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Karen Parra Palma con AGENCIA NACIONAL DE INTELIGENCIA Rol: C6549-19

Consejo para la Transparencia, 18/05/2020

Se rechaza el amparo contra de la Agencia Nacional de Inteligencia, toda vez que la información solicitada supone divulgar dicha información que sobre el particular existirían en poder de la requerida, a juicio de este Consejo, afectaría el debido cumplimiento de las funciones de la reclamada -en tanto implicaría infringir el deber de resguardo que sobre dicha información le impone el ya precitado artículo 38 y en su eventualidad se entorpecería las eventuales acciones de inteligencia que sobre el particular haya efectuado.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Grupos de interés especial
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Ausente), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C6549-19

Entidad pública: Agencia Nacional de Inteligencia

Requirente: Karen Parra Palma

Ingreso Consejo: 23.09.2019

RESUMEN

Se rechaza el amparo contra de la Agencia Nacional de Inteligencia, toda vez que la información solicitada supone divulgar dicha información que sobre el particular existirían en poder de la requerida, a juicio de este Consejo, afectaría el debido cumplimiento de las funciones de la reclamada -en tanto implicaría infringir el deber de resguardo que sobre dicha información le impone el ya precitado artículo 38 y en su eventualidad se entorpecería las eventuales acciones de inteligencia que sobre el particular haya efectuado.

En sesión ordinaria N° 1097 del Consejo Directivo, celebrada el 18 de mayo de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6549-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 2 de septiembre de 2019, doña Karen Parra Palma solicitó a la Agencia Nacional de Inteligencia la siguiente información: " Información, evidencia y detalle de los fundamentos que respalde la opinión de la ANI de no dar la visa temporaria por vinculo a mi marido, ya que el motivo del porque decir que "no" no queda claro en ninguna resolución, a varios de los intentos de solicitud de visa los cuales han sido rechazados con argumentos subjetivos".

2) RESPUESTA: El 9 de septiembre de 2019, la ANI respondió el requerimiento de información, mediante presentación, señalando en síntesis que las funciones y facultades que la ley le confiere a dicho organismo se encuentran establecidas en la ley 19.974, sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia, y que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 38° de la misma, "Se considerarán secretos y de circulación restringida, para todos los efectos legales, los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de los organismos que conformen el Sistema o de su personal, cualquiera que sea su cargo o la naturaleza de su vinculación jurídica con éstos", por lo que existe un impedimento legal para acceder a lo requerido.

3) AMPARO: El 21 de septiembre de 2019, doña Karen Parra Palma dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la respuesta negativa a la solicitud de información; justificando la negativa en el artículo 38° de la ley N° 19.974.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director de la Agencia Nacional de Inteligencia , mediante Oficio N° E15689 de 31 de octubre de 2019 solicitando que: se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada.

Mediante presentación de Of. Ord. N°071/2019 de fecha 15 de noviembre de 2019, el órgano reclamado presentó sus descargos u observaciones, reiterando lo expuesto en su respuesta y agregando, en síntesis, que se justifica la negativa respecto a la entrega de la información en primer termino por el artículo 21 de la Ley de Transparencia, numeral quinto, que dispone: "Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes: 5. Cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución Política". Asimismo, el artículo 5 de la misma ley establece que "En virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado." (Lo destacado es nuestro). Es decir, son públicos: a) los actos administrativos b) las resoluciones administrativas c) sus fundamentos d) los documentos de sustento. Por su parte, como ya se indicó el artículo 21 de la Ley 20.285 establece que se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8, de la Constitución Política que prescribe: "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.". Dicha normativa reconoce como excepción al acceso de información la confidencialidad que disponga una ley de quorum calificado, como lo es la Ley N° 19.974. Por el artículo 38° de la ley N° 19.974, el cual en resumen considera como secretos y de circulación restringida para todos los efectos legales: i) antecedentes; ii) informaciones; iii) registros; iv) estudios e v) informes que obren en poder de los organismos que conforman el Sistema de Inteligencia del Estado (entre ellos la ANI). Agregan que, en caso alguno, la norma en cuestión, contenida en una ley de quorum calificado, limita el carácter secreto y restringido a ciertos antecedentes, por lo que la información solicitada al referirse a informaciones que obran en poder de esta Agencia se encuentra dentro de la que tiene el carácter de secreto y de circulación restringida. En efecto, la norma del artículo 38 tiene por objeto la protección de los "antecedentes", "informaciones" y "registros" que estén en poder de los organismos del SIE o de su personal. Así las cosas, los antecedentes e informaciones que la Agencia tenga u obtenga en el ejercicio de sus funciones se encuentran expresamente resguardados por la confidencialidad y circulación restringida. Además de lo anterior, revelar la información solicitada implica colocar en conocimiento público procedimientos, forma de trabajo y análisis que efectúa la Agencia lo que podría implicar colocar en riesgo su adecuado funcionamiento.

