logo
 

Dirección Nacional del Servicio Civil con Consejo para la Transparencia Rol: 132-2020

Corte de Apelaciones de Santiago, 10/07/2020

Director Nacional del Servicio Civi interpone reclamo de ilegalidad contra Consejo para la Transparencia que emitió decisión de amparo. Corte rechazo el reclamo


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechazado


Ministros:

  • Juan Carlos Silva Opazo
  • Juan Poblete Méndez
  • Marisol Rojas Moya

Texto completo:

Santiago, diez de julio de dos mil veinte.

Al escrito folio 18, estése a lo que se resolverá.

VISTOS:

PRIMERO: Que, deduce reclamo de ilegalidad don Alejandro Weber Pérez, Director Nacional del Servicio Civil, en contra del Consejo para la Transparencia, en virtud de lo prescrito en el artículo 28 de la Ley de Transparencia (LT), con motivo de la dictación de la Decisión de Amparo C-2713-19, adoptada por su Consejo Directivo en sesión ordinaria N° 1071, de 11 de febrero de 2020 y notificada por oficio el 28 de febrero de 2020.

Pide se deje sin efecto la decisión de entregar: "copia íntegra del informe de evaluación psicolaboral del propio solicitante, emitido por la empresa consultora, relativo al concurso público para el cargo de Subdirector/a Médico del Hospital de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA), código ADP - 3362" .

En cuanto a los hechos, expresa que, con fecha 28 de marzo de 2019, don Bernardo Martorell Guerra presentó ante la Dirección Nacional del Servicio Civil -DNSC-, la siguiente solicitud de información: "a) En relación al concurso de Alta Dirección Pública: ADP - 3362 para el cargo de Subdirector/a Médico Hospital de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA), solicito por favor, copia de los informes de las consultoras y los puntajes otorgados en relación a mi persona durante dicho concurso en las diferentes etapas.

b) Así también, solicito lo mismo, de manera anónima (es decir, desidentificada), de los demás postulantes que alcanzaron la etapa de Entrevista Final en el mismo concurso. Solicito también el acta y puntajes otorgados por el Comité de Selección, eliminando de estos documentos, la información que identifica a los otros postulantes, dejando solo mi nombre visible en dichos antecedentes" (sic).

El 5 de abril de 2019, mediante Resolución Exenta N° 550, el órgano accedió a la entrega parcial de lo solicitado, entregando los datos del proceso consultado, la evaluación de los candidatos de manera anonimizada, el informe de evaluación del propio solicitante, con omisión de las referencias laborales, las opiniones expertas y evaluaciones emitidas por la empresa especializada, por tratarse de información que tiene carácter confidencial, de acuerdo a lo establecido en las letras b) y d), del inciso 4°, del artículo quincuagésimo quinto, de la ley N° 19.882, en relación con los numerales 1° y 5°, del artículo 21 de la Ley de Transparencia, denegando, asimismo, los informes de evaluación de los candidatos entrevistados, fundado en las mismas causales.

El 11 de abril de 2019, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información. El Consejo para la Transparencia, mediante Decisión de Amparo Rol C2713-19, de 11 de febrero de 2020, lo acogió, requiriendo que se entregue al solicitante la información ya reseñada.

Luego de explicar las etapas de los concursos, y la clasificación de los oponentes en idóneos y no-idóneos, señala que los fundamentos de la negativa y del reclamo obedecen a lo establecido en el artículo 55 incisos 3 y 4 de la Ley 19.882, y las causales de secreto del artículo 21 de la Ley de Transparencia. Estima que sólo son públicos respecto del propio candidato y de terceros, el puntaje final y el resultado de su evaluación conforme el inciso 3°. Cita la historia fidedigna del establecimiento de la Ley N° 20.955 en que se estableció expresamente el objetivo de perfeccionar la transparencia, sin transformar en un debate público si la Alta Dirección Pública actúo bien o mal. En cuanto a la frase "resultado de la evaluación" no puede tratarse de la parte conclusiva del informe de la empresa consultora, teniendo siempre la referencia de terceros y la identidad de los candidatos el carácter de confidencial. En definitiva, se ha buscado proteger con reserva la opinión experta del ente evaluador a objeto de garantizar su imparcialidad y no someterlo a un escrutinio descontextualizado.

Estima también la reclamante que, en la especie, no resulta aplicable la Ley N° 19.628 y la categoría de "dato sensible" que atribuye la propiedad sobre las evaluaciones, conforme al artículo 2 letra g), ya que las evaluaciones sólo son con relación a un perfil o cargo, sin entrar en la vida íntima del oponente, por lo quien éste no tiene la titularidad de estos datos.

