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Carlos Reyes Piérola con EJÉRCITO DE CHILE Rol: C2550-19

Consejo para la Transparencia, 14/04/2020

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra del Ejército de Chile, ordenando informar lo pagado en materia de protección de los ex comandantes en jefe de la institución, particularmente, el monto con el detalle de lo aportado y sus ítems. Además, deberá informar lo pagado por concepto de mayordomo de los ex comandantes; y los gastos de chofer institucional del ex Comandante don Augusto Pinochet Ugarte, en su calidad de tal. Lo anterior, al tratarse de información pública que dice relación con el uso de recursos fiscales, respecto de la cual no se acreditó suficientemente una afectación a la seguridad de la Nación ni a la persona de los ex comandantes. En efecto, el servicio indicó únicamente que develar cualquier información relacionada con el procedimiento, personal, medios y recursos, con que se otorga resguardo a los ex comandantes puede comprometer su seguridad y la del personal. Sin embargo, no se ha solicitado en la especie, los procedimientos, personal ni medios, sino únicamente lo pagado en materia de protección y sus ítems. A mayor abundamiento, de aceptarse la reserva de los datos consultados, se impediría ejercer un control social efectivo sobre el uso de recursos públicos por parte de un órgano de la Administración del Estado, dejando el manejo de los mismos, al margen del escrutinio de la ciudadanía. Por otra parte, se tiene por entregada, aunque en forma extemporánea, la información sobre gastos incurridos en conductores o choferes que prestaron servicios a los ex comandantes entre el año 2012 y 2018. Finalmente, se rechaza el amparo respecto de los gastos personales y aquella referente al período de mando del ex Comandante don Augusto Pinochet Ugarte, en atención a que no se disponen de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, en orden a que dicha información no obra en su poder.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C2550-19

Entidad pública: Ejército de Chile.

Requirente: Carlos Reyes Piérola.

Ingreso Consejo: 04-04-2019.

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra del Ejército de Chile, ordenando informar lo pagado en materia de protección de los ex comandantes en jefe de la institución, particularmente, el monto con el detalle de lo aportado y sus ítems.

Además, deberá informar lo pagado por concepto de mayordomo de los ex comandantes; y los gastos de chofer institucional del ex Comandante don Augusto Pinochet Ugarte, en su calidad de tal.

Lo anterior, al tratarse de información pública que dice relación con el uso de recursos fiscales, respecto de la cual no se acreditó suficientemente una afectación a la seguridad de la Nación ni a la persona de los ex comandantes.

En efecto, el servicio indicó únicamente que develar cualquier información relacionada con el procedimiento, personal, medios y recursos, con que se otorga resguardo a los ex comandantes puede comprometer su seguridad y la del personal. Sin embargo, no se ha solicitado en la especie, los procedimientos, personal ni medios, sino únicamente lo pagado en materia de protección y sus ítems.

A mayor abundamiento, de aceptarse la reserva de los datos consultados, se impediría ejercer un control social efectivo sobre el uso de recursos públicos por parte de un órgano de la Administración del Estado, dejando el manejo de los mismos, al margen del escrutinio de la ciudadanía.

Por otra parte, se tiene por entregada, aunque en forma extemporánea, la información sobre gastos incurridos en conductores o choferes que prestaron servicios a los ex comandantes entre el año 2012 y 2018.

Finalmente, se rechaza el amparo respecto de los gastos personales y aquella referente al período de mando del ex Comandante don Augusto Pinochet Ugarte, en atención a que no se disponen de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, en orden a que dicha información no obra en su poder.

En este sentido, el órgano precisó que no entrega recursos para gastos personales a los ex comandantes, acompañando respecto de lo segundo, el correspondiente certificado de búsqueda.

