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Presidencia de la República con Consejo para la Transparencia Rol: 684-2019

Corte de Apelaciones de Santiago, 10/07/2020

Presidencia de la República deduce reclamo de ilegalidad en contra del Consejo para la Transparencia atendida la decisión en virtud de la cual se acogió parcialmente el reclamo por infracción a las normas de Transparencia Activa en su contra. Corte rechaza el reclamo


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechazado


Ministros:

  • Jaime Balmaceda Errázuriz
  • Mario Rojas González
  • Rafael Andrade Díaz

Texto completo:

Santiago, diez de julio de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente;

1°) Que, en estos autos rol N° 684-2020 comparece doña RUTH ISRAEL LOPEZ, Abogada Procurador Fiscal de Santiago, del Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile -Presidencia de la República-, ambos domiciliados en calle Agustinas 1687, comuna y ciudad de Santiago, quien, en virtud de lo dispuesto en los artículos 7, 8, 28 y 29 de la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, deduce reclamo de ilegalidad en contra del Consejo para la Transparencia ("CPLT"), representado por don Jorge Jaraquemada Roblero, ambos domiciliados en calle Morandé 360, Piso 7, comuna de Santiago, atendida la Decisión sobre Reclamo Rol C6490-19, adoptada por su Consejo Directivo en sesión ordinaria N° 1052, de 28 de noviembre de 2019 y notificada el 9 de diciembre del 2019 al señor Director Administrativo de la Presidencia de la República, en virtud de la cual se acogió parcialmente el Reclamo por infracción a las normas de Transparencia Activa por haberse supuestamente acreditado la infracción a lo dispuesto en las letras d), e), g) y k) del artículo 7 de la Ley de Transparencia requiriendo, en lo que interesa a este reclamo, las adquisiciones menores a 3 UTM.

Fundamenta el Reclamo de Ilegalidad en las consideraciones de hecho y de derecho que expone.

Explica que el 16 de septiembre de 2019, una persona cuya identidad no fue revelada (en adelante el reclamante o NN.NN.) presentó un reclamo por supuesta infracción a las normas de Transparencia Activa regulada en la ley N° 20.285 y en contra de la Presidencia de la República, basado en que el Portal de Transparencia Activa de la Presidencia de la República estaría desactualizado desde el mes de octubre de 2018.

La información en cuestión correspondería a lo publicado respecto a los siguientes puntos:

-Organigrama.

-Facultades, funciones y atribuciones de unidades internas.

-Entidades en que el organismo tiene participación, representación e intervención.

-Personal y sus remuneraciones.

-Marco normativo aplicable.

-Actos y resoluciones con efectos sobre terceros.

-Actos y documentos publicados en el Diario Oficial.

-Mecanismos de participación ciudadana.

-Contrataciones.

-Transferencias de fondos públicos.

-Presupuesto asignado y su ejecución.

-Programas de subsidios y otros beneficios (diseño, montos, criterios de acceso, beneficiarios).

Adicionalmente, el reclamante acompañó una imagen del Portal de Transparencia Activa de la Presidencia de la República como prueba del supuesto incumplimiento de esa entidad.

Se notificó del reclamo a la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República el 4 de noviembre del año anterior, mediante Oficio N° E15664, de 31 de octubre de 2019, para que se presentaren descargos y observaciones a la denuncia efectuada por NN.NN.

La Dirección Administrativa evacuó el traslado mediante Ord. N° 841, de 18 de noviembre señalando, en síntesis, que esa institución cumple con las obligaciones de publicación en la web mes a mes, dentro de los plazos exigidos por la normativa sobre la materia, los primeros 10 días hábiles de cada mes, cargando la información pertinente en cada una de las secciones que requiere el portal del Consejo para la Transparencia www.portaltransparencia.c l, en conformidad a lo dispuesto por la Instrucción General N° 11, dictada por dicha institución en sesión ordinaria del Consejo Directivo de 27 de diciembre de 2013, vigente.

Agrega que el encargado de transparencia de esa repartición pública dentro del plazo entregó la información proporcionada por cada uno de los Departamentos, por lo que lo manifestado por el recurrente carece de fundamento fáctico.

Sobre lo alegado por NN.NN., se hizo presente que el sitio web aludido corresponde al Portal de Transparencia Activa de Gobierno Transparente, el que se encuentra alojado en el servidor de la Presidencia de la República, y que funcionó hasta octubre de 2018, en razón de lo instruido por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia a través de su Subsecretaría, mediante Oficio N° 753, de 18 de mayo de 2018.

Dicho Oficio requería el traspaso gradual del sitio electrónico denominado "Gobierno Transparente" al "Portal para la Transparencia", lo que terminó de realizarse en octubre de 2018.

Desde aquel mes, la información de Transparencia Activa de la Presidencia de la República es publicada mes a mes en el señalado sitio web (https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/pdtta?codOrganismo=AA001), el cual es administrado por el mismo Consejo.

Por lo anterior, se solicitó que el reclamo fuese rechazado en todas sus partes, dado que la Dirección Administrativa de la Presidencia había actualizado mensualmente el portal de transparencia activa, dando cabal e íntegro cumplimiento al artículo 7° de la Ley N° 20.285 y demás normativa aplicable, así como a las instrucciones pertinentes del Consejo para la Transparencia.

2°) Que, refiriéndose a la decisión reclamada, la reclamante indica que el reclamo a que se hace referencia en el apartado anterior fue conocido y resuelto por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, "el Consejo", en sesión ordinaria realizada el 28 de noviembre de 2019.

Esta decisión fue adoptada por los consejeros señora Gloria de la

Fuente González, señor Marcelo Drago Aguirre y señor Francisco Leturia Infante, ausentándose el Presidente, señor Jorge Jaraquemada Roblero.

La Decisión Reclamo Rol C6490-2019 se notificó a la Presidencia de la República el 9 de diciembre de 2019, a través de Oficio N° E17415 de 4 del mismo mes, en la que se acoge parcialmente el reclamo interpuesto contra la Presidencia de la República.

Dicha resolución se funda en una certificación de la página web de Transparencia de la Presidencia de la República, realizada el 15 de octubre de 2019, por la Dirección de Fiscalización del Consejo para la Transparencia. Tal certificación no fue puesta en conocimiento de la Presidencia de la República, lo que impide pronunciarse a su respecto e impide defenderse de los cuestionamientos contenidos en él.

Según la decisión reclamada, Presidencia de la República tendría un nivel de cumplimiento de 87,44%, constatando que existirían incumplimientos en los siguientes aspectos:

-Personal y Remuneraciones, artículo 7 letra d) de la Ley de Transparencia: ausencia de la Unidad Monetaria en la Escala de Remuneraciones del año 2019.

-Compras y Contrataciones, artículo 7 letra e) de la Ley de Transparencia:

-Otras Compras: (i) no presentación de la individualización de los socios o accionistas principales de las empresas o sociedades prestadoras; (ii) no publicación de los enlaces a los contratos de las compras.

-Bienes inmuebles: ausencia del RUT de la contraparte.

-Adquisiciones menores a 3 UTM: no se presentan.

-Actos con efectos sobre terceros, artículo 7 letra g) de la Ley de Transparencia: no publicación de información histórica relativa al año 2009. -Información Presupuestaria, artículo 7 letra k) Ley de Transparencia: presentación incompleta, ya que sólo se publica el detalle de los recursos que otorga la Ley de Presupuesto Público a la "Partida Presidencia de la República" para el año 2019.

Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo para la Transparencia reconoce que no es posible señalar que la información del portal se encuentre desactualizada, ya que la última actualización correspondió al 14 de octubre del año 2019. Agrega que el sitio con la información histórica de la institución se actualizó hasta el 12 de octubre de 2018.

3°) Que, cuanto a los fundamentos de derecho, la reclamante precisa que la Decisión precitada ha requerido a la Presidencia de la República corregir y complementar determinada información disponible en el Portal de Transparencia Activa, información que se ha verificado en los términos solicitados en la Decisión, con excepción de lo referido en la letra b) punto tres del acápite anterior, esto es, las adquisiciones menores a 3 unidades tributarias mensuales.

Sobre este último punto, señala que no existe la exigencia de publicación de aquellos antecedentes según lo dispuesto en el artículo 7 letra e) de la Ley de Transparencia, en el artículo 51 letra e) del Reglamento del artículo primero de la Ley de Transparencia como tampoco en la Instrucción General N° 11 del mismo Consejo.

El artículo 7 de la Ley de Transparencia, establece la obligación para los órganos de la Administración del Estado, regidos por dicha ley, de mantener a disposición del público en los respectivos sitios electrónicos, determinados antecedentes. Estos deben ser actualizados al menos una vez al mes, obligación que la Presidencia de la República ha cumplido a cabalidad.

