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Víctor Manuel Barros Saavedra con DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS (DGA) Rol: C8070-19

Consejo para la Transparencia, 14/04/2020

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Dirección General de Aguas (DGA), ordenando informar los links del banner de Transparencia Activa, en donde se encuentren publicadas las resoluciones, oficios u otros actos administrativos que tengan por objeto, modificar, corregir, rectificar o interpretar, sea de forma particular o con alcance general, la resolución DGA N°324 de fecha 13 de julio de 1995, mediante la cual se constituyen derechos de aprovechamiento de aguas sobre el embalse Digua de la Región del Maule, que se hubieren dictado desde abril de 2009 hasta la fecha de la solicitud de información. Lo anterior, puesto que se trata de antecedentes que deben encontrarse a disposición del público como obligación de transparencia activa, por tal motivo, se descarta la concurrencia de la causal de reserva alegada en este aspecto sobre dicho período. Por otra parte, se rechaza el amparo respecto de la información solicitada, en lo relativo a las resoluciones, oficios u otros actos administrativos -objeto de la solicitud-, dictados con anterioridad al mes de abril del año 2009, por configurarse la causal de secreto de distracción indebida invocada por el órgano reclamado. Se representa al órgano el hecho de no poseer un mecanismo de gestión documental en el cual se contenga la información solicitada de manera sistematizada, recomendándose adoptar las medidas tendientes a ajustar sus sistemas informáticos para los efectos de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. El Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Inhabilitación)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C8070-19

Entidad pública: Dirección General de Aguas (DGA)

Requirente: Víctor Manuel Barros Saavedra

Ingreso Consejo: 06.12.2019

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Dirección General de Aguas (DGA), ordenando informar los links del banner de Transparencia Activa, en donde se encuentren publicadas las resoluciones, oficios u otros actos administrativos que tengan por objeto, modificar, corregir, rectificar o interpretar, sea de forma particular o con alcance general, la resolución DGA N°324 de fecha 13 de julio de 1995, mediante la cual se constituyen derechos de aprovechamiento de aguas sobre el embalse Digua de la Región del Maule, que se hubieren dictado desde abril de 2009 hasta la fecha de la solicitud de información.

Lo anterior, puesto que se trata de antecedentes que deben encontrarse a disposición del público como obligación de transparencia activa, por tal motivo, se descarta la concurrencia de la causal de reserva alegada en este aspecto sobre dicho período.

Por otra parte, se rechaza el amparo respecto de la información solicitada, en lo relativo a las resoluciones, oficios u otros actos administrativos -objeto de la solicitud-, dictados con anterioridad al mes de abril del año 2009, por configurarse la causal de secreto de distracción indebida invocada por el órgano reclamado.

Se representa al órgano el hecho de no poseer un mecanismo de gestión documental en el cual se contenga la información solicitada de manera sistematizada, recomendándose adoptar las medidas tendientes a ajustar sus sistemas informáticos para los efectos de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

El Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.

En sesión ordinaria N° 1088 del Consejo Directivo, celebrada el 14 de abril de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C8070-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 12 de noviembre de 2019, don Víctor Manuel Barros Saavedra solicitó a la Dirección General de Aguas (DGA) la siguiente información: "Solicito copia de todas las resoluciones, oficios u otros actos administrativos que tengan por objeto, modificar, corregir, rectificar o interpretar, sea de forma particular o con alcance general, la resolución DGA N°324 de fecha 13 de julio de 1995 mediante la cual se constituyen derechos de aprovechamiento de aguas sobre el embalse Digua de la Región del Maule".

2) RESPUESTA: El 5 de diciembre de 2019, la Dirección General de Aguas (DGA) respondió a dicho requerimiento de información indicando en síntesis, que el sistema de seguimiento de documentos del Servicio Regional no permite vincular todos los actos administrativos que modifiquen, corrijan y/o rectifiquen alguna resolución en particular, por lo que para poder dar respuesta satisfactoria a la solicitud, se requeriría de la revisión manual e individual, de todas las resoluciones exentas que ha emitido la Dirección Regional desde el año 1994 a la fecha, siendo dicha tarea inabordable con las capacidades instaladas que posee el órgano.

3) AMPARO: El 6 de diciembre de 2019, don Víctor Manuel Barros Saavedra dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que el órgano denegó la entrega de la información. debido a que se configuraba la causal del articulo 21 N°1 letra c) de la Ley de Transparencia.

