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Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño con Consejo para la Transparencia Rol: 162-2020

Corte de Apelaciones de Santiago, 15/07/2020

Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño interpuso reclamo de ilegalidad en contra de decisión del Consejo Para la Transparencia que le ordenó la entrega de los correos electrónicos enviados desde casilla institucional. Corte acogió el reclamo.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechazado

Ministros:

  • Jaime Balmaceda Errázuriz
  • Mario Rojas González
  • Rafael Andrade Díaz

Texto completo:

Santiago, quince de julio de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece la Abogada Procuradora Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, en representación de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, e interpone reclamo de ilegalidad en contra de la sentencia del Consejo Para la Transparencia recaída en el amparo Rol N° 1285-2019, solicitando a esta Corte se sirva dejar sin efecto tal decisión, que ordenó la entrega de los correos electrónicos enviados desde la casilla institucional del ex funcionario José Antonio Illanes, entre los meses de diciembre de 2013 a diciembre de 2018.

Alega la reclamante que el 2 de enero de 2019 José Ilanes Grau formuló una solicitud de acceso de información pública a la Subsecretaría de Economía requiriendo los correos electrónicos recibidos y enviados desde su cuenta institucional jillanes@economia.cl en el período comprendido entre diciembre 2013 y diciembre 2018. Mediante Ordinario N° 645 de 23 de enero de 2019 de la Subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño -sigue el relato-, se denegó el acceso a la información, invocándose como fundamentos que respecto de los correos electrónicos, tal y como lo ha señalado la reiterada jurisprudencia del Consejo para la Transparencia, se configura la causal de secreto o reserva contenida en el artículo 21 N° 2 de la Ley 20.285, debiendo ser protegidos por el derecho a la vida privada, garantía constitucional que es base de la expresión de la libertad individual.

Expone que ante esta negativa el requirente dedujo amparo ante el Consejo para la Transparencia y al evacuar los descargos la Subsecretaría de Economía expuso que se configuraría la causal de secreto o reserva de la norma antes citada, por vulnerarse las garantías constitucionales consagradas en los N° 4 y 5 del artículo 19 de la Carta Fundamental. El Consejo, añade, acogió parcialmente el amparo y ordenó entregar sólo los correos enviados por el solicitante mientras se desempeñó como funcionario del órgano reclamado, desde el mes de diciembre de 2013 a diciembre de 2018, estimando el reclamante que existe una incoherencia en la distinción que efectúa el Consejo sobre los correos enviados y recibidos, por cuanto, en primer término, en los primeros también existen recibidos si es respuesta, en atención a que son verdaderas conversaciones que contienen indistintamente envíos y respuestas, porque tanto los correos recibidos como los enviados pueden contener información y antecedentes estratégicos sobre el funcionamiento societario administrativo, contable y financiero de las diversas cooperativas sometidas a fiscalización y porque para poder cumplir la decisión necesariamente se deben revisar dichas comunicaciones (a fin de distinguir sobre los correos enviados y recibidos) lo que constituye una invasión a la privacidad.

Sigue el reclamo indicando que la decisión que se impugna vulnera las garantías constitucionales consagradas en los N° 4 y 5 del artículo 19 de la Constitución y es arbitraria e ilegal ya que con el sólo hecho de realizar la revisión de una casilla de correos electrónicos institucionales, a objeto de discriminar aquellos enviados y recibidos desde la casilla institucional aludida, sin que medie una ley que lo autorice, se produce una abierta infracción a tales garantías. Asimismo, añade, vulnera lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, pues el contenido de los correos electrónicos tanto enviados como recibidos en su mayoría se relacionan con las más diversas materias y podrían contener, en algunos casos, datos personales y sensibles de emisores y receptores e, incluso, materias de carácter sensible que se pusieron en conocimiento del señor Illanes en su calidad de funcionario del Departamento de Cooperativas de la Subsecretaría.

Finalmente alega que la Ley de Transparencia carece de la especificidad y determinación para levantar la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y señala que los casos en que el ordenamiento jurídico autoriza la interceptación, apertura, registro o conocimiento son determinados y excepcionales.

Segundo: Que al evacuar el traslado conferido el Consejo para la Transparencia solicita el rechazo del reclamo.

Argumenta al efecto que el motivo para autorizar entrega de correos enviados radica en que tales comunicaciones no revisten el carácter de "privadas", en los términos del N° 5 del artículo 19 de la Carta Fundamental, ya que fueron enviados en el ejercicio de la función pública por parte del propio requirente y no se refieren a asuntos de la vida privada del emisor. Expone que aun cuando así lo estime la Subsecretaría reclamante, lo cierto es que es imposible reservarlos para el propio titular de esas comunicaciones, para quien no pueden ser secretos, ya que ha sido él quien los redactó, siendo su contenido conocido por éste, por lo que no tiene sentido que la Subsecretaría actúe en contra de la voluntad del titular de la comunicación, puesto que el ex funcionario requirente, al solicitar sus propios correos, ha sido el que ha otorgado su consentimiento para que el órgano ingrese al servidor de correo institucional y le proporcione los correos electrónicos enviados por su persona en un determinado período desde la que fue su casilla electrónica mientras se desempeñó como funcionario de la Subsecretaría de Economía, lo que descarta cualquier tipo de intromisión indebida o no autorizada. Por lo tanto, concluye sobre el punto, no es posible sostener que la revelación de los correos en controversia atente contra la vida privada ni la inviolabilidad de las comunicaciones privadas del emisor.

