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José Miguel Wilson Castilla con MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO Rol: A325-09

Consejo para la Transparencia, 23/02/2010

Se deduce amparo contra el Ministerio Secretaría General de Gobierno (en adelante, SEGEGOB), fundado la negativa injustificada de entregar información respecto de diversos contratos celebrados entre dicho ministerio y la empresa Conecta Research S.A. (en adelante, La Empresa), particularmente: resultados, informes, gráficos y documentos resultantes de los estudios o trabajos contratados con La Empresa. La SEGEGOB señala que la entrega de la información puede perjudicar los derechos de terceros en los términos del art. 20 Nº 2 de la Ley de Transparencia. Por otra parte, La Empresa involucrada se opone a la divulgación de ésta por vulnerar sus derechos comerciales y económicos . El Consejo resuelve acoger al amparo, considerando que la divulgación de la información solicitada no afecta los derechos comerciales o económicos de la mencionada empresa, toda vez que no se advierte que se trate de información cuya reserva proporcione a ésta una evidente mejora, avance o ventaja co


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente


Descriptores analíticos:

Tema Otros, especificar
Materia Compras y Licitaciones
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Estudios o investigaciones.Documentos 


Consejeros:

  • Juan Pablo Olmedo Bustos (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • Raúl Urrutia Ávila (Unánime)
  • Roberto Guerrero Valenzuela (Unánime)

Texto completo:

INFORME AMPARO ROL A325-09

Entidad pública: Ministerio Secretaría General de Gobierno, SEGEGOB

Requirente: José Miguel Wilson Castilla

Ingreso Consejo: 16.09.2009

En sesión ordinaria N° 127 de su Consejo Directivo, celebrada el 23 de febrero de 2010, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol A325-09.

VISTOS:

Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12, 24 y 25 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; el D.F.L. N° 3/2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.039, de Propiedad Industrial; y, los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Don José Miguel Wilson Castilla solicitó al Ministerio Secretaría General de Gobierno (en adelante SEGEGOB), el 13 de agosto de 2009, a partir de los considerandos incluidos en la decisión del Consejo para la Transparencia sobre el amparo A32-09 y en virtud de la Ley de Transparencia, que declara sólo reservados las encuestas y sondeos de opinión, copia digitalizada vía correo electrónico de los resultados, informes, gráficos y documentos resultantes de los estudios o trabajos contratados con la empresa Conecta Research, hasta agosto de 2009. Señala que en caso de que alguno de estos estudios contenga una sección que sea considerara encuesta o sondeo de opinión, solicita detallar las características que justifican su no difusión y proporcionar el resto de la información resultante de esos estudios o trabajos, en consideración a los principios consagrados por la Ley de Transparencia que obliga a proporcionar información en los términos más amplios posibles, excluyendo sólo aquello que esté sujeto a excepciones constitucionales o legales.

2) RESPUESTA: La SEGEGOB, el 10 de septiembre de 2009, respondió dicho requerimiento mediante correo electrónico, en la cual señala que se deniega el acceso a dicha información, por lo siguiente:

a) Luego de analizar la solicitud se consideró que ésta podría afectar los derechos de terceros, por lo que, conforme al artículo 20 inciso 1° de la Ley de Transparencia, se notificó dicha solicitud mediante carta certificada a la empresa Conecta Research S.A.

b) En respuesta de dicha notificación, la empresa Conecta Research S.A. dedujo oposición a la entrega de la información requerida, señalando que dicha entrega vulneraría sus derechos comerciales.

c) Finalmente, señala que de acuerdo a lo anteriormente expuesto y conforme a lo que dispone el artículo 20 inciso 3° de la Ley de Transparencia, dicho servicio se encuentra imposibilitado de entregar la información objeto de la solicitud.

