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Francisco Urruticoechea Ríos con SERVICIO DE SALUD BÍO-BÍO Rol: C181-10

Consejo para la Transparencia, 19/10/2010

Se deduce amparo en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región del Bío-Bío, por solicitud de información sobre expediente presentado por don Mario Ríos Santander que tiene por objeto el tratamiento y rehabilitación de personas con problemas de adicción a las drogas. El Consejo acoge amparo y ordena entrega parcial de información solicitada, ya que dan cuenta de la creación de un proyecto de empleabilidad para personas sujetas a un tratamiento de drogodependencia especialmente adecuado a las características del Fundo Campo Lindo, pues concilian el funcionamiento propio de un predio agrícola con labores de capacitación especialmente diseñadas para el adecuado tratamiento y superación ese tipo de patologías, debiendo entenderse especialmente protegidas por las disposiciones referidas a la propiedad intelectual, por su parte, los antecedentes restantes que comprende el citado proyecto dan cuenta de los elementos esenciales que debieron servir de base a la autoridad para autorizar el funcionamiento de un local de hospedaje al interior del predio en comento, a saber, la individualización del peticionario, el objeto del hospedaje y sus características físicas; sin que su conocimiento por parte de terceros comprometa la divulgación de las creaciones respecto de las cuales el tercero involucrado es titular.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente


Descriptores analíticos:

Tema Salud
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Raúl Urrutia Ávila (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Juan Pablo Olmedo Bustos (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C181-10

Entidad pública: Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región del Bío-Bío

Requirente: Francisco Urruticoechea Ríos

Ingreso Consejo: 25.03.2010

En sesión ordinaria N° 191 de su Consejo Directivo, celebrada el 19 de octubre de 2010, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C181-10.

VISTOS:

Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285, N° 19.880 y N° 20.405; lo previsto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285 y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 5 de marzo de 2010 don Francisco Urruticoechea Ríos solicitó a la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región del Bío-Bío (en adelante, indistintamente, la SEREMI) lo siguiente: “expediente presentado por don Mario Ríos Santander que tiene por objeto el tratamiento y rehabilitación de personas con problemas de adicción a las drogas”.

2) RESPUESTA: Mediante Oficio Ord. N° 245, de 9 de marzo de 2010, la SEREMI denegó el acceso a la información requerida, fundada en que el tercero involucrado ya habría ejercido la facultad que le asiste para oponerse a la entrega de los documentos solicitados. Al efecto, acompañó los siguientes documentos:

a) Oposición interpuesta por don Mario Ríos Santander, ante la citada SEREMI, el 28 de diciembre de 2009, en la que, en resumen, señaló:

i) Que toda instalación que considera acciones de salud se encuentra regulada por las disposiciones normativas que cualquier persona puede consultar, razón por la cual no se le puede considerar como poseedor de asuntos que competen a organismos públicos; y,

ii) Que la organización laboral, profesional y técnica para cumplir con lo dispuesto por el Estado, sus planes agrícolas, las técnicas e inversiones previstas para el futuro, entre otros, pertenece a su quehacer, atendido su carácter privado, correspondiendo a las instituciones públicas competentes asegurar el cumplimiento de las normas previstas para tales emprendimientos.

b) Resolución Exenta N° 125, de 13 de enero de 2010, a través de la cual la SEREMI deniega al Presidente de la Junta de Vecinos de Allipén-Las Trancas el acceso al proyecto de un centro de rehabilitación o reinserción social presentado por don Mario Ríos Santander, fundada en la oposición de dicho tercero y que su resolución se encontraba pendiente.

3) AMPARO: Con fecha 25 de marzo de 2010 don Francisco Urruticoechea Ríos reclamó ante este Consejo el amparo a su derecho de acceso a la información solicitada, fundado en los siguientes argumentos:

a) Hace presente que el tercero involucrado no expresó los motivos por los cuales la divulgación de la información afectaría sus derechos ni presentó prueba de ello.

b) Cuestiona que la denegación del órgano se fundamente en la oposición a una solicitud anterior a la que es objeto del presente amparo.

c) Precisa que lo solicitado es un expediente presentado por don Mario Ríos Santander, que tiene por objeto el tratamiento y rehabilitación de personas con problemas de adicción a las drogas.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INVOLUCRADO: El 7 de abril de 2009, mediante Oficio N° 604, el Director General del Consejo para la Transparencia confirió traslado del presente amparo a don Mario Ríos Santander, quien no formuló descargos u observaciones al mismo.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO RECLAMADO: Mediante Oficio N° 605, de 7 de abril de 2010, el Director General del Consejo para la Transparencia confirió traslado del presente amparo al Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región del Bío-Bío, quien evacuó el mismo mediante Oficio Ord. N° 1167, de 3 de mayo de 2010, formulando, en resumen, los siguientes descargos y observaciones:

a) Señala que el “Proyecto de Reinserción Socio-Laboral Fundo Campo Lindo” (hospedaje), presentado por don Mario Ríos Santander, fue autorizado mediante Resolución Exenta N° 1878, de 13 de junio del 2009.