En cuanto a las causales de reserva, conforme los numerales 1 y 5 del artículo 21 de la Ley ya citada. La denegación se fundó en el inciso 4° del artículo 55 que corresponde a una Ley de Quorum calificado. (CAUSAL N° 1). En cuanto a la causal (N° 5), entiende que la vulneración de la confidencialidad supone una afectación al cumplimiento de las funciones de la Alta Dirección Pública.

Finalmente, pide se acoja el reclamo y se deje sin efecto la decisión de amparo N° C-2713-2019, con costas.

SEGUNDO: Que evacuando informe la reclamada, solicita su rechazo. En primer lugar, luego de explicar los hechos y su cronología; y, en cuanto al fondo, indica que la Decisión de Amparo C-2713-2019 adoptada por el Consejo para la Transparencia se ajustó a derecho y al espíritu del constituyente en materia de transparencia y acceso a la información pública, por lo que el Reclamo de Ilegalidad debe ser rechazado al no haberse incurrido en ninguna de las ilegalidades que se denuncian.

En cuanto al objeto de la controversia se circunscribe a que el Consejo para la Transparencia acogió el amparo presentado por don Bernardo Martorell Guerra, teniendo presente que el requirente solicitó su propia información, sin pedir acceso a la información de otros candidatos que participaron del concurso, y que el propio legislador consideró procedente la entrega del resultado de la evaluación al postulante que la solicite, según lo señalado expresamente en el inciso 3° del artículo quincuagésimo quinto de la ley N° 19.882.

En definitiva, la controversia se centra en la reserva del informe psicolaboral establecida en el inciso 4°, del artículo quincuagésimo quinto de la Ley N° 19.882, en virtud del cual, tendría el carácter reservado y confidencial, incluso aquel informe psicolaboral del postulante solicitante, titular de los datos personales y sensibles contenidos en el mismo, no obstante que el inciso 3°, del artículo quincuagésimo quinto, es claro.

Expresa la tesis que sostiene el Servicio Civil, en que omite toda consideración y referencia a esos casos de excepción a la confidencialidad de dicha información, cuando es solicitada por el propio postulante y solo se refiere a su persona, intentando convencer a esta Corte que la confidencialidad de los antecedentes establecida en el inciso 4° del articulo quincuagésimo quinto de la ley N° 19.882, no distingue respecto de quienes se aplica, pues, a su juicio, en todos los casos en que el postulante desee conocer sus evaluaciones, las referencias entregadas por terceros y las opiniones expertas y evaluaciones emitidas por las empresas especializadas en selección de personal, éstas son reservadas, salvo el puntaje o la nota, pues todos esos antecedentes forman parte del informe psicolaboral, los cuales el legislador decidió proteger.

Por otra parte, respecto de los fundamentos del reclamo, el Servicio Civil sostiene que, en el caso sub lite, no recibe aplicación la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, pues esta última normativa no regula la publicidad o confidencialidad de los concursos públicos para proveer cargos de Alta Dirección Pública, ya que el informe psicolaboral, no contiene aspectos de la vida de una persona considerados como "datos sensibles" de acuerdo al Art. 2°, letra g), de la Ley N° 19.628, ni tampoco el candidato debe relatar información sensible o de su vida íntima. Por el contrario, su representada, estima que la regulación contenida en el inciso 4°, del artículo quincuagésimo quinto, de la Ley N° 19.882, no es la única aplicable a la materia de autos, ni es excluyente, sino que se complementa con la Ley N° 19.628, y con el inciso 3° del mismo artículo quincuagésimo quinto, que permite el acceso a la información requerida al titular de los datos personales y sensibles plasmados en el resultado de la evaluación, respecto del cual no pueden tener el carácter de reservados, porque se refieren a información sobre su persona. Sostener lo contrario, equivale a cercenar el derecho de acceso a los datos personales por parte de su titular, en el marco de un concurso público del Sistema de Alta Dirección Pública.

Luego, invoca una falta de legitimación activa del Servicio Civil para invocar la causal del articulo 21 N° 1 de la ley ya citada, como fundamento de su reclamo de ilegalidad, conforme a lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 28, ya que no le asiste la facultad de interponer un reclamo de ilegalidad al órgano de la Administración por las causales de secreto o reserva de información contenidas en el artículo 21 N° 1. Se apoya en diversos fallos que individualiza.

Agrega que el solicitante y postulante, no ha requerido información respecto de otros postulantes, sino que solo de su informe psicolaboral, por lo que es titular de dicha información, por haber sido elaborado con antecedentes personales en el proceso concursal en el que participó.