3) AMPARO: Don José Miguel Wilson Castilla dedujo amparo el 16 de septiembre de 2009 en contra de la SEGEGOB, fundamentado en que se le habría denegado la información y que al respecto hace presente lo siguiente:

a) Hasta la fecha el Ministerio ha firmado 3 contratos con la firma Conecta Research S.A., uno licitado en Chilecompra y dos por asignación directa. Sólo uno ha sido publicado en el portal de Gobierno Transparente de la SEGEGOB, en la sección “otras compras”. Desconoce el contenido del primer contrato licitado, que seguramente por un error involuntario no ha sido publicado en Chilecompra, añadiendo que tal vez sería pertinente que el Consejo evalúe si es necesario regularizar esta situación. No obstante, sí figuran, al menos, las bases de licitación, que dan pie a la fructífera y millonaria relación contractual entre dicho Ministerio y la firma.

b) Agrega que a partir de las bases es posible deducir algunos alcances del contrato. Así, en las bases de licitación -876-64-LP08, “Servicio de Seguimiento de Noticias en TV Prensa”-, se señala en el punto 4.4 que “los oferentes deberán considerar en su oferta económica todos los gastos, incluidos los de personal, materiales, servicios, equipos, permisos, derechos, impuestos y, en general, todo cuanto implique un gasto para el cumplimiento del contrato, sea éste directo, indirecto o a causa de él”. Así, concluye, que los derechos comerciales estaban considerados dentro de la oferta económica y, por ende, la eventual difusión de los documentos resultantes debiera estar compensada con los $160.656.238 de desembolso fiscal –patrimonio de todos los chilenos- que han costado los servicios, sin IVA, de la empresa en sus tres contratos.

c) El tercer y último contrato, que está publicado en el portal de Gobierno Transparente y fue aprobado por el Decreto Exento N° 509, de 25 de mayo de 2009, en su cláusula tercera señala que Conecta Research S.A. deberá guardar reserva y estricta confidencialidad respecto del contrato y sus servicios. No obstante, dicha obligación sólo involucra a la empresa y en ninguna parte del contrato se menciona la misma obligación para el Ministerio.

d) Asimismo señala que el artículo 1° de la Ley 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios prescribe que “Los contratos que celebre la Administración del Estado, a título oneroso, para el suministro de bienes muebles, y de los servicios que se requieran para el desarrollo de sus funciones, se ajustarán a las normas y principios del presente cuerpo legal y de su reglamentación. Supletoriamente, se les aplicarán las normas de Derecho Público y, en defecto de aquéllas, las normas del Derecho Privado”, por lo que la Ley bajo la cual se firmaron dichos contratos le otorga primacía al ordenamiento jurídico del derecho público por sobre el derecho privado, y su requerimiento se basa en la Ley de Transparencia y en derechos constitucionales que están comprendidos dentro del marco de derecho público. A diferencia de ello la relación contractual entre el Ministerio requerido y Conecta Research caben dentro del espectro del derecho privado.

e) Por último, agrega que en la decisión recaída en el amparo A32-09, la SEGEGOB citó con ahínco –para denegar el acceso a información del listado de sus estudios- la glosa presupuestaria 03, correspondiente al título 22 del presupuesto de la SEGEGOB, de las Leyes de Presupuesto de 2006, 2007, 2008 y 2009, la que en su letra c) señala que “Los resultados de estudios, encuestas y sondeos de opinión pública que se financien con estos recursos, de ser solicitados, deberán ser proporcionados a los medios de difusión, salvo que la autoridad ministerial los defina como parte de sus análisis político estratégico”. Por esto, el texto fija como principio general y obligatorio que los resultados, de ser solicitados, deberán ser proporcionados a los medios de difusión y establece como única exclusión que sean de carácter político estratégico. No obstante, la Ley de Transparencia dejó obsoleta dicha causal de reserva y la limitó exclusivamente a las encuestas y sondeos de opinión, según se concluyó en dicha decisión. Asimismo, señala, los trabajos de Conecta Research fueron financiados mediante el subtítulo 22 del presupuesto de la SEGEGOB, según el contrato publicado y según admitió dicha Secretaría en el amparo A32-09.

