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Eduardo Bustamante Sánchez con COMISIÓN CHILENA DEL COBRE (COCHILCO) Rol: C582-20

Consejo para la Transparencia, 18/05/2020

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Comisión Chilena del Cobre -COCHILCO-, ordenando la entrega de la minuta y la mayoría de sus anexos consultados. Lo anterior, por tratarse de información pública, respecto de la cual no se advierte con su entrega una afectación a los derechos económicos y comerciales de la Corporación Nacional del Cobre de Chile -CODELCO-, toda vez que teniendo a la vista la información solicitada, particularmente la minuta, que consta de sólo 12 páginas, en gran parte de ella más bien se aprecian observaciones del órgano respecto del actuar del fiscalizado, de lo cual no se extraen antecedentes cuya publicidad puedan afectar los derechos económicos de CODELCO. Con todo se debe precisar que en las páginas 7 y 12 se informan pagos realizados por la Corporación a la empresa Zarey Consultores SpA., en cuya representación actúa el reclamante en este amparo, por lo que, en este caso concreto, no se advierte afectación a la cuprífera en tanto constituye información que Zarey, en su calidad de contraparte y receptora de dichas sumas, ya conoce. Además, el reclamante tiene la calidad de parte interesada en el procedimiento administrativo que originó la minuta consultada, en conformidad a lo previsto en la ley N° 19.880. Se rechaza el amparo respecto del gasto informado en la página 8 de la minuta solicitada, al tratarse de un pago a un tercero -distinto de la empresa Zarey- antecedente que se debe reservar, al ser fijado según la estrategia comercial de CODELCO, de acuerdo lógicamente, a las condiciones imperantes en el mercado, cuya publicación afecta los derechos económicos de la cuprífera estatal. Se rechaza también el amparo, respecto del anexo (v) de la minuta consultada, al tratarse de correos electrónicos de particulares, cuya entrega por lo tanto, afecta su vida privada. Se representa al órgano el hecho de no conferir traslado al tercero interesado.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Ausente), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C582-20

Entidad pública: Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO).

Requirente: Eduardo Bustamante Sánchez.

Ingreso Consejo: 03.02.2020.

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Comisión Chilena del Cobre -COCHILCO-, ordenando la entrega de la minuta y la mayoría de sus anexos consultados.

Lo anterior, por tratarse de información pública, respecto de la cual no se advierte con su entrega una afectación a los derechos económicos y comerciales de la Corporación Nacional del Cobre de Chile -CODELCO-, toda vez que teniendo a la vista la información solicitada, particularmente la minuta, que consta de sólo 12 páginas, en gran parte de ella más bien se aprecian observaciones del órgano respecto del actuar del fiscalizado, de lo cual no se extraen antecedentes cuya publicidad puedan afectar los derechos económicos de CODELCO. Con todo se debe precisar que en las páginas 7 y 12 se informan pagos realizados por la Corporación a la empresa Zarey Consultores SpA., en cuya representación actúa el reclamante en este amparo, por lo que, en este caso concreto, no se advierte afectación a la cuprífera en tanto constituye información que Zarey, en su calidad de contraparte y receptora de dichas sumas, ya conoce.

Además, el reclamante tiene la calidad de parte interesada en el procedimiento administrativo que originó la minuta consultada, en conformidad a lo previsto en la ley N° 19.880.

Se rechaza el amparo respecto del gasto informado en la página 8 de la minuta solicitada, al tratarse de un pago a un tercero -distinto de la empresa Zarey- antecedente que se debe reservar, al ser fijado según la estrategia comercial de CODELCO, de acuerdo lógicamente, a las condiciones imperantes en el mercado, cuya publicación afecta los derechos económicos de la cuprífera estatal. Se rechaza también el amparo, respecto del anexo (v) de la minuta consultada, al tratarse de correos electrónicos de particulares, cuya entrega por lo tanto, afecta su vida privada.

Se representa al órgano el hecho de no conferir traslado al tercero interesado.