Señala que el titular de los datos personales sensibles y de toda la información contenida en el informe psicolaboral, no es la empresa consultora que elaboró el informe, ni el órgano o servicio público que encargó su confección, sino la persona evaluada, es decir, don Bernardo Martorell Guerra, al tenor de lo dispuesto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución, letra ñ), del artículo 2° y artículo 12 de la Ley N° 19.620.

En definitiva, los antecedentes solicitados son públicos para su titular, quien tiene derecho, por lo tanto, a solicitar el informe psicolaboral elaborado en virtud de lo dispuesto en el artículo 55° incisos primero, tercero y cuarto letra d) de la Ley N° 19.882, manteniéndose la reserva únicamente respecto de terceros.

Por lo tanto, el Consejo para la Transparencia, al brindar acceso al informe psicolaboral del solicitante de información, simplemente ha dado cumplimiento al mandato dispuesto en el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia, que encomienda a este Consejo «velar por el adecuado cumplimiento de la ley N° 19.628, de protección de datos de carácter personal, por parte de los órganos de la Administración del Estado», siguiendo la línea jurisprudencial que ha trazado esta Corte de Apelaciones, la Excma. Corte Suprema y el Excmo. Tribunal Constitucional.

Tampoco se configura la causal de secreto del N° 5 del artículo 21 de la Ley de Transparencia para reservar el resultado de la evaluación requerida, ya que el inciso 3° del art. quincuagésimo quinto de la ley N° 19.882 permite el acceso al informe del propio postulante.

El inciso 3° del artículo quincuagésimo quinto, consagra en materia de habeas data, que cada postulante, una vez finalizada su participación, tiene derecho a acceder a su propia información, señalando explícitamente, que " podrá solicitar su puntaje final y el resultado de su evaluación".

Expresa que su representada no comparte la interpretación realizada por la reclamante, en el sentido de estimar que la expresión "resultado de su evaluación" utilizada por el legislador, se agote con la entrega de la parte conclusiva del informe proporcionado por la empresa consultora, esto es, el puntaje final del postulante y su calificación de "idóneo" para el cargo; sino que, por el contrario, el reconocimiento que hace el legislador en el sentido que los postulantes a los concursos tienen derecho a acceder a su propia información. De aceptar tal interpretación, implicaría entender que "calificación final" y "resultado de su evaluación" corresponden a la misma información. Colige que la correcta interpretación, en ningún caso quiso excluir del conocimiento del titular dichos datos personales o sensibles, el contenido de los mismos y de su evaluación. Y la reserva no alcanza al resultado de la evaluación psicolaboral, ni a las opiniones de expertos y evaluaciones elaboradas por empresas especializadas en selección de personal, cuando la información sea solicitada por el propio postulante interesado. Entiende que las causales de excepción al principio de publicidad, en conformidad al inciso 2° del artículo 8° de la Constitución Política, deben ser interpretadas y aplicadas restrictivamente, siendo la reserva, la excepción.

En consecuencia, el Servicio Civil ha incurrido en actos propios que evidencian contradicción con sus alegaciones vertidas en el reclamo de ilegalidad, ya que anteriormente y con ocasión de otra solicitud, ha procedido a dar cumplimiento a dicha decisión a través de correo electrónico enviado al solicitante, con fecha 15 de octubre de 2019, entregándole una copia de su informe psicolaboral emitido por la empresa consultora respectiva, relacionado con el concurso público al cual postuló.

Finalmente argumenta que no procede la condena en costas al Consejo para la Transparencia en la resolución de los reclamos de ilegalidad.

TERCERO: Que esta Corte le dio traslado al tercero interesado don Bernardo Martorell Guerra, quien no lo evacuó, de acuerdo con la certificación realizada con fecha 15 de abril de este año.

CUARTO: Que son hechos que constan n de los antecedentes los siguientes:

a) El día 28 de marzo del año 2019, el señor Bernardo Martorell Guerra presentó ante la Dirección Nacional del Registro Civil, una solicitud de información.

b) El día 5 de abril del año 2019, el requerido accede a la información solicitada, con excepción de las referencias laborales, las opiniones expresas y evaluaciones emitidas por la empresa especializada, por tratarse de información confidencial, de acuerdo con las letras b) y d) del inciso 4° del artículo 55 de la Ley 19.882 en relación con los N° s 1 y 5 del artículo 21 de la Ley de Transparencia.

c) El señor Martorell Guerra, dedujo acción de amparo a su derecho a la información en contra del referido órgano de la Administración del Estado.

d) En Sesión Ordinaria N° 1107 del Consejo Directivo celebrada el día 11 de febrero del año 2020, la reclamada acogió la acción de amparo en contra de la Dirección Nacional del Servicio Civil, disponiendo la entrega del informe psicolaboral íntegro del solicitante del concurso público de Alta Dirección Pública que consulta. Ello porque lo pedido está garantizado por las leyes N° 19.628 y 19.882, sin que su entrega pueda afectar los procesos de selección del sistema de Alta Dirección Pública que lleva el Servicio Civil

e) En contra de esta decisión, la Dirección de Registro Civil, dedujo reclamo de ilegalidad.