4) SUBSANACIÓN DEL AMPARO: En virtud de que el amparo presentado por el reclamante acompañó respuesta de la SEGEGOB, mas no constaba en ella la fecha de dicha respuesta ni tampoco la comunicación a terceros o su oposición, mediante Oficio N° 683, de 5 de octubre de 2009, se requirió a don José Miguel Wilson Castilla que, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 46 inciso 2° del Reglamento de la Ley de Transparencia, subsanase dichas omisiones, adjuntando copia de la respuesta a su requerimiento con constancia de su recepción y, en caso de contar con ello, los documentos que acrediten la comunicación al tercero de su derecho a oponerse a su requerimiento y su oposición, dentro de los 5 días hábiles siguientes de ser notificado. El 10 de octubre de 2009, mediante correo electrónico, el reclamante remitió el único antecedente que le fue proporcionado por la Unidad de Transparencia de la SEGEGOB, en el cual no figura fecha de respuesta, por lo que la única forma de dejar constancia de la recepción de dicha respuesta es el registro de envío de correo electrónico que incluye a su respuesta. Asimismo, señala que la SEGEGOB en su respuesta no adjuntó copia de los documentos que acrediten la comunicación con el tercero, Conecta Research S.A., en este caso, por lo que no puede acompañarlos.

5) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo, acordó admitir a tramitación este amparo trasladándolo, mediante Oficio N° 961, de 14 de diciembre de 2009, al Subsecretario General de Gobierno, en el cual se le solicitó que acompañara, en especial, copia de la debida comunicación del derecho de oponerse al tercero involucrado, como su respectiva oposición. Éste respondió mediante Ordinario N° 955, de 4 de enero de 2010, señalando principalmente que:

a) Menciona, en primer lugar, que se consideró que la entrega de la información requerida por don José Miguel Wilson Castilla podía afectar los derechos de terceros, en este caso de la empresa Conecta Research S.A., por lo que de acuerdo al artículo 20 de la Ley de Transparencia, se le notificó mediante carta certificada y dentro del plazo legal, a la referida empresa, adjuntando la solicitud y señalándole las opciones que le otorga la Ley, a lo que dicha empresa planteó su oposición en tiempo y forma.

b) Agrega que la empresa fundamenta la oposición en que la entrega de la información solicitada vulneraría sus derechos comerciales, toda vez que ésta dispone de una experticia y técnica única que ha sido creada y desarrollada y que contiene el resultado de extensos años de trabajo, estudio y perfeccionamiento, lo que permite otorgar un servicio de alta calidad a sus clientes, agregando que no existe en Chile empresa alguna que efectúe el tipo de análisis que realiza Conecta Research S.A.

c) Señala que, en virtud de lo anterior y de lo establecido en el inciso 3° del artículo 20 de la Ley de Transparencia, para dicha Secretaría de Estado es imposible proporcionar la documentación o antecedentes solicitados. En consecuencia con lo expuesto y dentro del plazo legal, se le respondió al requirente su solicitud de información, comunicándole que el Servicio se encontraba imposibilitado de entregar la información, mientras el tercero afectado no acceda a ella, ya que estaría vulnerando una prohibición expresa de la Ley así como también los derechos de carácter comercial de Conecta Research S.A. Adjunta copia de Ordinario N° 809 de dicha Subsecretaría donde se notifica a Conecta Research S.A. la solicitud de información pública para los efectos del artículo 20 y respuesta a dicho Ordinario de Conecta Research S.A.