En sesión ordinaria N° 1097 del Consejo Directivo, celebrada el 18 de mayo de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C582-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 28 de octubre de 2019, don Eduardo Bustamante Sánchez, solicitó a la Contraloría General de la República -CGR-, la siguiente información: "copia de la resolución (y sus adjuntos) enviada por COCHILCO el 18 de octubre de 2019 y que fuera recepcionada por la Contraloría General de la República con fecha 21 del corriente mes. La referida resolución y sus adjuntos ha sido emitida con ocasión de la derivación realizada, por la Contraloría, mediante referencia 169.479/19 de fecha 28 de marzo de 2019, frente a un requerimiento realizado por este abogado en representación de Zarey Consultores SpA".

2) DERIVACIÓN DE LA SOLICITUD: Posteriormente la CGR, el día 20 de diciembre de 2019, derivó la referida solicitud a la Comisión Chilena del Cobre -COCHILCO-, quien la ingresó al Portal de Transparencia con misma fecha.

3) RESPUESTA: Por medio de resolución aprobatoria exenta N° 006, de 13 de enero de 2020, el órgano denegó la entrega de lo solicitado, en virtud del artículo 21 N° 2 y N° 5, de la Ley de Transparencia, señalando en síntesis, que en ella se contiene información detallada sobre bienes económicos o de información protegida por el secreto empresarial, que sólo es conocida por la empresa y por la Comisión. En este contexto, la competencia podría acceder a información esencial del negocio, afectando su desenvolvimiento competitivo.

Por otra parte, el artículo 2° inciso final del decreto ley N° 1.349, establece que los antecedentes e informaciones que las empresas productoras están obligadas a proporcionar a la Comisión Chilena del Cobre, tienen el carácter de confidenciales y el personal de la Comisión está obligado a guardar estricta reserva sobre ellas.

4) AMPARO: El 3 de febrero de 2020, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información.

Al efecto, en síntesis, señaló lo siguiente:

a) Comparece en representación de Zarey Consultores SpA., cuyo mandato acompaña.

b) Su mandante pretende conocer el procedimiento de fiscalización, sus antecedentes y las conclusiones consignadas en el acto administrativo que afinó aquel procedimiento.

c) No se confirió traslado al tercero interesado.

d) Resulta dudoso que lo solicitado tenga valor comercial, debido a que, la información solicitada dice relación con una fiscalización sustanciada por la Comisión ante ciertas irregularidades que su mandante denunció con ocasión de la forma cómo la cuprífera estatal interpretó y aplicó las causales de término anticipado del contrato antes señalado. Entonces, no se entiende de qué manera esta información podría afectar la competitividad de CODELCO.

e) Resulta absurdo que se alegue que la información, que es de naturaleza funcional más que comercial, sea comercialmente más relevante que la información que CODELCO tiene publicada en su portal web. Allí se encuentra permanentemente disponible información absolutamente comercial, tales como, sus estados financieros y memorias; y aquello no ha afectado su competitividad en el mercado.

f) Respecto de la causal de reserva del N° 5, de la Ley de Transparencia, el órgano la recondujo a una afectación a los derechos de la empresa. Por lo tanto, al no existir tal perjuicio, no cabe aplicar esta segunda causal.

g) Para el evento improbable de que el Consejo estime que parte de la información solicitada es de naturaleza comercial y que pueda afectar la competitividad de CODELCO, solicita que, en virtud del principio de la divisibilidad de la información, se disponga la división de la información solicitada y se proporcione acceso a aquella pueda ser conocida.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Vicepresidente Ejecutivo de la Comisión Chilena del Cobre, mediante oficio N° E2188, de fecha 18 de febrero de 2020, requiriendo entre otras cosas, que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros; (3°) indique si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia.