Agregan que la Excma. Corte Suprema por sentencia de fecha 13 de agosto de 2019, en causa Rol 3960-2019 resolvió revocar la sentencia de la Ilma.. Corte de Apelaciones de Santiago y en consecuencia rechazar la entrega de información de la Agencia Nacional de Inteligencia en virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 19.974. donde se rechaza la entrega de información referente al número de bases de datos personales que detenta la Agencia Nacional de Inteligencia; en el precepto legal que la faculta para almacenar y tratar la información sobre bases de datos personales; en los organismos públicos con los que comparte las bases de datos personales; si el tratamiento de la información personal almacenada es realizado por la propia Agencia o por un tercero; si utiliza o ha empleado algún algoritmo en el tratamiento de la información en su ámbito de competencia y, por último, si el uso de algoritmos tiene o ha tenido relación con la toma de decisiones automatizadas por parte de la Agencia. Lo anterior destacando sus considerandos mas relevantes "Décimo: Que, así las cosas, la Ley N° 19.974 dispone, de manera expresa, que son secretos los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de los organismos que conforman el Sistema de Inteligencia del Estado. Por otro lado, en la especie se ha ordenado entregar al requirente información consistente en el número de bases de datos personales que detenta la Agencia Nacional de Inteligencia; en el precepto legal que la faculta para almacenar y tratar la información sobre bases de datos personales; en los organismos públicos con los que comparte las bases de datos personales; si el tratamiento de la información personal almacenada es realizado por la propia Agencia o por un tercero; si utiliza o ha empleado algún algoritmo en el tratamiento de la información en su ámbito de competencia y, por último, si el uso de algoritmos tiene o ha tenido relación con la toma de decisiones automatizadas por parte de la Agencia Nacional de Inteligencia. Décimo primero: Que, como resulta evidente y surge de lo expuesto, la información que se ha ordenado entregar se encuentra efectivamente amparada por la causal de secreto o reserva contemplada en el artículo 38 de la Ley N° 19.974. En efecto, tales datos corresponden a registros, antecedentes e informaciones que obran en poder de la Agencia Nacional de Inteligencia, esto es, de un organismo que forma parte del Sistema de Inteligencia del Estado, y que tienen por finalidad servir al desarrollo de labores de inteligencia, es decir, aquellas dirigidas a la recolección y análisis de información que busca producir conocimiento útil para la toma de decisiones, y a tareas de contrainteligencia, esto es, aquellas concebidas para detectar y neutralizar las acciones de inteligencia desarrolladas por otros Estados o por personas, organizaciones o grupos extranjeros, dirigidas contra la seguridad del Estado y la defensa nacional. De este modo, su revelación supondría, indudablemente, un debilitamiento del rol esencial asignado al Sistema de Inteligencia del Estado, en tanto permitiría hacer públicos aspectos sensibles y relevantes de la labor que le ha sido encomendada. Así, pondría de manifiesto si es la propia ANI o un tercero quien efectúa el tratamiento de la información personal almacenada por ella, circunstancia que, de ser efectiva, podría develar un aspecto de su labor que podría ser explotado en labores de