d) Complementa lo señalado mencionando que en su reclamo, el requirente señala que “los derechos comerciales de la empresa estaban considerados dentro de la oferta económica y por ende la eventual difusión de sus documentos”, a lo que cabe señalar que don José Miguel Wilson Castilla realiza una interpretación equivocada de las bases de licitación, debido a que los productos que se encuentran considerados en la oferta económica, pueden ser utilizados por el servicio para el cumplimiento de sus fines propios, pero en ningún caso implica una cesión por parte de la empresa de sus derechos de propiedad intelectual e industrial, por lo que no puede entenderse autorizada la eventual difusión de los estudios y trabajos que Conecta Research S.A. desarrolla, ya que, de ser así, el Servicio requerido estaría vulnerando los derechos anteriormente mencionados, los cuales se encuentran amparados en la Constitución Política, la que consagra, en su artículo 19 N° 25 que “La Constitución Política de la República asegura a todas las personas el derecho de propiedad sobre el intelecto y sus creaciones”. Es así, agrega, como Conecta Research S.A. ha desarrollado una plataforma tecnológica altamente sofisticada que permite el seguimiento, registro y análisis de contenidos mediales y sus correspondientes resultados de integración de audiencia, constituyendo en sí mismo un exclusivo capital intelectual, en consecuencia la SEGEGOB tiene el derecho de hacer uso de los productos que Conecta Research S.A. elabora pero no está autorizada para difundirlos, exponiendo las técnicas únicas desarrolladas por la empresa, afectando así sus derechos.

e) En cuanto a lo que señala el reclamante respecto a que ha existido una lectura errada por parte del Ministerio de las leyes y que, en tal sentido, erróneamente se ha definido no entregar los resultados de los estudios solicitados, señala que en ningún caso se ha incurrido en error acerca de la interpretación de la normativa vigente, sino que por el contrario, es la propia Ley de Transparencia la que exige en su artículo 20 a la SEGEGOB inhibirse de entregar la información requerida y, complementariamente con lo anterior, la Ley de Transparencia contiene excepciones de carácter taxativo a la publicidad, comunicación o conocimiento de determinada información y en este sentido, la información requerida por el solicitante se enmarcaría dentro de aquellas que son consideradas por la Ley como causales de secreto o reserva, en este caso la consagrada en el artículo 21 N° 2. En este sentido, señala, ha sido para el legislador tan importante el resguardo de la información calificada como secreta o reservada que contempla en el artículo 33 letra j) que el propio órgano fiscalizador dentro de sus funciones y atribuciones, vele por la debida reserva de los datos e informaciones que conforme a la Constitución y a la Ley tengan carácter de secreto o reservado. En virtud de esto, queda de manifiesto que el legislador decidió establecer la reserva de la información solicitada cuando existan derechos comprometidos y que pudieren verse afectados y, en este caso, de hacerse pública la información solicitada afectaría los derechos comerciales de Conecta Research S.A., por lo que la Ley dispone la no entrega de la información. Por esto, la denegación de la información solicitada se fundamenta en lo dispuesto en los artículos 20 y 21 numeral 2 de la Ley de Transparencia, la que fue comunicada en forma oportuna.

f) Acompaña a su escrito los siguientes antecedentes:

i. Formulario de solicitud de información de 13 de agosto de 2009;

ii. Correo electrónico de 10 de septiembre de 2009, enviado por la Unidad de Acceso a la Información al requirente con respuesta a su solicitud de información;

iii. Copia de la respuesta enviada al solicitante en formato PDF;

iv. Oficio Ordinario N° 809, de 17 de agosto de 2009, de la SEGEGOB, que notifica a Conecta Research S.A. la solicitud de información para los efectos del artículo 20 de la Ley de Transparencia; y,

v. Respuesta a Oficio N° 809, de empresa Conecta Research S.A., ingresada el 24 de agosto de 2009, en la cual señala el representante legal de dicha empresa que, en primer lugar dicho Oficio les fue notificado el 20 de agosto de 2009, oponiéndose a la entrega de la información, en síntesis, por los siguientes motivos:

a. Los reportes que Conecta Research S.A. desarrolla se basan en una experticia y técnica única, que ha sido creada y desarrollada por la compañía y que contienen el resultado de extensos años de trabajo, estudio y perfeccionamiento, lo que permite a su representada otorgar un servicio de alta calidad a sus clientes y no existe en Chile empresa alguna que realice el tipo de análisis que realiza Conecta Research S.A. –integración con datos de audiencia televisiva, nivel de detalle en el análisis de contenidos, etc.- lo que constituye en sí mismo un capital intelectual que señala que es preciso cautelar.