En sesión ordinaria N° 1088 del Consejo Directivo, celebrada el 14 de abril de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C2550-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 25 de febrero de 2019, don Carlos Reyes Piérola solicitó al Ejército de Chile, lo siguiente: "Requiero la información de cuánto se ha pagado en materia de protección a los ex comandantes en jefe de la institución. Requiero el monto con el detalle de lo aportado y qué items abarcaba (si es para pagar chofer, mayordomo o gastos personales). Requiero la información de -al menos- los últimos seis comandantes en jefe del Ejército".

2) PRÓRROGA Y RESPUESTA: Mediante carta N° 3914, de 25 de marzo de 2019, el órgano notificó al solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en diez días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia.

Luego, por medio de documento JEMGE DETLE (P) N° 6800/3784, de 4 de abril de 2019, el órgano en síntesis, denegó la entrega de la información solicitada por las causales de reserva de los numerales 2°, 3° y 5° de la Ley de Transparencia, en relación con los artículos 5° 20 y 38 de la N° 19.974 y artículo 436 N° 1, del Código de Justicia Militar.

Al efecto, sostuvo que la planificación de las medidas de protección, su especificación, detalle e implementación, los medios humanos y recursos que se estiman necesarios para el eficaz cumplimiento de dicho mandato, corresponde por su naturaleza a la Dirección de Inteligencia del Ejército.

Develar cualquier información relacionada con el procedimiento, personal, medios y recursos con que se otorga resguardo a los ex comandantes en jefe puede comprometer su seguridad y la del personal.

3) AMPARO: El 4 de abril de 2019, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile, mediante oficio N° E7488, de fecha 5 de junio de 2019, requiriendo que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; y, (2°) explique cómo la publicidad de lo solicitado afectaría derechos de terceros; y, la seguridad de la Nación.

Posteriormente, por medio de documento JEMGE DETLE (P) N° 6800/7195, de 25 de junio de 2019, el Ejército en síntesis, refirió lo siguiente:

a) El amparo es inadmisible por cuanto el recurrente se limita a transcribir textualmente la solicitud de información, sin referirse a cuál sería la infracción cometida y cómo la institución habría incurrido en ella, ni menos aún acompañar prueba alguna en apoyo a sus dichos.

b) Reiteró las causales de reserva alegadas en su oportunidad.

c) Sin perjuicio de lo anterior, indica que el reclamante, tanto en la solicitud como en el amparo, acota lo pedido en forma específica al "pago de chofer, mayordomo o gastos personales", en cuanto a medidas de protección otorgadas a los seis últimos ex Comandantes en Jefe.

Al respecto, el supuesto servicio de mayordomo, por su función, no corresponde a una labor de protección. En segundo término, no existen aportes ni tampoco ítems para gastos personales de esas ex autoridades militares.

En cuanto a los conductores, se trata de personal de planta de la institución, por lo que sus remuneraciones (gastos) corresponden a lo que mensualmente perciben de acuerdo a sus grados jerárquicos y corresponde al Subtítulo 21, "Gastos en Personal", de la glosa 02, de la Ley de Presupuestos, correspondiente al Ministerio de Defensa Nacional, Ejército de Chile.

En la página de transparencia activa de la institución, en el link "Presupuesto asignado y su ejecución", se puede, accediendo por ese intermedio al sitio de la Dirección de Presupuestos, consultarse incluso el histórico en Gastos de Personal desde 1999 a la fecha.

Se acompaña cuadro de las remuneraciones mensuales de los conductores que prestaron servicios a los cinco últimos ex Comandantes en Jefe.

En lo que dice relación con el período de mando del Comandante en Jefe don Augusto Pinochet Ugarte, no existe información en el Departamento de Asuntos Generales de la Comandancia en Jefe del Ejército, dependencia encargada de los registros y archivos de documentación de esa repartición. Se acompaña certificado de búsqueda.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, previo a resolver, cabe señalar que respecto de la alegación de inadmisibilidad efectuada por el órgano, ésta se debe desestimar, atendido que el reclamante dedujo su amparo en virtud de la respuesta negativa a su solicitud de información, acompañando copia de su requerimiento y de la respuesta del órgano, cumpliendo de esta manera con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Transparencia. Luego, si dicha negativa se ajustó a derecho o no, es algo que este Consejo resolverá en los considerandos siguientes.

2) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega de la información anotada en el numeral 1°, de lo expositivo, sobre gastos destinados a la protección de los ex comandantes en jefe del Ejército.

3) Que, en un primer orden de ideas, el órgano en sus descargos indicó que en virtud del tenor literal del requerimiento, éste se acotaría a los ítems descritos por el solicitante en el paréntesis, esto es, a "chofer, mayordomo o gastos personales. Al respecto, a juicio de este Consejo, el Ejército interpretó la solicitud en análisis en forma restringida, desatendiendo una de las máximas que plasman el derecho de acceso a información pública, como es el Principio de Máxima Divulgación, consagrado en el artículo 11 letra d), de la Ley de Transparencia, conforme al cual "los órganos de la Administración del Estado deben proporcionar información en los términos más amplios posibles". Desde este modo, no se puede perder de vista el enunciado principal consignado por el solicitante, referente a la obtención de datos sobre los gastos destinados a la protección de los ex comandantes, cuyos ítems, naturalmente, el requirente no tiene la obligación de conocer. Asimismo, si alguno de los ítems indicados por el solicitante -chofer, mayordomo o gastos personales-, no constituyen en estricto rigor un gasto destinado a protección, de igual modo se deben informar, siguiendo el mismo principio antes indicado. En todo caso, el órgano de igual manera alegó las causales de reserva de los N° 2°, 3° y 5°, de la Ley de Transparencia, en relación con los artículos 5°, 20 y 38 de la ley N° 19.974 y artículo 436 N° 1, del Código de Justicia Militar.

4) Que, de acuerdo al artículo 38 de la citada ley N° 19.974, serían reservados los antecedentes, informaciones y registros que elaboren u obren en poder de los organismos que conforman el Sistema Nacional de Inteligencia, calidad que tiene el Ejército de Chile, por ser parte integrante de dicho Sistema, o de su personal (por aplicación del artículo 5°, letra c), y su inciso final, de la Ley N° 19.974). El mismo carácter tendrían los otros antecedentes de que tome conocimiento su personal en el desempeño de sus funciones o con ocasión de éstas, pudiendo sólo el Jefe respectivo levantar la reserva de esta información. Sobre este punto se debe precisar que la funcionalidad de la regla de reserva establecida en dicha norma se encuentra determinada por la posibilidad de restar del conocimiento público aquella información referida a las actividades de inteligencia que realicen los órganos y servicios que integran el Sistema de Inteligencia del Estado. Por lo anterior, la reserva de información debe entenderse circunscrita a aquellos antecedentes que, según sus competencias, puede y debe controlar dicho Sistema de Inteligencia, es decir, información relativa a las actividades de inteligencia que éstos desarrollen, excluyéndose aquella información que resulte ajena a dichas actividades específicas.

5) Que este Consejo además ha estimado que esta interpretación del artículo 38 de la ley N° 19.974 es armónica con la exigencia de afectación prescrita en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución, en relación con los artículos 21 y 1° transitorio de la Ley de Transparencia. Al efecto la ley N° 19.974, dispone que las actividades de inteligencia tienen por objeto precisamente asesorar al Presidente de la República y a los diversos niveles superiores de conducción del Estado, con el objetivo de proteger la soberanía nacional y preservar el orden constitucional (artículo 1°) y, en particular, la inteligencia comprende los procedimientos limitados exclusivamente a actividades de inteligencia y contrainteligencia que tengan por objetivo resguardar la seguridad nacional y proteger a Chile y su pueblo de las amenazas del terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico (artículo 23, inciso 2°). Dichos fines se reconducen a la protección de la seguridad de la Nación, en los términos dispuestos por el artículo 8° de la Constitución y desarrollados por la Ley de Transparencia en su artículo 21 N° 3, al referirse a la defensa nacional, la mantención del orden público y la seguridad pública.