Por su parte, el “Proyecto Comunidad Terapéutica Campo Lindo”, también presentado por don Mario Ríos Santander, se encontraría en proceso de tramitación y su entrega ya habría sido denegada a una persona distinta del solicitante, fundado en que se encontraba pendiente su autorización sanitaria y su titular se opuso a la entrega.

b) Sostiene que el reclamante confunde la fecha de su respuesta, debido a que la primera solicitud fue presentada por el Presidente de la Junta de Vecinos Allipén, de la cual el reclamante formaría parte.

6) GESTIÓN OFICIOSA: El 1° de octubre de 2009, a requerimiento del Consejo para la Transparencia, el Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región del Bío-Bío remitió a este Consejo copia del “Proyecto de inserción socio-laboral Fundo Campo Lindo”, a partir del cual se autorizó el funcionamiento de un local de hospedaje en dicho fundo. Asimismo, indicó que la solicitud de aprobación del “Proyecto Comunidad Terapéutica Campo Lindo” fue retirada por el interesado y, consecuentemente, dicho proyecto ha sido devuelto íntegramente al tercero involucrado.

Y CONSIDERANDO:

1) Que lo solicitado por el reclamante es un proyecto presentado por don Mario Ríos Santander que tendría por objeto el tratamiento y rehabilitación de personas con problemas de adicción a las drogas.

2) Que, por su parte, el órgano denegó el acceso a la información solicitada, fundado en la oposición formulada por el tercero involucrado ante una solicitud de información previa a la que motivó el presente amparo.

3) Que, en primer término, cabe consignar que dicho proceder, esto es, denegar una solicitud de información en base a una oposición del mismo tercero involucrado respecto de una petición anterior, constituye una infracción a lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley de Transparencia, lo que este Consejo representará a la SEREMI reclamada, toda vez que, conforme a dicho precepto, es deber de los órganos de la Administración del Estado comunicar al tercero involucrado, cada vez que se presente una solicitud de información cuya publicidad estime que pueda afectar sus derechos, la facultad que les asiste para oponerse a la entrega de los documentos que sean solicitados al organismo, dentro del plazo de dos días hábiles, correspondiendo al tercero involucrado de que se trate, en cada caso, determinar si consiente en la entrega de la información o estima afectados sus derechos.

4) Que, por su parte, respecto del fondo del asunto, el tercero involucrado ha solicitado a la SEREMI la autorización de dos proyectos asociados a la materia consultada. El primero, relativo a la creación de un centro de inserción socio-laboral, respecto del cual se resolvió autorizar el funcionamiento de un local de hospedaje, mediante Resolución N° 1878, de 23 de junio de 2009. El segundo proyecto se refería a la instalación de un centro terapéutico, cuya solicitud fue retirada por el propio tercero interesado el 28 de abril de 2010, dando lugar a la devolución del proyecto a éste el 29 de abril del mismo año.

5) Que, cabe concluir luego que el “Proyecto Comunidad Terapéutica Campo Lindo” no se encuentra en poder del órgano requerido, toda vez que éste ha sido devuelto al tercero involucrado, circunstancia acreditada por el órgano reclamado mediante el acta de devolución del proyecto, de 29 de abril de 2010. Por lo tanto, el presente amparo, en esta parte, deberá rechazarse, por haber acreditado el órgano que la información solicitada no obra en su poder.

6) Que, conforme a lo anterior, es menester determinar si la solicitud de información del reclamante comprende el acceso al “Proyecto de Inserción Socio-Laboral Fundo Campo Lindo”, pues sólo esta última información obra en poder de la SEREMI reclamada. Al efecto, es menester tener presente que el contenido de dicho proyecto es el siguiente:

a) Identifica al solicitante (persona jurídica) y su representante legal: nombre, RUT, domicilio y correo electrónico.

b) Expone la “justificación del proyecto”, conforme a la cual da cuenta de la conexión del proyecto con la Estrategia Nacional de Drogas y la conocida relevancia de la reinserción social de las personas drogodependientes.

c) Identifica las características de los beneficiarios del proyecto.

d) Informa, a modo de “marco conceptual”, que la empleabilidad es una prolongación del proceso terapéutico; expone las dimensiones socioculturales, políticas y económicas de la exclusión social asociada al problema; y releva la importancia de la ocupación y competencia laboral en las proyecciones de una persona. Al respecto, cita bibliografía afín a sus planteamientos.

e) Metodología, exponiendo someramente los tipos de intervención y los objetivos de cada una de ellas como también las metodologías asociadas.

f) Objetivos: Informa como objetivo general la capacitación y empleo al interior del Fundo Campo Lindo de personas que se encuentran en la etapa de finalización de un programa de tratamiento de drogodependencia.

g) Identifica 10 objetivos específicos.

h) Individualiza 11 indicadores para la medición del funcionamiento del Centro de Inserción y Capacitación.

i) Desarrollo laboral de programa: Presenta la forma en que se dividirá el trabajo al interior del predio, las actividades de capacitación a realizar, las labores que serán ejecutadas por los beneficiarios, sus actividades recreativas y aquellas orientadas al contacto familiar.

j) Actividades y especialidades consultadas: Informa las especialidades que serán impartidas en el programa de trabajo, los contenidos de cada una, las tareas implícitas en su desarrollo y las épocas o ciclos de trabajo asociados, expresando en cada caso las competencias que serán adquiridas.

k) Calendario de actividades: Expone las labores que serían desarrolladas mensualmente.

l) Acompaña un esquema de la zona de alojamientos del Fundo Campo Lindo.