El referido artículo 7 establece los antecedentes que se deben publicar en el sitio web respectivo, los que incluyen la estructura orgánica, el personal contratado, los actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros, entre otros.

En dicho precepto legal, específicamente la letra e) obliga a las entidades públicas a informar "(l)as contrataciones para el suministro de bienes muebles, para la prestación de servicios, para la ejecución de acciones de apoyo y para la ejecución de obras, y las contrataciones de estudios, asesorías y consultorías relacionadas con proyectos de inversión, con indicación de los contratistas e identificación de los socios y accionistas principales de las sociedades o empresas prestadoras en su caso".

Dicha disposición es complementada por el artículo 51 del Reglamento de la Ley de Transparencia, que en su letra e) precisa "(l)as reproducciones electrónicas fieles de los contratos y sus modificaciones suscritos para el suministro de bienes muebles, para la prestación de servicios, para la ejecución de acciones de apoyo y para la ejecución de obras, y las contrataciones de estudios, asesorías y consultorías relacionadas con proyectos de inversión, con indicación de los contratistas e identificación de los socios y accionistas principales de las sociedades o empresas prestadoras, en su caso".

Dice que esta obligación es abordada en la Instrucción General N° 11 del Consejo, que corresponde a instrucciones dictadas por aquella institución, vinculadas a la gestión de las plataformas de transparencia activa de los sujetos obligados a cumplir con este deber legal. Esta Instrucción General, emitida por el propio Consejo para la Transparencia, en su numeral 1.5 aborda la manera de publicar la información exigida por el artículo 7 letra e) y el artículo 51 letra e), estableciendo la forma de presentar: (i) la información de adquisiciones y contrataciones sometidas al Sistema de Compras Públicas; (ii) las contrataciones no sometidas a dicho sistema, y; (iii) los actos administrativos que aprueben contratos relativos a bienes inmuebles, tales como compraventa, permuta o arrendamiento, entre otros.

Lo anteriormente descrito corresponde a la normativa sustantiva de transparencia que le es exigible a esta entidad, la que, a su vez, corresponde a la misma que el propio Consejo cita en los vistos de la Decisión de Reclamo Rol C6490-19.

De lo anterior desprende que en la Decisión del Consejo para la Transparencia reclamada, se ha requerido a la Presidencia de la República el cumplimiento de una conducta que no está amparada en el ordenamiento jurídico, no siendo exigible la publicación de las adquisiciones menores a 3 UTM, al no existir deber legal de publicar dicha información.

Ello se encuentra ratificado en virtud de lo dispuesto en la letra a) del artículo 53 del Reglamento de la Ley de Compras, precepto que excluye del sistema todas las contrataciones de bienes y servicios cuyos montos sean inferiores a 3 UTM.

Indica que lo resuelto y requerido por el Consejo para la Transparencia respecto al deber de publicar todas las adquisiciones que sean por montos menores a 3 UTM no es exigible, ya que tanto tal conducta como el núcleo base de ella no están contenidos en la letra e) del artículo 7 de la Ley de Transparencia.

Así, se concluye que la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República fue apercibida a publicar en el Portal de Transparencia Activa información cuya obligación no está amparada en un precepto legal, ni en una norma de carácter reglamentario, lo que constituye una actuación ilegal del Consejo para la Transparencia.

4°) Que, por último, la reclamante pide tener por interpuesto y acoger a tramitación el Reclamo de Ilegalidad en contra de la Decisión Reclamo Rol C6490-19, adoptada por el Consejo para la Transparencia, declarando su ilegalidad, dejándola sin efecto, solo en aquella parte en que se requiere a la Presidencia de la República que publique todas las adquisiciones de bienes y servicios cuyos montos sean inferiores a 3 UTM.

5°) Que ha comparecido doña ANDREA RUIZ ROSAS, abogada, Directora General y representante legal del Consejo para la Transparencia, corporación autónoma de derecho público, domiciliada en calle Morandé N° 360, piso 7, comuna de Santiago, quien evacua el informe solicitado respecto al Reclamo de Ilegalidad deducido por doña Ruth Israel López en representación de la Presidencia de la República, en contra del Consejo para la Transparencia, en virtud de lo señalado en el Art. 28 de la Ley de Transparencia (LT), con motivo de la dictación de la Decisión de Reclamo C6490-19, solicitando que éste sea rechazado en todas su partes, por las consideraciones que expone.

En cuanto a los hechos, explica que el 16 de septiembre de 2019 una persona, que solicitó mantener su identidad en reserva -en adelante el reclamante o NN.NN-, presentó un reclamo por infracción a las normas sobre Transparencia Activa, en contra de la Presidencia de la República, fundado en que se encontraría desactualizada la información relativa a: Organigrama; Facultades, funciones y atribuciones de unidades internas; Entidades en que el organismo tiene participación, representación e intervención; Personal y sus remuneraciones; Marco normativo aplicable; Actos y resoluciones con efectos sobre terceros; Actos y documentos publicados en el Diario Oficial; Mecanismos de participación ciudadana; Contrataciones; Transferencias de fondos públicos; Presupuesto asignado y su ejecución; Programas de subsidios y otros beneficios (diseño, montos, criterios de acceso, beneficiarios).

El 15 de octubre de 2019, la Dirección de Fiscalización del Consejo para la Transparencia, revisó la información del banner sobre Transparencia

Activa en la página web del organismo reclamado, para verificar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias aplicables y de la Instrucción General N° 11 que el Consejo impartió sobre la materia.

Dicho proceso concluyó en un informe que reveló que el nivel de cumplimiento general de las obligaciones de transparencia activa fue de un 87,44%, y en particular, respecto de las materias reclamadas, constató que existen incumplimientos en las siguientes:

a) Personal y Remuneraciones (artículo 7, letra d), Ley de Transparencia).

Revisada la información publicada, se verificó un incumplimiento parcial de la Instrucción General N° 11, relacionado con la ausencia de la "Unidad Monetaria" en la Escala de Remuneraciones del año 2019.

b) Compras y Contrataciones (artículo 7, letra e), Ley de Transparencia). En el apartado "Otras Compras" se advirtió que el organismo no presenta la "Individualización de los socios o accionistas principales de las empresas o sociedades prestadoras", por ejemplo, en el caso de Cencosud Ltda., tampoco se publican los enlaces a los contratos de las compras informadas en esta sección. En lo relativo a "Bienes Inmuebles" sólo se observó la ausencia del RUT de la contraparte. Además, no se presentan las adquisiciones menores a 3 UTM, por ejemplo, las realizadas mediante "Caja Chica".

c) Actos con efectos sobre terceros (artículo 7, letra g), Ley de Transparencia). Se advierte que la institución persiste en la no publicación de información histórica, puesto que no presenta información relativa al año 2009. Observación que le fue señalada en un informe de fiscalización anterior, de fecha 10 de enero de 2019.

d) Información Presupuestaria (artículo 7, letra k), Ley de Transparencia). La información presupuestaria se presenta de forma incompleta, ya que sólo se publica el detalle de los recursos que le otorga la Ley de Presupuestos del Sector Público a la "Partida Presidencia de la República" para el año 2019. No se presenta información sobre la ejecución presupuestaria, el acumulado de ésta y las modificaciones experimentadas durante el año 2019.

Sin perjuicio de los incumplimientos descritos, no es posible señalar que la información se encuentre desactualizada, ya que se revisó el enlace https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/pdtta/-/ta/AA001, indicando como fecha de última actualización el 14 de octubre de 2019. El sitio que contiene la información histórica de la institución, indica que fue actualizado hasta el 12 de octubre de 2018 (https://transparenciaactiva.presidencia.cl/).

Habiéndose acogido a tramitación el Reclamo, el Consejo confirió traslado de éste al Sr. Director Administrativo de la Presidencia de la República, mediante Oficio N° E15664, de 31 de octubre de 2019, en el cual se solicitó que presente sus descargos y observaciones, debiendo incluir los fundamentos de hecho y de derecho que sustenten sus afirmaciones y acompañar todos los antecedentes y los medios de prueba de que dispusiere.

Mediante Ord. N° 841, de 18 de noviembre de 2019, la Presidencia de la República presentó sus descargos u observaciones, señalando en resumen que su portal de transparencia activa es actualizado mes a mes, dentro de los plazos exigidos por la normativa, cargando la información respectiva en cada una de las secciones que requiere el portal del Consejo para la Transparencia, a través del sitio web www.portaltransparencia.cl, en conformidad a la Instrucción General N° 11 dictada por la Corporación.