contrainteligencia; del mismo modo, poner en evidencia si dicha Agencia emplea actualmente o lo ha hecho con anterioridad algoritmos en el tratamiento de la información que recopila y si éstos, de ser empleados, tienen alguna relación con la adopción de decisiones automatizadas por parte de la misma, tiene la potencialidad de develar particularidades de su trabajo que no deberían trascender al dominio público, pues la unión de tales datos con otros incluidos en la orden emanada del Consejo para la Transparencia podría permitir a un analista de inteligencia inferir debilidades, flaquezas o fragilidades de la labor realizada por la Agencia Nacional de Inteligencia. Finalmente, la develación de cuáles son los organismos públicos con quienes comparte las bases de datos personales que están en su poder pondría en la mira de agentes de contrainteligencia un medio para obtener la información allí incluida, sin necesidad de vulnerar los sistemas de seguridad de la propia Agencia. En estas condiciones, forzoso es concluir que la información de que se trata se encuentra cubierta por el deber de reserva previsto en el artículo 38 tantas veces citado, desde que la develación de los datos que comprende podría comprometer las labores de inteligencia de la Agencia, a la vez que dificultar las tareas de contrainteligencia que le han sido encargadas, todo lo cual podría embarazar, embrollar e, incluso, malograr el cumplimiento de su labor de protección de la soberanía nacional, la seguridad del Estado y la defensa nacional, objetivos de su quehacer contemplados en los artículos 2 y 4 de la Ley N° 19.974 y que, indudablemente, guardan estrecho vínculo con la "seguridad de la Nación" a que se refiere el artículo 8 de la Constitución Política de la República. Décimo segundo: Que, en concordancia con lo expuesto, se debe concluir que la información ordenada entregar está resguardada por la invocada causal del N° 5 del artículo 21 de la Ley N° 20.285, en relación con lo prescrito en el artículo 38 de la Ley N° 19.974, en atención a consideraciones vinculadas a la "seguridad de la Nación", circunstancia que constituye uno de los cuatro supuestos previstos en el inciso segundo del artículo 8° de la Carta Fundamental para disponer la reserva de información, y ello, ciertamente, porque aquella solicitada en autos puede comprometer la eficaz actuación de una institución como la Agencia Nacional de Inteligencia, dedicada a preservar la soberanía nacional y la seguridad del Estado, desde que por su intermedio sería posible establecer de qué modo efectúa el tratamiento de la información contenida en sus bases de datos y con qué otros entes públicos comparte estas últimas. Décimo tercero: Que, en consecuencia, al desestimar la reclamación de ilegalidad deducida por el Consejo de Defensa del Estado en contra de la Decisión de Amparo Rol C-4029-17, que otorgó la publicidad solicitada acerca de las bases de datos que están en poder de la Agencia Nacional de Inteligencia y del modo en que ésta trata la información allí recopilada, los sentenciadores han vulnerado gravemente las normas transcritas y analizadas en los párrafos precedentes, especialmente el artículo 8 de la Carta Fundamental, el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia y el artículo 38 de la Ley N° 19.974, contraviniendo texto expreso de ley, con lo que han cometido una falta o abuso que conducirá al acogimiento del recurso de queja en examen".

