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Alberto Arellano Jordán con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS (SII) Rol: C7024-19

Consejo para la Transparencia, 02/07/2020

Se acoge el amparo deducido en contra del Servicio de Impuestos Internos, ordenando la entrega de información relativa a los montos de los ingresos anuales consignados por entidades religiosas con personalidad jurídica de derecho público que han entregado la Declaración Jurada N° 1945, en los años 2018 y 2019, de manera anonimizada. Lo anterior, por tratarse de información que obra en poder del órgano, respecto de la cual no se configuran las causales de reserva relativas a la distracción indebida de sus funcionarios, a los derechos económicos y comerciales, y al secreto tributario, toda vez que dichas causales no fueron acreditadas fehacientemente, y a que las normas de reserva tributaria deben ser interpretadas restrictivamente, no pudiendo extenderse a los casos en que se requiere información sin identificación del contribuyente, en forma específica.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Decisiones o sentencias citadas en documento:


Reclamaciones contra esta decisión (Ver estado procesal):



Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C7024-19

Entidad pública: Servicio de Impuestos Internos (SII).

Requirente: Alberto Arellano Jordán.

Ingreso Consejo: 10.10.2019.

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra del Servicio de Impuestos Internos, ordenando la entrega de información relativa a los montos de los ingresos anuales consignados por entidades religiosas con personalidad jurídica de derecho público que han entregado la Declaración Jurada N° 1945, en los años 2018 y 2019, de manera anonimizada.

Lo anterior, por tratarse de información que obra en poder del órgano, respecto de la cual no se configuran las causales de reserva relativas a la distracción indebida de sus funcionarios, a los derechos económicos y comerciales, y al secreto tributario, toda vez que dichas causales no fueron acreditadas fehacientemente, y a que las normas de reserva tributaria deben ser interpretadas restrictivamente, no pudiendo extenderse a los casos en que se requiere información sin identificación del contribuyente, en forma específica.

Aplica criterio contenido en las decisiones de los amparos roles C815-16, C2598-17 y C3308-19.

El Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.

En sesión ordinaria N° 1111 del Consejo Directivo, celebrada el 2 de julio de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C7024-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 22 de agosto de 2019, don Alberto Arellano Jordán solicitó al Servicio de Impuestos Internos -SII-, lo siguiente: "solicito acceso y copia del número de entidades religiosas con personalidad jurídica de derecho público que han entregado al Servicio de Impuestos Internos la Declaración Jurada N° 1945 entre los años 1999 y 2019 (julio). Se solicita la información desagregada por año y que se identifique en esa nómina los montos de los ingresos anuales consignados por cada una de ellas; también el nombre de la entidad que declara. Solicito la información acogiéndome al principio de la divisibilidad, el cual establece que si un acto administrativo contiene información que puede ser conocida e información que debe denegarse en virtud de causa legal, se dé acceso a la primera y no a la segunda".

2) PRÓRROGA DEL PLAZO Y RESPUESTA: En virtud de lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia, el órgano notificó al solicitante la prórroga del plazo de respuesta.