Posteriormente, el órgano por medio de oficio N° 059, de 2 de marzo de 2020, reiterando lo señalado en su respuesta, agregó en síntesis, lo que sigue:

a) El Consejo, en casos anteriores ha ordenado la entrega de información relativa a personas jurídicas sin fines de lucro, sobre la base de que en dicha calidad, mal pueden verse afectados sus derechos económicos o comerciales con el conocimiento de la información requerida. No existe en este caso un riesgo de pérdida de competitividad, por lo que a contrario sensu, en el caso de CODELCO, sí existe.

b) Señaló que la causal de reserva del 21 N° 2, de la Ley de Transparencia, la puede alegar en mérito de lo dispuesto en el artículo 16 de la citada ley.

c) La CGR en dictamen N° 30.252, de 18 de agosto de 2017, resolviendo una consulta realizada por la H. Cámara de Diputados, hace referencia al artículo 21 N° 4, de la Ley de Transparencia y al artículo 2° del decreto ley 1.349.

Complementa el órgano de Control señalando que "el Informe Final N° 900, de 2016, de esta Contraloría General, sobre auditoría a los contratos administrativos de bienes y de prestación de servicios suscritos por la Corporación Nacional del Cobre, tiene carácter de reservado, debiendo, en consecuencia, los directivos y funcionarios de dicha empresa del Estado, adoptar todas las medidas necesarias que aseguren el resguardo de tal condición".

Considerando que los artículos 9° y 19 de la ley N° 10.336, disponen que los dictámenes de la Contraloría son obligatorios para los órganos de la Administración sometidos a su fiscalización, su inobservancia importa la infracción de los deberes funcionarios de los servidores involucrados, comprometiendo su responsabilidad administrativa (Dictámenes N° 16.979, de 2017 y 27.909, de 2018). Luego, esta institución, dando cumplimiento a tales disposiciones, debió denegar el acceso a la información solicitada, sin perjuicio de las demás causales de denegación que se expusieron anteriormente.

6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INTERESADO: De conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación, acordó dar traslado del amparo al tercero involucrado, esto es, a la Corporación Nacional del Cobre de Chile (CODELCO), mediante oficio N° E4546, de 30 de marzo de 2020.

Luego, mediante presentación de 14 de abril de 2020, la empresa en resumen, se opuso a la entrega de lo pedido, en base a las causales de reserva del artículo 21 N° 2 y N° 5, de la Ley de Transparencia, señalando en resumen, lo siguiente:

a) La confidencialidad en el ejercicio de las facultades de COCHILCO prevista en el artículo 2° inciso final del decreto ley N° 1.349, importa la concreción del principio de neutralidad competitiva, en tanto resguarda el derecho de CODELCO a un trato igualitario en materia de reserva respecto de la fiscalización de la regularidad en la marcha de sus negocios.

b) La causal de reserva del artículo 21 N° 5, de la Ley de Transparencia se relaciona con el artículo 2° inciso final del decreto ley N° 1.349. En este caso, se cumple la exigencia jurisprudencial de reconducción material, toda vez que el acceso a los procesos fiscalizadores afectan los derechos de la empresa en su aspecto comercial y económico.

c) Por otra parte, el ordenamiento jurídico al que está sometido CODELCO garantiza, por otros medios menos lesivos, que el límite impuesto al derecho de los ciudadanos a controlar la actuación de Codelco mediante un régimen de publicidad se vea legítimamente compensado.

d) El acceso al contenido de la minuta afecta derechos comerciales y económicos de CODELCO, en la medida que contiene, entre otros, antecedentes referidos al cumplimiento de las obligaciones contractuales entre las partes, la suscripción de un finiquito, el no cobro de multas por parte de Codelco, un detalle de pagos por servicios prestados, cotizaciones de terceros, el detalle del contenido y uso de un documento no oficial de la división, y supuestas debilidades en el cuerpo normativo de Codelco en materia de pagos.

7) GESTIÓN OFICIOSA: Por medio de correo electrónico, de 8 de mayo de 2020, este Consejo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 34, de la Ley de Transparencia, solicitó al órgano remitir, bajo reserva, la información objeto del presente amparo, el cual fue enviado con misma fecha.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega de la información anotada en el numeral 1°, de lo expositivo, consistente en una resolución y sus adjuntos, emitida por COCHILCO, la cual fue denegada por la causal de reserva del artículo 21 N° 2 y N° 5, de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 2° inciso final del decreto ley N° 1.349.