b. Complementando lo anterior, destaca que los contratos celebrados entre Conecta Research S.A. y la SEGEGOB contemplan expresamente una cláusula en virtud de la cual su compañía se compromete a guardar la más estricta confidencialidad, respecto del contenido, ejecución y servicios entregados, por lo que la divulgación de la información requerida violaría una disposición que se encuentra expresamente estipulada en un contrato válidamente celebrado y que se encuentra plenamente vigente.

c. Indica que por todo lo señalado precedentemente, queda en evidencia que la divulgación de la información solicitada estaría contraviniendo abiertamente una cláusula expresa estipulada en contratos que se encuentran plenamente vigentes, además de exponer al público una serie de metodologías, conocimientos y sistemas de estudios que dicha compañía ha desarrollado por años, lo que, a su juicio, finalmente se traduciría en un daño irreparable en el desarrollo comercial de su producto.

6) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL TERCERO INVOLUCRADO: De la misma manera, mediante Oficio N° 962, de 14 de diciembre de 2009, se confirió traslado del amparo interpuesto al representante legal de Conecta Research S.A., mediante el cual se solicita especialmente que al momento de presentar sus descargos, haga mención expresa a los derechos que le asisten a su representada y que pudieran verse afectados con la publicidad de la información requerida. Don Ricardo Toro, Gerente General de Conecta Research S.A., respondió mediante escrito ingresado el 4 de enero de 2010, en el cual señala que se opone a la entrega de la información requerida principalmente debido a que:

a) Los estudios y trabajos que Conecta Research S.A. desarrolló, en virtud de contrato celebrado con la SEGEGOB, se basan en una experticia y técnica única que ha sido creada y desarrollada por la compañía y que contiene el resultado de extensos años de trabajo, estudio y perfeccionamiento, lo que permite a su representada otorgar un servicio de alta calidad a sus clientes, por lo que señala que es de suma importancia establecer que en Chile no existe empresa alguna que realice el tipo de análisis como el efectuado por Conecta Research S.A., constituyendo en sí mismo un exclusivo capital intelectual de alto valor el cual se debe cautelar.

b) Agrega que el sistema de observación y análisis de medios creado y desarrollado por la compañía a la que representa consiste en un exclusivo Monitor de Agenda Pública, siendo un sistema de información diseñado para monitorear, integrar y analizar la cobertura de medios, sistema que está basado en la herramienta ContentMonitor, la que consiste en una plataforma tecnológica desarrollada por Conecta Research S.A. en el año 2005 y compuesta por un conjunto de softwares altamente sofisticado que permite el seguimiento, registro y análisis de contenidos mediales y sus correspondientes resultados de integración de audiencia.

c) Así, el Monitor de Agenda Pública se basa en un modelo que integra y analiza, en una misma plataforma, contenidos, medios y audiencias, en base a los cuales genera indicadores de gestión comunicacional. El modelo de análisis permite el seguimiento y la evaluación del desempeño para (i) Marcas e Instituciones; (ii) Personas y Actores relevantes; (iii) Temas y asuntos específicos.

d) Explica que el uso sistemático del Monitor de Agenda Pública creado por Conecta Research S.A., aplicado a la evaluación de la gestión comunicacional permite: (i) Controlar y diagnosticar elementos que marcan agendas públicas; (ii) Medir de manera objetiva performance e impacto de acciones comunicacionales a nivel de medios; (iii) Identificar públicos objetivos, actores a potenciar y medios a utilizar, de modo de asignar recursos más eficientes; (iv) Insights respecto a la selección y el manejo de temas que permitan anticiparse a asuntos públicos.

