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Regula Ochsenbein Messmer con SUBSECRETARIA DEL INTERIOR Rol: C6566-19

Consejo para la Transparencia, 14/04/2020

Se acoge el amparo contra de la Subsecretaría del Interior, requiriendo la entrega de información respecto del acto administrativo 1977 del 1 de julio de 1999 donde se otorgó a persona que indica la calidad de refugiado político, referente a lo anterior se solicita informar si aquel sigue vigente, hasta qué fecha y cuándo fue prorrogado la última vez. Por aplicación del principio de divisibilidad, el órgano deberá tarjar, previamente, los datos personales de contexto que pudieren estar contenidos en la información requerida, tales como número de cédula de identidad, domicilios particulares, firma, entre otros. Lo anterior, debido a que no se logró acreditar que su divulgación afecte los derechos del tercero involucrado en el presente amparo, más si se considera que se trata de circunstancias políticas de hace alrededor de 21 años, y que no dicen relación con la situación actual en la que se encuentra el país de procedencia de la persona consultada. Este acuerdo se adoptó con el voto disidente del Consejero don Francisco Leturia Infante, para quien se configura respecto la información requerida, la causal de secreto o reserva de afectación de los derechos del tercero consultado en este amparo, puesto que se aplicaría el principio de la confidencialidad establecido en la ley que, actualmente, regula el procedimiento de solicitud y otorgamiento de la condición de refugiado.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Grupos de interés especial
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C6566-19

Entidad pública: Subsecretaría del Interior

Requirente: Regula Ochsenbein Messmer

Ingreso Consejo: 23.09.2019

RESUMEN

Se acoge el amparo contra de la Subsecretaría del Interior, requiriendo la entrega de información respecto del acto administrativo 1977 del 1 de julio de 1999 donde se otorgó a persona que indica la calidad de refugiado político, referente a lo anterior se solicita informar si aquel sigue vigente, hasta qué fecha y cuándo fue prorrogado la última vez.

Por aplicación del principio de divisibilidad, el órgano deberá tarjar, previamente, los datos personales de contexto que pudieren estar contenidos en la información requerida, tales como número de cédula de identidad, domicilios particulares, firma, entre otros.

Lo anterior, debido a que no se logró acreditar que su divulgación afecte los derechos del

tercero involucrado en el presente amparo, más si se considera que se trata de circunstancias políticas de hace alrededor de 21 años, y que no dicen relación con la situación actual en la que se encuentra el país de procedencia de la persona consultada.

Este acuerdo se adoptó con el voto disidente del Consejero don Francisco Leturia Infante, para quien se configura respecto la información requerida, la causal de secreto o reserva de afectación de los derechos del tercero consultado en este amparo, puesto que se aplicaría el principio de la confidencialidad establecido en la ley que, actualmente, regula el procedimiento de solicitud y otorgamiento de la condición de refugiado.

En sesión ordinaria N° 1088 del Consejo Directivo, celebrada el 14 de abril de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6566-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 18 de agosto de 2019, doña Regula Ochsenbein Messmer solicitó a la Subsecretaría del Interior la siguiente información: "En cumplimiento del Amparo Rol C4299-18 del 27 de marzo de 2019 la Subsecretaría del interior informó a la suscrita que mediante el acto administrativo 1977 del 1 de julio de 1999 se otorgó a persona que indica la calidad de refugiado político en Chile. En consideración a lo que indica, solicita se le informe si el acto administrativo mencionado sigue vigente, hasta qué fecha y cuándo fue prorrogado la última vez".

2) RESPUESTA: Por medio de Of. Ord. N°27.484, la Subsecretaría del Interior respondió a dicho requerimiento de información denegando esta, indicando, en síntesis, que la entrega de información vulneraria la obligación que tiene el servicio de otorgar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N°20.430, que establece disposiciones sobre protección de refugiados, especialmente en su artículo 7, el cual señala, la confidencialidad y protección de los datos personales de los solicitantes del refugio y refugiados.