2) Que, antes de entrar al fondo del asunto, a modo de contexto, cabe tener presente lo siguiente:

a) El 24 de agosto de 2017, la empresa Zarey Consultores SpA. y CODELCO suscribieron un contrato relativo a servicios de control de cumplimiento normativo para gestión ambiental, el cual terminó anticipadamente por distintas razones.

b) Por lo anterior, la empresa Zarey Consultores SpA., interpuso una solicitud ante la CGR para que se pronunciara sobre la legalidad del actuar de la cuprífera. Sin embargo, el órgano contralor absteniéndose de emitir un pronunciamiento, mediante oficio N° 8.712 -referencia N° 169.479/19-, de fecha 28 de marzo de 2019, remitió los antecedentes a COCHILCO, para los fines pertinentes, de acuerdo al artículo 14 inciso 2°, de la ley N° 19.880 y a lo indicado en el oficio circular N° 24.143, de 2015, que imparte instrucciones para la atención de solicitudes de pronunciamiento jurídico. Finalmente, precisó que la Corporación deberá informar a la CGR si iniciará o no una fiscalización al respecto y en caso de hacerlo, enviar el respectivo acto terminal.

c) A raíz de lo anterior, es que COCHILCO emitió una minuta de investigación -con anexos-, que es en definitiva la información solicitada en el numeral 1°, de lo expositivo, la cual fue elaborada por el órgano en ejercicio de sus facultades fiscalizadoras, sobre el proceso de término anticipado antes señalado.

3) Que, en mérito de lo expuesto, se debe consignar que la información solicitada es de naturaleza pública, en la medida que constituye un acto emitido por un órgano en el cumplimiento de sus funciones fiscalizadoras. En tal sentido, el artículo 8° inciso 2°, de la Constitución Política de la República, dispone que: "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen". Lo anterior, sin perjuicio de las causales de reserva que puedan resultar aplicables en la especie.

4) Que, en lo que atañe a la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, se debe aclarar que aquella se encuentra establecida en forma exclusiva en favor de los terceros a quienes se refiere la información, contando con un procedimiento de oposición consagrado en el artículo 20 de la ley señalada, el cual no fue aplicado en este caso por COCHILCO. De este modo, en lo resolutivo de esta decisión se representará al órgano la infracción al citado artículo 20, situación que fue subsanada, en todo caso, por este Consejo al conferirle traslado a CODELCO, en su calidad de tercero interesado.

5) Que, señalado ello, en cuanto a la causal de reserva antes señalada, ponderada a la luz de las alegaciones de CODELCO, es menester recordar que este Consejo ha establecido los criterios que deben considerarse copulativamente para determinar si la información que se solicita contiene antecedentes cuya divulgación pueda afectar los derechos económicos y comerciales de una persona, natural o jurídica. Así, la información debe cumplir con las siguientes condiciones o requisitos: a) ser secreta, es decir, no generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información; b) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto; y c) tener un valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva (y por el contrario, su publicidad afectar significativamente su desenvolvimiento competitivo).

6) Que, en este orden de ideas, se debe aclarar que de conformidad a lo preceptuado en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, para que se verifique la procedencia de una causal de reserva, es menester determinar la afectación de alguno de los derechos subjetivos protegidos por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva. Luego, teniendo aquello presente, en la especie, no se ha acreditado con suficiente especificidad cómo el conocimiento íntegro de lo solicitado puede afectar el desenvolvimiento competitivo de la empresa. En efecto, teniendo a la vista la información solicitada, particularmente la minuta, que consta de sólo 12 páginas, en gran parte de ella más bien se aprecian observaciones del órgano fiscalizador respecto del actuar del fiscalizado, de lo cual no se extraen antecedentes cuya publicidad puedan afectar los derechos económicos de CODELCO. Con todo se debe precisar que en las páginas 7 y 12 se informan pagos realizados por la Corporación a la empresa Zarey Consultores SpA., en cuya representación actúa el reclamante en este amparo, por lo que, en este caso concreto, no se advierte afectación a la cuprífera en tanto constituye información que Zarey, en su calidad de contraparte y receptora de dichas sumas, ya conoce. Por lo tanto, la causal de reserva alegada respecto de la minuta será desestimada, con excepción de la información anotada en la página 8, que informa la cantidad pagada a un tercero, antecedente que se debe reservar -tarjar-, atendido que dice relación con gastos o costos, que no tienen relación con la empresa Zarey, los cuales son fijados según la estrategia comercial de CODELCO, de acuerdo lógicamente, a las condiciones imperantes en el mercado, configurándose en este punto la causal de reserva del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia.