QUINTO: Que lo que debe dilucidarse es si corresponde o no que la Dirección Nacional del Registro Civil, en adelante DNRC, debe entregar- como lo determinó el Consejo para la Transparencia, el examen sicolaboral a don Bernardo Martorell Guerra, porque tiene el carácter público y porque forma de parte de un concurso público para proveer un cargo de Alta Dirección Pública.

SEXTO: Que, para dilucidar el conflicto jurídico que se ha planteado, es necesario traer a colación las normas legales y constitucionales que gobiernan la materia. En primer lugar, el inciso segundo del artículo 8 de la Constitución Política de la República, dispone que: "Son públicos los actos y resoluciones de los Órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que se utilicen. Sin embargo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional."

SEPTIMO: Que de la norma transcrita puede señalarse que la publicidad es el principio de orden general que rige los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que se utilicen. Se trata entonces de un principio constitucional al cual deben someterse las leyes y los reglamentos, pero que permite una excepción, y corresponden a aquellos actos cuyo conocimiento afectaren el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.

OCTAVO: Que la Ley N° 20.285, regula conforme al artículo 1°, el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo y las excepciones a la publicidad de la información. El artículo 5°, reafirma el principio de publicidad y sus excepciones. El artículo 10, otorga a toda persona el derecho a solicitar y recibir la información de cualquier órgano de la Administración del Estado. El acceso a la información, comprende el derecho de acceder a la información contenida en los actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos.

NOVENO: Que de la interpretación armónica de las normas antes citadas, aparece que conforme a los principios de transparencia y publicidad, procede por norma general, entregar información, salvo que, efectivamente, ésta se encuentre comprendida en alguna de las causales de excepción al principio de publicidad, como está previsto en la Constitución y la ley.

DECIMO: Que el reclamante se opuso a la entrega de la información como lo dispuso el Consejo para la Transparencia, por los siguientes argumentos:

a) La entrega del informe es confidencial de acuerdo con lo dispuesto en los incisos 3° y 4° del artículo 55 de la Ley 19.882 del año 2003.

b) La ley 19.628, no es aplicable a la solicitud del señor Martorell Guerra, pues lo pedido, no corresponden a datos sensibles ni a su vida privada, según letra g) del artículo 2 de ella.

c) Las causales de reserva en que se funda la reclamación son los N° s 5 y 1 del artículo 21 de la Ley de Transparencia. La primera, cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quorum calificado haya declarado reservados o secretos de acuerdo con las causales del artículo 8 de la Constitución Policita de la República. La segunda, cuando su publicidad, comunicación, o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido.

UNDECIMO: Que el informe psicolaboral es un instrumento que se elabora a partir de los datos proporcionados por el postulante y que contiene la apreciación de un experto, respecto de determinados rasgos que se requieren respecto de un determinado perfil de cargo para desempeñar un cargo público especifico.

DUODECIMO: Que en materia de proceso de selección de cargos para la Alta Dirección Pública, debe ceñirse a lo que dispone el artículo 55 de la Ley 20.955, que modificó la ley 19.882. La norma referida indica lo siguiente:

ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO QUINTO.- El proceso de selección y sus antecedentes tendrán el carácter de públicos, sin perjuicio de las reservas que expresamente establezca la ley.

Con todo, serán públicos los siguientes antecedentes, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 20.285, sólo una vez nombrado el alto directivo público o declarado desierto el concurso:

a) Los antecedentes curriculares de quien sea nombrado, debiendo resguardarse sus datos sensibles en conformidad con la ley, y

b) Los puntajes finales de los candidatos incluidos en las nóminas a las que se refieren los artículos quincuagésimo y quincuagésimo segundo de esta ley, resguardando la reserva de la identidad de las personas nominadas.

3° Asimismo, cada postulante podrá solicitar su puntaje final y el resultado de su evaluación.

