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Simón Muñoz Osorio con EJÉRCITO DE CHILE Rol: C19-19

Consejo para la Transparencia, 14/04/2020

Se acoge parcialmente el amparo en contra del Ejército de Chile, respecto del oficio y la orden institucional que se consulta. Se ordena la entrega del Oficio RLE N°2 AG S-2 (R) N° 2296/01, de fecha 22 de agosto de 2017, por tratarse de información que obra en poder del órgano reclamado, y por haberse desestimado sus alegaciones, relativas a la afectación al derecho de las personas y a la seguridad de la Nación, toda vez que no se acreditaron fehacientemente dichas causales de reserva, ni aportó antecedente alguno que permita evidenciar una afectación a las labores de inteligencia. Además, no obstante tratarse de un antecedente que forma parte de una investigación penal remitido por el Ejército al Ministerio Público, oficiado este último, no evacuó descargos por medio de los cuales se pueda apreciar un perjuicio a la investigación o al debido funcionamiento de la institución. Se rechaza respecto de la copia de la Orden (R) N°9 de la Compañía de Abastecimiento de Bienes de Uso y Consumo, de fecha 1 de mayo de 2018, en atención a que no se dispone de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, en orden a que dicha información no obra en su poder.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C19-19

Entidad pública: Ejército de Chile.

Requirente: Simón Muñoz Osorio

Ingreso Consejo: 02.01.2019

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo en contra del Ejército de Chile, respecto del oficio y la orden institucional que se consulta.

Se ordena la entrega del Oficio RLE N°2 AG S-2 (R) N° 2296/01, de fecha 22 de agosto de 2017, por tratarse de información que obra en poder del órgano reclamado, y por haberse desestimado sus alegaciones, relativas a la afectación al derecho de las personas y a la seguridad de la Nación, toda vez que no se acreditaron fehacientemente dichas causales de reserva, ni aportó antecedente alguno que permita evidenciar una afectación a las labores de inteligencia. Además, no obstante tratarse de un antecedente que forma parte de una investigación penal remitido por el Ejército al Ministerio Público, oficiado este último, no evacuó descargos por medio de los cuales se pueda apreciar un perjuicio a la investigación o al debido funcionamiento de la institución.

Se rechaza respecto de la copia de la Orden (R) N°9 de la Compañía de Abastecimiento de Bienes de Uso y Consumo, de fecha 1 de mayo de 2018, en atención a que no se dispone de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, en orden a que dicha información no obra en su poder.

En sesión ordinaria N° 1088 del Consejo Directivo, celebrada el 14 de abril de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información rol C19-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 23 de noviembre de 2018, don Simón Muñoz Osorio solicitó al Ejército de Chile, respecto de la funcionaria militar que indica, la siguiente información:

a) "Oficio RLE N°2 AG S-2 (R) N° 2296/01, de fecha 22 de agosto de 2017.

b) Orden (R) N°9 de la Compañía de Abastecimiento de Bienes de Uso y Consumo, de fecha 1 de mayo de 2018.

c) Parte Policial N° 1389 de la 6ta. Comisaría de Carabineros ‘Recoleta’, de fecha 26 de junio de 2017".

2) PRÓRROGA DEL PLAZO Y RESPUESTA: El 21 de diciembre de 2018, el órgano notificó al solicitante la prórroga del plazo de respuesta, de conformidad a lo dispuesto en el inciso 2°, del artículo 14 de la Ley de Transparencia.

Posteriormente, mediante Oficio JEMGE DETLE (P) N° 6800/11016, del 26 de diciembre de 2018, el Ejército de Chile respondió a dicho requerimiento de información, señalando en síntesis, respecto de lo pedido en la letra a), que "corresponde a una Investigación de Seguridad Militar respecto de un incidente que afectara a la CBO Carmen Barra Hernández, investigación que forma parte y es inherente a la labor de inteligencia y, por consecuencia, reviste el carácter de secreto conforme a lo dispuesto por los artículos 38 y 42 inciso 2° de la Ley N° 19.974, de 02 de octubre de 2004 (...)", haciendo mención a lo resuelto por la I. Corte de Apelaciones de Talca en reclamo de ilegalidad N° 891-2011, y a lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley de Inteligencia, artículo 8, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, que declara secreta aquella información cuya publicidad afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, la seguridad de la Nación, la defensa nacional y el interés nacional, y las causales de reserva contenidas en el artículo 21 N° 2, 3 y 5, de la Ley de Inteligencia, denegando la entrega de la información solicitada.