e) Señala que por esto, los estudios y trabajos elaborados por Conecta Research S.A., consistentes en análisis, gráficos, documentos, información y datos, los cuales permiten el seguimiento, registro y estudio de contenidos mediales, han sido desarrollados de manera exclusiva por la empresa producto de extensos años de trabajo, estudio y perfeccionamiento, todo lo cual ha permitido ofrecer servicios únicos en Chile de alto y exclusivo capital intelectual. La entrega de la información relativa a resultados, informes, gráficos y documentos resultantes de los estudios o trabajos contratados entre Conecta Research S.A. y la SEGEGOB hasta agosto de 2009, significaría exponer públicamente sus modelos, sistemas, procesos, creaciones y software, lo cual permitiría que cualquier persona natural o jurídica pudiese apropiarse de este alto y exclusivo capital intelectual de manera indebida, lo que finalmente se traduciría en un daño irreparable en el desarrollo comercial de su producto, afectando gravemente sus derechos de propiedad, derechos intelectuales, derechos industriales, derechos comerciales y económicos.

f) Agrega que el artículo 19 N° 25 de la Constitución Política asegura a todas las personas el derecho de propiedad sobre el intelecto y sus creaciones y que dentro de este derecho se deben apreciar dos semblantes fundamentales: el derecho de autor y la propiedad industrial. Señala que el derecho de autor es el derecho de propiedad que las personas tienen sobre sus creaciones artísticas, científicas o literarias por el sólo hecho de crearlas. A su vez, la Constitución garantiza la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, proceso tecnológicos y otras creaciones análogas, como lo son los sistemas de observación y análisis de medios creados y desarrollados por Conecta Research S.A., tales como: (i) Monitor de Agenda Pública, siendo un sistema de información diseñado para monitorear, integrar y analizar la cobertura de medios; (ii) ContentMonitor, siendo un software altamente sofisticado desarrollado por Conecta Research S.A. que permite el seguimiento, registro y análisis de los contenidos mediales; (iii) Sistemas y modelos de análisis, gráficos, documentos, información y datos, los cuales permiten el seguimiento, registro y estudio de contenidos mediales, y provienen del estudio y trabajo exclusivo de la experticia de la empresa.

g) De la misma manera, el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental asegura a todas las personas el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. El segundo inciso establece que sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Dicha función social de la propiedad comprende los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad pública y la conservación del patrimonio ambiental, por lo que ésta se fundamenta en bienes jurídicos que se relacionan con la Nación toda y jamás por importante que sea con intereses de personas o grupos particulares.

h) Así, señala, si el Consejo para la Transparencia acogiera la solicitud de información, se vulneraría enormemente los derechos de propiedad, derechos intelectuales, derechos industriales, derechos comerciales y económicos de Conecta Research S.A. amparados por la Constitución. Esto, ya que cualquier atentado que implique privación del derecho de propiedad en sí, o de cualquiera de sus atributos o facultades esenciales, vulneraría la garantía constitucional y sólo sería procedente en forma jurídicamente válida a través del mecanismo de la expropiación y no a través de un amparo de solicitud de información pública.

i) Indica que actualmente no existen en Chile otras empresas que trabajen con modelos o sistemas de análisis de medios generando el tipo de resultados y servicios como los que entrega Conecta Research S.A., existiendo elementos esenciales que permiten demostrar la exclusividad de la empresa a la que representa en lo relativo a estos servicios de investigación de medios en el país. Uno de esos componentes esenciales es la integración, vía software, de datos de análisis de contenidos de medios y datos estadísticos de consumo de audiencias de televisión (peoplemeter), que son datos propietarios de alto valor comercial, los que son adquiridos por Conecta Research S.A. directamente a la empresa TimeIbope, quien los provee de manera exclusiva a la primera. Asimismo, el monitor de agenda pública diseñado para monitorear, integrar y analizar la cobertura de medios, basado en la plataforma tecnológica ContentMonitor que permite el seguimiento, registro y análisis de contenidos mediales y sus correspondientes resultados de integración de audiencia es de creación exclusiva de Conecta Research S.A., no existiendo actualmente en nuestro país servicios similares de investigación e integración de medios.