Posteriormente, el 8 de octubre de 2019, por medio de resolución exenta N° 17092, el SII otorgó respuesta a la solicitud, señalando en síntesis, que "como antecedente previo, válido es señalar que la Declaración Jurada Anual N° 1945 Sobre Ingresos, Desembolsos y Otros Antecedentes de las Organizaciones Sin Fines de Lucro, fue establecida a través de la Resolución Exenta N°103/2017 del Servicio de Impuestos Internos, de fecha 13 de octubre de 2017, y que de acuerdo al numeral 8° de su parte resolutiva, comenzó a regir a partir del Año Tributario 2018, respecto de los ingresos, desembolsos y otros antecedentes tributarios, correspondientes al año comercial 2017 y siguientes (...) En razón de lo anterior, respecto de la declaración jurada consultada, este Servicio recibió durante el Año Tributario 2018, 73 declaraciones, suma que para el Año Tributario 2019 corresponde a 28 declaraciones, sin considerar las declaraciones presentadas fuera de plazo de este último período tributario. Asimismo, de los antecedentes señalados, conviene aclarar que, respecto de la Declaración Jurada Anual N° 1945 Sobre Ingresos, Desembolsos y Otros Antecedentes de las Organizaciones Sin Fines de Lucro, este órgano identifica a las entidades religiosas en base a tipo y subtipo de contribuyentes, no realizando la distinción entre personas jurídicas de derecho público y derecho privado", denegando la entrega de lo solicitado en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 8 bis N°7 y 35 inciso 2°, del Código Tributario, agregando que la entrega de la información requerida "implicaría la afectación de los derechos de las personas, principalmente en lo relativo a la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico, acto que sin lugar a dudas constituiría una vulneración a los derechos de las personas establecidos y resguardados por el legislador", al tenor de lo dispuesto en el artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia, y haciendo mención a lo resuelto por la Excma. Corte Suprema en causa rol N° 6333-2018 y N° 24.561-2018, y por este Consejo, en los amparos rol C1304-11 y C533-18.

Finalmente, el órgano argumentó que "sin perjuicio de las causales de reserva desarrolladas precedentemente, considerando que este órgano en la actualidad no mantiene bases de datos que contengan la información en los términos específicos requeridos por el solicitante, es menester señalar que, incluso, para el caso de que fuese procedente la entrega de la información requerida por el interesado, necesariamente debiese instruirse un estudio puntual, lo que en la práctica se traduciría en el análisis, procesamiento y consolidación de información, respecto de dos años comerciales, acciones que tornarían necesaria la revisión de un alto número de actos administrativos para la construcción de una nueva base de datos que permita extraer los antecedentes solicitados. En razón de lo anterior, es dable señalar que la información, en los términos específicos requeridos, no existe y que generarla requiere necesariamente la instrucción de un estudio particular, lo que conllevaría un desvío significativo de recursos para este Servicio y necesariamente la sustracción de diversos funcionarios de sus labores habituales, distrayéndolos indebidamente de sus funciones propias, por lo que, en razón de las circunstancias expuestas precedentemente, procede declarar la inexistencia de la información en los términos específicos requeridos, en lo pertinente, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 y 21 N° 1, letra c), de la Ley N° 20.285", sin perjuicio de lo cual, indicó que existe información adicional a la consultada en la página web del SII que especifica, donde también puede acceder a la Resolución Exenta N° 103.

3) AMPARO: El 10 de octubre de 2019, don Alberto Arellano Jordán dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información.

Al efecto, sostuvo, en síntesis, que "Se solicitó información sobre el número de entidades religiosas de derechos público que haya entregado al SII la declaración jurada 1945, solicitando, además, que se identifique el monto en dinero declarado por cada entidad. La petición se redactó expresamente incluyendo el principio de la divisibilidad, de modo que si los nombres de las entidades declarantes, por razones de privacidad, eran denegados, sí se transparentaran los montos de las declaraciones que estas entidades envían al Servicio, por cada declaración y por año. Solo recibimos el número de declaraciones por año tributario (2018-2019), pero no los montos declarados. Bajo el principio de divisibilidad con el que se realizó esta solicitud, se entiende que esa información que refiere a montos declarados, sin que se identifique al declarante, no solo es de interés público sino además no acude principio legal para impedir su divulgación. El servicio argumenta también como causal de rechazo que la petición implicaría "un desvío significativo de recursos para este Servicio". Sin embargo, para el año 2018 solo se recibieron en el servicio 73 declaraciones, mientras que para el 2019, 28. No habría razón, frente a este número limitado de declaraciones, para enarbolar esa causal. Solo se pide el monto declarado por cada entidad en cada uno de esos documentos, amparados en la certeza de que se trata de información de carácter público e interés periodístico".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo, y mediante oficio N° E16515, de fecha 13 de noviembre de 2019, confirió traslado al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, notificando el reclamo y solicitando que formule sus descargos u observaciones.