Acto seguido, con relación a lo requerido en el literal b), agregó que "se pudo constatar que revisada la documentación existente en poder del Regimiento Logístico N°2 ‘Arsenales de Guerra’, esta no es habida", adjuntando un certificado de búsqueda, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N°10 de este Consejo.

Finalmente, respecto de lo solicitado en la letra c), informó que "el parte solicitado no es competencia de esta Institución, motivo por el cual, y solo respecto a este numeral, esta ha sido derivada parcialmente a Carabineros de Chile en conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley N° 20.285".

3) AMPARO: El 2 de enero de 2019, don Simón Muñoz Osorio dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información. Asimismo, en relación con lo informado sobre lo pedido en la letra a) que se trataría de una investigación de seguridad militar inherente a labores de inteligencia, agregó que "es completamente falso, ya que solo se trata de un oficio ordinario en que, para EFECTOS DISCIPLINARIOS se acompañó el parte policial respectivo y se dio cuenta al Capitán Guillermo González Muñoz (...) superior directo de la Cabo Carmen Barra Hernández, de un incidente protagonizado por esta última en la vía pública (...) aquél oficio fue tenido a la vista en la Orden (R) N°1 de la Compañía de Abastecimiento de Bienes de Uso y Consumo, de fecha 27 de abril de 2018, acto administrativo por medio del cual la Cabo Barra fue sancionada disciplinariamente por el Capitán González, castigo que luego de ser impugnado por la afectada, fue reducido a una ‘OBSERVACIÓN’ decretada a través de la Orden (R) N°9 de la Compañía de Abastecimiento de Bienes de Uso y Consumo, de fecha 16 de mayo de 2018 (documento este último también solicitado por mi persona y también denegado injustificadamente por el Ejército), la cual fue emitida por el propio Capitán González, quien posteriormente también emitiere el ‘Certificado de Búsqueda’ de ella, señalando que supuestamente ‘no habría sido habida’", agregando que las Órdenes sancionatorias tienen un número de registro correlativo, no pueden ser incineradas ni destruidas, y deben ser almacenadas durante 10 años, acompañando copia de las Órdenes N°1 y N°9 mencionadas.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación, admitió a tramitación el presente amparo y, mediante Oficio N° E2114, de fecha 21 de febrero de 2019, confirió traslado al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile, notificándole el reclamo y solicitándole que formulara sus descargos y observaciones, particularmente, respecto de: (1°) refiérase a las alegaciones señaladas por el requirente en su amparo, en particular a los cuestionamientos que realiza sobre la información denegada y que no fue habida; (2°) señale si la información reclamada en los numerales 2 y 3, obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; y, (3°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada.

Mediante oficio JEMGE DETLE (R) N° 1000/6387/CPLT, de 8 de marzo de 2019, el órgano evacuó sus descargos, y junto con reiterar lo señalado en su respuesta, agregó en síntesis, que "ni el Ejército o alguno de sus integrantes ha cometido infracción legal alguna en la respuesta entregada al Sr. Muñoz Osorio, así como tampoco ha incurrido en una denegación injustificada, ilegal o delictual".

Acto seguido, agrega que "En relación a la Orden Reservada, el recurrente en su presentación solicita la ‘Orden (R) N°9 de fecha 01.MAY.2018’ documento que buscado en los archivos correspondientes no fue habido, emitiéndose el correspondiente certificado de búsqueda, posteriormente el Sr. Muñoz Osorio acompaña copia de la ‘Orden (R) N°9 de fecha 16.MAY.2018’ vale decir, existe un manifiesto error de fecha en la solicitud, el Ejército no puede hacerse cargo de los errores, omisiones e inexactitudes del recurrente, producto ello de su propia negligencia, no siendo factible imputar a algún integrante del Ejército falsedad, ilegalidad o conducta delictual, tal como lo manifiesta en su amparo".

Asimismo, el órgano informa que "Respecto del Oficio RLE N°2 AG S-2 (R) N° 2269/01, el recurrente expresa que se trata de un oficio ordinario, en efecto lo es, pero se trata de un oficio ordinario de inteligencia y ello marca la diferencia. En efecto, la Constitución Política de la República dispone el secreto de aquella información cuya publicidad afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, la seguridad de la nación y la defensa nacional", haciendo mención a lo dispuesto en el artículo 38 e inciso 2° del artículo 42 de la Ley de Inteligencia, y en el artículo 21 N°2, 3 y 5 de la Ley de Transparencia.