4) SOLICITUD DE SUBSANACIÓN: Mediante Oficio N° E18743, de fecha 27 de diciembre de 2019, este Consejo solicitó al reclamante que subsane su presentación ya que, luego de revisados los antecedentes adjuntos a su amparo se advirtió que no acompañó copia de la solicitud efectuada, ni de la respuesta proporcionada por el órgano reclamado. Mediante correos de 4 y 6 de enero de 2020 el reclamante dio cumplimiento a lo requerido y se tuvo por subsanado el presente amparo.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director General de Aguas, mediante Oficio N° E477, de 15 de enero de 2020, requiriéndole lo siguiente: (1°) señalar si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información; (2°) señalar si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) referirse a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; (4°) pronunciarse acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (5°) aclarar si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; (6°) referirse al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida; y, (7°) en el evento de pretender otorgar respuesta complementaria a la solicitud, remítasela directamente a la parte recurrente, con copia a este Consejo, a fin de evaluar la finalización del presente amparo, a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC).

Mediante ORD DGA N° 46, de fecha 24 de enero de 2020, el órgano reclamado presentó sus descargos u observaciones, reiterando lo expuesto en su respuesta y agregando, en síntesis, que la causal que funda la denegación corresponde al numeral 1° letra c) del artículo 21 de la Ley de Transparencia.

El Servicio considera que la información solicitada, si bien se encuentra dentro de la DGA, su recopilación requiere de análisis y tiempo para la revisión de cada acto administrativo asociado, como asimismo la digitalización de documentos en formato impreso, de modo que su obtención, altera el buen funcionamiento del órgano requerido, ya que si bien consta parcialmente en sus sistemas, los anteriores no permiten procesar con el detalle y requerimientos solicitados.

La DGA no dispone de sistemas computacionales de gestión documental que permitan realizar el filtro del universo de actos administrativos que emite el Servicio.

Finalmente agrega que lo requerido comprende un período de 25 años, que involucra resoluciones con toma de razón, resoluciones exentas y oficios emitidos por el nivel central y por la región, debiendo destinarse dos funcionarios (uno regional y uno central) con dedicación de media jornada a analizar dicho tema, por un mes de trabajo, considerando digitalización de los documentos que se encuentren impresos. A modo ejemplar, estiman una revisión de aproximadamente 45.000 documentos solo a nivel central.

6) GESTIÓN OFICIOSA: Con fecha 5 de marzo de 2020, por medio de correo electrónico esta Corporación requirió al órgano precisar lo siguiente: a) Indicar qué información está en soporte papel y cual se encuentra en soporte digital; b) Informar dónde está ubicada la información requerida; c) Detallar cuál es el sistema de gestión documental de información que manejan en forma pormenorizada, teniendo presente el artículo 122 del Código de Agua, que contempla la existencia de un Catastro Público de Aguas, y en particular, un Registro Público de Derechos de Aprovechamiento de Aguas.

Mediante correo electrónico, de fecha 9 de marzo de 2020, el órgano reclamado complementó sus descargos u observaciones, reiterando lo expuesto en su respuesta y agregando, en síntesis, lo siguiente:

El derecho de aprovechamiento de aguas se otorga mediante acto administrativo (resolución) del Director General de Aguas o del Director Regional debidamente delegado a una persona natural o jurídica, dependiendo de la figura que legalmente lo solicite, de acuerdo a la normativa contemplada en el Código de Aguas.

Ahora bien, en el caso de la Resolución DGA N° 324, de 13 de julio de 1995 (objeto de la solicitud) y por tratarse de una obra hidráulica a la que aportan derechos de aguas de cientos de usuarios, se constituyó el derecho de aguas a favor de los usuarios identificados en la citada resolución, los que totalizan 452 usuarios.

La Dirección General de Aguas, de acuerdo al artículo 122 del Código de Aguas, efectivamente debe llevar un Catastro Público de Aguas. El Reglamento de dicho catastro se encuentra normado en el Decreto Supremo MOP N° 1.220, de 1997 y establece la existencia, entre otros, del denominado Registro Público de Derechos de Aprovechamiento de Aguas. Dicho Registro se encuentra conformado por todos aquellos derechos constituidos por la DGA, aquellos reconocidos por la Ley y las transferencias del derecho de aguas que han sido informadas oportunamente a la DGA por los particulares. Esta información se encuentra registrada en una base de datos del Servicio. Sin embargo, la inscripción en el registro es de carácter individual, debiendo concurrir el propietario del derecho a dicha inscripción ante las oficinas de esta Dirección General.