6) Que, teniendo presente lo anterior, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación -de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 21 de la Ley de Transparencia- debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se presume sino que debe ser acreditado por el órgano administrativo requerido. En la especie, el servicio no ha aportado antecedente alguno que permita estimar que la entrega de la información en análisis genere una afectación a los bienes jurídicos antes señalados. Tampoco ha allegado elementos de juicio en cuya virtud la entrega de lo pedido pueda afectar el bien jurídico -Seguridad de la Nación- cautelado por el artículo 21 N° 3, de la Ley Transparencia. En efecto, el servicio indicó únicamente que develar cualquier información relacionada con el procedimiento, personal, medios y recursos, con que se otorga resguardo a los ex comandantes puede comprometer su seguridad personal y la del personal. Sin embargo, cabe precisar que no se ha solicitado en la especie, procedimientos, personal ni medios, sino únicamente lo pagado en materia de protección y sus ítems. Por lo tanto, se debe desestimar la causal de reserva alegada en esta parte.

7) Que, a la luz de lo expuesto en el considerando anterior, se ha de descartar asimismo, la configuración de la causal de reserva del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia, en tanto no se ha explicado ni acreditado por el órgano cómo la entrega referida a gastos podría afectar la seguridad de los ex Comandantes.

8) Que, por otra parte, respecto de la causal de reserva del artículo 21 N° 5, en relación con el artículo 436 N° 1, del Código de Justicia Militar, este Consejo, a partir de la decisión del amparo rol C45-09, ha establecido que dicha disposición posee el carácter de ley de quórum calificado para efectos de establecer el secreto o reserva respecto de aquellos documentos que se relacionan directamente con la seguridad del Estado, la defensa nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas, algunos de los cuales menciona a título ejemplar. Ahora bien, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 y del artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, este Consejo ha concluido, que para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley señalada, no sólo basta que ésta sea de rango legal y entendida por este hecho de quórum calificado, sino que, además debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que además establece el artículo 8°, inciso 2°, de la Carta Fundamental. Por tanto, si bien el artículo 436 del Código de Justicia Militar, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia (y puede por tanto ser objeto de reconducción formal), es igualmente menester determinar si el contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente (es decir, si puede tener lugar a su respecto la reconducción material).

9) Que, la reconducción material señalada debe estar guiada por la exigencia de "afectación" de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política, esto es, debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, derechos de las personas, seguridad de la Nación o el interés nacional. Pues bien, con respecto a la afectación de éstos, como quedó de manifiesto en el considerando 6°, precedente -cuyo razonamiento se entiende reproducido nuevamente- el órgano no explicó ni acompañó antecedentes de ningún tipo, con miras a acreditar que la entrega de información sobre gastos pueda afectar la seguridad de la Nación. A mayor abundamiento, de aceptarse la reserva de los datos consultados, se impediría ejercer un control social efectivo sobre el uso de recursos públicos por parte de un órgano de la Administración del Estado, dejando el manejo de los mismos, al margen del escrutinio de la ciudadanía.

10) Que, sin perjuicio de lo anterior, el Ejército señaló no contar con la información solicitada, en relación al período de mando del ex comandante en jefe don Augusto Pinochet Ugarte, acompañando para estos efectos, un certificado de búsqueda que da cuenta de aquello. Al respecto, se debe seguir lo resuelto por este Consejo a partir de la decisión de amparo Rol C533-09, en donde se resolvió que la información cuya entrega puede ordenar, debe contenerse "en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos" o en un "formato o soporte" determinado, según dispone el inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Transparencia. Por tal motivo, y no existiendo antecedentes que permitan desvirtuar lo expuesto por la reclamada en esta sede -referido a la inexistencia material de la información consultada- no resulta procedente requerir al órgano que haga entrega de información que de acuerdo a lo señalado, no obraría en su poder. En razón de lo anteriormente expuesto, el amparo en esta parte será rechazado.

