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Hugo Oviedo Pino con INTENDENCIA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA Rol: C307-20

Consejo para la Transparencia, 18/05/2020

Se acoge el amparo deducido en contra de la Intendencia de la Región de la Araucanía, ordenando la entrega del número de querellas interpuestas, en el período que indica, asociadas a los delitos o hechos ocurridos en dicha Región. Lo anterior, por tratarse de información que obra en poder del órgano, y haberse desestimado las causales de reserva alegadas, en el sentido de que se trataría de antecedentes necesarios para la defensa jurídica o judicial o que forman parte de una investigación penal, por contener datos personales o afectar la seguridad pública, toda vez que dicha causales no han sido acreditadas fehacientemente. A mayor abundamiento, el propio órgano mantiene publicada en su página web, notas de prensa con la información solicitada.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Ausente), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C307-20

Entidad pública: Intendencia de la Región de la Araucanía.

Requirente: Hugo Oviedo Pino.

Ingreso Consejo: 20.01.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de la Intendencia de la Región de la Araucanía, ordenando la entrega del número de querellas interpuestas, en el período que indica, asociadas a los delitos o hechos ocurridos en dicha Región.

Lo anterior, por tratarse de información que obra en poder del órgano, y haberse desestimado las causales de reserva alegadas, en el sentido de que se trataría de antecedentes necesarios para la defensa jurídica o judicial o que forman parte de una investigación penal, por contener datos personales o afectar la seguridad pública, toda vez que dicha causales no han sido acreditadas fehacientemente.

A mayor abundamiento, el propio órgano mantiene publicada en su página web, notas de prensa con la información solicitada.

En sesión ordinaria N° 1097 del Consejo Directivo, celebrada el 18 de mayo de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C307-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 23 de diciembre de 2019, don Hugo Oviedo Pino solicitó a la Intendencia de la Región de la Araucanía, lo siguiente: "Conocer el número de querellas presentadas por la Intendencia Regional de La Araucanía o el Ministerio del Interior, invocando la Ley Antiterrorista, desde el 11 de marzo de 2018 en la Región de La Araucanía", agregando en sus observaciones, que "Si es posible conocer el número de querellas y también asociadas a qué delitos o hechos ocurridos en la región de La Araucanía".

2) RESPUESTA: El 17 de enero de 2020, mediante Oficio N° 77, el órgano dio respuesta a la solicitud, denegando la entrega de la información consultada de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N°3 de la Ley de Transparencia, señalando que "la información solicitada dice relación con causas que tramita la Unidad Penal, dependiente de la División Jurídica del Ministerio del Interior, accionando por medio de mandato otorgado por Intendente Regional o por el superior jerárquico del mismo. Que conforme a ello y por la naturaleza de la información, aquella guarda relación con la seguridad, tranquilidad y orden público en la región, y por ende adquiere el carácter de secreta o reservada, es dable señalar, en virtud de las causas que se están tramitando son parte de un proceso en curso y que no habiendo acreditado usted la calidad de parte en este, no se accederá a entregar la información requerida", haciendo mención a lo dispuesto en el artículo 1 y 2 de la Ley N° 19.175, Decreto N° 7.912 de 1927, y artículo 3 de la Ley N° 20.502.

3) AMPARO: El 20 de enero de 2020, don Hugo Oviedo Pino dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo, y mediante Oficio N° E1399, de 31 de enero de 2020, confirió traslado al Sr. Intendente de la Región de la Araucanía, notificando el reclamo y solicitando que formule sus descargos u observaciones.

Mediante Oficio N° 197, de fecha 11 de febrero de 2020, el órgano evacuó sus descargos, y junto con reiterar lo señalado en su respuesta, denegó la entrega de la información en virtud de la causal de reserva del artículo 21 N°1, letra a), de la Ley de Transparencia, agregando que "Al efecto, al solicitarse los delitos asociados a las querellas, como sus hechos, ello obliga a entregar los antecedentes contenidos en las querellas, donde al describirse los hechos, se individualiza a las víctimas e imputados. Estos antecedentes de ser conocidos supone una filtración de información contenida en una carpeta investigativa que legalmente resulta ser secreta al tenor del artículo 182 del Código Procesal Penal, para terceros ajenos al procedimiento, como lo es el solicitante de marras. Más aún, la entrega de estos antecedentes pueden traducirse en que la investigación seguida adelante por el Ministerio Público pudiera verse fracasada, como asimismo revelada la identidad de víctima, imputados y testigos", denegando asimismo, según la causal del artículo 21 N°2 y N°3 de la Ley de Transparencia, en atención a que "la calificación jurídica de las querellas presentadas en la región es parte integrante de la estrategia jurídica de la Intendencia, la que debe ser defendida en sede jurisdiccional, como asimismo, va en directa relación con su obligación de mantenimiento del orden público. De forma tal, que al haberse requerido no sólo el número de querellas presentadas por la Intendencia, lo que era plausible, al exigirse que ello digan relación con la invocación de una determinada Ley, como la Ley Antiterrorista conlleva entregar antecedentes que va en desmedro de la defensa judicial de los intereses de la Intendencia, lo mismo cuando se solicita asociarlas a otro tipo de delitos, esto es, nuevamente informar las calificaciones jurídicas invocada, y se hace aún más evidente cuando se solicitan los hechos en que se fundan".

