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Roberto Álamo Misleh con SEREMI DE BIENES NACIONALES REGIÓN DE COQUIMBO Rol: C4649-19

Consejo para la Transparencia, 18/05/2020

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la SEREMI de Bienes Nacionales Región de Coquimbo, ordenando la entrega de la información correspondiente a todos los expedientes, trámites y gestiones, que en conformidad con el Decreto Ley N° 2695, se hayan realizado sobre el predio de propiedad del reclamante. Lo anterior, por tratarse de información pública de competencia del órgano, respecto de la cual, se desestima la configuración de la causal de reserva o secreto de distracción indebida de sus funcionarios, por no haber acreditado ni justificado la SEREMI reclamada los presupuestos de su procedencia. Se ordena al órgano, previa entrega, tarjar los datos personales de contexto que pudieran contener los documentos, en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia. Se rechaza el amparo en lo que se refiere a la solicitud de certificación de que la información entregada será la total, por no corresponder al derecho de acceso a la información pública sino al derecho de petición.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Gestión y administración territorial (Urbanismo)
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Decisiones o sentencias citadas en documento:



Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Ausente), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C4649-19

Entidad pública: SEREMI de Bienes Nacionales Región de Coquimbo

Requirente: Roberto Álamo Misleh

Ingreso Consejo: 26.06.2019

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la SEREMI de Bienes Nacionales Región de Coquimbo, ordenando la entrega de la información correspondiente a todos los expedientes, trámites y gestiones, que en conformidad con el Decreto Ley N° 2695, se hayan realizado sobre el predio de propiedad del reclamante.

Lo anterior, por tratarse de información pública de competencia del órgano, respecto de la cual, se desestima la configuración de la causal de reserva o secreto de distracción indebida de sus funcionarios, por no haber acreditado ni justificado la SEREMI reclamada los presupuestos de su procedencia.

Se ordena al órgano, previa entrega, tarjar los datos personales de contexto que pudieran contener los documentos, en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia.

Aplica criterio contenido en la decisión Rol C4342-17, entre las mismas parte y sobre idéntico predio que se consulta.

Se rechaza el amparo en lo que se refiere a la solicitud de certificación de que la información entregada será la total, por no corresponder al derecho de acceso a la información pública sino al derecho de petición.

En sesión ordinaria N° 1097 del Consejo Directivo, celebrada el 18 de mayo de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4649-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 3 de junio de 2019, don Roberto Álamo Misleh solicitó a la SEREMI de Bienes Nacionales Región de Coquimbo lo siguiente: "información acerca de todos los expedientes, trámites y gestiones, que en conformidad con el DL2695 se hayan realizado sobre mi predio (en adelante "el inmueble" o indistintamente "la propiedad"), UBICADO EN LA COMUNA DE OVALLE Y PARTE DE PUNITAQUI (es importante esto porque la información sobre la porción del predio encontrada en una sola comuna será incompleta, se solicita respecto al predio completo), que más adelante se individualiza.

Específicamente, solicito que se me informe quién ha realizado gestiones en conformidad al mencionado decreto ley sobre el inmueble, el número de expediente y todos los datos que permitan una oportuna oposición según lo mandatado por el DL2695. Esto implica, todas las solicitudes de saneamiento y regularizaciones que se estén o hayan sido tramitadas (en cualquier estado de tramitación) sobre la propiedad, y las concedidas e inscritas. Esta información es imprescindible, porque solo con ella podré ejercer mis derechos para oponerme a una solicitud de saneamiento (o realizar las acciones judiciales pertinentes), y negarme su acceso (o una entrega parcial) no solo violaría la ley de transparencia, los principios de las leyes 19880 y 18575, sino que además vulneraría múltiples garantías constitucionales. Es importante señalar, que dentro del predio existe una toma, y no me es posible por tanto saber los números de expedientes o el nombre de los solicitantes, la información debe ser respecto al predio.

En segundo lugar, y como consecuencia natural de lo anterior, solicito que se certifique que la información que será entregada es total, bajo responsabilidad del órgano, de forma que no exista gestión alguna del DL2695 iniciada, en tramitación o finalizada, sobre el predio en cuestión no proporcionada por el órgano requerido, individualizándose el predio en dicha certificación.