Por las razones expuestas precedentemente, para entregar la información asociada a solicitud, "se deberá realizar un cruce de información entre la base de datos dónde se pudieran encontrar registrados aquellos derechos de aprovechamiento de aguas informados en forma individual por las personas identificadas en la Resolución DGA N° 324, de 13 de julio de 1995 y una revisión exhaustiva de todas aquellas resoluciones u otros documentos identificados por el requirente en su solicitud de información, que han reconocido derechos de aguas en forma individual o perfeccionado los mismos sobre el embalse Digua, tanto a Nivel Central como Regional. La búsqueda deberá realizarse a contar del año 1995 a la fecha".

En este contexto, la DGA no dispone de un sistema de gestión documental que permita realizar búsquedas afinadas o en texto completo. Se dispone de un sistema básico de registro documental que permite registrar los documentos oficiales del Servicio y mantener un respaldo digital del citado documento. Este sistema dispone de información desde el año 2008 a la fecha. Dicho sistema no maneja taxonomía ni metadata que permita garantizar un resultado eficaz en los registros existentes. He aquí la dificultad para poder recopilar la información solicitada por el requirente.

En cuanto a la búsqueda documental, en los términos genéricos planteados por el requirente, se deberá realizar en soporte digital como en papel en la documentación generada por DGA, tanto en el Nivel Central como en la Dirección Regional.

En el caso del Nivel Central la búsqueda se debe realizar íntegramente en documentos disponibles en soporte digital (alrededor 40.000 resoluciones y oficios emanados por el Director General de Aguas).

A Nivel Regional la búsqueda deberá realizarse en dos modalidades:

Soporte digital sobre alrededor de 27.600 documentos (oficios y resoluciones) desde el año 2008 a la fecha (disponibles en el sistema de registro documental), y

Revisión de los libros empastados almacenados por Oficina de Partes de la Dirección Regional. No existe una estimación exacta de cuantos documentos en soporte papel deberán revisarse en el periodo comprendido entre los años 1995 y 2007. Sin embargo, tomando como base el promedio de los documentos generados por la Dirección regional en el periodo 2008 y 2019 (2.300), se estima que deberá revisarse en soporte papel alrededor de 30.000 documentos.

Por lo tanto, un análisis preliminar de las actividades de búsqueda para dar respuesta a esta solicitud, involucrarán a lo menos las siguientes:

a. Revisión exhaustiva de documentos digitalizados en el Nivel Central y Regional.

b. Búsqueda de aquellos documentos no digitalizados en bodegas de almacenamiento (Nivel regional).

c. Traslado de los documentos a un área de trabajo acorde a la búsqueda (Nivel regional).

d. Revisión individual de cada resolución lo que implica la lectura del documento identificando aquellos que contengan eventualmente la información de un derecho de aprovechamiento de aguas cuyo origen es el embalse Digua (Nivel Central y Regional).

e. Escaneo del documento (Nivel Regional).

f. Traslado y colocación de los documentos en su lugar de almacenamiento original. (Nivel Regional)

g. Preparación física de la información escaneada para su entrega al requirente (Nivel Central y Regional).

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el fundamento del presente amparo se circunscribe a la denegación de entrega de la información requerida por configurarse la causal de reserva prescritas en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia.

2) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales.

3) Que, el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia dispone que se podrá denegar el acceso a la información, cuando su entrega afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, especialmente "tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales". Asimismo, el artículo 7 N° 1, letra c), del Reglamento de dicha ley, establece que "se considera que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales".

4) Que, en virtud de lo expuesto, y según lo razonado por este Consejo en la decisión del amparo Rol C1336-16, cabe determinar si, en la especie, concurren los hechos constitutivos de la referida causal, teniendo en consideración que su atención podría implicar, para tales funcionarios, la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, al cumplimiento de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a esa persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás personas. En este sentido, acorde con lo dispuesto en el artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, dichos órganos se encuentran sujetos al deber de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, debiendo observar, entre otros, los principios de eficiencia y eficacia.

5) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo, este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que se estima concurren en la especie, y por tanto darían lugar a esfuerzos desproporcionados como los mencionados.

6) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, a juicio de este Consejo, éste ha sido precisamente el estándar demostrado por el órgano reclamado, según se expone a continuación.

7) Que, en la especie, cabe tener presente lo señalado por la DGA, con ocasión de sus descargos y en particular, lo precisado con ocasión de la respuesta a la gestión oficiosa anotada en la parte expositiva del presente acuerdo, en cuanto a que, la búsqueda, sistematización y recopilación de la información contenida en sus bases de datos, así como en los registros físicos (en soporte papel) requiere de análisis particular y excesiva destinación de tiempo para la revisión de cada acto administrativo asociado a la Resolución de constitución de derechos de aprovechamiento de aguas objeto de la solicitud en análisis. Asimismo, se requerirá la digitalización de documentos en formato impreso, de modo que su obtención, altera el buen funcionamiento del órgano requerido, ya que si bien consta parcialmente en sus sistemas, los anteriores no permiten procesar con el detalle y requerimientos solicitados. A su turno, se requiere la revisión de resoluciones con toma de razón, resoluciones exentas y oficios emitidos por el nivel central y por la región, debiendo destinarse al menos a dos funcionarios (uno regional y uno central) con dedicación de media jornada a analizar dicho tema, por un mes de trabajo, aproximadamente. También indica el órgano, que se trata de información de antigua data, teniendo en consideración que el propio solicitante requirió la información desde el año 1995 en adelante, lo que conlleva una búsqueda de documentación de más de 25 años. Cabe advertir, por su parte, que si bien la información obraría en poder del órgano reclamado, ésta se encuentra contenida en una base de datos (asociada a los Registros que debe mantener el Servicio conforme lo prescrito en el artículo 122 del Código de Aguas), y además, implica la búsqueda de todas aquellas resoluciones u otros documentos identificados por el requirente en su solicitud de información, que han reconocido derechos de aguas en forma individual o perfeccionado los mismos sobre el embalse Digua, que pueden encontrarse almacenados tanto a Nivel Central como Regional, por lo que, para obtener lo requerido, se requiere del cruce de información entre dicha base de datos y los registros en que se contengan los citados actos administrativos, en los términos expuestos detalladamente en la respuesta a la gestión oficiosa ya citada.

8) Que, en dicho contexto, este Consejo estima que la causal del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia concurre en la especie -a lo menos parcialmente según como se describió en el considerando anterior-, toda vez que el conjunto de actividades descritas en el considerando precedente es de una entidad tal que afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano, ya que la atención del requerimiento - en parte, según se expondrá más adelante- implicaría para los funcionarios del órgano la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, a la atención de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el Servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a favor de esta persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás. Acorde además con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de bases generales de la Administración del Estado, dicho órgano de la Administración del Estado está al servicio de la persona humana; su finalidad es promover el bien común atendiendo las necesidades públicas en forma continua y permanente y fomentando el desarrollo del país a través del ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución y la ley, y de la aprobación, ejecución y control de políticas, planes, programas y acciones de alcance nacional, regional y comunal. En virtud de lo expuesto precedentemente, se rechazará el amparo en lo que respecta a la información referida a las resoluciones, oficios u otros actos administrativos -objeto de la solicitud-dictados con anterioridad mes de abril del año 2009, por configurarse, respecto de esta parte de la solicitud, la causa de reserva alegada de distracción indebida de las funciones del órgano.

9) Que, sin perjuicio de lo anterior, se debe indicar que parte de la información reclamada que data desde el mes de abril de 2009, fecha de entrada en vigencia de la Ley de Transparencia, hasta la época de la solicitud formulada, debería estar a disposición del público en el sitio web del órgano reclamado, por cuanto constituye una obligación de transparencia activa del órgano reclamado, específicamente, en el ítem Actos y resoluciones con efectos sobre terceros, cuestión que no se cumple conforme a la revisión de la página web respectiva. En este sentido, se debe tener presente también, que a partir de la decisión de amparo Rol A321-09, que al encontrarse la información en un sitio web de acceso público debe entenderse cumplida la obligación de entrega con el hecho de indicar la fuente y el modo de acceder a ella, no siendo responsabilidad del órgano reclamado procesarla de la forma requerida. Por el contrario, dicha carga corresponde al reclamante, quien puede utilizarla de la forma que estime conveniente. Por tal motivo, se descartará la concurrencia de la causal de reserva alegada en este aspecto, y se acogerá el amparo en esta parte, ordenándose informar los links del banner de transparencia activa, donde se encuentren publicadas las resoluciones, oficios u otros actos administrativos que tengan por objeto, modificar, corregir, rectificar o interpretar, sea de forma particular o con alcance general, la resolución DGA N°324 de fecha 13 de julio de 1995 mediante la cual se constituyen derechos de aprovechamiento de aguas sobre el embalse Digua de la Región del Maule, y que se hubieren dictado desde abril de 2009 hasta la fecha de la solicitud de información, de conformidad al artículo 15 de la Ley de Transparencia.