11) Que, en otro orden de ideas, en lo que atañe a los ítems especificados por el requirente en su solicitud de acceso anotado en el numeral 1°, de lo expositivo, se debe precisar que respecto de los aportes para gastos personales, el Ejército aclaró que no existen ítems para estos gastos -de esas ex autoridades militares-, motivo por el cual, se rechazará el amparo en esta parte, teniendo por reproducido al efecto el mismo razonamiento expuesto en el considerando 10° precedente.

12) Que, en lo concerniente a los gastos referentes a chofer, el órgano con ocasión de sus descargos acompañó información respecto de los conductores que prestaron servicios a los últimos cinco ex comandantes entre el año 2012 y 2018. Por este motivo, el amparo en esta parte será acogido, sin perjuicio de tener por entregada aunque en forma extemporánea la señalada información, la cual será remitida al requirente con ocasión de la notificación de la presente decisión. Con todo, no se especificó si existe información respecto de los conductores que prestaron servicios al Ex Comandante don Augusto Pinochet Ugarte. En efecto, el certificado de búsqueda referido en el considerando 10, sólo da cuenta de la inexistencia de información atingente al "periodo de mando" de la referida autoridad institucional, pero no certifica en ninguna parte la búsqueda de información en relación a las fechas posteriores en que ya había cesado en el mando. Por lo tanto, el amparo en esta parte será acogido, ordenando la entrega de esta última información, a menos que aquella no obre en poder del Ejército, situación que deberá ser explicada y acreditada en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de acuerdo al punto 2.3 de la instrucción general N° 10.

13) Que, finalmente, respecto a los gastos relativos a los servicios de mayordomo, cabe consignar que la orden ministerial GMDN N°1300/564, de 19 de noviembre de 2009, -vigente hasta el 2 de febrero de 2018-, estableció que, respecto de las personas que hubieren servido en los mismos cargos antes mencionados, tendrán derecho a disponer para sus servicios en forma permanente de un conductor de vehículos motorizados y de un mayordomo y/o asistente mozo, personal que deberá ser proporcionado por las respectivas instituciones. De ahí que, al no existir respecto de lo pedido en este punto, causal de reserva que impida su comunicación, es que se acogerá el amparo en esta parte, ordenando su entrega. Con todo, de no existir alguno de los antecedentes solicitados, el órgano deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada dicha situación en sede de cumplimiento, de acuerdo al punto 2.3 de la instrucción general N° 10.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Carlos Reyes Piérola en contra del Ejército de Chile, teniendo por entregada aunque en forma extemporánea, la información sobre conductores o choferes referidos en el considerando 12), por los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile, que:

a) Entregue al requirente la información referente a lo pagado en materia de protección de los ex comandantes en jefe de la institución: el monto con el detalle de lo aportado y qué ítems abarca. Lo anterior, de al menos los últimos seis ex comandantes en jefe del Ejército (con excepción de lo ya entregado y consignado en el punto "I" y de lo expuesto en el punto "III", de la presente parte resolutiva).

Además de lo anterior, deberá entregar la información sobre gastos y sus ítems, respecto de lo pagado por concepto de mayordomo (de al menos los últimos seis ex comandantes en jefe del Ejército), y los gastos de chofer institucional del ex comandante don Augusto Pinochet Ugarte, en su calidad de tal.

Con todo, en caso de no obrar en poder del órgano alguno de los antecedentes requeridos, dicha circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de acuerdo al punto 2.3 de la instrucción general N° 10.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Rechazar el amparo sobre los gastos personales y aquella referente al período de mando del ex Comandante don Augusto Pinochet Ugarte, por las razones expuestas precedentemente.

IV. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente notificar la presente decisión al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile y a don Carlos Reyes Piérola, remitiéndole a este último la información sobre los choferes acompañada por el órgano con ocasión de sus descargos.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante. El Consejero don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.