La propiedad sobre la cual versa esta solicitud de información se individualiza a continuación:

Comunas: OVALLE y parte de PUNITAQUI (Cuarta Región de Chile)

Denominación del predio: Reserva cooperativa número seis o predio infiernillo norte, del proyecto de división de los terrenos de la cooperativa de reforma agraria asignataria nueva aurora limitada, inscrito a fojas setecientos sesenta y siete Vuelta, número mil ciento cuarenta y dos del registro de propiedad del año dos mil quince, a nombre de inmobiliaria e inversiones infiernillo norte limitada.

Deslindes: NORTE: con comunidad de potrerillo Alto; SUR: con Comunidad de Punitaqui y parte de la propiedad de don Hugo González Villalón; Oriente: con comunidad Altar Bajo y Alto y parte de Potrerillo Alto; PONIENTE: con Canal Cogotí que lo separa de la propiedad de don Hugo González.

Para mayor facilidad en la recopilación de información se adjuntan los siguientes documentos relativos al predio:

a. Certificado de informaciones previas

b. Certificado de Dominio Vigente

c. Informe pericial con demarcación del perímetro de la propiedad a través de coordenadas GPS-UTM".

2) RESPUESTA: El 26 de junio de 2019, a través de Ord. N° E-43245, la SEREMI de Bienes Nacionales Región de Coquimbo respondió al requerimiento de información indicando que para tener la certeza que se han ingresado solicitudes de regularización de títulos de dominio en el predio que indica, es necesario que adjunte a su petición datos concretos de las personas que eventualmente podrían haber solicitado regularización, los que corresponden a nombre y Rut, ya que los sistemas informáticos con lo que trabaja la Secretaría no cuentan con otros parámetros de búsqueda para responder consultas de este tipo.

3) AMPARO: El 26 de junio de 2019, don Roberto Álamo Misleh dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud. Además, el reclamante, en síntesis y en lo pertinente, señaló que la excusa para denegar información es insuficiente y no tiene lógica, ya que, si están otorgando títulos de dominio, deben saber dónde se encuentran los terrenos que buscan sanear. Señala no saber a nombre de quién han solicitado, ni cuántos lo han hecho, mucho menos el número de expediente, y que se entregó toda la información para determinar el inmueble con precisión. Indica que la misma solicitud se hizo el 2017 (Reclamo Rol C4342-17), y la respuesta de la SEREMI fue la misma; sin embargo, este Consejo consideró que dicha respuesta es insuficiente y que constituye una vulneración a los derechos del solicitante.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región de Coquimbo, mediante Oficio E11790, de 27 de agosto de 2019, solicitando que: (1°) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente el requerimiento; (2°) explique las razones por las cuáles no solicitó subsanar la solicitud, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Transparencia, si consideró que los antecedentes proporcionados por el peticionario eran insuficientes; (3°) aclare qué información sobre el predio consultado obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (4°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; y, (5°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada.

Mediante Ord. 2888, de fecha 19 de noviembre de 2019, el órgano reclamado presentó descargos, en los que, en síntesis, señaló que la razón de la respuesta denegatoria otorgada radica en la carencia de herramientas tecnológicas para la búsqueda de la información solicitada, ya que los parámetros de búsqueda para determinar si existen o no procedimientos de regularizaciones sobre un determinado bien inmueble, sólo se limitan al Número de Expediente, el RUT y/o nombre del usuario que inicia un proceso de saneamiento o regularización, bajo el procedimiento establecido en el DL N° 2695. Alega que, es el mismo requirente que indicó que su predio ha sido objeto de una toma, no siendo posible para él "saber el número de expedientes o el nombre de los solicitantes".

A éste respecto, señala que el objeto último de la solicitud hecha por el requirente es oponerse a las eventuales regularizaciones que pudieran afectar al predio sobre el cual él tiene dominio, sin embargo, es el mismo procedimiento de regularización establecido en el DL N° 2695, y las instrucciones procedimentales que se deben seguir, los que requieren a las partes solicitantes señalar el presunto dueño de la propiedad a regularizar, con el objeto de emplazarlo para que pueda ejercer su derecho de "oposición". Ahora bien, y en el entendido de que el recurrente plantea una situación de ilegalidad que compromete a su inmueble por acciones de usurpación de terceros, la oposición ante una eventual regularización no es la única vía para defender la posesión material sobre cosas que se tienen en dominio.