7) Que, respecto de los anexos de la minuta en cuestión, cabe señalar que aquellos consisten en cinco documentos a saber: (i) finiquito del contrato que se indica; (ii) carta de término anticipado; (iii) carta a administrador de contrato; (iv) normativa de CODELCO sobre pagos de servicios; y (v) correos electrónicos de trabajadores de la empresa estatal. Al efecto, se debe señalar que no se advierte afectación a los derechos económicos de la empresa con la entrega de los documentos anotados en los números (i), (ii) y (iii), debido a que el primero de ello, fue suscrito precisamente por Zarey Consultores SpA. observándose en el instrumento en cuestión además, que dicha empresa mantiene una copia de aquel. Luego, en el caso de los dos restantes antecedentes, se trata de cartas dirigidas a la empresa Zarey, lo que lleva a descartar lógicamente, cualquier afectación. Por otra parte, en cuanto al documento (iv), sobre la normativa antes señalada, en su calidad de tal, no se advierte de ningún modo que su conocimiento afecte a alguno de los bienes jurídicos establecidos en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, esto ante la ausencia de argumentos en este sentido. Sin embargo, no ocurre lo mismo, respecto de los correos electrónicos señalados en el punto (v).

8) Que, en este orden de ideas, lo anterior se trata de comunicaciones entre particulares -no son funcionarios públicos-, respecto de lo cual, cabe señalar que éstas, tal como ocurre con las conversaciones telefónicas, cartas u otros medios de comunicación audiovisuales o radiofónicos, son interacciones entre personas individualmente consideradas, las que pueden abarcar una multiplicidad de situaciones humanas o de hecho, todo lo cual constituye una extensión moderna de la vida privada, en cuanto manifiestan una forma de comunicación de carácter personalísimo, por lo tanto, deben ser protegidos por el derecho a la vida privada. En este sentido, lo solicitado dice relación con datos personales de una persona determinada, en los términos dispuestos por el literal f), del artículo 2° de la ley N° 19.628, razón por lo cual, conforme lo dispuesto en el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia, que impone a este Consejo, el deber de velar por el adecuado cumplimiento de la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, no puede entregarse la información en análisis, por resultar aplicable la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia, en relación con los artículos 19 N° 4 y 5°, de la Constitución Política de la República, que aseguran el respeto y protección a la vida privada de la persona, el primero, y la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada, el segundo.

9) Que, respecto al dictamen de la CGR invocado por el órgano reclamado, se debe aclarar que aquel se pronuncia sobre la reserva del informe final N° 900, de 2016, emitido por el mismo órgano contralor, sobre los contratos administrativos de bienes y de prestación de servicios suscritos por CODELCO. Luego, en el presente amparo, como se puede apreciar, no se está solicitando un informe de auditoría de la Contraloría, sino una minuta de investigación emitido por COCHILCO, en el ejercicio de sus funciones, razón por lo cual, lo pedido no constituye un supuesto regulado por el referido dictamen, de lo cual se sigue en consecuencia, que con la entrega de la minuta en cuestión, tampoco se evidencia una infracción al mencionado dictamen.