Finalmente, agrega que "resulta irrelevante el nivel de información que contenga la documentación de inteligencia, su reserva deriva de la esencia misma de dicha actividad, la cual se enmarca en la función propia de los diversos órganos del Estado, vale decir, un simple oficio, tal como lo denomina el recurrente, puede contener información con mayor o menor relevancia, sin embargo, siempre será de inteligencia, debiendo guardarse siempre su reserva, ello de manera disociada con el contenido y/o relevancia de la información contenida. Sin perjuicio de lo expuesto y para el caso en particular, considerando el origen policial del documento requerido, resulta indudable que contiene información de un hecho de carácter personal y no funcionario, el cual a su vez se encuentra protegido por la disposición del Art. 21 N°2 de la Ley 20.285".

5) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: Este Consejo, mediante Oficio N° 1192, de fecha 17 de junio de 2019, solicitó al Ejército de Chile, como medida para mejor resolver el presente amparo, remitir copia del Oficio RLE N°2 AG S-2 (R) N° 2296/01, del 22 de agosto de 2017.

Mediante oficio JEMGE DETLE (P) N° 6800/7227/CPLT, de fecha 26 de junio de 2019, el órgano dio respuesta a la medida para mejor resolver decretada por este Consejo, señalando que se dispusiera coordinar fecha y hora para que el Jefe del Departamento de Transparencia y Lobby del Ejército exhiba el documento solicitado.

6) EXHIBICIÓN DOCUMENTAL: Este Consejo, en virtud de la exhibición documental efectuada el 13 de febrero de 2020, tuvo a la vista el documento reclamado, requerido en la medida para mejor resolver consignada precedentemente.

7) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: En virtud del resultado de la exhibición documental precedente, este Consejo, mediante Oficio N° E2977, de fecha 4 de marzo de 2019, solicitó al Ministerio Público, como medida para mejor resolver el presente amparo, informar cómo la entrega de lo pedido podría afectar el debido cumplimiento de sus funciones o la eficacia de la investigación que lleva a cabo.

Posteriormente, mediante correos electrónicos de fechas 20 y 27 de marzo de 2020, este Consejo concedió al Ministerio Público un plazo adicional para remitir sus observaciones.

Sin perjuicio de lo anterior, hasta esta fecha, no existe constancia de que el referido órgano haya evacuado sus descargos en esta sede.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa por parte del Ejército de Chile, a la solicitud de información del reclamante. En efecto, dicho requerimiento se refiere a copia del oficio, orden y parte policial que indica. Al respecto, el órgano señaló que el oficio consultado forma parte de una Investigación de Seguridad Militar, denegando su entrega en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N°2, 3 y 5 de la Ley de Transparencia, indicó que la orden requerida no obra en su poder adjuntando certificado de búsqueda, y derivó la solicitud respecto del parte policial, a Carabineros de Chile, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 de la citada ley.

2) Que, del tenor de la solicitud, del contenido de la respuesta entregada por el órgano, y de lo señalado por el solicitante en su amparo, la presente decisión se circunscribe a lo requerido por don Simón Muñoz Osorio, en las letras a) y b) de la solicitud contenida en el número 1) de la parte expositiva.

3) Que, en primer lugar, cabe tener presente que el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.

4) Que, en segundo lugar, respecto de lo solicitado en la letra a), esto es, copia del Oficio RLE N°2 AG S-2 (R) N° 2296/01, de fecha 22 de agosto de 2017, el órgano señaló que dicho documento corresponde a una Investigación de Seguridad Militar y, por ello, reviste el carácter de secreto conforme a lo dispuesto en el artículo 38 y 42, inciso 2°, de la Ley N° 19.974 de Inteligencia, en relación con lo que establece el artículo 21 N°2, 3 y 5 de la Ley de Transparencia. Agregó, el Ejército que se trata de un oficio ordinario de inteligencia y que la Constitución Política de la República dispone el secreto de aquella información cuya publicidad afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, la seguridad de la nación y la defensa nacional, y que resulta irrelevante el nivel de información que contenga la documentación de inteligencia, por cuanto su reserva derivaría de la esencia misma de dicha actividad, que "siempre será de inteligencia, debiendo guardarse siempre su reserva (...)". Finalmente, indicó que dicho documento contiene información de un hecho de carácter personal y no funcionario.