Posteriormente, por medio de presentación ingresada el día 29 de noviembre de 2019, el órgano evacuó sus descargos, y junto con reiterar lo señalado en su respuesta, respecto del secreto tributario, agregó en resumen, que "se debe considerar la causal de reserva establecida en el artículo N° 20.285, 21 N° 2 de la Ley en cuanto acceder a la entrega de la información requerida conlleva irremediablemente la publicidad que afecta los derechos de los contribuyentes personas jurídicas sin fines de lucro, particularmente en este caso, la afectación de sus derechos de carácter comercial o económico, sumado a que dicha información no se obtuvo de una fuente accesible al público, tanto es así que, de haberse entregado la información requerida se habrían divulgado a un tercero, antecedentes relativos a montos de ingresos declarados obligatoriamente y por cualquier concepto, tales como donaciones, asignaciones, aporte de fundadores, cuota de asociados, aportes del Estado, aportes por derechos de imagen u otros intangibles, derechos de imagen de terceros, rentas clasificadas en el Artículo 20 de la Ley sobre Impuesto a la Renta y cualquier otro tipo de ingreso; ítems que sin lugar a dudas constituyen información tributaria de contribuyentes claramente determinados".

Acto seguido, indicó que "el sistema tributario chileno es de auto declaración, esto es, el propio contribuyente es quién declara sus impuestos en los formularios respectivos, emitiendo los documentos exigidos, según los antecedentes que obran en su poder y de acuerdo a la legislación vigente. Es evidente que la técnica de la prohibición de divulgación a que acude el legislador, se traduce en el imperativo contrario consistente en el deber de guardar secreto respecto de la información que se posee y cuya exposición es prohibida, por lo que, resulta indiscutible que la reserva tributaria es una causal de secreto o reserva de la información que tiene fisonomía propia y que es distinta de las generales que se describen en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, siendo por tanto, una de aquellas a que se refiere el número 5 de esa disposición legal, vale decir, se trata de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado ha declarado secretos o reservados. A lo anterior, se suma el hecho que el caso que motiva la solicitud de acceso a la información no se encuentra dentro de las causales legales establecidas como excepción al deber de reserva, por lo que sólo resta cumplir la regla general del artículo 35, esto es, la reserva absoluta", reiterando lo resuelto por la Excma. Corte Suprema y por este Consejo, en el amparo rol C1884-19.

Luego, el órgano explicó que "la información que se solicita, incluso para el caso de facilitarse de manera innominada constituiría una transgresión a la Reserva Tributaria, por cuanto, al tenor de lo regulado en la Resolución Exenta N°103/2017 del Servicio de Impuestos Internos, de fecha 13 de octubre de 2017, existen requisitos establecidos que permiten determinar qué tipo de organizaciones sin fines de lucro se encuentran sujetas a la obligación de declarar, dentro de los cuales podemos encontrar el tipo de organización sin fines de lucro, el carácter de entidad religiosa y la cuantía de los ingresos en dineros o en especies percibidos, entre otros factores; información que, al ser cruzada con antecedentes que se encuentran permanentemente a disposición de todos nuestros contribuyentes a través de la página web institucional del Servicio de Impuestos Internos, podrían dar lugar a la identificación de los contribuyentes obligados".