10) Que, sobre el cumplimiento de lo anterior, se debe tener presente que el numeral 3.1., de la Instrucción General N° 10, de este Consejo, precisa el cumplimiento de dicha obligación en el siguiente sentido: "cuando la información solicitada esté permanentemente a disposición del público, se deberá comunicar al solicitante, con la mayor precisión posible, la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información. Por ejemplo, este procedimiento podrá utilizarse cuando lo solicitado se encuentre disponible en internet, caso en el cual se deberá señalar el link específico que la alberga o contiene, no entendiéndose cumplida la obligación con el hecho de indicar, de modo general, la página de inicio respectiva".

11) Que, finalmente, este Consejo hace presente que al existir una obligación legal por parte del órgano, -consagrada en el artículo 122° del Código de Aguas- de llevar un Catastro Público de Aguas, en el que constará toda la información que tenga relación con ellas y además, un Registro Público de Derechos de Aprovechamiento de Aguas, se representará al Sr. Director General de Aguas el hecho de no poseer un mecanismo de gestión documental en el cual se contenga la información solicitada de manera sistematizada, recomendándose adoptar las medidas tendientes a ajustar sus sistemas informáticos para los efectos de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, permitiendo de esa forma dar respuesta oportuna y expedita a las solicitudes de acceso que se le formulen y, en definitiva, garantizar adecuadamente dicho derecho en favor de los ciudadanos respecto de aquella información que obre en su poder, teniendo especialmente en cuenta las competencias y funciones encomendadas por la ley al órgano reclamado, en particular respecto de la información que debe mantener permanentemente a disposición de la comunidad.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo interpuesto por don Víctor Manuel Barros Saavedra en contra de la Dirección General de Aguas, conforme a los fundamentos señalados precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director General de Aguas.:

a) Entregar al solicitante, la información referente a los links del banner de Transparencia Activa, en donde se encuentren publicadas las resoluciones, oficios u otros actos administrativos que tengan por objeto, modificar, corregir, rectificar o interpretar, sea de forma particular o con alcance general, la resolución DGA N°324 de fecha 13 de julio de 1995 mediante la cual se constituyen derechos de aprovechamiento de aguas sobre el embalse Digua de la Región del Maule, y que se hubieren dictado desde abril de 2009 hasta la fecha de la solicitud de información.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 90 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Rechazar el amparo deducido respecto de la información requerida, sólo respecto de las resoluciones, oficios u otros actos administrativos -objeto de la solicitud-, dictados con anterioridad al mes de abril del año 2009, por configurarse la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, de conformidad a lo expuesto precedentemente.

IV. Representar al Sr. Director General de Aguas de la Dirección General de Aguas el hecho de no poseer un mecanismo de gestión documental en el cual se contenga la información solicitada de manera sistematizada, recomendándose adoptar las medidas tendientes a ajustar sus sistemas informáticos para los efectos de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, permitiendo de esa forma dar respuesta oportuna y expedita a las solicitudes de acceso que se le formulen y, en definitiva, garantizar adecuadamente dicho derecho en favor de los ciudadanos respecto de aquella información que obre en su poder, especialmente la referida a materias de su competencias en lo referido al registro público de aguas.

V. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Víctor Manuel Barros Saavedra; y, al Sr. Director General de Aguas.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante, solo concurre a efectos de formar quorum absteniéndose de participar en la decisión. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Se deja constancia que el Consejero don Francisco Leturia Infante, sin perjuicio de concurrir para formar quórum, en forma previa al conocimiento del presente caso, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el mismo, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido; solicitud y voluntad que esta Corporación acoge en su integridad.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.