5) Que, a modo de contexto, la ley N° 19.974, sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y que crea la Agencia Nacional de Inteligencia, se aplica "a toda la actividad de inteligencia que realicen los órganos y servicios que integren dicho Sistema" (artículo 1°). A su vez, el Sistema es definido como "el conjunto de organismos de inteligencia, independientes entre sí, funcionalmente coordinados, que dirigen y ejecutan actividades específicas de inteligencia y contrainteligencia, para asesorar al Presidente de la República y a los diversos niveles superiores de conducción del Estado, con el objetivo de proteger la soberanía nacional y preservar el orden constitucional (...)" (artículo 4°). Dicho sistema se encuentra integrado, entre otros organismos, por "las direcciones o jefaturas de inteligencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública" (artículo 5°, letra d). Además, "Las unidades, departamentos o cualquiera otra dependencia de las Fuerzas Armadas o de Orden y Seguridad Pública que realicen tareas de inteligencia se considerarán, para los efectos de la aplicación de esta ley, como partes integrantes de las respectivas direcciones o jefaturas de inteligencia señaladas precedentemente" (artículo 5°, inciso final). En materia de obtención de información, el artículo 23 inciso 2° dispone que tales procedimientos "estarán limitados exclusivamente a actividades de inteligencia y contrainteligencia que tengan por objetivo resguardar la seguridad nacional y proteger a Chile y su pueblo de las amenazas del terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico".

6) Que, en tal sentido, la reclamada denegó la entrega de la información aludida en aplicación de lo dispuesto en el artículo 38 de la ley N° 19.974, el cual establece que "se considerarán secretos y de circulación restringida, para todos los efectos legales, los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de los organismos que conforman el Sistema o de su personal, cualquiera que sea su cargo o la naturaleza de su vinculación jurídica con éstos. Asimismo, tendrán dicho carácter aquellos otros antecedentes de que el personal de tales organismos tome conocimiento en el desempeño de sus funciones o con ocasión de éstas". Agrega su inciso 2°, que "Los estudios e informes que elaboren los organismos de inteligencia sólo podrán eximirse de dicho carácter con la autorización del Director o Jefe respectivo, en las condiciones que éste indique", finalizando que "Los funcionarios de los organismos de inteligencia que hubieren tomado conocimiento de los antecedentes a que se refiere el inciso primero, estarán obligados a mantener el carácter secreto de su existencia y contenido aun después del término de sus funciones en los respectivos servicios". Asimismo, el inciso 2°, del artículo 42 de la citada ley, dispone que "La información que recopilen, elaboren, o intercambien los organismos que conforman el Sistema deberá utilizarse exclusivamente para el cumplimiento de sus respectivos cometidos".

7) Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 y del artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, esta Consejo ha concluido, que para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley señalada, no sólo basta que ésta sea de rango legal y entendida por este hecho de quórum calificado, sino que, además debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que además establece el artículo 8, inciso 2, de la Constitución Política de la República. De este modo, si bien el artículo 38 de la ley mencionada, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia (y puede por tanto ser objeto de reconducción formal), es igualmente menester determinar si el contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente, es decir, si puede tener lugar a su respecto la reconducción material; la que debe estar guiada por la exigencia de "afectación" de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política, esto es, debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, derechos de las personas, seguridad de la Nación o el interés nacional. Lo anterior, en atención a la claridad del vocablo "afectare" que ha sido utilizado en el inciso segundo del precepto constitucional, por cuanto la referida afectación implica necesariamente la existencia de un perjuicio o daño al bien jurídico de que se trate, para el caso de divulgarse la información.

8) Que, en efecto, no basta sólo con que la información "se relacione" con el bien jurídico protegido o que le resulte "atingente" para los efectos de mantener tal información en secreto o reserva, sino que se precisa la afectación. En tal sentido, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que aquella debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se presume sino que debe ser acreditado por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad.

9) Que, precisado lo anterior, cabe indicar que una interpretación de contexto del mencionado artículo 38 de la ley N° 19.974 permite establecer que la funcionalidad del secreto consagrado en dicha norma está determinada por la posibilidad de restar del conocimiento público aquella información referida a las "actividades de inteligencia" que realicen los órganos y servicios que integran el Sistema de Inteligencia del Estado. Por tanto, la referencia a "los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de (...)" que emplea el artículo 38 de la ley N° 19.974, en tanto hace alusión a la tenencia o control de la información de que se trata, debe entenderse restringida a aquellos antecedentes que, conforme a sus competencias, puede y debe controlar el Sistema de Inteligencia del Estado, esto es, a la información relativa a las actividades de inteligencia, y no a la información cuya materia o naturaleza resulte ajena a dichas actividades.