Agregó que la información publicada en el portal es proporcionada por cada uno de los Departamentos de la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República, los que por instrucción interna deben entregar los antecedentes al encargado de transparencia activa institucional, quien carga los contenidos dentro de los primeros 10 días hábiles de cada mes.

Respecto al sitio web aludido por el reclamo, señaló que corresponde al portal de transparencia activa Gobierno Transparente, que se encontraba alojado en el servidor de la Presidencia de la República, el que funcionó hasta octubre de 2018, trasladándose la nueva información al Portal de Transparencia. Lo anterior, en razón de lo instruido por el Ministerio

Secretaría General de la Presidencia, a través de su Subsecretaría mediante Oficio N° 753, de fecha 18 de mayo de 2018.

Indicó que, sin perjuicio de lo anterior, el antiguo portal de transparencia se mantiene activo debido a que en él se encuentra respaldada la información histórica de transparencia activa de la Presidencia de la República.

Finalmente, hizo presente que el acceso al portal de transparencia activa se realiza a través del banner "Portal de Transparencia", contenido en el sitio web de la institución.

Expresa que por Decisión de Reclamo C6490-19, adoptada con fecha 28 de noviembre de 2019, el Consejo para la Transparencia acogió parcialmente el Reclamo en contra de la Presidencia de la República, conforme al tenor de la Decisión que se acompaña en el primer otrosí de esta presentación, requiriendo al Sr. Director Administrativo de la Presidencia de la República, lo siguiente:

a) "Publicar y mantener actualizada en el sitio web de Transparencia Activa de la institución, la información relativa a los antecedentes que enumera el artículo 7 de la Ley de Transparencia, particularmente en sus letras d), e), g) y k), esto es, "Personal y Remuneraciones", "Compras y Contrataciones", "Actos con efectos sobre terceros" e "Información Presupuestaria", en los términos establecidos en dicha ley, su Reglamento y en la Instrucción General N° 11. Lo anterior, sin perjuicio de los avances que se hayan logrado en el tiempo intermedio entre el reclamo y esta decisión, lo que habrá de demostrarse en la etapa de cumplimiento".

Doña Ruth Israel López, abogada, Procuradora Fiscal de Santiago, del Consejo de Defensa del Estado, en representación de la Presidencia de la República, dedujo ante esta Corte Reclamo de Ilegalidad en contra del Consejo para la Transparencia.

6°) Que, en cuanto al fondo, la informante señala que, habiéndose analizado el reclamo formulado por incumplimiento a las obligaciones sobre Transparencia Activa, y las observaciones y descargos evacuados por la Presidencia de la República, durante la sustanciación del procedimiento ante el Consejo, así como los fundamentos esgrimidos en su calidad de reclamante de ilegalidad en el Reclamo, hace presente las consideraciones tenidas en cuenta por la Corporación, lo cual ilustra que la Decisión de Reclamo C6490-19 del Consejo para la Transparencia se ajusta a derecho y al espíritu del constituyente y del legislador en materia de transparencia activa de los órganos de la Administración del Estado, por lo que el Reclamo de Ilegalidad debe ser rechazado al no haberse incurrido en ninguna de las ilegalidades que se denuncian.

Tocante al objeto de la controversia que motivó la interposición del reclamo de ilegalidad, la informante precisa que si bien la decisión que resolvió el reclamo por transparencia activa, requirió a la Presidencia de la República "publicar y mantener actualizada en el sitio web de Transparencia Activa de la institución, la información relativa a los antecedentes que enumera el artículo 7 de la Ley de Transparencia, particularmente en sus letras d), e), g) y k), esto es, "Personal y Remuneraciones", "Compras y Contrataciones", "Actos con efectos sobre terceros" e "Información Presupuestaria", en los términos establecidos en dicha ley, su Reglamento y en la Instrucción General N° 11", de acuerdo al tenor de los fundamentos de derecho en que se apoya el Reclamo de Ilegalidad, la controversia se encuentra circunscrita únicamente al cuestionamiento que efectúa la Presidencia de la República sobre la pretendida inexistencia del deber legal de publicar en Transparencia Activa las adquisiciones menores a 3 UTM, argumentando que fue apercibida a cumplir una obligación que no está amparada por el ordenamiento jurídico, ya que indica que en virtud del Art. 7°, letra e), de la LT; Art. 51 del Reglamento de la LT; la Instrucción General N° 11 del CPLT; y, el Art. 53 letra a) del Reglamento de la Ley de Compras, no existe tal deber.

En consecuencia, en lo relativo al requerimiento consistente en publicar y mantener actualizada en su sitio web de Transparencia Activa, la información que señalan las letras d), g) y k) del Art. 7° de la LT, cuyo incumplimiento fue constatado por el Consejo, la decisión C6490-19 ha quedado firme y en condiciones de ser cumplida, ya que la Presidencia de la República no ha controvertido dichas obligaciones, ni ha cuestionado la decisión al respecto. Lo mismo ocurre con la demás información que señala el Art. 7° letra e) de la LT, que en el ítem "Compras de bienes inmuebles", no publicaba el RUT de la contraparte, y en el ítem "Otras Compras", no presentaba la individualización de los socios o accionistas de las principales empresas o sociedades prestadoras, ni tampoco los enlaces a los contratos de las compras. Respecto de esos puntos, indica en su reclamo que "esta información se ha verificado en los términos solicitados en la Decisión, con excepción de lo referido en la letra b) del punto tres del acápite anterior", esto es, las adquisiciones menores a 3 UTM, insistiendo en que al respecto no existe asidero normativo que sustente tal obligación de Transparencia Activa.

7°) Que la informante se refiere a la "TRANSPARENCIA ACTIVA" como parte integrante del derecho fundamental de acceso a la información pública, y el indiscutible carácter público determinado previamente por el legislador, de los antecedentes que indica el artículo 7 de la LT.

El derecho de acceso a la información pública integra la categoría de los derechos fundamentales, tanto en virtud de su jerarquía material -es de aquellos indispensables para el funcionamiento del sistema republicano democrático y para la vigencia efectiva de los demás derechos fundamentales- como por su posición dentro de las fuentes formales del derecho, pues se encuentra ubicado en la más alta jerarquía normativa del derecho interno, compartiendo la supremacía de la Carta Fundamental.

El artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica (Convención Americana sobre Derechos Humanos o CADH), aprobado por el Decreto Supremo N° 873, de 1990, del Ministerio de Relaciones Exteriores, reconoce el acceso a la información como un derecho implícito en la libertad de pensamiento y de expresión.

Recuerda lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a propósito del caso Claude Reyes y otros versus Chile, de cuya sentencia reproduce lo pertinente.

En consecuencia, afirma, el derecho de acceso a la información se encuentra incorporado en nuestro ordenamiento jurídico en virtud de lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 5 de la Carta Fundamental, que reenvía el ordenamiento constitucional a su complementariedad con el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Por su parte, la reforma constitucional introducida por la ley N° 20.050 modificó el artículo 8° de la Carta Fundamental, estableciendo expresamente que "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional".

El Tribunal Constitucional se refirió al derecho de acceso a la información en el mismo sentido que la Corte Interamericana, así como la Corte Suprema también ha tenido la misma consideración, en las sentencias que cita y reproduce en lo pertinente.

Comenta que debe considerarse que el derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental, y la denominada transparencia activa constituye una de sus dimensiones.

Si bien ambas dimensiones ("transparencia activa" y "el derecho de acceso a la información") conforman el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información pública, existe entre ambos ámbitos una diferencia fundamental, que debe servir como criterio orientador e interpretativo para la resolución del presente reclamo de ilegalidad. En el caso "transparencia activa" es el propio legislador, al promulgar la ley N° 20.285, específicamente su artículo 7°, quien ha determinado, mediante una evaluación ex-ante, el carácter público de la información actualizada que debe ser mantenida a disposición permanente del público a través de sus sitios electrónicos. En el caso específico de la información que consigna el artículo 7°, letra e) de la LT, esta obligación comprende las compras o adquisiciones menores a 3 UTM, por cuando la ley no las excluyó, sino que exigió en general que se publiquen en transparencia activa "Las contrataciones para el suministro de bienes muebles (...)", comprendiendo aquellas compras o adquisiciones por montos inferiores a 3 UTM, como explica.

8°) Que, en cuanto al marco normativo aplicable, menciona los artículos 7, letra e), de la LT, 51 del reglamento de la LT e instrucción general N° 11 sobre transparencia activa dictada por el consejo, que entre otras materias, precisó la obligación de publicar las compras y adquisiciones de bienes y servicios.