Agrega que, por el hecho de no haberse entregado la información que el parámetro de búsquedas requiere (SISTRED) para llegar a los antecedentes precisos, es el motivo por el que no se le proporcionó lo pedido. Ahora bien, y en este punto cabe señalar que existe un parámetro de búsqueda que se relaciona con el Rol de Avalúo Fiscal de la propiedad consultada, el cual el requirente no aportó en el contenido expreso de su solicitud, ni aparece en la documentación que acompaña a su requerimiento.

Indica que, dicho lo anterior, y haciendo ese contra examen, les parece que debieron -ex ante- solicitar al requirente que subsanara y completara su solicitud, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley N° 20.285.

Teniendo en cuenta lo respondido, la información que en el Servicio pudiera obrar, sólo se conocería si se entregan los elementos específicos para una búsqueda concreta, quedando a salvo la posibilidad de que el denunciante nos proporcione el Rol de Avalúo Fiscal de la propiedad que se consulta.

Concluye que, a este respecto, y en los términos amplios en que se expresó la solicitud de información, con indicaciones vagas, eventualmente es invocable la causal prevista en el artículo 21, número 1, letra c) de la Ley N° 20.285, por cuanto, se trata de un requerimiento de carácter genérico.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el objeto del presente amparo dice relación con la falta de entrega de la información correspondiente a todos los expedientes, trámites y gestiones, que en conformidad con el Decreto Ley N° 2695 se hayan realizado sobre el predio de propiedad del reclamante, solicitud que fue denegada por el órgano ya que sus sistemas informáticos no cuentan con parámetros de búsqueda para responder consultas de este tipo, en base a los antecedentes que entrega el requirente, siendo por ello invocable la causal prevista en el artículo 21, número 1, letra c) de la Ley N° 20.285, por cuanto se trata de un requerimiento de carácter genérico.

2) Que, al respecto, se debe recordar que el artículo 8, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10, de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.

3) Que, sobre el fondo de lo reclamado, de conformidad con el criterio que ha venido reiterada y sistemáticamente aplicando este Consejo, a partir de las decisiones de los amparos Roles C396-12, C1196-12, C438-13, C1045-15, C2397-16 y C1867-17, la información requerida es de naturaleza pública. En efecto, trata de antecedentes relativos a la regularización de un inmueble, conforme al procedimiento regido por el Decreto Ley N° 2.695, de 1979 -que fija normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella-, el cual establece un procedimiento para que los poseedores materiales de determinados inmuebles soliciten al Ministerio de Bienes Nacionales que se les reconozca la calidad de poseedores regulares de aquéllos, a fin de que puedan adquirir su dominio por prescripción. Por lo expuesto, la información referida a las solicitudes de regularización tiene carácter público, procediendo su entrega, salvo la configuración de circunstancias de hecho o causales de reserva o secreto, que hagan excepción a dicha regla general.

4) Que, el órgano reclamado ha alegado la concurrencia de la causal de secreto o reserva del artículo 21, número 1, letra c), de la Ley de Transparencia, por no haber proporcionado el solicitante los datos que permitirían la búsqueda de la información, bajo los parámetros predefinidos en su sistema informático. Al respecto, se debe hacer presente que este Consejo ha establecido que la causal de distracción indebida de los funcionarios del órgano sólo puede configurarse, en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que suponen tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información o el costo de oportunidad, relación entre funcionarios y tareas.

5) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones..., mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales".

6) Que, en el presente caso, el órgano requerido, para justificar la causal de reserva alegada, se limitó a señalar que no es posible realizar una búsqueda de la información referida al terreno singularizado, ya que sus sistemas informáticos no cuentan con parámetros de búsqueda para responder consultas de este tipo, en base a los antecedentes que entrega el requirente, siendo necesario que indique el número de expediente, el nombre o Rut de los solicitantes, o, el Rol de Avalúo Fiscal de la propiedad. De lo anterior, se evidencia, por una parte, que la circunstancia de hecho señalada no ha sido debidamente acreditada, lo que resulta necesario para justificar la falta de entrega de información pública que dice relación con un proceso que la ley encomendó al órgano requerido, como lo es la solicitud de saneamiento en el marco del decreto ley N° 2695, de 1979; y por otra, que no se ha hecho referencia alguna al tiempo, cantidad de información pedida, personal y recursos materiales que se requeriría destinar, en concreto, para identificar y proporcionar la información pedida, de manera tal de permitir apreciar el modo en que la entrega de antecedentes de carácter público, como lo son los referidos a las solicitudes de saneamiento en comento, efectivamente afecta el debido cumplimiento de sus funciones, razón por la cual, a juicio de este Consejo, dichas argumentaciones no son suficientes para tener por configurada la hipótesis prevista en la causal de reserva o secreto del artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.