Finalmente, el servicio fundamentó que "En cuanto a la inexistencia de la información y la distracción indebida de funciones, considerando que la declaración jurada N°1945 debe ser presentada en forma digital, vía formulario electrónico, o vía archivo, a través del importador de datos, y que la información requerida no se desprende de la sola lectura de la declaración realizada por el contribuyente, siendo necesario extraer los datos y filtrarlos según el tipo de universo de contribuyentes, para posteriormente aplicar otros criterios, tales como ingresos, egresos, exenciones, roles, entre otros; considerando que el solicitante desestima la procedencia de la causal invocada al señalar en su amparo "...Sin embargo, para el año 2018 solo recibieron en el servicio 73 declaraciones, mientras que para el 2019, 28. No habría razón frente a este número limitado de declaraciones, para enarbolar esa causal...", dada la cantidad de datos incorporados en cada Declaración Jurada, considerando además que la Subdirección de Fiscalización posee una amplia gama de funciones a desarrollar al interior del órgano requerido, se configuraría la causal del artículo 13, en relación al artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley N° 20.285, por cuanto, los datos requeridos deben ser extraídos previa solicitud formal y dicha solicitud, debe ser asignada para su resolución a un funcionario del área. Procesado el requerimiento de extracción deben remitirse los antecedentes a la Subdirección de Fiscalización, a fin, de realizar un análisis de los antecedentes y clasificación de la información que permita construir una nueva base de datos (...) Todo lo anterior significaría, al menos, la dedicación exclusiva de un funcionario para el sólo efecto de construir la base de datos que se requiere. Por último, y no menos importante, debe considerarse que la Ley de Transparencia contempla el acceso a la información que obre efectivamente en poder de los órganos de la Administración del Estado, de modo tal que, no implique elaborar nuevas estadísticas y documentos, tal como lo requeriría la elaboración de la nómina solicitada por el requirente, debiendo siempre la entrega contemplar un acto prudente y un procedimiento razonable", haciendo mención a lo resuelto por este Consejo en los amparos rol C3955-17 y C959-15.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa por parte del Servicio de Impuestos Internos a la solicitud de información del reclamante. En efecto, dicho requerimiento se refiere al número de entidades religiosas con personalidad jurídica de derecho público que han entregado al SII la Declaración Jurada N° 1945 entre los años 1999 y 2019 (julio), solicitando la información desagregada por año e indicando los montos de los ingresos anuales consignados por cada una de ellas, junto con el nombre de la entidad que declara, debiendo aplicarse el principio de la divisibilidad en caso de ser necesario. Al respecto, si bien el órgano entregó el número de entidades religiosas que presentaron sus respectivos formularios durante los años 2018 y 2019 -únicos períodos en que aquello se efectuó-, denegó la entrega de los montos declarados y la identificación de cada una de ellas, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N°2 y N°5, este último en relación con el artículo 8 bis N°7 y 35 inciso 2° del Código Tributario. Sin perjuicio de lo anterior, con ocasión de su amparo, el reclamante manifestó que, en aplicación del principio de divisibilidad mencionado en su solicitud, el Servicio debió entregar la información de manera anonimizada, reservando la identificación del contribuyente.

2) Que, del tenor de la solicitud, del contenido de la respuesta entregada por el órgano, y particularmente, de lo señalado por el solicitante en su amparo, la presente decisión se circunscribe sólo a lo requerido por don Alberto Arellano Jordán, respecto de los montos declarados por entidades religiosas, sin identificación de los contribuyentes respectivos.

3) Que, en primer lugar, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales.

4) Que, en segundo lugar, a modo de contexto, se debe señalar que el SII por medio de la resolución exenta N° 103, de 13 de octubre de 2017, precisó que: "Las Organizaciones Sin Fines de Lucro, tales como asociaciones, corporaciones, fundaciones, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, organizaciones religiosas, y toda otra entidad que se encuentre constituida como Organización Sin Fines de Lucro, inscritas en el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro del Servicio de Registro Civil e Identificación de acuerdo a lo que dispone Ley N° 20.500, de 2011, que obtengan en el año comercial respectivo ingresos anuales en dinero o en especies por montos superiores a 12.000 UF, según su valor vigente al 31 de diciembre de cada año, deberán presentar a este Servicio el Formulario N° 1945, denominado "Declaración Jurada Anual sobre ingresos, desembolsos y otros antecedentes de las organizaciones sin fines de lucro", que se adjunta como Anexo N° 1 a la presente Resolución".