Reitera que la norma fundamental relativa a la Transparencia Activa, se encuentra contenida en el artículo 7° de la LT, que en su parte pertinente señala: "Artículo 7°.- Los órganos de la Administración del Estado señalados en el artículo 2°, deberán mantener a disposición permanente del público, a través de sus sitios electrónicos, los siguientes antecedentes actualizados, al menos, una vez al mes:(...) e) Las contrataciones para el suministro de bienes muebles, para la prestación de servicios, para la ejecución de acciones de apoyo y para la ejecución de obras, y las contrataciones de estudios, asesorías y consultorías relacionadas con proyectos de inversión, con indicación de los contratistas e identificación de los socios y accionistas principales de las sociedades o empresas prestadoras, en su caso. (...)"

En concordancia con el texto del artículo 7° antes transcrito, el artículo 50 y el artículo 51, letra e), del Reglamento de la Ley N° 20.285, ambas normas ubicadas en el Título VI, bajo el epígrafe "Elementos de la Transparencia Activa", señalan:

Artículo 50.- Contenido y Objeto. Los órganos de la Administración del Estado señalados en el inciso 1° del artículo 2° deberán mantener a disposición permanente del público, a través de sus sitios electrónicos, los antecedentes a que se refiere el artículo siguiente. Tales antecedentes deberán actualizarse, al menos, dentro de los primeros diez días de cada mes.

Artículo 51.- Contenido del deber. Los antecedentes que deberán mantenerse en los sitios electrónicos serán los siguientes: ...e) Las reproducciones electrónicas fieles de los contratos y sus modificaciones suscritos para el suministro de bienes muebles, para la prestación de servicios, para la ejecución de acciones de apoyo y para la ejecución de obras, y las contrataciones de estudios, asesorías y consultorías relacionadas con proyectos de inversión, con indicación de los contratistas e identificación de los socios y accionistas principales de las sociedades o empresas prestadoras, en su caso".

En concordancia con el marco jurídico transcrito, en cumplimiento de las funciones y atribuciones del Consejo para la Transparencia, específicamente la contenida en el artículo 33, letra d), de la LT, que lo faculta para "Dictar instrucciones generales para el cumplimiento de la legislación sobre transparencia y acceso a la información por parte de los órganos de la Administración del Estado, y requerir a éstos para que ajusten sus procedimientos y sistemas de atención de público a dicha legalización", la Corporación ha precisado y definido qué deben entender los órganos de la Administración del Estado, como "Compras y Contrataciones".

En lo que respecta específicamente al ámbito de transparencia activa, el Consejo ha desarrollado una larga tarea en el ejercicio de sus competencias normativas, destinadas a precisar el cumplimiento de la legislación sobre transparencia y acceso a la información, que se ha plasmado en la dictación de las siguientes Instrucciones Generales:

IG N° 4, sobre Transparencia Activa, publicada en Diario Oficial el 3 de febrero de 2010;

IG N° 5, sobre Transparencia Activa para Empresas Públicas, Empresas del Estado y Sociedades del Estado, publicada en el Diario Oficial el 3 de febrero de 2010;

IG N° 7, que complementa la IG N° 4, publicada en Diario Oficial el 25 de mayo de 2010;

IG N° 9, que modifica las IG N° 4 y N° 7, publicada en Diario oficial el 20 de agosto de 2010.

Finalmente, con fecha 27 de diciembre de 2013, el Consejo dictó la Instrucción General N° 11 (I.G. N° 11), publicada en el Diario Oficial el 30 de enero de 2014, que entró en vigencia el 1° de mayo del mismo año, la que tuvo por objeto precisar el alcance de los artículos 6° y 7° de la LT, y consolidar en un único texto, la normativa sobre Transparencia Activa emanada de esta Corporación, considerando para estos efectos los resultados de los procesos de fiscalización, las consultas públicas, y la jurisprudencia administrativa emanada de los reclamos por Transparencia Activa.

En el Punto 1.5 de la I.G. N° 11, al precisar el contenido del artículo 7, letra e), de la LT; y, artículo 51, letra e), del Reglamento de la LT, en aquella parte relativa a "Las contrataciones para el suministro de bienes muebles y para la prestación de servicios", a fin de entregar certeza jurídica a los sujetos obligados, para que estos últimos den cumplimiento a la obligación de publicación de la información indicada en la norma legal citada, señaló:

"1.5. Las contrataciones para el suministro de bienes muebles, para la prestación de servicios, para la ejecución de acciones de apoyo y para la ejecución de obras, y las contrataciones de estudios, asesorías y consultorías relacionadas con proyectos de inversión, con indicación de los contratistas e identificación de los socios y accionistas principales de las sociedades o empresas prestadoras, en su caso.

"Tratándose de adquisiciones y contrataciones sometidas al Sistema de Compras Públicas, cada institución incluirá, en su medio electrónico institucional, un vínculo al portal de compras públicas, www.mercadopublico.cl o el vínculo que lo reemplace, a través del cual deberá accederse directamente a las contrataciones realizadas por el respectivo servicio u organismo.

"Respecto de las contrataciones no sometidas al Sistema de Compras Públicas bastará con informar en la planilla los siguientes antecedentes: individualización del acto administrativo que aprueba el contrato (tipo, denominación, fecha y número), individualización del contratista (nombre completo o razón social y RUT), individualización de los socios o accionistas principales de las empresas o sociedades prestadoras, según sea el caso, objeto de la contratación o adquisición, monto o precio total convenido, duración del contrato y un link al texto íntegro del contrato, del acto administrativo que lo apruebe y de sus posteriores modificaciones. En el caso de tratarse de un procedimiento de licitación pública o privada se considerará una buena práctica incluir el texto de las bases de licitación, el acta de evaluación y el acto administrativo de adjudicación.

"Tratándose de contratos que hubieren sido formalizados mediante emisión de orden de compra se deberá informar, en la misma planilla a que alude el párrafo anterior o en una separada, lo siguiente: individualización de dicha orden (denominación, fecha y número), individualización del contratista (nombre completo o razón social y RUT), individualización de los socios o accionistas principales de las empresas o sociedades prestadoras, según sea el caso, objeto de la contratación o adquisición, monto o precio total convenido, duración del contrato y un link al texto íntegro de la orden de compra.

"Se entenderá por "socios o accionistas principales" a aquellos que individualmente sean dueños de, a lo menos, el 10% de los derechos sociales.

"En el caso de las contrataciones no sometidas al Sistema de Compras Públicas o en el de aquellas en que la información antes señalada no esté disponible en dicho sistema, se cumplirá con la obligación de contener la identificación de los socios o accionistas principales de las empresas o sociedades prestadoras solicitando a éstas que los identifiquen, debiendo los organismos incluirlos en una cláusula o anexo del respectivo contrato o en la parte resolutiva o anexo del acto administrativo que apruebe la contratación o en la orden de compra, según corresponda.

"Si se contrata con una persona natural o con una empresa individual de responsabilidad limitada, en el campo "socios o accionistas principales" deberá indicarse que no aplica.

"Si se contrata con organismos o entidades extranjeras y éstas no cuentan con RUT o con información acerca de sus socios o accionistas principales, deberá indicarse expresamente esta circunstancia, señalando que no aplica.

"Se informarán en este acápite, en una planilla separada, los actos administrativos que aprueben contratos relativos a bienes inmuebles, como compraventa, permuta o arrendamiento, entre otros. Respecto de ellos deberá consignarse la misma información que para las contrataciones no sometidas al Sistema de Compras Públicas.

"En caso que el órgano o servicio no hubiese efectuado contrataciones no sometidas al Sistema de Compras Públicas, compras formalizadas vía orden de compra o contrataciones relativas a bienes inmuebles, deberá señalarlo expresamente y consignar un mensaje del siguiente tenor u otro similar: "Este servicio no ha efectuado (contrataciones no sometidas al Sistema de Compras Públicas) (compras formalizadas vía orden de compra) (contrataciones relativas a bienes inmuebles)".

9°) Que la informante añade que no obstante lo señalado en el numeral 1.5 de la I.G N° 11, en la que consta la distinción de la forma de publicar las adquisiciones y contrataciones sometidas al Sistemas de Compras Pública y aquellas contrataciones no sometidas a dicho sistema, que ratifica que ninguna quedó fuera de las obligaciones de transparencia activa, sino que solo se distingue en cuanto al sitio web en que se hará una y otra publicación, la Presidencia de la República igualmente alega la improcedencia de dar cumplimiento a la decisión C6490-19, ya que según su parecer, la falta de asidero normativo que respalde la existencia de publicar las compras menores a 3 UTM, se vería corroborada por lo dispuesto en la letra a) del artículo 53 del Decreto N° 250, de 24 de septiembre de 2004, del Ministerio de Hacienda, que "APRUEBA REGLAMENTO DE LA LEY N° 19.886 DE BASES SOBRE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SUMINISTRO Y PRESTACION DE SERVICIOS", que señala lo siguiente:

"Artículo 53.- Exclusión del sistema: Podrán efectuarse fuera del Sistema de Información:

a) Las contrataciones de bienes y servicios cuyos montos sean inferiores a 3 UTM".