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa por parte de la Intendencia de la Región de la Araucanía, a la solicitud del reclamante. En efecto, dicho requerimiento se refiere al número de querellas presentadas por la Intendencia Regional de La Araucanía o el Ministerio del Interior, invocando la Ley Antiterrorista, desde el 11 de marzo de 2018 en la Región de La Araucanía, asociadas a qué delitos o hechos ocurridos en la región de La Araucanía. Al respecto, el órgano denegó la entrega de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N°1, letra a), N°2 y N°3 de la Ley de Transparencia.

2) Que, en primer lugar, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales.

3) Que, en segundo lugar, el órgano denegó la entrega sobre el número de querellas interpuestas, señalando los hechos o delitos asociados, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N°1, letra a), y N°3 de la Ley de Transparencia. Al respecto, cabe tener presente que por tratarse de una norma de derecho estricto, que se contrapone al principio general de transparencia de los actos de la Administración, debe ser interpretado restrictivamente. En tal sentido, el mencionado artículo 21 N° 1, letra a), dispone que se podrá denegar el acceso a la información, cuando su entrega afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, especialmente "si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales". Por su parte, el Reglamento de la Ley de Transparencia, en su artículo 7, letra a), entiende por estos antecedentes "entre otros, aquéllos destinados a respaldar la posición del órgano ante una controversia de carácter jurídico". Del mismo modo, el artículo 21 N°3 dispone que se podrá denegar la información cuando su publicidad afecte la seguridad de la Nación, en relación con la mantención del orden público o la seguridad pública.

4) Que, de acuerdo a lo razonado por este Consejo en las decisiones de amparo rol C1864-17, C1865-17, C1925-17, C2352-18 y C161-20, entre otras, según la jurisprudencia de este Consejo, el hecho de existir uno o más juicios pendientes no transforma a toda la información o todos los documentos relacionados, o que tengan algún grado de vinculación con él, en secretos. Tampoco basta, para que se configure la concurrencia de la causal de reserva alegada, que el órgano sólo haga mención a la existencia de dicho procedimiento judicial. Para que ello ocurra, debe existir una relación directa entre la información solicitada, el litigio pendiente y la estrategia jurídica o judicial del órgano, lo que debe ser acreditado por el órgano reclamado. En ese contexto, la Intendencia, si bien hace alusión a normas legales relacionadas con las funciones de la institución, no señaló detallada y fundadamente, ni ha demostrado en grado alguno, la forma en que la entrega del número de querellas interpuestas, en relación con los delitos o hechos vinculados, pudiera afectar la estrategia jurídica o la defensa judicial del órgano, frente a la tramitación de las querellas interpuestas, teniendo en consideración que, en la especie, sólo se ha requerido la cantidad de querellas presentadas y los hechos, sucesos o delitos a los cuales se refieren -y no una relación detallada de cada suceso en particular con su correspondiente calificación jurídica o tipo penal, como parece haberlo entendido el órgano-.

5) Que, respecto de la causal invocada por el órgano para no entregar la información, este Consejo ha estimado que debe distinguirse entre aquellos documentos relativos a la estrategia jurídica del órgano reclamado (tales como minutas internas, informes técnicos, el expediente interno relativo al litigio, entre otros) y aquéllos que sólo constituyen medios de prueba anexos. La letra a) del numeral 1° del artículo 7° del Reglamento de la Ley se refiere precisamente al primer caso, esto es, a documentos que son parte de la estrategia de defensa, mas no a aquellos que se utilizarán meramente como medios de prueba accesorios por cualquiera de las partes en un litigio pendiente. En la especie, lo pedido no se refiere a ninguno de los antecedentes mencionados. En consecuencia, dicha alegación no podrá prosperar.