7) Que, de la revisión del contenido del proyecto resulta manifiesto que éste tiene por objeto la capacitación y empleo al interior del Fundo Campo Lindo de personas que se encuentran en la etapa de finalización de un programa de tratamiento de drogodependencia, y que tiene por finalidad especialmente la rehabilitación y reinserción laboral de las mismas, razón por la cual la solicitud del reclamante también debe estimarse referida a este proyecto, comprendiéndolo.

8) Que, conforme al artículo 5° de la Ley de Transparencia, son públicos los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos y los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones contempladas en el artículo 21 del mismo cuerpo legal.

9) Que, sin perjuicio que la SEREMI invoca como fundamento de su denegación una oposición anterior del tercero involucrado –formulada, además, cuando aún no se había autorizado el proyecto– y que dicho Servicio tampoco invoca causal de reserva alguna, cabe hacer presente que entre los derechos cuya afectación da lugar a la aplicación de la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia se encuentra aquel consagrado en el artículo 19, número 25, de la Constitución Política de la República, relativo a la propiedad intelectual, conforme al cual se asegura el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales de cualquier especie.

10) Que, sobre el particular, la Ley N° 17.336, sobre propiedad intelectual, señala en su artículo 1° que la presente ley protege los derechos que, por el sólo hecho de la creación de la obra, adquieren los autores de obras de la inteligencia en los dominios literarios, artísticos y científicos, cualquiera que sea su forma de expresión, y los derechos conexos que ella determina. Por su parte, agrega su artículo 6° que “[s]ólo corresponde al titular del derecho de autor decidir sobre la divulgación parcial o total de la obra”.

11) Que, de acuerdo a las disposiciones constitucionales y legales precitadas, deberán estimarse reservados aquellos documentos o partes de documentos que supongan la divulgación de “creaciones de una obra de la inteligencia”, es decir, producciones dotadas de originalidad.

12) Que, revisada la información contenida en el proyecto presentado por don Mario Ríos Santander, a la luz del criterio antes expuesto, se concluye que especialmente la información descrita en las letras e), g), h), i), j) y k) del considerando 6) de esta decisión, dan cuenta de la creación de un proyecto de empleabilidad para personas sujetas a un tratamiento de drogodependencia especialmente adecuado a las características del Fundo Campo Lindo, pues concilian el funcionamiento propio de un predio agrícola con labores de capacitación especialmente diseñadas para el adecuado tratamiento y superación ese tipo de patologías, debiendo entenderse especialmente protegidas por las disposiciones antes mencionadas referidas a la propiedad intelectual.

13) Que, por su parte, los antecedentes restantes que comprende el citado proyecto dan cuenta de los elementos esenciales que debieron servir de base a la autoridad para autorizar el funcionamiento de un local de hospedaje al interior del predio en comento, a saber, la individualización del peticionario, el objeto del hospedaje y sus características físicas; sin que su conocimiento por parte de terceros comprometa la divulgación de las creaciones respecto de las cuales el tercero involucrado es titular.

14) Que, no obstante ello, aquellas secciones referidas en el considerando anterior y que se estiman públicas exponen datos personales del tercero involucrado, los cuales han sido incorporados al proyecto como antecedentes de contexto (domicilio particular, RUT, número telefónico y fax, correo electrónico), y para cuya comunicación, conforme al artículo 4° de la Ley N° 19.628, se requiere de la autorización de su titular, la que no ha concurrido en el presente caso. Por lo tanto, éstos deberán ser tachados, en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTS. 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo interpuesto por don Francisco Urruticoechea Ríos en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región del Bío-Bío, por los fundamentos señalados precedentemente.

II. Requerir al Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región del Bío-Bío a que:

a) Entregue al reclamante una copia del “Proyecto de Inserción Socio-Laboral Fundo Campo Lindo”, tachando la información descrita en el considerando 12), en relación con el considerando 6) de esta decisión, resguardando debidamente también los datos personales señalados en el considerando 14) precedente.

b) Cumpla el presente requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informe el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la dirección postal de este Consejo (Morandé N° 115, Piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a don Francisco Urruticoechea Ríos, a don Mario Ríos Santander y al Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región del Bío-Bío.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Juan Pablo Olmedo Bustos. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.