3) AMPARO: El 23 de septiembre de 2019, doña Regula Ochsenbein Messmer dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que no recibió respuesta a su solicitud.

4) SISTEMA ANTICIPADO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (SARC): Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo y derivarlo a SARC, a fin de obtener por parte del órgano requerido la entrega de la información solicitada. Atendido que el órgano no cumplió con lo requerido dentro del plazo conferido, se tuvo por fracasado el SARC.

5) AUSENCIA DE DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario de la Subsecretaría del Interior , mediante Oficio N° E18664 de 27 de diciembre de 2019 solicitando que: (1°) atendido lo manifestado por la parte reclamante en su pronunciamiento, refiérase específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; y, (2°) explique cómo la entrega de la información solicitado afectaría los derechos de los terceros.

A la fecha del presente acuerdo, no consta que el órgano hubiere presentado descargos u observaciones al presente reclamo.

6) PRONUNCIAMIENTO DEL RECLAMANTE: En virtud de lo anterior, este Consejo, mediante oficio N° E16457, de 14 de noviembre de 2019, solicitó al reclamante (1°) aclare la infracción cometida por el órgano reclamado, toda vez que éste le informó que, debido al contenido de lo solicitado, los antecedentes sólo pueden ser entregados al titular de la información; y, (2°) señale si cuenta con mandato para acceder a la información solicitada, en caso afirmativo, remítalo a lo este Consejo.

Por medio de presentación de fecha 19 de noviembre de 2019 la reclamante, en síntesis, señala que esta corporación en la decisión Rol C4299-18 acogió el amparo, ordenando a la Subsecretaría del Interior de entregar la información, lo cual fue cumplida por el órgano con fecha 26 de marzo del año 2018. En este orden de ideas solicito al mismo organismo y en relación a la información entregada si el Decreto supremo N°1977 del 1 de julio 1999 sigue vigente, hasta qué fecha y cuándo fue prorrogado por última vez, a lo cual el órgano denegó la entrega de la información amparado en la Ley N° N°20.430, que establece disposiciones sobre protección de refugiados, especialmente en su artículo 7, el cual señala, la confidencialidad y protección de los datos personales de los solicitantes del refugio y refugiados. Razón de lo anterior presento el presente amparo.

Y CONSIDERANDO:

1) Que este amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud de información de la reclamante. En efecto, dicho requerimiento se refiere a si el Decreto supremo N°1977 del 1 de julio 1999 sigue vigente, hasta qué fecha y cuándo fue prorrogado por última vez de la persona que se indica.

2) Que en cuanto a la información pedida se debe tener presente que a la época de dictación del acto administrativo por el cual se consulta, el procedimiento para "conceder visación de residente con asilo político", se encontraba regulada en el decreto ley N° 1094, que establece normas sobre extranjeros en Chile - en adelante D.L. N° 1094-. En particular, en este caso, podían solicitar el reconocimiento de dicha calidad, "los extranjeros que se encuentren en el territorio nacional en calidad de turistas, residentes o residentes oficiales y que, por motivos políticos debidamente calificados que hayan surgido en su país de origen o en el de su residencia habitual, se vean impedidos de regresar a ellos". (Artículo 36) Por su parte, el artículo 66 del decreto N° 597, de 1984, del Ministerio del Interior, que aprueba nuevo Reglamento de Extranjería, establece que "El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo territorial, así como el rechazo de la solicitud, será declarado mediante Resolución firmada por el Subsecretario del Interior "Por orden del Presidente de la República"...".

