logo
 

Macarena Bustamante con SUPERINTENDENCIA DE CASINOS Rol: C7640-19

Consejo para la Transparencia, 18/05/2020

Se acoge el amparo deducido en contra de la Superintendencia de Casinos de Juego, ordenándose la entrega de los informes de las personas que indica. Lo anterior, por cuanto se trata de información pública que obra en poder del órgano reclamado, referida a un procedimiento administrativo para determinar una banda salarial, respecto de la cual se ha desestimado la afectación al privilegio deliberativo del órgano y al debido cumplimiento de las funciones del Servicio. Previo a la entrega, deben tarjarse todos los datos personales de contexto que pudieren estar incorporados en los informes cuya entrega se ordena.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Ausente), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C7640-19

Entidad pública: Superintendencia de Casinos de Juego

Requirente: Macarena Bustamante

Ingreso Consejo: 11.11.2019

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de la Superintendencia de Casinos de Juego, ordenándose la entrega de los informes de las personas que indica.

Lo anterior, por cuanto se trata de información pública que obra en poder del órgano reclamado, referida a un procedimiento administrativo para determinar una banda salarial, respecto de la cual se ha desestimado la afectación al privilegio deliberativo del órgano y al debido cumplimiento de las funciones del Servicio.

Previo a la entrega, deben tarjarse todos los datos personales de contexto que pudieren estar incorporados en los informes cuya entrega se ordena.

En sesión ordinaria N° 1097 del Consejo Directivo, celebrada el 18 de mayo de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C7640-19.

VISTOS:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 1° de octubre de 2019, doña Macarena Bustamante solicitó a la Superintendencia de Casinos de Juego la siguiente información:

1.- "Formas de contrato, contratos, informes y día de pago de los períodos 2018-2019, de personas que indica.

2.- Bitácora de vehículo institucional desde enero a agosto del año 2019".

2) RESPUESTA: Mediante Resolución Exenta N° 717, de 29 de octubre de 2019, la Superintendencia de Casinos de Juego respondió a dicho requerimiento de información indicando que deniega parcialmente la entrega de la información en virtud del artículo 21, N°1, letra b) de la Ley de Transparencia, debido a que el informe de trabajo "Tolosa Gómez Mario Andrés" y de Bataglia Consultores, servirán de base para la adopción de una política de bandas salariales, la cual a la fecha no se encuentra definida.

El órgano señala haber entregado información relativa a la contratación e informes de los demás funcionarios, la bitácora de vehículo institucional desde enero-agosto de 2019, así como los documentos de contratación de Bataglia Consultores y el funcionario indicado en el párrafo anterior.

3) AMPARO: El 11 de noviembre de 2019, doña Macarena Bustamante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en respuesta incompleta o parcial a su solicitud.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Superintendenta de la Superintendencia de Casinos de Juego, mediante Oficio N° E18538, de 26 de diciembre de 2019 solicitando que: (1°) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información; (2°) señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; (4°) se refiera, específicamente, a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (5°) señale cómo la entrega de la información reclamada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa, precisando, en qué medida lo solicitado serviría de antecedente para la adopción de una medida o política futura; detallando las implicancias de dicha medida, y explicitando las características particulares de lo solicitado que, a juicio del órgano que usted representa, justificaría que su comunicación vulnera el correcto cumplimiento de los objetivos de la medida o política en curso, identificando los efectos que produciría su comunicación; (6°) informe el estado del proceso sobre el que recae la información denegada y fecha aproximada del término del mismo; y, (7°) remita copia íntegra de la información solicitada. Finalmente, hago presente a usted que, de acuerdo al artículo 26 de la Ley de Transparencia y mientras no se adopte la decisión definitiva, el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia mantendrá el debido resguardo de los antecedentes que le sean remitidos. Asimismo, si la decisión final del Consejo declara que la información es secreta o reservada tendrán este carácter los escritos, documentos y actuaciones que hayan servido de base para su pronunciamiento.

Mediante oficio Ord. N° 0049, de 14 de enero de 2020, el órgano reclamado hace llegar sus descargos a este Consejo, señalando que mediante Resolución Exenta N° 717 de 29 de octubre de 2019, esa Superintendencia accedió a la entrega de la información solicitada, salvo en lo que respecta a los informes de trabajo de don Mario Toloza Gómez y de Bataglia Consultores, por cuanto dichos informes servirán de base para la adopción de una política de bandas salariales de esa Superintendencia, la cual, a la fecha, no se encuentra definida. En efecto, de acuerdo a lo manifestado por el Servicio Civil, las bandas salariales permiten atender situaciones que mejoran la equidad interna de las personas que cumplen funciones en el Servicio Público'. Dicha definición se encuentra normalmente enmarcada dentro de la discusión de las políticas destinadas a que la estructura de remuneraciones del Servicio sea, además, competitiva, en relación con otros espacios de trabajo. Señala que en este contexto, las bandas salariales requieren de estudios de mercados análogos al de esa Superintendencia, que permitan tener datos confiables sobre el funcionamiento de mercados laborales similares, ya que la definición de las referidas bandas puede traer consecuencias para la estructura de los cargos que ejercen las personas que cumplen funciones en este Servicio.