Y CONSIDERANDO:

1) Que, lo solicitado se refiere a información, evidencia y detalle de los fundamentos que respalde la opinión de la ANI de no dar la visa temporaria por vinculo a la persona que indica. En su respuesta y descargos, la reclamada denegó su entrega amparándose en el artículo 38 de la ley N° 19.974 en concordancia con el artículo 21, N° 5 de la Ley de Transparencia. Para ello, señaló, en síntesis, que la información solicitada se refiere a antecedentes, informaciones y registros que por ley son secretos y de circulación restringida.

2) Que, la reclamada denegó la entrega de la información aludida en aplicación de lo dispuesto en el artículo 38 de la ley N° 19.974, el cual establece que "se considerarán secretos y de circulación restringida, para todos los efectos legales, los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de los organismos que conforman el Sistema o de su personal, cualquiera que sea su cargo o la naturaleza de su vinculación jurídica con éstos. Asimismo, tendrán dicho carácter aquellos otros antecedentes de que el personal de tales organismos tome conocimiento en el desempeño de sus funciones o con ocasión de éstas". Agrega su inciso 2°, que "Los estudios e informes que elaboren los organismos de inteligencia sólo podrán eximirse de dicho carácter con la autorización del Director o Jefe respectivo, en las condiciones que éste indique", finalizando que "Los funcionarios de los organismos de inteligencia que hubieren tomado conocimiento de los antecedentes a que se refiere el inciso primero, estarán obligados a mantener el carácter secreto de su existencia y contenido aun después del término de sus funciones en los respectivos servicios".

3) Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 y del artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, esta Consejo ha concluido, que para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley señalada, no sólo basta que ésta sea de rango legal y entendida por este hecho de quórum calificado, sino que, además debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que además establece el artículo 8, inciso 2, de la Constitución Política de la República. De este modo, si bien el artículo 38 de la ley mencionada, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia (y puede por tanto ser objeto de reconducción formal), es igualmente menester determinar si el contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente, es decir, si puede tener lugar a su respecto la reconducción material; la que debe estar guiada por la exigencia de "afectación" de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política, esto es, debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, derechos de las personas, seguridad de la Nación o el interés nacional. Lo anterior, en atención a la claridad del vocablo "afectare" que ha sido utilizado en el inciso segundo del precepto constitucional, por cuanto la referida afectación implica necesariamente la existencia de un perjuicio o daño al bien jurídico de que se trate, para el caso de divulgarse la información.

4) Que, en efecto, no basta sólo con que la información "se relacione" con el bien jurídico protegido o que le resulte "atingente" para los efectos de mantener tal información en secreto o reserva, sino que se precisa la afectación. En tal sentido, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que aquella debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se presume, sino que debe ser acreditado por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad.

5) Que, precisado lo anterior, cabe indicar que una interpretación de contexto del mencionado artículo 38 de la ley N° 19.974 permite establecer que la funcionalidad del secreto consagrado en dicha norma está determinada por la posibilidad de restar del conocimiento público aquella información referida a las "actividades de inteligencia" que realicen los órganos y servicios que integran el Sistema de Inteligencia del Estado. Por tanto, la referencia a "los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de (...)" que emplea el artículo 38 de la ley N° 19.974, en tanto hace alusión a la tenencia o control de la información de que se trata, debe entenderse restringida a aquellos antecedentes que, conforme a sus competencias, puede y debe controlar el Sistema de Inteligencia del Estado, esto es, a la información relativa a las actividades de inteligencia, y no a la información cuya materia o naturaleza resulte ajena a dichas actividades.

6) Que, a juicio de este Consejo, la información consultada forma parte de aquellas materias que la referida norma resguarda. En efecto, obligar a la reclamada a reconocer que de conformidad a los registros que obran en su poder, información, evidencia y detalle de los fundamentos que respalde la opinión de la ANI de no dar la visa temporaria por vinculo a la persona que indica, supone divulgar una circunstancia de hecho cubierta por la reserva dispuesta en el artículo 38 del cuerpo legal citado, por cuanto, dicha hipótesis protege los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de la ANI. Luego, divulgar dicha información como también los resultados de sus investigaciones o fundamentos en sus decisiones, que sobre el particular existirían en poder de la requerida, a juicio de este Consejo, afectaría el debido cumplimiento de las funciones de la reclamada -en tanto implicaría infringir el deber de resguardo que sobre dicha información le impone el ya precitado artículo 38 y en su eventualidad se entorpecería las eventuales acciones de inteligencia que sobre el particular haya efectuado, o estime pertinente desarrollar- bien jurídico protegido por el artículo 8° inciso segundo de la Constitución Política de la República. Por tal razón, y configurándose la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, se rechazará el amparo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por doña Karen Parra Palma, en contra de la Agencia Nacional de Inteligencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Karen Parra Palma y al Sr. Director de la Agencia Nacional de Inteligencia

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.