4° Sin perjuicio de lo anterior, siempre tendrán el carácter de confidencial los siguientes antecedentes:

a) El nombre y otros atributos personales que permitan deducir la identidad de los candidatos.

b) Las referencias entregadas por terceros sobre los candidatos.

c) Los puntajes de los candidatos, excepto en los casos señalados en laletra b) del inciso segundo y en el inciso tercero.

d) Las opiniones expertas y evaluaciones emitidas por las empresas especializadas en selección de personal sobre los candidatos, sin perjuicio de lo señalado en el inciso tercero. ......... e) La nómina de candidatos.

DECIMO TERCERO: Que del análisis de la norma antes citada, es posible concluir que el proceso de selección es público salvo las excepciones que la misma contempla. Luego dispone que una vez nombrado en el cargo el directivo o declarado desierto el concurso, también son públicos los antecedentes indicados en las letras a) y b). En el caso del término de la participación del postulante, este tiene derecho a conocer su propia información respecto de "........su puntaje final y el resultado de su evaluación", sin perjuicio que declara confidencial los datos sensibles de los candidatos, particularizados en las letras a) a e) del N° 4.

DECIMO CUARTO: Que de lo que se viene razonando y de la naturaleza del instrumento denominado informe psicolaboral, tenemos que se trata de un documento que no es de propiedad ni le da la titularidad del mismo ni a la empresa consultora encargada de su elaboración, como tampoco de la entidad u órgano que la encarga, sino que del propio postulante que es el que permite, en forma voluntaria, entregar los antecedentes necesarios para su confección y que es el que permite determinar si es el más idóneo para el cargo para el cual está concursando.

DECIMO QUINTO: Que siendo entonces los datos sensibles del requirente, la información allí indicada, no puede entenderse que sea confidencial para el mismo que las proporcionó, tal como lo decidió, el Consejo recurrido. Así se desprende de la sola lectura de la letra g) del artículo 2 de la Ley 19.628, que dispone lo siguiente:

Artículo 2° - Para los efectos de esta ley se entenderá por:

g) Datos sensibles, aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual. DECIMO SEXTO: Que despejadas y desechadas dos de las alegaciones en que se sustenta el reclamo, deben analizarse las causales de reserva que se han invocado. Respecto de la fundada en el N° 1 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, se rechazará, por lo que expresamente indica el inciso segundo del artículo 28 de la citada ley, por cuanto el reclamo que se presenta antes esta Corte, no puede fundarse en dicha causal, cuando esta ha sido desechada por el Consejo de la Transparencia, disponiéndose la entrega de la información solicitada. En consecuencia, la reclamante carece de legitimidad activa por esta causal.

DECIMO SEPTIMO: Que, por último, respecto de la última causal esgrimida, tampoco se configura, pues, no analiza ni funda mayormente como se vería afectado el órgano, con la entrega de la información al solicitante en los procesos presentes y futuros de selección respecto de cargos de Alta Dirección Pública.

DECIMO OCTAVO: Que todo lo antes razonado, lleva en forma indefectible a concluir que el reclamo en examen debe desestimarse. Por estas consideraciones, citas legales y ley 20.285, se declara que SE RECHAZA, SIN COSTAS, el reclamo deducido por Alejandro Weber Pérez , en representación de la Dirección Nacional del Registro Civil y Presidente del Consejo de Alta Dirección Pública en contra del Consejo para la Transparencia.

Acordada con el voto en contra del ministro señor Poblete, quien es tuvo por acoger la acción de amparo y denegar acceso a la información solicitada por don Bernardo Martorell Guerra, por cuanto el informe psicolaboral confeccionado a la luz de un proceso de selección para un cargo de alta dirección pública, que permite determinar la idoneidad de los postulantes al cargo, es de naturaleza confidencial, según expresamente se desprende del artículo 55 de la Ley 19.882, modificado por la ley 20.955, siendo inaplicable la ley 19.628, porque el referido informe no contiene datos sensibles, pues no comparte datos de la vida íntima del postulante sino de su pasado o presente laboral que le permitan configurar la idoneidad del cargo para el que postula. Carece entonces el peticionario de titularidad para solicitar el referido informe, motivo por el cual, debió acogerse la reclamación y desecharse la solicitud del señor Martorell Guerra.

Regístrese, comuníquese y archivese.

Redacción de la ministra señora Marisol Andrea Rojas Moya.

N° Contencioso Administrativo-132-2020.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Marisol Rojas Moya e integrada por el Ministro señor Juan Antonio Poblete Méndez y por el Ministro (S) señor Juan Carlos Silva Opazo. No firma el Ministro señor Poblete por encontrarse suspendido de sus funciones.

Pronunciado por la Séptima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Marisol Andrea Rojas M. y Ministro Suplente Juan Carlos Silva O. Santiago, diez de julio de dos mil veinte.

En Santiago, a diez de julio de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.