 11.513-2016, quien expresó en su considerando 5°, que: "(...) si bien el funcionario público es titular del derecho fundamental consagrado en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, la protección de su vida privada no es un derecho absoluto, permitiéndose limitaciones que tengan por finalidad la preservación de valores vinculados a intereses generales de la colectividad o la necesidad de proteger otros derechos que representan valores socialmente deseables. Es por ello que se encuentra sujeto a un estándar de escrutinio público mayor que el de un particular, que permita el cumplimiento de las obligaciones de la administración y el control social sobre las mismas, de otra manera no sería posible verificar el requisito exigido por la ley".

7) Que, del mismo modo, la Corte de Apelaciones de La Serena, en causa rol C2-2019, de 20 de marzo de 2019, indicó que "El derecho a la protección de la Vida Privada posee límites, entre ellos los asuntos de relevancia pública, los hechos que afecten a las instituciones y funciones públicas o que afectan al conjunto de los ciudadanos, además de las conductas que sean constitutivas de delito. En el caso de los funcionarios públicos, el derecho de develar información de relevancia pública se ve reforzado, en términos tales que el ámbito de su privacidad es más reducido que el de otras personas, ello como contrapartida de la posibilidad que detentan de decidir el destino de una sociedad, de forma que constituyen, entre otros, límites a la protección de su vida privada los hechos relacionados con la responsabilidad y competencia en el desarrollo de la función pública; los hechos que se vinculan al desempeño de la función pública y al comportamiento como tal, incluso en relación a actos de su vida privada; aquellos hechos que se relacionan con las cualidades, capacidades y expectativas que el funcionario público puso de relevancia para el ejercicio de su cargo y que demostró o materializó en documentos, declaraciones o de otra forma"

8) Que, en virtud de lo señalado precedentemente, se acogerá el presente amparo y conjuntamente con ello, se requerirá a la Municipalidad de Cauquenes que entregue a la solicitante la información requerida en su oportunidad.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por doña Zoraida Landeros Aravena, en contra de la Municipalidad de Cauquenes, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Cauquenes que;

a) Entregue a la reclamante los nombres de los concejales que realizaron viajes al extranjero y que no justificaron en su oportunidad.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Zoraida Landeros Aravena; y, al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Cauquenes.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.