Agrega, que el Servicio Civil ha señalado que los Servicio Públicos "deberán asegurar la participación de los funcionarios y/o sus representantes, en el diagnóstico, planificación y seguimiento de temas relativos a gestión y desarrollo de personas, para lo cual deben definir los criterios, modalidades y mecanismos que utilizarán. También podrán incorporar otras materias, según lo determinen los propios servicios y sus necesidades de desarrollo". En este ámbito, esa Superintendencia cuenta con una Mesa de Gestión y Desarrollo de Personas, cuyo objetivo es mantener una instancia de diálogo permanente a nivel estratégico y operativo de trabajo conjunto y resguardar la adecuada representación de la Superintendenta, de los funcionarios y de la Asociación de Funcionarios, en acciones tendientes a mejorar la gestión y desempeño institucional y de las personas. Teniendo presente lo expuesto, resulta evidente que existe una colisión entre el interés de la solicitante de tener acceso a los informes que se refieren a las bandas salariales de la Superintendencia y el interés del Servicio de llevar a cabo una política en esta materia que se desarrolle de manera armónica, informada y transparente. Por lo anterior, se ha determinado que la información referida a bandas salariales debe ser informada de manera previa en los espacios de participación interna que se han construido en la Superintendencia y, luego, una vez que se hayan adoptado las decisiones correspondientes por parte de la jefatura del servicio, hacerlas conocidas al público, mediante los actos administrativos correspondientes.

Añade, que es importante para ese Servicio que los informes que dicen relación con las bandas salariales no sean puestos a disposición del público, mientras no se encuentre definida y aprobada la política de remuneraciones por parte de la jefatura del servicio, la cual se ha estado desarrollando participativamente entre la dirección de esta Superintendencia y la Mesa de Gestión y Desarrollo de Personas. En este contexto, esta Superintendencia estima que el análisis de los informes en cuestión sea realizado bajo la perspectiva de un lenguaje común, donde en primer lugar estén involucrados los y las funcionarias del Servicio, que permita el desarrollo participativo y racional de la referida política. En definitiva, solo una vez que se adopte la política de bandas salariales y la estructura de remuneraciones, ésta será publicada y puesta a disposición del público, cuando los resultados se encuentren debidamente informados por los funcionarios y funcionarias de la institución.

Indica, que los informes solicitados dicen relación con estudios referidos a bandas salariales, análisis de competitividad interna, competitividad externa y remuneraciones de la Superintendencia de Casinos de Juego. Las implicancias de la adopción de la referida política tienen directa relación con el clima laboral de la organización, pudiéndose afectar potencialmente: a) La relación interna entre la jefatura superior del Servicio y la Asociación de Funcionarios. b) El adecuado desarrollo de la Mesa de Gestión y Desarrollo de las Personas y la participación de sus integrantes. c) La adecuada construcción de las políticas asociadas al desarrollo de las personas. d) El clima laboral de la Superintendencia. La comunicación de los informes asociados a bandas salariales podría poner -eventualmente- a disposición de los funcionarios y funcionarias de la Superintendencia, información que a la fecha aún no ha fundado la adopción de una política definitiva sobre la materia, no siendo por tanto a la fecha divulgada y validada al interior de la Superintendencia, pudiendo generar las consecuencias antes descritas en caso de acceder a su entrega tal como es la pretensión de la reclamante de amparo.

Agrega, que del análisis de los informes entregados por Bataglia consultores y Mario Toloza, esa Superintendencia consideró necesario complementar los referidos estudios con mayor información, por ello, se contactó a la empresa Deloitte, con quienes se trabajó conjuntamente para homologar los cargos de la Superintendencia de Casinos de Juego con cargos existentes en empresas privadas, a partir de lo reportado en la encuesta General de Remuneraciones realizada por la División Human Capital de Deloitte, la cual contiene información para cargos representativos de las áreas organizacionales de una muestra de empresas pertenecientes a distintos rubros de la actividad económica nacional. Con esta información, se realizó un análisis de competitividad de las remuneraciones actuales de la Superintendencia de Casinos de Juego en relación a la oferta del sector privado. Posteriormente durante el primer semestre del presente año, la Unidad de Estudios de la Superintendencia de Casinos de Juego calculará el monto máximo de indemnización que podrían recibir los cargos del sector privado a los cuales fueron homologados los cargos de la Superintendencia, para evidenciar cuánto esta variable afectaría el análisis de competitividad. Cuando toda esta información esté disponible, deberá ser nuevamente analizada por la Unidad de Gestión Interna y Personas y trabajar en conjunto con la Mesa de Gestión y Desarrollo de Personas de la SCJ, una política de remuneraciones y bandas salariales para la Superintendencia de Casinos de Juego, que en definitiva deberá ser sancionada exclusivamente por la jefa de servicio.