Sin embargo, la circunstancia de que la citada norma reglamentaria haya dejado fuera del Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la Administración -al que alude el Art. 19 de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios- a las compras menores de 3 UTM, no quiere decir que el señalado Art. 53 letra a) del reglamento, ratifique que no existe la obligación legal de publicar en el sitio web de Transparencia Activa de cada órgano de la Administración del Estado, las compras o adquisiciones menores a dicho monto, puesto que como indica la citada norma reglamentaria, solo excluye dichas compras de la publicidad del sistema instaurado por la Ley N° 19.886, es decir, de la obligación de publicar en el o los sistemas de información que establezca la Dirección de Compras y Contratación Pública, la información básica relativa a sus contrataciones y aquella que establezca el reglamento, lo que en caso alguno significa que dicha información no esté incluida en el Art. 7°, letra e), de la LT, por la misma razón la IG. N° 11 de este Consejo, en su numeral 1.5., distingue en cuanto al sitio de publicación de las compras sometidas al sistema de compras públicas y aquellas que no lo están, de modo que las compras que sean menores a 3 UTM, no han quedado exentas de la obligación de publicación en Transparencia Activa, existiendo por lo tanto, asidero normativo para haber requerido a la Presidencia de la República el cumplimiento de dicha obligación legal, tal como se resolvió en la decisión C6490-19.

Expresa que, por una parte, la letra e) del Art. 7 de la LT preceptúa que los órganos de la Administración del Estado señalados en el Art. 2°, deberán mantener a disposición permanente del público, a través de sus sitios electrónicos, actualizados, a lo menos, una vez al mes, las contrataciones para el suministro de bienes muebles, para la prestación de servicios, para la ejecución de acciones de apoyo y para la ejecución de obras (...)" sin efectuar distingos ni exclusiones de montos, en consecuencia, si la ley no distingue, no es lícito al interprete distinguir, de lo que se sigue que el mandato impuesto en el Art. 7° letra e), incluye las compras o adquisiciones menores a 3 UTM; y, por otra, la I.G N° 11 señala que "Respecto de las contrataciones no sometidas al Sistema de Compras Públicas bastará con informar en la planilla los siguientes antecedentes: individualización del acto administrativo que aprueba el contrato (tipo, denominación, fecha y número), individualización del contratista (nombre completo o razón social y RUT), individualización de los socios o accionistas principales de las empresas o sociedades prestadoras, según sea el caso, objeto de la contratación o adquisición, monto o precio total convenido, duración del contrato y un link al texto íntegro del contrato, del acto administrativo que lo apruebe y de sus posteriores modificaciones", sin que tampoco haya excluido del deber de publicidad a las contrataciones menores de 3 UTM, como parte de las obligaciones de Transparencia Activa.

Lo anterior, agrega, incluso queda de manifiesto al revisar el banner de Transparencia Activa de otros órganos de la Administración del Estado, como es el caso, por ejemplo, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES), disponible en el siguiente link https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/pdtta/- /ta/AF001/CA/OC/410651 23 , en el cual es posible encontrar al menos 4 compras por montos menores a 3 UTM.

Lo anterior es de extrema relevancia, dice, ya que la misma Presidencia de la República acompañó en sus descargos el Oficio N° 753, de 18 de mayo de 2018, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que a través de su Subsecretaría, informó e instruyó a los órganos de la administración central del Estado, el proceso de traspaso al Portal de Transparencia, recordando en dicho oficio, que "la finalidad del traspaso al Portal para la Transparencia es centralizar en la mencionada plataforma a todos los órganos de la Administración central del Estado, de manera de generar un único punto de acceso a la información que se publica en atención con lo dispuesto en el artículo 7° de la ley N° 20.285". Acto seguido, le indicó a los órganos destinatarios de tal oficio, que "De manera de continuar con el traspaso de los órganos y servicios públicos, esta Secretaría de Estado, en conjunto con el Consejo para la Transparencia, ha establecido un proceso de acompañamiento técnico, que comprende la habilitación del sistema, la entrega de material de apoyo, capacitaciones y soporte técnico".

Es decir, el MINSEGPRES, al efectuar la publicación en su plataforma de Transparencia Activa de las compras menores a 3 UTM, unido a la instrucción que despachó a los órganos de la Administración Central, entre ellos, la Presidencia de la República, ratifica que lo resuelto por el Consejo en la decisión C6490-19, no es ilegal, sino que tiene asidero normativo en el Art. 7°, letra e), de la LT, y que se han puesto a disposición de la Presidencia de la República todas las facilidades tecnológicas y de apoyo humano y técnico para cumplir con sus obligaciones de Transparencia Activa en su integridad, lo que no ha sido cumplido.

A su turno el Consejo, en su calidad de organismo fiscalizador del cumplimiento de las disposiciones de la LT, publica en su integridad, en el sitio web de Transparencia Activa Portal de Transparencia, todas las compras menores a 3 UTM, como la compra de tarugos en una ferretería por $1.800, chapas y llaves por $28.800, compra de un cable HDMI por $11.990, materiales o insumos de librería por $70.230, el pago de la inscripción de un nombre de dominio por $18.900, el valor de un traslado en taxi por $3.660, entre otros, gastos que han sido pagados con emolumentos provenientes de fondos globales en efectivo para operaciones menores (caja chica) del año 2019, pudiendo descargarse inclusive la boleta correspondiente a la compra y el acto administrativo que asignó dichos fondos, todo lo cual se encuentra disponible en: https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/pdtta/-/ta/CT001/CA/OC/415905 98.

10°) Que, a continuación, la informante se refiere a actos propios de la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, que demuestran que la publicidad de las compras y contrataciones de bienes y servicios menores de 3 UTM forma parte de las obligaciones de transparencia activa consagrada en la letra e) del artículo 7 de la LT.

Habiendo expuesto el marco normativo que rige la obligación de transparencia activa cuya procedencia y cumplimiento cuestiona la reclamante, hace presente los actos propios en los que ha incurrido la Presidencia de la República, toda vez que, en la Información Histórica sobre Transparencia Activa, publicó compras por montos menores a 3 UTM, con la correspondiente individualización de los datos que permiten acceder al detalle de lo adquirido.

Incluso, la Presidencia de la República, en sus descargos manifestó que "el antiguo portal de transparencia alojado en el servidor de esta institución se mantiene activo debido a que en éste se encuentra respaldada la información histórica de transparencia activa de la Presidencia de la República", entre la que se encuentra, la información cuya publicidad sostiene que no forma parte de tales obligaciones. En el link https://transparenciaactiva.presidencia.cl/2018/otras_compras.html bajo el Título "Otras Compras y Adquisiciones", "ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES EXCLUIDAS DE LA LEY DE COMPRAS efectuadas entre el 1 de enero hasta el 31 de Diciembre de 2018", es posible encontrar información relativa a confección de credenciales por un monto de $130.900, pago de alojamiento por $124.950, servicios y artículos publicitarios por la suma de $69.615, entre otros.

Indica que todas esas compras son menores a 3 UTM, monto que en diciembre de 2018, era equivalente a la suma de $145.059, considerando que el valor de la UTM de dicho mes y año era de $48.353.

Así, las alegaciones de la Presidencia de la República formuladas en su reclamo de ilegalidad contradicen sus actos propios, plasmados en la publicación histórica de transparencia activa, lo que ratifica que si publicó las mencionadas compras y adquisiciones menores a 3 UTM, es porque asumió que existe obligación de publicarlas, la cual tiene asidero normativo en el Art. 7° letra e) de la LT, que señala que dicha obligación se refiere a "las contrataciones para el suministro de bienes o para la prestación de servicios", en general, sin excluir aquellas inferiores a 3 UTM.

En consecuencia, afirma, no es admisible que la Presidencia de la República solicite que se declare ilegal la decisión reclamada, fundando dicha petición en que no existe obligación legal de dar publicidad a las compras menores de 3 UTM, en circunstancias que con anterioridad ha cumplido dicha obligación de transparencia activa, lo que basta para rechazar su alegación relativa a que "no está amparada en el ordenamiento jurídico". Su propia conducta demuestra que la alegación formulada en su reclamo no es efectiva, pues el fundamento de su impugnación tropieza con su obrar, incurriendo en Venire contra factum proprium non valet, pues al haber publicado con anterioridad en su banner de Transparencia Activa, las adquisiciones menores a 3 UTM, no puede ahora sostener que no existe tal obligación, pues va en contra de sus anteriores actuaciones amparadas en el derecho que se ha comprometido a respetar, en este caso, en el artículo 7°, letra e), de la LT, por lo que en modo alguno sus consecuencias jurídicas pueden ser modificadas o extinguidas con ocasión de su reclamo de ilegalidad.

