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Albert Apablaza Cancino con POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE Rol: C3983-19

Consejo para la Transparencia, 18/05/2020

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, relativo a la entrega del listado con información de los suicidios (con indicación del tipo de arma empleada) e intentos de suicidios cometidos por el personal al interior de la institución, desglosado por año, región, grado y lugar de ocurrencia, desde el año 1933 a 2006. Lo anterior, atendido a que la reclamada hizo entrega del listado con el desglose solicitado, correspondiente a los últimos 12 años, señalando fundadamente las razones por las cuales no cuentan con tal registro respecto del periodo restante que comprendía la solicitud -1933 a 2006-.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Ausente), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C3983-19

Entidad pública: Policía de Investigaciones de Chile.

Requirente: Albert Apablaza Cancino.

Ingreso Consejo: 05.06.2019.

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, relativo a la entrega del listado con información de los suicidios (con indicación del tipo de arma empleada) e intentos de suicidios cometidos por el personal al interior de la institución, desglosado por año, región, grado y lugar de ocurrencia, desde el año 1933 a 2006.

Lo anterior, atendido a que la reclamada hizo entrega del listado con el desglose solicitado, correspondiente a los últimos 12 años, señalando fundadamente las razones por las cuales no cuentan con tal registro respecto del periodo restante que comprendía la solicitud -1933 a 2006-.

En sesión ordinaria N° 1097 del Consejo Directivo, celebrada el 18 de mayo de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3983-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 04 de mayo de 2019, don Albert Apablaza Cancino solicitó a la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), lo siguiente:

"1.- Listado general de casos ocurridos al interior de la Institución policial en la que funcionarios de la misma (independiente de su escalafón) hayan atentado efectivamente contra su vida, produciendo su muerte por intermedio de su arma de servicio u otra arma de fuego.

2.- Listado general de casos ocurridos al interior de la Institución policial en la que funcionarios de la misma (independiente de su escalafón) hayan atentado efectivamente contra su vida, produciendo su muerte por intermedio de otros elementos que no sean armas de fuego.

3.- Listado general de casos ocurridos al interior de la Institución policial en la que funcionarios de la misma (independiente de su escalafón) hayan atentado efectivamente contra su vida, pero que no hayan producido su muerte.

4.- Se solicita que los tres puntos anteriores, de ser posible, sean levantados en un archivo formato Excel u otro que permita identificar y distinguir la siguiente información: a) casos por año; b) casos por región; c) escalafón y/o grado; d) lugar del hecho.

5.- Que la información entregada sea toda la que se encontrare en su poder, considerando todos los registros desde el año 1933 a la fecha de su respuesta.

6.- Se solicita remitir la información mediante medios electrónicos a la casilla de correo electrónico (...) toda documentación que permita aclarar esta materia.

7.- Que mediante esta solicitud renuncio a todo medio de comunicación o entrega de información por medios presenciales, sea en papel u otro formato, asumiendo que los medios a utilizar serán los electrónicos que maneje esta Institución al respecto".

2) RESPUESTA: Con fecha 4 de junio de 2019, la PDI informó que consultada la Jefatura Nacional de Delitos contra los Derechos Humanos y las Personas, señalan lo siguiente: "Existe un total de 26 funcionarios que han cometido suicidio desde que se mantiene información, esto es el año 2007 a la fecha", los cuales desglosan en número por año -desde 2007 a 2019- , región y grado (inspector, subinspector, subcomisario, subprefecto de sanidad, detective, asistente administrativo, subprefecto, profesional perito, asistente policial, comisario); finalmente, señalan que de los 26 casos, 21 corresponde a suicidio con arma de fuego y 5 a otros elementos.

3) AMPARO: El 5 de junio de 2019, don Albert Apablaza Cancino dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta incompleta. Al efecto, argumenta: "Se solicitó la información en un lapso de tiempo más amplio, no encontrándose justificada la entrega parcial de información, toda vez que vulnera el principio de máxima divulgación, toda vez que, sabidas cuentas que sucedido un suicidio de un funcionario, se impulsa de oficio un acto administrativo que busca esclarecer lo sucedido, cuyo resultado se expresa en un documento público, entiéndase como resolución u otro idóneo al respecto. Dicho registro efectivamente registre desde antes del 2007, lo que no quedó reflejado en el documento que contesta la solicitud" (sic).

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación, acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, mediante Oficio N° E10042, de 29 de julio de 2019, solicitando precisen si la información reclamada obra en poder del organismo, en los términos del artículo 10, inciso 2°, de la Ley de Transparencia.

Posteriormente, por medio de Ord. N° 793 de 13 de agosto de 2019, el organismo expone:

- Recibida la solicitud se solicitaron los antecedentes a la Jefatura Nacional de Delitos contra los Derechos Humanos y las Personas (JENADEP), quienes remitieron la información basada en las concurrencias por suicidio de funcionarios PDI, a los cuales han concurrido las diferentes Brigadas de Homicidios del país, haciendo presente que el registro de datos obra en dicha jefatura nacional solo desde el año 2007, fecha en que se inició la base consolidada de la otrora y extinta Jefatura Nacional de Homicidios.

- Se reitera que la institución mantiene registros de los datos solicitados solo desde el año 2007 a la fecha; en consecuencia, la información que fue entregada al peticionario es toda aquella que consta en nuestros registros, no existiendo ninguna otra disponible. Razón por la cual aseveran, "la información reclamada no obra en poder de la Policía de Investigaciones de Chile, ni en formato papel ni electrónicamente. La información consta solo desde el año 2007 en adelante, tal como se le informó al reclamante".

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el reclamante acusa respuesta incompleta a su requerimiento, correspondiente a los listados con información, en síntesis, respecto a los suicidios (con indicación del tipo de arma empleada) e intentos de suicidios cometidos por el personal al interior de la institución, desglosado por año, región, grado y lugar de ocurrencia. Al efecto, el organismo expresa haber hecho entrega de toda la información que dispone, desde el año 2007 a la fecha de la solicitud, recayendo las alegaciones del recurrente en la falta de entrega de información desde el año 1933 a 2006, conforme fue solicitado.

2) Que, constituye un presupuesto básico para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública el que los antecedentes solicitados existan en poder del órgano requerido, conforme preceptúan los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia. En tal sentido, el inciso 2° del artículo 5° de la Ley de Transparencia, dispone que "es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración" (énfasis agregado).

3) Que, la inexistencia de la información es una circunstancia de hecho, cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. Esta alegación debe ser fundada, indicando en forma clara el motivo por el cual aquella no obra en su poder. En la especie, la Policía de Investigaciones de Chile hizo entrega de la información solicitada correspondiente a los últimos 12 años (2007 a 2019), incluido el desglose pedido, señalando expresamente los motivos por los cuales no cuentan con tal registro respecto del restante periodo consultado (1933 a 2006); advirtiendo este Consejo que su recopilación, a fin de dar satisfacción íntegra a la solicitud, implicaría la revisión a nivel nacional de antecedentes que abarcan un universo de más de 70 años.

4) Que, en consecuencia, habiendo cumplido la recurrida su obligación de informar, no contando este Consejo con antecedentes que permitan desvirtuar lo argumentado por el órgano reclamado, se rechazará el presente amparo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Albert Apablaza Cancino en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Albert Apablaza Cancino y al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.