3) Que lo pedido dice relación con la vigencia, fecha y prorrogación del acto administrativo antes individualizado por medio del cual se reconoció la condición de refugiado y se otorga permiso de permanencia a la persona indicada en el requerimiento. De esta forma, dicha información dice relación con un acto administrativo dictado por el órgano reclamado en cumplimiento de sus funciones. Por lo tanto, conforme a lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, se trata de información de carácter público, en términos generales, y en el caso de que concurra a su respecto alguna causal de secreto o reserva legal, éstas por ser de derecho estricto y una excepción, deben aplicarse en forma restrictiva, debiendo ser acreditada por aquel que la invoca.

4) Que el órgano reclamado denegó el acceso a la información solicitada por configurarse la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 7, de la Ley N° 20.430, que establece disposiciones sobre protección de refugiados. Que, al tratarse de información pública - antecedentes de un acto administrativo -al tercero le corresponde probar la concurrencia para el caso de la causal de excepción al principio general de publicidad invocada, no bastando la sola enunciación de los derechos que se verían vulnerados, si no también cómo éstos se verían afectados con la entrega de lo requerido. Para el caso, en primer orden de ideas el órgano solo hizo alusión a la normativa legal, sin entregar ningún otro antecedente que esta Corporación pudiera ponderar sobre la materia, y en segundo orden no se advierte el daño que generaría la revelación de lo pedido, más si se considera que se trata de circunstancias políticas de hace alrededor de 21 años, y que no dicen relación con la situación actual en la que se encuentra el país de procedencia de la persona consultada.

5) Que, en atención a lo razonado precedentemente, al tratarse de información - vigencia, fecha y prorrogación- del acto administrativo que concedió la condición de refugiado político y la visación de residencia de la persona que se indica, se descartará la concurrencia de la causal de excepción alegada, acogiendo el presente amparo, requiriendo la entrega de lo pedido. Con todo, el órgano deberá tarjar, previamente, los datos personales de contexto que pudieren estar contenidos en la información requerida, tales como número de cédula de identidad, domicilios particulares, firma, entre otros, según lo disponen los artículos 2°, letra f), 4° y 7°, de la ley N° 19.628, sobre protección a la vida privada. Lo anterior en cumplimiento de la atribución conferida a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia, y en aplicación del principio de divisibilidad, reconocido por el artículo 11, letra e), del mismo cuerpo legal.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por doña Regula Ochsenbein Messmer, en contra de la Subsecretaría del Interior, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Subsecretario de la Subsecretaría del Interior , lo siguiente;

a) Entregue al reclamante respecto al Decreto supremo N°1977 del 1 de julio 1999 de la persona que se indica si este sigue vigente, hasta qué fecha y cuándo fue prorrogado por última vez.

El órgano deberá tarjar, previamente, los datos personales de contexto que pudieren estar contenidos en la información requerida, tales como número de cédula de identidad, domicilios particulares, firma, entre otros, según lo disponen los artículos 2°, letra f), 4° y 7°, de la ley N° 19.628, sobre protección a la vida privada. Lo anterior en cumplimiento de la atribución conferida a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia, y en aplicación del principio de divisibilidad, reconocido por el artículo 11, letra e), del mismo cuerpo legal.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Regula Ochsenbein Messmer y al Sr. Subsecretario de la Subsecretaría del Interior.

VOTO DISIDENTE

La presente decisión es acordada con el voto en contra del Consejero don Francisco Leturia Infante, quien no comparte lo razonado en el presente acuerdo, estimando que el amparo debe ser rechazado, por cuanto, a su juicio, la divulgación de los antecedentes solicitados, afectaría los derechos del tercero a quien se refieren aquellos, en atención a que la normativa que actualmente rige el procedimiento de solicitud y otorgamiento de la condición de refugiado, es la que corresponde aplicar debido a ser una norma específica y posterior a aquella vigente al momento de que se dictó el acto administrativo cuya individualización se requiere, que además refleja un estándar más protector y garantista respecto de las personas a las que se brinda protección. Así, considera que resulta aplicable el principio de confidencialidad de dicho proceso, establecido en el artículo 7, de la ley N° 20.430.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.