5) Que, en tercer lugar, el órgano denegó la entrega de la información reclamada en virtud de las causales de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), N° 2 y N° 5 de la Ley de Transparencia, esta última, en relación con el artículo 8 bis N°7 y 35 del Código Tributario.

6) Que, por una parte, con relación a la causal de reserva del artículo 21 N°5 de la Ley de Transparencia, el artículo 8 bis N° 7 del Código Tributario, establece que "Sin perjuicio de los derechos garantizados por la Constitución y las leyes, constituyen derechos de los contribuyentes, los siguientes: 7° Derecho a que las declaraciones impositivas, salvo los casos de excepción legal, tengan carácter reservado, en los términos previstos por este Código". Por su lado, el inciso 2°, del artículo 35 del mismo cuerpo normativo, dispone que "El Director y demás funcionarios del Servicio no podrán divulgar, en forma alguna, la cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualesquiera datos relativos a ellas, que figuren en las declaraciones obligatorias, ni permitirán que éstas o sus copias o los libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas sean conocidos por persona alguna ajena al Servicio salvo en cuanto fueren necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones del presente Código u otras normas legales".

7) Que, este Consejo, a partir de las decisiones de amparos roles A54-09, A89-09, A117-09, C1571-12, entre otras, ha precisado el alcance de la reserva contemplada en el citado artículo 35 del Código Tributario, estableciendo que en virtud de lo dispuesto en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República y los artículos 5°, 10 y 21 de la Ley de Transparencia, dicha reserva o secreto es una regla excepcional en nuestro ordenamiento jurídico, por lo tanto, dicha disposición debe ser interpretada restrictivamente, no pudiendo extenderse a documentos distintos a los enunciados en dicho artículo -declaraciones obligatorias, sus copias o los libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas- ni a información distinta a la estrictamente contemplada en él -cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualesquiera datos relativos a ellas, que figuren en las declaraciones obligatorias-. Se establece como criterio el que: "a juicio de este Consejo el secreto tributario debe entenderse referido a los datos patrimoniales de los contribuyentes y no a toda la demás información genérica de éstos que posea el Servicio" (considerando 5° de la decisión que resuelve el recurso de reposición contra la decisión del amparo A117-09, y considerando 7° de la decisión de amparo Rol C315-09). Criterio que por lo demás ha sido compartido por la Excma. Corte Suprema, quien en sentencia Rol 5002-2013, acotó la lógica operativa del secreto tributario, razonando en su considerando décimo que: "es necesario tener en consideración que una de las finalidades del principio de reserva o secreto tributario es evitar que se ponga en evidencia tanto el patrimonio como el presupuesto de una determinada persona natural o jurídica" (énfasis agregado).

8) Que, así las cosas, según lo razonado por este Consejo en las decisiones de los amparos rol C815-16 y C2598-17, la reserva del secreto tributario "descansa en la idea de proteger los derechos de los contribuyentes a fin de evitar el conocimiento público de los datos patrimoniales que figuran en las declaraciones obligatorias de impuestos que estos deben efectuar", esto es, proteger los datos patrimoniales de un contribuyente en particular, y no datos por sí solos, situación que en la especie no concurre, por cuanto la información reclamada es, de conformidad a lo señalado por el solicitante, tanto en su requerimiento inicial como en su amparo, en virtud del principio de divisibilidad aludido, efectivamente, de carácter innominada y desvinculada de cualquier contribuyente, sea persona natural o jurídica, por lo que, en ningún caso, puede significar la divulgación de la cuantía o fuente de los bienes o rentas, ni otros datos o antecedentes que hayan sido proporcionados con motivo de la presentación de los formularios 1945 respecto de contribuyentes específicos, no configurándose, por tanto, ninguna afectación a alguno de los bienes jurídicos dispuestos en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución, en relación con lo dispuesto en el artículo 21 N°5 de la Ley de Transparencia.