Y CONSIDERANDO:

1. Que, el presente amparo se funda en respuesta incompleta o parcial a la solicitud de información respecto a formas de contrato, contratos, informes y día de pago de los períodos 2018-2019, de personas que indica. Al efecto, el órgano con ocasión de su respuesta y descargos alegó la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia.

2. Que, en relación a la causal de secreto o reserva prevista en el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia que fuere alegada por el órgano requerido, cabe hacer presente que, se podrá denegar total o parcialmente lo requerido, cuando la divulgación de lo pedido afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas. Además, según lo previsto en el artículo 7 N° 1, letra b), del Reglamento de la Ley de Transparencia, se entiende por antecedentes todos aquellos que informan la adopción de una resolución, medida o política, y por deliberaciones, las consideraciones formuladas para la adopción de las mismas, que consten, entre otros, en discusiones, informes, minutas u oficios. Así, según lo razonado sostenidamente por este Consejo, en las decisiones de los amparos rol C12-09, C79-09 y C3014-15, entre otras, para que se configure la causal de reserva en comento, se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos: a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política, y b) que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano.

3. Que, en la especie, respecto del primero de los requisitos, cabe tener presente que, tanto de las alegaciones del órgano como del análisis de los antecedentes, se devela que los informes solicitados, servirán de base el establecimiento de una política de remuneraciones y bandas salariales para la Superintendencia de Casinos de Juego, razón por la cual se configura el primero de los requisitos constitutivos de la causal de reserva alegada.

4. Que, no obstante lo anterior, en relación al segundo requisito, el órgano no especificó la forma específica o la manera concreta en que la entrega de los informes de los funcionarios que indica podría afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano, especialmente, en lo referido a la adopción de una política de bandas salariales para la Superintendencia de Casinos de Juego. En este sentido, el órgano reclamado se limitó a indicar, genéricamente, que los informes requeridos formaban parte de un procedimiento pendiente, sin otorgar mayores elementos de juicio en orden a acreditar la concurrencia de la causal alegada.

5. Que, en efecto, según la jurisprudencia reiterada de este Consejo, no basta con invocar una causal de secreto o reserva para eximir al órgano reclamado del cumplimiento de su obligación de entregar la información requerida, sino que, además, debe indicar los hechos que la configuran y aportar los antecedentes que acrediten la afectación a los bienes jurídicos respectivos, circunstancias que no se advierten en la especie. Así, del análisis de los antecedentes se advierte que el órgano no especificó ni detalló de qué manera la entrega de los informes requeridos podría generar la afectación alegada, o la manera en que se vería perjudicado el eventual privilegio deliberativo de la autoridad respectiva, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N°1, letra b), de la Ley de Transparencia, teniendo en consideración que, por tratarse de normas de derecho estricto, las causales de secreto deben aplicarse en forma restrictiva. En consecuencia, se desestimará la alegación del órgano en este punto.

6. Que, a mayor abundamiento y en aplicación del artículo 7° de la Ley N° 20.285, cabe recalcar que información como la solicitada incide directamente en antecedentes que deben en conformidad a la ley divulgarse en el portal electrónico de la reclamada por cuanto forma parte de los deberes de transparencia activa de dicha entidad.

7. Que, en virtud de lo razonado precedentemente, y tratándose de información que obra en poder del órgano reclamado, que forma parte de un procedimiento administrativo de determinación de una banda salarial, sin que se configure a su respecto alguna causal de secreto o reserva, esta Corporación acogerá el presente amparo, ordenando la entrega de la información solicitada, debiendo tarjarse, en forma previa, todos los datos personales de contexto -domicilio, correo electrónico, cédulas de identidad, entre otros- que pudieren estar incorporados en los informes cuya entrega se ordena, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4°) de la Ley N° 19.628 y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia así como el principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11 literal e) de la referida disposición legal

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por doña Macarena Bustamante, en contra de la Superintendencia de Casinos de Juego, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir a la Sra. Superintendenta de la Superintendencia de Casinos de Juego que;

a) Entregue a la reclamante la información consultada, tarjando previamente todos los datos personales de contexto -domicilio, correo electrónico, cédulas de identidad, entre otros-, que pudieren estar contenidos en la información cuya entrega se ordena, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4°) de la Ley N°19.628 y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada ley de Transparencia así como el principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11 literal e) de la referida disposición legal. Asimismo, todo dato sensible.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Macarena Bustamante y a la Sra. Superintendenta de la Superintendencia de Casinos de Juego.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.