10) Que, por otra parte, a pesar que no fue alegado expresamente por el servicio reclamado, éste último al comentar el contenido del dictamen tratado en el considerando anterior, hace referencia a la causal de reserva del artículo 21 N° 4, de la Ley de Transparencia, el cual este Consejo, tampoco entiende que concurre en la especie, en la medida que, de los antecedentes que se han tenido a la vista en este caso concreto, no es posible advertir una afectación al interés nacional. En efecto, teniendo presente lo señalado en el considerando 6°, precedente, para que se verifique la procedencia de una causal de reserva, es menester determinar la afectación de alguno de los derechos subjetivos protegidos por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo cual en la especie no ocurre, en la medida que los fundamentos esgrimidos en este amparo no han sido dirigidos a acreditar una afectación a dicho bien jurídico.

11) Que, en otro orden de ideas, respecto a la alegación de la aplicación del inciso final del artículo 2° del decreto ley N° 1.349, de 1976, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 y del artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, efectuada por la reclamada, cabe señalar que este Consejo ha sostenido reiteradamente que para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley señalada, no sólo basta que ésta sea de rango legal y entendida por este hecho de quórum calificado, sino que, además debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que establece el artículo 8°, inciso 2°, de la Carta Fundamental. Pues bien, respecto de este último requisito, según se ha argumentado, se pretende proteger los derechos económicos y comerciales de la empresa en cuestión; sin embargo, en la especie, como quedó de manifiesto precedentemente, no se acreditó afectación en dichos términos, ni a ningún otro bien jurídico -con las excepciones antes consignadas-, razón por la cual, no puede tenerse por configurada la causal de reserva alegada en esta parte.

12) Que, a mayor abundamiento, se ha de tener presente que el solicitante actúa en representación de Zarey Consultores SpA, empresa que es parte interesada en el procedimiento administrativo cuyo resultado final pide conocer, siendo aplicable por lo tanto, lo dispuesto en el artículo 17 letra a), de la ley N° 19.880, que dispone que las personas, en sus relaciones con la Administración, tienen derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copia autorizada de los documentos que rolan en el expediente. En este contexto, la minuta emitida por COCHILCO, se originó precisamente, por una presentación de la empresa Zarey, para efectos de obtener un pronunciamiento del actuar de la cuprífera estatal, respecto de un contrato celebrado con ella. Refuerza lo anterior el hecho que en la misma minuta objeto de este amparo, en su página 10 se aprecia que en la investigación se le formuló una pregunta a don Eduardo Bustamante Sánchez, en su calidad de representante de la empresa Zarey, entidad que es individualizada en la misma minuta como "empresa denunciante". Cabe además señalar que en el documento en cuestión, se analizan también otras denuncias efectuadas por esta última empresa.

13) Que, en mérito de lo razonado en los considerandos precedentes, este Consejo acogerá parcialmente el presente amparo, ordenando la entrega de la minuta consultada y sus anexos, con excepción del gasto señalado en la página 8 del documento en comento y su anexo (v), que contiene copia de un correo electrónico. Lo anterior, en virtud del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia, teniendo presente además, que el reclamante en su amparo, accedió a recibir información en estos términos, de acuerdo a lo anotado en la letra g), del numeral 4°, de lo expositivo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Eduardo Bustamante Sánchez en contra de la Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO), por los fundamentos señalados precedentemente.

II. Requerir al Sr. Vicepresidente Ejecutivo de la Comisión Chilena del Cobre, que:

a) Entregue al reclamante, copia de la información anotada en el numeral 1°, de lo expositivo, con excepción de los antecedentes indicados en el punto III, de esta parte resolutiva.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Rechazar el amparo respecto de la información sobre gastos contenida en la página 8 de la minuta solicitada, como asimismo, del anexo (v), que contiene un correo electrónico, de conformidad a los fundamentos expuestos precedentemente.

IV. Representar a la Comisión Chilena del Cobre, la infracción al artículo 20 de la Ley de Transparencia, al no haber conferido traslado al tercero interesado. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reitere tal infracción.

V. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente notificar la presente decisión a don Eduardo Bustamante Sánchez, al Sr. Vicepresidente Ejecutivo de la Comisión Chilena del Cobre, y a la Corporación Nacional del Cobre de Chile -CODELCO-, en su calidad de tercero interesado en este amparo.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.