10) Que, en la especie, el Ejército de Chile no ha señalado de qué manera el conocimiento del Oficio RLE N°2 AG S-2 (R) N° 2296/01, pudiere revelar actividades propias del sistema de inteligencia o una afectación a las actividades de inteligencia o la seguridad de la nación, que son los bienes jurídicos protegidos por la Ley N° 19.974, y no ha aportado antecedente alguno que permita estimar que la entrega de la información reclamada genere una afectación a los bienes jurídicos antes señalados, ni al debido funcionamiento del órgano, ni a los derechos de las personas, ni a la seguridad de la Nación. En virtud de lo anterior, y habiendo tenido a la vista el documento reclamado, no es posible tener por configuradas las causales de reserva alegadas, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21, N°2, 3 y 5 de la Ley de Transparencia, por cuanto no se aprecia una afectación presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, teniendo en consideración que las causales de reserva deben interpretase y aplicarse en forma restrictiva. En consecuencia, se desestimarán dichas alegaciones.

11) Que, no obstante lo anterior, cabe tener presente que, habiendo tenido a la vista el documento reclamado, teniendo en consideración que dicho antecedente forma parte de una investigación penal en curso, y que fue enviado por el Ejército de Chile al Ministerio Público, este Consejo remitió oficio a este último, para efectos de pronunciarse, en el evento de que pudiera verse afectado el debido funcionamiento de la institución o el éxito de la investigación. Sin embargo, hasta esta fecha, dicho Ministerio no evacuó descargos u observaciones al respecto, no teniendo esta Corporación antecedentes que permitan sostener que la entrega del oficio solicitado pueda afectar a dicho organismo, debiéndose tener presente además, que el inciso 1°, del artículo 182 del Código Procesal Penal, se refiere a "actuaciones de investigaciones realizadas por el Ministerio Público", dentro de lo cual, de acuerdo a su tenor literal, no se encuentran incluidos los documentos emitidos con anterioridad por parte del Ejército. Por lo tanto, el amparo en esta parte será acogido, ordenando su entrega.

12) Que, en tercer lugar, con relación a lo requerido en la letra b), esto es, Orden (R) N°9 de la Compañía de Abastecimiento de Bienes de Uso y Consumo, de fecha 1 de mayo de 2018, el órgano señaló que, revisada la documentación existente en el Regimiento Logístico N°2 "Arsenales de Guerra", esta no fue encontrada, adjuntando un certificado de búsqueda de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N°10 de este Consejo. Asimismo, con ocasión de sus descargos, el Ejército indicó que el solicitante acompañó copia de la Orden (R) N°9 de fecha 16 de mayo de 2018, vale decir, existiría un manifiesto error de fecha en la solicitud, y que el Ejército no puede hacerse cargo de los errores, omisiones e inexactitudes del recurrente.

13) Que, en la especie, cabe tener presente lo indicado por el órgano, en el sentido de que, efectivamente, el documento requerido por el solicitante, según se consigna en su petición, y buscado por la institución, es de fecha 1 de mayo de 2018, el cual, según lo indicado por el Ejército, no pudo ser encontrado, mientras que el documento acompañado por el reclamante es de fecha 16 de mayo de 2018, distinta de la señalada originalmente. En dicho contexto, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, sólo será pública aquella información que efectivamente obre en poder de los órganos de la Administración, no pudiendo requerirse la entrega de aquella inexistente. En consecuencia, sin que se disponga de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, este Consejo procederá a rechazar el presente amparo, respecto de lo solicitado en esta parte, por no obrar en poder del Ejército la información pedida por el reclamante.

14) Que, sin perjuicio de lo anterior, nada obsta a que el reclamante ingrese una nueva solicitud de información, señalando detallada y correctamente el documento que requiere.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Simón Muñoz Osorio, en contra del Ejército de Chile, rechazándolo respecto de lo solicitado en la letra b), por su inexistencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile lo siguiente:

a) Entregar al requirente copia del Oficio RLE N°2 AG S-2 (R) N° 2296/01, de fecha 22 de agosto de 2017.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S), indistintamente, notificar la presente decisión a don Simón Muñoz Osorio, al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile y el Sr. Fiscal Nacional.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.