9) Que, en el mismo sentido, el ya citado artículo 35, en su inciso 3°, preceptúa que el secreto tributario no abarca "la publicación de datos estadísticos en forma que no puedan identificarse los informes, declaraciones o partidas respecto de cada contribuyente en particular". Por su parte, la modificación realizada por la Ley N°20.780 agrega un inciso final a dicha norma, que ordena al Servicio de Impuestos Internos la publicación de datos estadísticos, esto es, "información sobre el total de utilidades declaradas, ingresos brutos declarados, ingresos afectos a impuesto a la renta, retiros efectivos, remesas o distribución de utilidades, gastos aceptados y rechazados, así como monto de las devoluciones de impuestos efectuadas", indicando expresamente que ella "no podrá contener información que permita identificar a uno o más contribuyentes en particular". En consecuencia, el propio Código Tributario ordena al Servicio publicar información como la requerida en la especie.

10) Que, tal como se indicara en la decisión Rol C3308-19, el servicio reclamado mantiene publicado en el siguiente link http://www.sii.cl/sobre_el_sii/nominapersonasjuridicas.html, diversa información estadística, entre ellas, la "Nómina de empresas personas jurídicas AT 2019", planilla Excel que contiene el listado de cada uno de los contribuyentes personas jurídicas catalogados como empresas por el SII para el año tributario 2019, con información del tramo de venta, número de trabajadores, dirección, región, rubro, subrubro, actividad económica principal, fecha de inicio de actividad, fecha de término de giro, tipo de término de giro, tipo de contribuyente, subtipo de contribuyente e información del capital propio tributario, para cada contribuyente. En dicho contexto, el SII respecto de cada persona jurídica, en el indicador "tramo de venta", establece una clasificación desde el número 1 al 13, siguiendo una de las siguientes categorías: "sin ventas" corresponde a contribuyentes cuya información tributaria declarada, no permite determinar un monto estimado de ventas; micro 1, 0,01 UF a 200 UF; micro 2, 200,01 UF a 600 UF; micro 3, 600,01 UF a 2.400 UF; pequeña 1, 2.400,01 UF a 5.000 UF; pequeña 2, 5.000,01 UF a 10.000 UF; pequeña 3, 10.000,01 UF a 25.000 UF; mediana 1, 25.000,01 UF a 50.000 UF; mediana 2, 50.000,01 UF a 100.000 UF; grande 1, 100.000,01 UF a 200.000 UF; grande 2, 200.000,01 UF a 600.000 UF; grande 3, 600.000,01 UF a 1.000.000 UF; y, grande 4, más de 1.000.000 UF. Como se advierte, el SII informa al público el rango en que se encuentra cada contribuyente, de acuerdo a las ventas de cada uno. De este modo, el SII informa la clasificación de cada uno de los contribuyentes de acuerdo a sus ventas, según los rangos previamente señalados, de lo cual se extrae que a partir de los propios actos del servicio reclamado, con la entrega de lo solicitado en la especie, no se infringe el artículo 35 del Código Tributario, ni tampoco consta una afectación patrimonial a los contribuyentes, puesto que de existir algún grado de infracción o afectación, lisa y llanamente, el servicio no los hubiera publicado.

11) Que, a mayor abundamiento, cabe destacar lo razonado por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia de fecha 30 de diciembre de 2016, en causa rol 8734-2016, que rechazó un reclamo de ilegalidad interpuesto en contra de la decisión de este Consejo, amparo rol C815-16, en la cual dicha magistratura sostuvo en su considerando séptimo, que "así las cosas, al accederse por el Consejo sólo a la divulgación de información de carácter estadística, innominada sin referencia a contribuyentes ni domicilios ni otros datos de contexto, no ha incurrido en infracción a los artículos 35 del Código Tributario y 24 transitorio N° 13 de la Ley N° 20.780, dado que no se divulga en forma alguna la cuantía o fuente de los bienes o rentas, ni otros datos o antecedentes que hayan sido proporcionados por el contribuyente con motivo de la declaración que efectúe conforme al ya citado artículo 24 transitorio, por lo que se rechazará el reclamo de ilegalidad".