Expresa que los hechos que uno exterioriza imponen la necesidad de que exista un comportamiento futuro coherente con los mismos, con el fin de resguardar la confianza que ha generado, que tiene asidero en la denominada teoría de los actos propios, la que ha sido definida por el profesor Alejandro Borda, como "Una regla de Derecho derivada del principio general de la buena fe, que sanciona como inadmisible toda pretensión lícita pero objetivamente contradictoria con respecto a todo comportamiento anterior efectuado por el mismo sujeto".

Concluye que según la Teoría de los Actos Propios, si un sujeto define su posición jurídica mediante el desarrollo de determinadas conductas, no le es lícito desconocer, posteriormente, sus propias actuaciones, que es la situación en que se encuentra la Presidencia de la República, al sostener que el Consejo para la Transparencia le ha requerido el cumplimiento de una conducta que, a su juicio, no está amparada en el ordenamiento jurídico, no obstante que con anterioridad, en cumplimiento del artículo 7°, letra e), de la LT, ha publicado las contrataciones de bienes y servicios por un monto menor a 3 UTM, lo que constituye motivo suficiente para el rechazo del reclamo de ilegalidad impetrado en contra de la decisión C6490-19.

11°) Que, a continuación, la informante se refiere al informe de fiscalización que fundamenta la Decisión C6490-19, que constató la infracción a las normas de transparencia activa por parte de la Presidencia de la República.

Según el Informe de Fiscalización, realizado por la Dirección de Fiscalización del Consejo el 18 de octubre de 2018, quedó demostrada la existencia de infracción al artículo 7°,letra e), de la LT, y los literales d) y g) y k) de la misma norma (que la Presidencia de la República no cuestionó en su reclamo de ilegalidad), por cuanto en el sitio web del órgano reclamado, no se encontraba publicada la información actualizada referida a "Compras y Contrataciones", pues no cumplía con la totalidad de aquello que debe ser publicado en dicho ítem, ya que no se presentaba información sobre las adquisiciones menores a 3 UTM.

Conforme a lo anterior, el Consejo estimó que la Presidencia de la República, al no mantener publicada en su página web la información relativa a compras menores a 3 UTM, en los términos exigidos por el artículo 7° de la Ley N° 20.285, Art. 51 letra e) del Reglamento de la misma ley, y el numeral 1.5 de la IG N° 11, incurrió en infracción a sus obligaciones sobre transparencia activa.

El informe de fiscalización, acompañado en su presentación, dentro de otras observaciones, señala:

"Respecto de la revisión realizada de las materias reclamadas se constató que existen incumplimientos en las materias: "Personal y Remuneraciones", "Compras y Contrataciones", "Actos con efectos sobre terceros" e "Información Presupuestaria". (...)

Por otra parte, en lo relacionado con las "Compras y Contrataciones", en el apartado "Otras Compras" se advirtió que el organismo no presenta la "Individualización de los socios o accionistas principales de las empresas o sociedades prestadoras", por ejemplo, en el caso de Cencosud Ltda, tampoco se publican los enlaces a los con tratos de las compras informadas en esta sección. En lo relativo a "Bienes Inmuebles" sólo se observó la ausencia del RUT de la contraparte. Además, no se presentan las adquisiciones menores a 3 UTM, por ejemplo, las realizadas mediante "Caja Chica".

Además, en el mismo informe, se dejó consignado en lo relativo al incumplimiento del numeral 1.5 de la I.G. N° 11, que se trata de una "Situación observada en el informe de fiscalización anterior de fecha 10 de enero de 2019".

Frente al incumplimiento detectado, hace presente que el informe de fiscalización, cuando dejó constancia de la revisión efectuada en relación a las materias tratadas en el artículo 7°, letra e), de la LT, solo a modo ejemplar se refirió a aquellas compras que se realizan a través de caja chica, precisamente en atención a que al tratarse de compras de bajo monto, son justamente aquellas que se pagan con cargo a los fondos que se proveen para la caja chica, lo que no quiere decir que el reclamo por transparencia activa fue acogido sólo porque no indicaba las compras pagadas con dichos dineros.

En la parte considerativa, añade, no se hace referencia a la caja chica para efectos de acoger el reclamo, sino que éste fue acogido, tal como consta en el considerando 3) de la decisión, en atención a que "contrastadas las obligaciones legales y reglamentarias reseñadas en el considerando precedente, con la situación descrita en la Certificación de la página web a que alude el numeral 2 de la parte expositiva, es posible establecer la existencia de infracción al artículo 7, literales d), e), g) y k) de la Ley de Transparencia, toda vez que al 15 de octubre de 2019, la Presidencia de la República no mantenía a disposición permanente del público, de forma íntegra, correcta, actualizada, la información relativa a: "Personal y Remuneraciones", "Compras y Contrataciones", "Actos con efectos sobre terceros" e "Información Presupuestaria".

Luego, en lo resolutivo de la decisión, se dispuso:

"II. Requerir al Sr. Director Administrativo de la Presidencia de la República, lo siguiente:

a) Publicar y mantener actualizada en el sitio web de Transparencia Activa de la institución, la información relativa a los antecedentes que enumera el artículo 7 de la Ley de Transparencia, particularmente en sus letras d), e), g) y k), esto es, "Personal y Remuneraciones", "Compras y Contrataciones", "Actos con efectos sobre terceros" e "Información Presupuestaria", en los términos establecidos en dicha ley, su Reglamento y en la Instrucción General N° 11. Lo anterior, sin perjuicio de los avances que se hayan logrado en el tiempo intermedio entre el reclamo y esta decisión, lo que habrá de demostrarse en la etapa de cumplimiento".

Por lo tanto, considerando los incumplimientos constatados en la fiscalización de fecha 15 de octubre de 2019, que corroboraron la efectividad de que la Presidencia de la República no mantenía a disposición permanente del público, de forma íntegra, correcta, actualizada, la información relativa a, entre otras materias, sus "Compras y Contrataciones", específicamente aquellas realizadas fuera del sistema de compras públicas, menores a 3 UTM, y teniendo presente que en su escrito de descargos evacuados mediante Ord. N° 841, el 18 de noviembre de 2019, la Presidencia de la República no cuestionó que la obligación de publicar dichas compras menores a 3 UTM no tenga asidero jurídico, y que no sea exigible en conformidad a la ley, solo cabe concluir que el Consejo resolvió el reclamo Rol C6490-19 en conformidad a derecho, sin que exista ilegalidad alguna en la decisión impugnada, la que en consecuencia debe mantenerse firme en todas sus partes.

Lo anterior demuestra la importancia de ratificar la obligación que tiene la Presidencia de la República de cumplir con sus deberes de Transparencia Activa, publicando en su banner respectivo, la información que controvierte, alegando una falta de consagración normativa de dicha obligación, yendo incluso en contra de sus propios actos, ya que aceptar la alegación de la reclamante transformaría los deberes de transparencia activa de los órganos de la administración del Estado en una especie de "obligación natural" y "meramente potestativa", es decir, de aquellas que dependen de la mera voluntad del órgano, lo que de ninguna manera estuvo en el propósito del artículo 7° de la LT, pues frustraría gravemente las finalidades perseguidas por el legislador al aprobar la Ley N° 20.285, y los constituyentes al aprobar la reforma constitucional del artículo 8°, en virtud de la Ley N° 20.050.

12°) Que, finalmente pide tener por evacuado el informe, por efectuados los descargos y observaciones al Reclamo de Ilegalidad deducido en contra del Consejo para la Transparencia por doña Ruth Israel López, abogada, Procurada Fiscal de Santiago, del Consejo de Defensa del Estado, en representación de la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, y en consideración a los fundamentos de hecho y de derecho esgrimidos, rechazar el Reclamo de Ilegalidad presentado en contra de la Decisión de Reclamo C6490-19 del Consejo, resolviendo mantener o confirmar la obligación de dicho órgano consistente en publicar en banner de Transparencia Activa de su sitio web, la información actualizada relativa a compras y adquisiciones menores a 3 UTM, en los términos establecidos en el artículo 7° de la Ley de Transparencia, su Reglamento y en la Instrucción General N° 11.

