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Jaime Alfonso Obando Ruz con PODER JUDICIAL Rol: A13-09

Consejo para la Transparencia, 26/05/2009

Se deduce amparo en contra de Juzgado de Policía Local de Punta Arenas por supuesta denegación de información pública, en atención a que organismo se excusó de responder aduciendo improcedencia de aplicación de Ley de Transparencia en dicho aspecto. El Consejo declara inadmisible el amparo intentado por incompetencia sobre Juzgados de Policía Local.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Objetiva


Descriptores analíticos:

Tema Justicia
Materia Desarrollo y Gestión Institucional
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Estudios o investigaciones.Documentos 


Consejeros:

  • Juan Pablo Olmedo Bustos (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • Raúl Urrutia Ávila (Unánime)
  • Roberto Guerrero Valenzuela (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO Nº A13-09

En sesión ordinaria N° 53 de su Consejo Directivo, celebrada el 26 de mayo de 2009, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol A13-09, por denegación de acceso a la información, deducido por don Jaime Alfonso Obando Ruz, de 19 de mayo de 2009, en contra del Juzgado de Familia de Punta Arenas, de conformidad con lo dispuesto en los artículo 24 y siguientes de la citada Ley de Transparencia.

VISTOS:

El artículo 8° de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285; lo previsto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; lo dispuesto en el Código Orgánico de Tribunales, y, el D.S. N° 13, de 2 de marzo de 2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueba Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento, y,

TENIENDO PRESENTE:

Que el 19 de mayo de 2009 don Jaime Alfonso Obando Ruz formuló reclamación de amparo al derecho de acceso a la información, por supuesta denegación de ésta, en contra del Juzgado de Familia de Punta Arenas, fundado en que dicho Tribunal le habría dado una respuesta negativa a su solicitud de información presentada el 27 de abril de 2009 relativa a la cantidad de causas patrocinadas y de audiencias que ha asistido ante el mismo Juzgado la abogado que individualizó, desde 2008 a la fecha. Que el reclamante acompaña a su presentación resolución pronunciada por el Juzgado de Familia de Punta Arenas, de 29 de abril de 2009, en la que, respondiendo a su solicitud de información, no hace lugar a ella por “no tratarse de antecedentes informativos indicados en el artículo 7° y en el artículo octavo de la Ley N° 20.285”.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, en primer término, y atendido lo expuesto por el reclamante, por una parte, y por el Tribunal requerido, por otra, procede que este Consejo determine, en forma previa, si al Juzgado de Familia de Punta Arenas, y en general a los Tribunales que forman parte del Poder Judicial, les resultan aplicables las normas previstas en la Ley de Transparencia referentes al derecho de acceso a la información que puede hacerse valer en un procedimiento de amparo y si, como consecuencia de ello, resulta competente este Consejo para conocer del presente amparo.

2) Que, sobre el particular, cabe indicar que el artículo octavo de la Ley N° 20.285 dispone que “Los Tribunales que forman parte del Poder Judicial, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5º del Código Orgánico de Tribunales, a través de su Corporación Administrativa, deberán mantener a disposición permanente del público, en sus sitios electrónicos, y debidamente actualizados, los antecedentes indicados en el artículo 7° de la Ley de Transparencia de la Función Pública y

Acceso a la Información de la Administración del Estado”. Por su parte, el artículo 2° de la Ley de Transparencia no hace referencia expresa al Poder Judicial en cuanto órgano sujeto a la aplicación de sus disposiciones, limitándose a señalar en su inciso final que “Los demás órganos del Estado se ajustarán a las disposiciones de sus respectivas leyes orgánicas que versen sobre los asuntos a que se refiere el artículo 1º precedente”.

3) Que, en consecuencia, el artículo octavo de la Ley N° 20.285 es el que ha establecido expresamente su ámbito de aplicación respecto de los Tribunales integrantes del Poder Judicial, la que fue aprobada como ley de rango orgánica constitucional, debiendo concluirse, a continuación, que dicho ámbito se extiende a únicamente a las disposiciones referentes a la transparencia activa, previstas en el artículo 7° de la Ley de Transparencia, y no a las normas establecidas en este último cuerpo legal relativas al derecho de acceso a la información ni a su posterior amparo.

4) Que la conclusión a que se ha arribado en el considerando precedente se confirma con lo que fuera expresado por el Ministro Secretario General de la Presidencia de la época señor Viera-Gallo en la discusión en sala del informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización ante el Senado quien, al referirse al proyecto en análisis, sostuvo que “La iniciativa establece la transparencia activa en el caso del Poder Judicial y del Parlamento, pero no contempla a estas dos entidades como objetos de transparencia pasiva.” (Historia de la Ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública, Biblioteca del Congreso Nacional, pág. 379).

5) Que, en base a lo precedentemente expuesto, este Consejo debe declararse incompetente para conocer de las reclamaciones de amparo al derecho de acceso a la información que se formulen en contra de los Tribunales que forman parte del Poder Judicial, como ocurre en la especie con el Juzgado de Familia de Punta Arenas, por estimar que a su respecto no se aplican las normas referidas a dicho procedimiento.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES, POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

1) Declarar inadmisible, por incompetencia de este Consejo, el amparo interpuesto por don Jaime Alfonso Obando Ruz, de 19 de mayo de 2009, en contra del Juzgado de Familia de Punta Arenas, por supuesta denegación de información solicitada, atendida lo expresado en los considerandos anteriores.

2) Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente decisión a don Jaime Alfonso Obando Ruz y al Juzgado de Familia de Punta Arenas, para efectos de lo dispuesto en los artículos 28 y 29 de la Ley de Transparencia, según corresponda.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Juan Pablo Olmedo Bustos y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Roberto Guerrero Valenzuela y don Raúl Urrutia Ávila.