j) Agrega que es fundamental señalar que Conecta Research S.A. fue el único y exclusivo oferente que se presentó a la primera licitación realizada por la SEGEGOB al licitarse la provisión de servicios integrados de monitoreo, análisis de cobertura e integración de medios solicitada por el Ministerio, por lo que se puede constatar el hecho de que Conecta Research S.A. fue, y actualmente es, la única empresa capaz de proveer un servicio de tal nivel de especificidad y sofisticación sobre las materias de la referencia, por lo que la SEGEGOB decidió no hacer futuras licitaciones sobre estos asuntos, efectuando asignaciones directas, por ser Conecta Research S.A. la única institución con la capacidad suficiente para ofrecer tales servicios, tratándose de un oferente único y exclusivo.

k) Acompañan a su escrito los siguientes documentos:

i. Bases administrativas y técnicas para la contratación de servicios de seguimiento de noticias en televisión y prensa.

ii. Decreto Exento N° 509, de 25 de mayo de 2009, por el cual se aprueba el contrato de prestación de servicios celebrado con Sociedad Conecta Research S.A. por un precio de $88.000.000.

iii. Contrato de prestación de servicios entre el Ministerio y la sociedad Conecta Research S.A., de 4 de mayo de 2009.

7) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: En sesión ordinaria N° 125, de 3 de febrero de 2010, el Consejo Directivo acordó, para los efectos de resolver acertadamente el presente amparo, solicitar a la SEGEGOB copia íntegra de los resultados, informes, gráficos y documentos resultantes de los estudios o trabajos contratados con Conecta Research S.A., hasta agosto de 2009, que fueron solicitados por el reclamante el 13 de agosto de 2009 y sobre los cuales versa el presente amparo, lo que se concretó mediante Oficio N° 165, de 5 de febrero de 2010, dirigido al Subsecretario General de Gobierno. Éste respondió mediante Ordinario N° 980, de 17 de febrero de 2010, al cual adjunta dicha información en formato digital a través de un CD.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, en primer lugar, cabe señalar que lo solicitado por el peticionario es copia digital de los resultados, informes, gráficos y documentos resultantes de los estudios o trabajos contratados por la reclamada con Conecta Research S.A., por lo que, en virtud de lo establecido en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, dicha información es pública, salvo que concurra alguna de las causales de secreto o reserva previstos en el artículo 21 del mismo cuerpo legal.

2) Que no obstante, en este caso, se ha invocado la causal de reserva o secreto establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en cuanto a que al divulgar lo requerido se vulnerarían los derechos de carácter comercial o económicos de dicha empresa, particularmente el derecho de propiedad industrial y el derecho de propiedad, consagrados ambos en los artículos 19 N° 25 y 24 de la Constitución, respectivamente, toda vez que ello implicaría exponer públicamente los modelos, sistemas, procesos, creaciones y softwares que Conecta Research S.A. utiliza.

3) Que, en el caso que nos ocupa, la empresa Conecta Research S.A. señala, además, que se encuentra sujeta a un deber de reserva de la información requerida, toda vez que el contrato de servicios suscrito con la SEGEGOB contiene una cláusula de confidencialidad. Que, respecto de esta alegación específica, cabe señalar que la relación jurídica entre dicha empresa y el órgano de la Administración del Estado reclamado se rige, entre otras normas, por las contenidas en la Ley de Transparencia –toda vez que la fecha de dicho contrato de prestación de servicios es posterior a la entrada en vigencia de dicho cuerpo legal–, por lo que procedería determinar, a continuación, respecto de si dicha información se enmarca o no dentro de alguna de las causales de reserva o secreto contempladas en dicha Ley, particularmente aquella alegada y que se encuentra establecida en el numeral 2 del artículo 21, en relación con sus derechos de carácter comercial o económico, toda vez que la cláusula contractual invocada resulta inoponible al Consejo para la Transparencia a efectos de resolver el presente amparo.