6) Que, en tercer lugar, cabe señalar que el artículo 182 del Código Procesal Penal consagra el secreto de las actuaciones de investigación realizadas por el Ministerio Público y por la policía para los terceros ajenos al procedimiento, disponiendo, por otra parte, que los intervinientes siempre tendrán acceso a las mismas, por lo que establece que éstos podrán examinar y obtener copias a su cargo, de los registros y los documentos de la investigación fiscal y podrán examinar los de la investigación policial. En la especie, lo requerido por el reclamante no tiene relación con las actuaciones de investigación realizadas por el Ministerio Público ni por las policías, por lo que la alegación del órgano, en dicho sentido, resulta improcedente. En el presente caso, no se ha requerido copia de ningún documento o antecedente, como parece haberlo entendido la Intendencia, por lo que no resulta plausible sostener que se podría afectar el éxito de las investigaciones que lleva adelante el órgano persecutor.

7) Que, en cuarto lugar, el órgano manifestó que la entrega de la información, afectaría el normal cumplimiento de las funciones de la Intendencia, entre ellas, su obligación de mantener el orden público. Así las cosas, según la jurisprudencia reiterada de este Consejo, no basta con invocar una causal de secreto o reserva para eximir al órgano reclamado del cumplimiento de su obligación de entregar la información requerida, sino que, además, debe indicar los hechos que la configuran y aportar los antecedentes específicos que acrediten la afectación a los bienes jurídicos respectivos, circunstancias que no se advierten en la especie. En efecto, el órgano no especificó ni detalló de qué manera la entrega de la cantidad de querellas interpuestas podría generar la afectación alegada, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N°3 de la Ley de Transparencia, limitándose a consignar situaciones genéricas, hipotéticas y subjetivas, sin detallar, de manera específica, la forma en que la publicidad de dicha información podría afectar las funciones del órgano, y como consecuencia, afectar la seguridad pública. En virtud de lo anterior, este Consejo desestimará dichas alegaciones.

8) Que, en quinto lugar, en relación con la causal de reserva del artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia, el órgano manifestó que al solicitarse los delitos asociados a las querellas, como sus hechos, ello obliga a entregar los antecedentes contenidos en las querellas, y que al describirse los hechos se individualiza a las víctimas e imputados, generando la afectación alegada. En dicho contexto, cabe tener presente que lo requerido se refiere al número de querellas presentadas, asociadas a los delitos o hechos ocurridos en la región de La Araucanía, en términos generales, y no a una narración detallada y circunstanciada de cada querella y los hechos que la fundan. En virtud de lo anterior, lo solicitado no se refiere a nombres o datos personales de víctimas, testigos o imputados, vinculados a cada querella. En consecuencia, igualmente se desestimará dicha alegación.

9) Que, finalmente, y a mayor abundamiento, el propio órgano publica en su portal web, noticias con la misma información solicitada. En efecto, en el enlace a la página web http://www.intendencialaaraucania.gov.cl/noticias/gobierno-se-querella-por-hechos-ocurridos-en-vilcun-y-lautaro-invocando-la-ley-antiterrorista/, se indica el número de querellas interpuestas y los delitos o hechos asociados a dichas querellas, señalando que "se presentaron dos querellas, una por incendio terrorista y la otra por incendio terrorista con porte ilegal de armas, las dos revisten el carácter de terrorista según lo que ha determinado el equipo jurídico del ministerio del interior". Del mismo modo, se publica información con igual contenido, en https://www.latercera.com/nacional/noticia/la-araucania-gobierno-se-querella-ley-antiterrorista/483326/, o en https://www.cnnchile.com/pais/la-araucania-gobierno-ha-presentado-132-querellas-por-violencia-rural-desde-el-2018_20190930/. Dado lo anterior, no resulta plausible sostener que la publicidad de la información contenida en las citadas notas de prensa, pueda afectar el éxito de las investigaciones penales, el debido cumplimiento de las funciones del órgano, los derechos de las personas o datos personales, y la seguridad pública.

10) Que, en virtud de lo expuesto, tratándose de información que obra en poder de la Intendencia de la Región de la Araucanía, y habiéndose desestimado la procedencia de las causales de reserva del artículo 21 N°1, letra a), N°2 y N°3 de la Ley de Transparencia, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, ordenando la entrega de la información solicitada.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Hugo Oviedo Pino, en contra de la Intendencia de la Región de la Araucanía, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Intendente de la Región de la Araucanía lo siguiente:

a) Entregar al reclamante el número de querellas presentadas por la Intendencia Regional de La Araucanía o el Ministerio del Interior, invocando la Ley Antiterrorista, desde el 11 de marzo de 2018 en la Región de La Araucanía, asociadas a delitos o hechos ocurridos en la región de La Araucanía.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Hugo Oviedo Pino y al Sr. Intendente de la Región de la Araucanía.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.