13°) Que, para efectos de una adecuada metodología de análisis del problema sometido a la consideración de este Tribunal, conviene pasar revista a la normativa que rige la materia, luego de haber expuesto lo anterior.

La ley N° 20.285 "Sobre acceso a la información pública" regula precisamente eso, el acceso a la información de tal naturaleza, y es así como su artículo 1° prescribe que "La presente ley regula el principio de transparencia de la función pública, el derecho a la información de los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la información".

El artículo 5° establece, luego, que "En virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirven de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado.

"Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas".

A continuación, el artículo 6° prescribe que "Los actos y documentos que han sido objeto de publicación en el Diario Oficial y aquellos que digan relación con las funciones, competencias y responsabilidades de los órganos de la Administración del Estado, deberán encontrarse a disposición permanente del público y en los sitios electrónicos del servicio respectivo, el que deberá llevar un registro actualizado en las oficinas de información y atención del público usuario de la Administración del Estado".

El artículo 7° dispone que "Los órganos de la Administración del Estado señalados en el artículo 2°, deberán mantener a disposición del público, a través de sus sitios electrónicos, los siguientes antecedentes actualizados, al menos, una vez al mes:...", agregando la letra "e) Las contrataciones para el suministro de bienes muebles, para la prestación de servicios, para la ejecución de acciones de apoyo y para la ejecución de obras, y las contrataciones de estudios, asesorías y consultorías relacionadas con proyectos de inversión, con indicación de los contratistas e identificación de los socios y accionistas principales de las sociedades o empresas prestadoras, en su caso."

El artículo 10, por su parte, estatuye que "Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece esta ley.

"El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales".

Siguiendo con el examen de las normas de la Ley N° 20.285, hay que consignar que el artículo 21 prevé que "Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes:

"1. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente: ...", (dicho número contempla las letras a), b) y c), que no son de interés por cuanto no corresponden al caso de autos, por lo que no se transcriben).

"2. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico.

"3. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte la seguridad de la Nación, particularmente si se refiere a la defensa nacional o la mantención del orden público o la seguridad nacional.

"4. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el interés nacional, en especial si se refiere a la salud pública o las relaciones internacionales y los intereses económicos o comerciales del país.

"5. Cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución Política."

El artículo 24 establece que "Vencido el plazo previsto en el artículo 14 para la entrega de la documentación requerida, denegada la petición, el requirente tendrá derecho a recurrir ante el Consejo establecido en el Título V, solicitando amparo a su derecho de acceso a la información."

En seguida, el artículo 28 prescribe que "En contra de la resolución del Consejo que deniegue el acceso a la información, procederá el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante.

"Los órganos de la Administración del Estado no tendrán derecho a reclamar ante la Corte de Apelaciones de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información que hubieren denegado, cuando la denegación se hubiere fundado en la causal del número 1° del artículo 21.

"El afectado también podrá reclamar de la resolución del Consejo ante la Corte de Apelaciones respectiva, cuando la causal invocada hubiere sido la oposición oportunamente deducida por el titular de la información, de conformidad con el artículo 20.

"El reclamo deberá interponerse en el plazo de quince días corridos, contado desde la notificación de la resolución reclamada, deberá contener los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya y las peticiones concretas que se formulan."

Se consagra así, otro de los múltiples reclamos de ilegalidad de que debe conocer esta Corte y, el presente, en única instancia, ya que el artículo 30 de la misma ley dispone que contra la resolución de la Corte de Apelaciones no procederá recurso alguno, materia que, en rigor, corresponde a lo que se ha denominado lo contencioso administrativo.

14°) Que, de lo que se lleva dicho puede desprenderse una primera conclusión, que consiste en que para que exista el acceso a la información pública por parte de toda persona, la información debe tener efectivamente el carácter de pública, lo cual es de toda obviedad pues así se llama la ley.

Público, y sin perjuicio de las precisiones que al respecto formula la propia ley, conforme a la definición entregada por el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española es lo "Notorio, patente, manifiesto, visto o sabido por todos". También "Vulgar, común y notado de todos", y "Aplícase a la potestad, jurisdicción y autoridad para hacer una cosa, como contrapuesto a privado".

Por ende, público es lo contrapuesto a privado.

El artículo 8° de la Carta Fundamental, según el cual "El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones.

"Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquello o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional."

Esta norma, al igual que la citada de la Ley 20.285 consagra la idea matriz general, de que la información que obre en poder de los órganos del Estado es pública. Por ende, la regla general en la materia es la publicidad y la excepción, la reserva o sigilo, que puede ser constitucional o legal, como se ha visto, consagrada en forma expresa.

15°) Que, ahora, convendría, para efectos de resolver atinadamente el problema que se ha traído al conocimiento de esta Corte, señalar que, al tratarse de un reclamo de ilegalidad, es evidente que lo que debe reprocharse es una actuación ilegal, esto es, contraria a alguna norma de rango de ley, entendida esta norma jurídica en la forma como la define el artículo 1° del Código Civil, sin que pueda invocarse, en consecuencia, alguna norma de rango inferior al de ley, como decretos o resoluciones administrativas como sustenta de tal clase de reclamaciones.

Seguidamente, debe señalarse que en este caso, el problema ha quedado reducido, puesto que se acogió parcialmente el Reclamo por infracción a las normas de Transparencia Activa por haberse supuestamente acreditado la infracción a lo dispuesto en las letras d), e), g) y k) del artículo 7 de la Ley de Transparencia, requiriendo, en lo que interesa a este reclamo, las adquisiciones menores a 3 UTM.

En efecto, se ha presentado el Reclamo de Ilegalidad de autos en contra de la Decisión de Reclamo C6490-19 del Consejo, en cuanto dispuso la obligación de la entidad reclamante, consistente en publicar en banner de Transparencia Activa de su sitio web, la información actualizada relativa a compras y adquisiciones menores a 3 UTM, en los términos establecidos en el artículo 7° de la Ley de Transparencia, su Reglamento y en la Instrucción General N° 11 expedida por el mismo Consejo, en particular en su número 1.5.

Sobre el punto indicado, es del caso señalar que la parte reclamante ha afirmado que no existe la exigencia de publicación de aquellos antecedentes en el artículo 7 letra e) de la Ley de Transparencia, ni en el artículo 51 letra e) del Reglamento del artículo primero de la Ley de Transparencia como tampoco en la Instrucción General N° 11 del mismo Consejo.

Dicha forma de plantear la cuestión es errada, puesto que la letra e) del citado artículo 7 es justamente la disposición legal que obliga a las entidades públicas, incluida la Presidencia de la República a publicar en el portal respectivo " L as contrataciones para el suministro de bienes muebles , para la prestación de servicios, para la ejecución de acciones de apoyo y para la ejecución de obras, y las contrataciones de estudios, asesorías y consultorías relacionadas con proyectos de inversión, con indicación de los contratistas e identificación de los socios y accionistas principales de las sociedades o empresas prestadoras en su caso".

Dicha disposición es complementada por el artículo 51 del Reglamento de la Ley de Transparencia, que en su letra e) precisa "Las reproducciones electrónicas fieles de los contratos y sus modificaciones suscritos para el suministro de bienes muebles, para la prestación de servicios, para la ejecución de acciones de apoyo y para la ejecución de obras, y las contrataciones de estudios, asesorías y consultorías relacionadas con proyectos de inversión, con indicación de los contratistas e identificación de los socios y accionistas principales de las sociedades o empresas prestadoras, en su caso".

Finalmente, la Instrucción General N° 11 del Consejo, que corresponde a instrucciones dictadas por aquella institución, vinculadas a la gestión de las plataformas de transparencia activa de los sujetos obligados a cumplir con este deber legal. Esta Instrucción General, emitida por el propio Consejo para la Transparencia, en su numeral 1.5, aborda la manera de publicar la información exigida por el artículo 7 letra e) y el artículo 51 letra e), estableciendo la forma de presentar: (i) la información de adquisiciones y contrataciones sometidas al Sistema de Compras Públicas; (ii) las contrataciones no sometidas a dicho sistema, y; (iii) los actos administrativos que aprueben contratos relativos a bienes inmuebles, tales como compraventa, permuta o arrendamiento, entre otros.

16°) Que, como se aprecia de lo transcrito, ni la norma legal, ni la reglamentaria, ni la Instrucción General referida, eximen de la obligación de publicidad a las contrataciones o compras de bienes muebles de valor inferior a tres (3) UTM, obligación que además, la Presidencia de la República cumplía, previamente y luego dejó de hacerlo, como se ha hecho presente en el informe de la entidad reclamada.