12) Que, sobre la premisa expuesta, en virtud de una interpretación restringida del artículo 35 del Código Tributario -en su calidad de norma de excepción-, son reservados los datos patrimoniales que figuran en las declaraciones obligatorias de impuestos, respecto de personas específicas o determinadas. De modo tal que, si la información solicitada en este caso, sólo se restringe a indicar montos declarados sin ninguna alusión adicional que permita identificar al titular de dicha declaración, lógicamente, con ello, no se entrega información alguna en relación con la cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualesquiera datos relativos a ellas, respecto de una persona específica.

13) Que, en consecuencia, al requerirse información en forma anonimizada, esto es, no asociada a persona determinada o determinable, a juicio de este Consejo no existe infracción del secreto tributario, pues no se dan a conocer los elementos básicos que permitirían acceder, respecto de personas específicas y determinadas -naturales o jurídicas-, a sus ingresos, a la fuente de aquellos ni a la determinación de sus cargas impositivas, de modo que este Consejo desestimará la invocación de los artículos 8 bis N°7 y 35 del Código Tributario, por no concurrir en la especie, los presupuestos necesarios para concluir que la información requerida se encuentra cubierta por esta causal de reserva, toda vez que las citadas normas descansan sobre la idea de proteger los derechos de los contribuyentes a fin de evitar el conocimiento público de los datos patrimoniales que figuran en las declaraciones obligatorias de impuestos que estos deben efectuar. En este sentido, a propósito del secreto tributario, a partir de las decisiones de amparos roles A54-09, A89-09, A117-09, C1571-12, entre otras, este Consejo ha precisado que aquél "(...) debe entenderse referido a los datos patrimoniales de los contribuyentes (...)", esto es, respecto de una persona natural o jurídica, identificada o identificable, cuyo no es el caso.

14) Que, por su parte, cabe tener presente que el carácter de secreto que consagra el artículo 35, o el deber de reserva de la información que se indica en dicha norma, en ningún caso es absoluto, toda vez que la misma disposición establece que "El Director y demás funcionarios del Servicio no podrán divulgar, en forma alguna, la cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, (...) salvo en cuanto fueren necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones del presente Código u otras normas legales" (énfasis agregado). En dicho contexto, dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Transparencia, el cual establece el derecho de toda persona a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, constituye una de las excepciones a dicha norma.

15) Que, en cuarto lugar, el órgano denegó la entrega de la información reclamada en virtud de las causales de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, señalando que "acceder a la entrega de la información requerida conlleva irremediablemente la publicidad que afecta los derechos de los contribuyentes personas jurídicas sin fines de lucro, particularmente en este caso, la afectación de sus derechos de carácter comercial o económico". Al respecto, si bien la aludida norma establece que se podrá denegar el acceso a la información "Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento, afecte los derechos de las personas (...) o derechos de carácter comercial o económico", vale tener en consideración que dicha alegación carece de fundamento, por cuanto, de conformidad a lo expresado en los considerandos precedentes, la información reclamada ha sido requerida bajo reserva de la identificación o de cualquier otro antecedente que permita identificar al respectivo contribuyente o entidad religiosa declarante, de manera específica, debiendo considerar que los datos pedidos son "los montos de los ingresos anuales consignados por cada una de ellas", sin ningún tipo de desglose, y que según lo informado por el Servicio, 73 instituciones presentaron su declaración el año tributario 2018, y 28 el 2019, por lo que las alegaciones referidas a que "existen requisitos establecidos que permiten determinar qué tipo de organizaciones sin fines de lucro se encuentran sujetas a la obligación de declarar, dentro de los cuales podemos encontrar el tipo de organización sin fines de lucro, el carácter de entidad religiosa y la cuantía de los ingresos en dineros o en especies percibidos, entre otros factores; información que, al ser cruzada con antecedentes que se encuentran permanentemente a disposición de todos nuestros contribuyentes a través de la página web institucional del Servicio de Impuestos Internos, podrían dar lugar a la identificación de los contribuyentes obligados", igualmente, deberán ser desestimadas.