4) Que, sobre el particular, el D.F.L. N° 3/2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.039, de Propiedad Industrial, establece en su artículo 1° que los derechos de propiedad industrial comprenden las marcas, las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos y diseños industriales, los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, indicaciones geográficas y denominaciones de origen y otros títulos de protección que la ley pueda establecer y agrega, en su artículo 2°, que adquirirán plena vigencia a partir de su registro, sin perjuicio de los que correspondan al solicitante y de los demás derechos que se establecen en esta ley.

5) Que, por su parte, el artículo 86 de dicha norma legal prevé que “Se entiende por secreto empresarial todo conocimiento sobre productos o procedimientos industriales, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva”, prescribiendo el artículo 87 que “Constituirá violación del secreto empresarial la adquisición ilegítima del mismo, su divulgación o explotación sin autorización de su titular y la divulgación o explotación de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva, a condición de que la violación del secreto haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar a su titular”.

6) Que, examinadas las normas antes transcritas, este Consejo estima que pueden servir como criterios o requisitos para la determinación de la concurrencia o no del secreto empresarial en un caso concreto, los siguientes:

a) Que la información requerida no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión.

b) Que su mantenimiento en reserva proporcione a su poseedor una evidente mejora, avance o ventaja competitiva.

c) Que su publicidad pueda afectar significativamente el desenvolvimiento competitivo de su titular.

d) Que la información sea objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto.

7) Que, teniendo presente tales criterios, del análisis de la información requerida y que fuera enviada por la SEGEGOB, que necesariamente el dar a conocer los resultados, informes, gráficos y documentos resultantes de los estudios o trabajos contratados con Conecta Research S.A., atendida su naturaleza y las materias sobre las que éstos versan, le es dable concluir a este Consejo que tales antecedentes se refieren principalmente al seguimiento de los medios de comunicación social respecto de diversos aspectos de la agenda gubernamental, constatando ciertos fenómenos noticiosos relativos a diversas áreas de interés general, adjuntando datos estadísticos, no desprendiéndose de ello que la divulgación de la citada información el know how de la empresa contratada ni los softwares creados especialmente para dar cumplimiento a dicho contrato, por lo que, en referida a impliconsecuencia, no puede concluirse que la publicidad de éstos –cuyo examen ha efectuado este Consejo conforme a lo que le fue enviado-, afecte los derechos comerciales o económicos de la mencionada empresa, toda vez que no se advierte que se trate de información cuya reserva proporcione a ésta una evidente mejora, avance o ventaja competitiva o que su publicidad pueda afectar significativamente el desenvolvimiento competitivo de su titular.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

1) Acoger el reclamo de don José Miguel Wilson Castilla en contra del Ministerio Secretaría General de Gobierno, por los fundamentos señalados precedentemente.

2) Requerir al Subsecretario General de Gobierno a fin de que proporcione la información requerida por el peticionario, bajo el apercibimiento de proceder conforme lo disponen los artículos 46 y siguientes de la Ley de Transparencia:

a. Cumplir el presente requerimiento, en un plazo que no supere los 3 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada.

b. Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la dirección postal de este Consejo (Morandé N° 115, Piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

3) Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente acuerdo a don José Miguel Wilson Castilla y al señor Subsecretario General de Gobierno.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Juan Pablo Olmedo Bustos y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi y don Raúl Urrutia Ávila. Se deja constancia que el Consejero don Roberto Guerrero Valenzuela concurre a la presente decisión pero no firma por encontrarse fuera de la ciudad de Santiago. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.