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Daniela Fava Callejas con SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Rol: C6898-19

Consejo para la Transparencia, 14/04/2020

Se rechaza el amparo interpuesto en contra de la Subsecretaría de Salud Pública, referido a la entrega del estudio de riesgo en salud que investigó a personas que presentaron consultas en el contexto de la emergencia de agosto-septiembre de 2018 ocurrida en Puchuncaví, Quintero, y que habría sido realizado por el Ministerio de Salud. Lo anterior, debido a que no se disponen de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, en orden a que no obra en su poder la información requerida. Sin perjuicio de lo resuelto, en virtud del principio de facilitación se derivará la solicitud de acceso a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, para que se pronuncie en las materias que sean de su competencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento

Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C6898-19

Entidad pública: Subsecretaría de Salud Pública

Requirente: Daniela Fava Callejas

Ingreso Consejo: 07.10.2019

RESUMEN

Se rechaza el amparo interpuesto en contra de la Subsecretaría de Salud Pública, referido a la entrega del estudio de riesgo en salud que investigó a personas que presentaron consultas en el contexto de la emergencia de agosto-septiembre de 2018 ocurrida en Puchuncaví, Quintero, y que habría sido realizado por el Ministerio de Salud.

Lo anterior, debido a que no se disponen de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, en orden a que no obra en su poder la información requerida.

Sin perjuicio de lo resuelto, en virtud del principio de facilitación se derivará la solicitud de acceso a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, para que se pronuncie en las materias que sean de su competencia.

En sesión ordinaria N° 1088 del Consejo Directivo, celebrada el 14 de abril de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6898-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 30 de agosto de 2019, doña Daniela Fava Callejas solicitó a la Subsecretaría de Salud Pública la siguiente información: "Estudio de riesgo en salud que investigó a personas que habían presentado consultas en el contexto de la emergencia de agosto-septiembre 2018 en Puchuncaví Quintero. Realizado por el Ministerio de Salud".

2) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 7 de octubre de 2019, doña Daniela Fava Callejas dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que no recibió respuesta a su solicitud.

3) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Subsecretaria de Salud Pública, mediante Oficio E16385, de 12 de noviembre de 2019, solicitando que: (1°) indique las razones por las cuales la solicitud de información no habría sido atendida oportunamente; (2°) en caso de haber dado respuesta al requerimiento de información, acredite dicha circunstancia, acompañando copia de la respuesta y los antecedentes que acrediten la fecha y medio de despacho de ésta, de conformidad a lo establecido en el artículo 17, inciso 2°, de la Ley de Transparencia y en el numeral 4.4., de la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida;(4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que harían procedente la denegación de la información solicitada; y (5°) en caso de no existir inconvenientes para la entrega de la información pedida, se solicita la remisión de la misma a la recurrente con copia a este Consejo, a fin de evaluar el cierre del presente caso a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC).

Mediante Ord. A/102 N° 5473, de fecha 11 de diciembre de 2019, el órgano reclamado presentó descargos, en los que, en síntesis, señaló que a raíz del evento ambiental del año 2018 el Hospital de Quintero activó un plan de contingencia durante la emergencia, que involucró la atención de un total de 1.370 personas -entre agosto 2018 y noviembre 2018- de las cuales, el cien por ciento de los pacientes que acudieron a urgencia durante el evento ambiental fueron citados para evaluación de seguimiento y control por médico especialista pediatra o internista, a los 15 días post consulta en el servicio de urgencia. Indica que, sobre la consulta de seguimiento:

a) El 91% de las personas acudió a su control, realizándose examen clínico y en algunos casos, según indicación médica, exámenes adicionales para evaluar el estado de salud. b) En total se realizaron en el contexto del seguimiento 1.326 exámenes de sangre, 154 electrocardiogramas y 152 radiografías de tórax.

Informa que, de los pacientes que fueron a control, el cien por ciento completó su seguimiento inicial y fue dado de alta del episodio crítico o ingresado a un programa de salud (pacientes crónicos). De ellos, el 80% de las personas requirió una consulta de seguimiento, 14 por ciento dos consultas de seguimiento y ·el 6% requirió 3 o más consultas.

Adicionalmente, señala que el Ministerio de Salud decidió realizar una segunda etapa de seguimiento (tiempo estimado 4 meses) de los consultantes a través de un control médico anual -que se inició el 27 de agosto de 2019- con la citación de las 1.370 personas ya mencionados. Al 4 de noviembre se ha cumplido un 30% de los controles.