16) Que, en quinto lugar, el órgano denegó la entrega de la información reclamada en virtud de la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, el cual dispone que se podrá denegar el acceso a la información, cuando su entrega afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, especialmente "tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales". Asimismo, el artículo 7, N° 1, letra c) del Reglamento de dicha ley, establece que "se considera que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales".

17) Que, en virtud de lo expuesto, y según lo razonado por este Consejo en la decisión del amparo rol C1336-16, cabe determinar si, en la especie, concurren los hechos constitutivos de la referida causal, y teniendo en consideración que su atención podría implicar, para tales funcionarios, la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, al cumplimiento de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a esa persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás personas. En este sentido, acorde con lo dispuesto en el artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, dichos órganos se encuentran sujetos al deber de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, debiendo observar, entre otros, los principios de eficiencia y eficacia.

18) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que esta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras circunstancias.

19) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, éste no ha sido precisamente el estándar demostrado por el órgano reclamado.

20) Que, en el presente caso, si bien el órgano señaló que la información requerida no se desprende de la simple lectura de las declaraciones, que es necesario extraer y filtrar datos, que lo pedido implica elaborar estadísticas nuevas, y que se requeriría la dedicación exclusiva de un funcionario, cabe tener presente que dichas alegaciones no resultan plausibles, por cuanto no se especificó la cantidad de hojas o páginas que conforman la petición, ni el número de jornadas u horas de trabajo necesarios para procesar la documentación, ni ningún otro fundamento que permita tener por acreditada, de manera fehaciente e indubitada, la concurrencia de la causal de reserva de distracción indebida, teniendo presente que por tratarse de normas de derecho estricto, dichas causales de secreto deben aplicarse en forma restrictiva, y teniendo en consideración que el propio Servicio informó que los antecedentes se ingresan en forma digital o vía archivo, que se trataba de 73 y 28 declaraciones por los años 2018 y 2019, respectivamente, que la información reclamada se refiere sólo a los montos anuales declarados por las entidades religiosas, sin desgloses, y que para su atención solo se requiere volcar la información que obra en poder de la institución en una nómina, por lo que este Consejo estima que las alegaciones del órgano no revisten una magnitud tal que permitan tener por acreditada la hipótesis prevista en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.

21) Que, en mérito de lo razonado en los considerandos precedentes, tratándose de información que obra en poder del Servicio, y habiéndose desestimado las alegaciones del órgano, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letra c), N° 2 y N° 5 de la Ley de Transparencia, esta última, en relación con el artículo 8 bis N°7 y 35 inciso 2° del Código Tributario, este Consejo, procederá a acoger el presente amparo, ordenando la entrega de la información reclamada.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Alberto Arellano Jordán en contra del Servicio de Impuestos Internos, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, que:

a) Entregar al solicitante información relativa a los montos de los ingresos anuales consignados por entidades religiosas con personalidad jurídica de derecho público que han entregado la Declaración Jurada N° 1945 en los años 2018 y 2019, de manera anonimizada.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 15 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente notificar la presente decisión a don Alberto Arellano Jordán y al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y su Consejera doña Gloria de la Fuente González. Se deja constancia que el Consejero don Francisco Leturia Infante, sin perjuicio de concurrir para formar quórum, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el presente caso, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido; solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.