7) Que, considerando además que este criterio fue adoptado en la decisión de amparo Rol C4342-17, se desestimará la causal de reserva alegada, y en definitiva, se acogerá en este punto el presente amparo, ordenando a la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Coquimbo, informar al requirente sobre todas las solicitudes de saneamiento en el marco del Decreto Ley N° 2695, de 1979, que se hayan formulado respecto del inmueble que se singulariza en el N° 1 de lo expositivo de la presente decisión, debiendo tarjar previamente el órgano, todos los datos personales de contexto incorporados -domicilio, teléfono, correo electrónico, RUN, entre otros-, según lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628 y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia.

8) Que, finalmente, respecto de la solicitud de certificación de que la información que será entregada es total, bajo responsabilidad del órgano, de forma que no exista gestión alguna del DL N° 2695 iniciada, en tramitación o finalizada, sobre el predio en cuestión no proporcionada por el órgano requerido; al no decir relación con la facultad de acceder a la información pública, sino con el derecho de petición consagrado en el artículo 19, N° 14, de la Constitución Política de la República, no resulta procedente en esta sede. A mayor abundamiento, se debe tener presente lo resuelto por este Consejo en los amparos Roles C460-10, C574-11 y C919-12, entre otros, donde estableció claramente que "una cosa es declarar el acceso a una información y otra obligar a la reclamada a emitir uno de los certificados solicitados", no correspondiendo a este Consejo exigir la elaboración de estos últimos. En consecuencia, no habiéndose ejercido en este punto el derecho de acceso a la información pública en los términos exigidos por la Ley de Transparencia, fuerza concluir que no puede tener lugar una solicitud en que se pida a este Consejo el amparo de tal derecho, debiendo rechazarse por improcedente.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Roberto Álamo Misleh en contra de la SEREMI de Bienes Nacionales Región de Coquimbo, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir a la Sra. Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región de Coquimbo, lo siguiente:

a) Hacer entrega al reclamante información acerca de todos los expedientes, trámites y gestiones, que en conformidad con el DL N° 2695 se hayan realizado sobre el predio de su propiedad, UBICADO EN LA COMUNA DE OVALLE Y PARTE DE PUNITAQUI. Específicamente, quién ha realizado gestiones en conformidad al mencionado decreto ley sobre el inmueble, el número de expediente y todos los datos que permitan una oportuna oposición según lo mandatado por el DL N° 2695. Esto implica, todas las solicitudes de saneamiento y regularizaciones que se estén o hayan sido tramitadas (en cualquier estado de tramitación) sobre la propiedad, y las concedidas e inscritas.

La propiedad sobre la cual versa esta solicitud de información se individualiza a continuación:

Comunas: OVALLE y parte de PUNITAQUI (Cuarta Región de Chile)

Denominación del predio: Reserva cooperativa número seis o predio infiernillo norte, del proyecto de división de los terrenos de la cooperativa de reforma agraria asignataria nueva aurora limitada, inscrito a fojas setecientos sesenta y siete Vuelta, número mil ciento cuarenta y dos del registro de propiedad del año dos mil quince, a nombre de inmobiliaria e inversiones infiernillo norte limitada.

Deslindes: NORTE: con comunidad de potrerillo Alto; SUR: con Comunidad de Punitaqui y parte de la propiedad de don Hugo González Villalón; Oriente: con comunidad Altar Bajo y Alto y parte de Potrerillo Alto; PONIENTE: con Canal Cogotí que lo separa de la propiedad de don Hugo González.

Para lo anterior, deberá tarjar el órgano todos los datos personales de contexto que pudieran estar incorporados en los documentos, de los que no sea titular el solicitante.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Rechazar el amparo en lo referido a la solicitud de certificación de que la información entregada será total, por los fundamentos expuestos.

IV. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Roberto Álamo Misleh y a la Sra. Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región de Coquimbo.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.