4) PRONUNCIAMIENTO DE LA RECLAMANTE: En virtud de lo anterior, este Consejo, mediante oficio E18011, de 16 de diciembre de 2019, solicitó a la reclamante manifestar su conformidad o disconformidad respecto de los antecedentes remitidos por el órgano, y en este último caso, detallar qué información de la solicitada no le habría sido entregada. A través de correo electrónico, de fecha 20 de diciembre de 2019, la reclamante hizo presente lo que sigue: "Mediante la presente, quisiera informar que la respuesta otorgada por la Subsecretaria de Salud es insuficiente, dado que mi solicitud refiere al Estudio (en cuanto un informe) que realiza salud en la población de Puchuncaví Quintero afectada por la emergencia (Agosto- Septiembre 2018), mientras que la respuesta proporcionada por la institución de salud está centrada en la técnica utilizada sin arrojar los resultados de esos exámenes e intervención como parte de un informe".

5) GESTIÓN OFICIOSA: Con fecha 10 de febrero de 2020, esta Corporación requirió al órgano comunicar lo siguiente: "si cuentan con un informe en el que se consolide o sistematice el resultado del trabajo realizado a raíz del evento ambiental del año 2018 en la zona de Puchuncaví Quintero, labores de las cuales da cuenta el Ord. A/102 N° 5473, de fecha 11 de diciembre de 2019, emitido por la Subsecretaría de Salud Pública, en respuesta a la solicitud de la mencionada reclamante, y en particular, si cuentan con un "estudio de riesgo en salud". Por medio de correo electrónico del 21 de febrero de 2020, el órgano reclamado dio respuesta a la solicitud, informando que: "realizadas las pesquisas necesarias y consultado el referente técnico que otorgó la respuesta, se señala que este Organismo no cuenta con información distinta a la ya entregada".

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el objeto del presente amparo dice relación con la entrega del estudio de riesgo en salud que se habría realizado para investigar a personas que presentaron consultas en el contexto de la emergencia ocurrida en el año 2018 en la zona de Puchuncaví, Quintero. El órgano, por su parte, informó sobre lo solicitado en sus descargos, señalando no tener información adicional que entregar.

2) Que, en este contexto, respecto de la inexistencia de la información, se debe tener presente que, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", por lo que, sólo será pública la información que efectivamente obre en poder de los órganos de la Administración, no pudiendo exigirse la entrega de aquella inexistente. A su vez, sobre este último aspecto, conforme se ha resuelto previamente por parte de esta Corporación en las decisiones de amparo Roles C4950-18, C4603-18 y C4846-18, entre otras, la inexistencia de la información solicitada constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder, debiendo acreditarla fehacientemente.

3) Que, en el presente caso, el órgano reclamado ha señalado expresamente no contar con el estudio solicitado, ello, como respuesta a la gestión oficiosa que este Consejo llevó a la práctica, y que fue descrita en el número 5 de la parte expositiva, la que se realizó con la finalidad específica de contar con antecedentes sobre la existencia del documento requerido. Lo anterior, evidencia que este Consejo no cuenta con otros antecedentes que logren desvirtuar lo señalado por el órgano, encontrándose entonces satisfecho el estándar requerido para la configuración de esta circunstancia, razón por la que se acogerá la alegación de inexistencia formulada, rechazándose el amparo.

4) Que, sin perjuicio de lo resuelto, y en atención a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 8 del DL N° 2763, de 1979, del Ministerio de Salud, que señala que: "El Subsecretario de Redes Asistenciales será el superior jerárquico de las secretarías regionales ministeriales, en las materias de su competencia, y de las divisiones, departamentos, secciones, oficinas, unidades y personal que corresponda", este Consejo, en virtud del principio de facilitación consagrado en el artículo 11 letra f) de la Ley de Transparencia, derivará a Subsecretaría mencionada, la solicitud de acceso a la información pública, para que dentro del plazo que establece el artículo 14 de la ley mencionada, se pronuncie expresamente sobre aquella, respecto de las materias propias de su competencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por doña Daniela Fava Callejas en contra de la Subsecretaría de Salud Pública, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, lo siguiente:

a) Derivar la solicitud de información de doña Daniela Fava Callejas a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, a fin de que se pronuncie sobre ella, respecto de las materias propias de su competencia.

b) Notificar la presente decisión a doña Daniela Fava Callejas y a la Sra. Subsecretaria de Salud Pública.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.