El hecho de que no se incluya expresamente la información actualizada relativa a compras y adquisiciones menores a 3 UTM en la preceptiva señalada, no implica que dicha obligación no exista, puesto que en materia de derecho público, para que ello pudiere concretarse, sería necesario que una norma con rango de ley o constitucional, lo indicara en forma expresa. La exclusión debe ser señalada o contenida de manera explícita y, por lo tanto, si dicha exclusión no se contiene en el citado artículo 7° ni en ninguna otra norma de rango legal, la reclamante no tiene más remedio que cumplir con la inclusión en sus publicaciones de la información actualizada de todas las compras y adquisiciones, de cualquier costo o valor, superior o infrior a tres UTM, pues si la ley no distingue, el Órgano Administrativo no puede hacerlo.

Por lo tanto, la primera argumentación, relativa a la circunstancia de que dicha obligación no está contemplada ni en el artículo 7 letra e) de la Ley de Transparencia, ni el Reglamento ni en la Instrucción General ya dicha, no es atendible, pues si la ley es genérica en dicho sentido, ha de ser entendida como comprensiva de toda clase de compras y adquisiciones, sin que pueda arbitrariamente, tenerse por excluida determinada categoría de compras, con base a su poca entidad monetaria.

17°) Que, como segundo argumento, la reclamante ha acudido a una supuesta exclusión contenida en la letra a) del artículo 53 del Reglamento de la Ley de Compras, precepto que excluye del sistema todas las contrataciones de bienes y servicios cuyos montos sean inferiores a 3 UTM.

Sin embargo, no se trata de un argumento válido, en el caso específico de la información que consigna el artículo 7°, letra e) de la LT, ya que la obligación de que se trata es de carácter legal y ciertamente que comprende las compras o adquisiciones menores a 3 UTM, por cuando dicha ley no las excluyó, sino que exigió en general que se publiquen en transparencia activa "Las contrataciones para el suministro de bienes muebles (...)", comprendiendo aquellas compras o adquisiciones por montos inferiores a 3 UTM, tal como se ha dicho.

Luego, se puede retrucar al argumento esgrimido por el Consejo de Defensa del Estado, en representación del reclamante, recordando el contenido de los artículos 50 y 51, letra e), del Reglamento de la Ley N° 20.285, ambas normas ubicadas en el Título VI, bajo el epígrafe "Elementos de la Transparencia Activa", que señalan:

"Artículo 50.- Contenido y Objeto. Los órganos de la Administración del Estado señalados en el inciso 1° del artículo 2° deberán mantener a disposición permanente del público, a través de sus sitios electrónicos, los antecedentes a que se refiere el artículo siguiente. Tales antecedentes deberán actualizarse, al menos, dentro de los primeros diez días de cada mes.

"Artículo 51.- Contenido del deber. Los antecedentes que deberán mantenerse en los sitios electrónicos serán los siguientes: ...e) Las reproducciones electrónicas fieles de los contratos y sus modificaciones suscritos para el suministro de bienes muebles, para la prestación de servicios, para la ejecución de acciones de apoyo y para la ejecución de obras, y las contrataciones de estudios, asesorías y consultorías relacionadas con proyectos de inversión, con indicación de los contratistas e identificación de los socios y accionistas principales de las sociedades o empresas prestadoras, en su caso".

De otro lado, en cumplimiento de las funciones y atribuciones del Consejo para la Transparencia, específicamente aquella contenida en el artículo 33, letra d), de la LT, que lo faculta para "Dictar instrucciones generales para el cumplimiento de la legislación sobre transparencia y acceso a la información por parte de los órganos de la Administración del Estado, y requerir a éstos para que ajusten sus procedimientos y sistemas de atención de público a dicha legalización", dicha Corporación ha precisado y definido qué deben entender los órganos de la Administración del Estado, como "Compras y Contrataciones".

El numeral 1.5 de la I.G N° 11, en la que consta la distinción de la forma de publicar las adquisiciones y contrataciones sometidas al Sistema de Compras Públicas y aquellas contrataciones no sometidas a dicho sistema, ratifica que ninguna quedó fuera de las obligaciones de transparencia activa, sino que solo se distingue en cuanto al sitio web en que se hará una y otra publicación.

Profundizando en la alegación de la Presidencia de la República en cuanto a la improcedencia de dar cumplimiento a la decisión C6490-19, ya que según su parecer, la falta de asidero normativo que respalde la existencia de publicar las compras menores a 3 UTM, se vería corroborada por lo dispuesto en la letra a) del artículo 53 del Decreto N° 250, de 24 de septiembre de 2004, del Ministerio de Hacienda, que "APRUEBA REGLAMENTO DE LA LEY N° 19.886 DE BASES SOBRE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SUMINISTRO Y PRESTACION DE SERVICIOS", hay que recordar que dicho precepto señala:

"Artículo 53.- Exclusión del sistema: Podrán efectuarse fuera del Sistema de Información:

a) Las contrataciones de bienes y servicios cuyos montos sean inferiores a 3 UTM".

Sobre el particular, la circunstancia de que esta norma reglamentaria haya dejado fuera del Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la Administración -al que alude el artículo 19 de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios- a las compras menores de 3 UTM, no quiere decir que el señalado precepto del reglamento, ratifique que no existe la obligación legal de publicar en el sitio web de Transparencia Activa de cada órgano de la Administración del Estado, las compras o adquisiciones menores a dicho monto, puesto que como indica la norma reglamentaria, excluye dichas compras de la publicidad del sistema instaurado por la Ley N° 19.886, es decir, de la obligación de publicar en el o los sistemas de información que establezca la Dirección de Compras y Contratación Pública, la información básica relativa a sus contrataciones y aquella que establezca el reglamento, lo que no significa que dicha información no esté incluida en el artículo 7°, letra e), de la Ley de Transparencia, por lo que la Instrucción General N° 11 del Consejo, en su numeral 1.5., distingue en cuanto al sitio de publicación de las compras sometidas al sistema de compras públicas y aquellas que no lo están, de modo que las compras que sean menores a 3 UTM no han quedado exentas de la obligación de publicación en Transparencia Activa, por lo que existe respaldo legal para requerir a la Presidencia de la República el cumplimiento de dicha obligación legal, tal como se resolvió en la decisión C6490-19.

18°) Que, finalmente, en relación a este mismo punto, y como segunda cuestión, esta Corte no puede aceptar el argumento de que una norma reglamentaria permita a una entidad de la Administración del Estado eximirse de la obligación de publicidad contenida en el artículo 7° letra e) de la Ley de Transparencia, así como las disposiciones reglamentarias y el tenor de la Instrucción General N° 11 del Consejo.

En particular, respecto de la primera disposición legal, ella no puede ser alterada por una norma de inferior jerarquía, como lo es la citada norma reglamentaria contenida en el Decreto N° 250 de Hacienda, citado en el reclamo. Nunca una norma reglamentaria podrá establecer requisitos o excepciones no contenidas en forma expresa en una norma de rango legal, a menos que la propia ley así lo disponga.

En el presente caso, como se ha dicho, la ley que manda y regula la materia es el artículo 7 letra e) de la Ley de Transparencia, así como las disposiciones de su Reglamento y las Instrucciones que sobre la materia entregue el Consejo para la Transparencia, que la Presidencia de la República está obligada a respetar, cumpliendo con la obligación de publicar en su portal la totalidad de las compras y adquisiciones realizadas, sin que puede lícitamente distinguir aquellas que son de monto superior o inferior a tres Unidades Tributarias Mensuales.

19°) Que, en consecuencia, el reclamo de autos, por las razones entregadas, no puede prosperar y debe ser desestimado.

Por estas consideraciones y en conformidad, asimismo, con lo que dispone el artículo 28 de la Ley N° 20.285, se declara que se rechaza el reclamo de ilegalidad interpuesto por doña RUTH ISRAEL LOPEZ, Abogada Procurador Fiscal de Santiago, del Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile -Presidencia de la República-, en contra del Consejo para la Transparencia ("CPLT"), representado por don Jorge Jaraquemada Roblero, por haber adoptado la Decisión sobre Reclamo Rol C6490-19 por su Consejo Directivo, en sesión ordinaria N° 1052, de 28 de noviembre de 2019.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, comuníquese lo resuelto.

Redacción del Ministro Mario D. Rojas González.

Rol N° 684-2019.

Pronunciada por la Octava Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Mario Rojas González e integrada por el Ministro señor Jaime Balmaceda Errázuriz y el Ministro (s) señor Rafael Andrade Díaz.

Pronunciado por la Octava Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Mario Rojas G., Jaime Balmaceda E. y Ministro Suplente Rafael Andrade D. Santiago, diez de julio de dos mil veinte.

En Santiago, a diez de julio de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.