Asimismo, se alega por el Consejo para la Transparencia que no hay afectación en los términos exigidos por el artículo 8° de la Constitución, que para que ceda la publicidad y el acceso a la información pública frente al secreto o reserva demanda que deba "afectarse" algunos de los bienes jurídicos protegidos que ella menciona, de lo cual es posible concluir que no basta que se invoque alguna de las causales de secreto o reserva del artículo 21 de la Ley de Transparencia, como ocurre en el presente caso, sino que, además de adecuarse a algunas de las hipótesis del referido artículo 8°, debe acreditarse una real y efectiva afectación de los bienes jurídicos que se protegen.

En otro orden de ideas se expone que los correos electrónicos ordenados entregar no resultan reservados en virtud del deber funcionario de confidencialidad previsto en el artículo 112 de la Ley General de Cooperativas, norma ésta que solo contempla un deber funcionario de confidencialidad aplicable únicamente a los servidores públicos que trabajan en la Subsecretaría, pero no tiene un alcance institucional que obligue al órgano requerido, por lo que no es suficiente para erigirse como causal de secreto o reserva establecida en virtud de ley de quórum calificado, constituyendo una ley simple que contiene deberes funcionarios de confidencialidad orientados al desempeño correcto e intachable de las funciones públicas y, por lo tanto, de una recta y proba Administración del Estado.

Tercero: Que de lo reseñado en los motivos que anteceden y sin perjuicio de lo que más adelante se dirá, aparece con claridad que la reclamante Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño estima que el Consejo para la Transparencia ha incurrido en ilegalidad al haberle ordenado entregar determinada información, pues en su concepto se encuentra comprendida en el N° 2 del artículo 21 de la Ley N° 20.285. De acuerdo a este precepto, se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico.

Pues bien, la información que el Consejo ordenó entregar a la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño se refiere a los correos electrónicos enviados desde la casilla institucional del ex funcionario José Antonio Illanes desde entre los meses de diciembre de 2013 y diciembre de 2018, de manera tal que la esencia del problema radica en determinar si esta información es una de aquéllas cuya publicidad, comunicación o conocimiento afecta los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico.

Cuarto: Que una atenta lectura del texto de la norma del N° 2 del artículo 21 citado permite razonablemente sostener que para que resulte legalmente admisible afirmar la condición de reservada de la información, debe afectarse los derechos de las personas y el empleo de la forma verbal destacada conlleva la necesidad de determinar la efectiva afectación de aquello que se pretende resguardar para configurar una auténtica excepción a la regla general de publicidad.

En razón de lo anterior, como lo ha afirmado tanto este Tribunal como la Corte Suprema en diversas oportunidades en que ha conocido de asuntos semejantes al presente, tocaba al ahora reclamante demostrar en qué medida la divulgación de la información requerida efectivamente afecta "los derechos de las personas, particularmente su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico" y ello en el caso de la especie no ha acontecido, pues, en efecto, sin perjuicio de no haberse indicado en lo absoluto de qué forma se materializa esa afectación, no divisa esta Corte cómo podría ésta producirse, en tanto únicamente se dispone la entrega de los correos que el propio ex funcionario envió y no la de aquellos que recibió.

Quinto: Que respecto de esta última cuestión debe señalarse que la información que se ha ordenado entregar no puede tener el carácter de privada, en tanto se trata de correos electrónicos que fueron enviados en ejercicio de una función pública y no se refieren a asuntos de la vida privada. Asimismo, resulta ilógico sostener que esas comunicaciones resulten reservadas porque esa reservar se predicaría respecto del mismo titular, para quien no pueden ser secretos puesto que emanaron de él mismo y su contenido le es evidentemente conocido. En tal escenario, carece de sentido que se pretenda actuar contra la voluntad del titular de la comunicación y tampoco existe la incoherencia que se denuncia por el hecho de haber efectuado el Consejo para la Transparencia la distinción entre correos enviados y recibidos porque en los primeros también hay de los segundos cuando constituyen una respuesta, desde que la separación entre unos y otros es perfectamente concebible.

Al requerir sus propios correos el requirente indudablemente otorga su consentimiento a fin de que le sean proporcionados aquéllos que envió y que emanaron de su persona y ello permite desechar la apreciación de eventuales injerencias no permitidas.

Sexto: Que, por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 112 del Decreto con Fuerza de Ley N° 5 de 17 de febrero de 2004, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley General de Cooperativas, los funcionarios del Departamento de Cooperativas estarán obligados a guardar reserva acerca de los documentos y antecedentes de las cooperativas, siempre que tales documentos no tengan el carácter de públicos ni se trate de requerimientos de algún Poder del Estado.

La inteligencia de este precepto permite concluir que esta regla contempla únicamente un deber funcionario de confidencialidad aplicable a quienes desempeñan sus funciones en la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño y, tal como sostiene el Consejo para la Transparencia, no tiene un alcance institucional que obligue al órgano requerido. Dicho de otro modo, la norma invocada por la parte reclamante sólo consagra un deber funcionario, es decir, una obligación o prohibición a quien se desempeña en la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño de divulgar la información de que se imponga con motivo u ocasión del desempeño de su función pública obviando los procedimientos que sus estatutos contemplen para la entrega de la misma, pero en caso alguno para hacerlo cuando ello es consecuencia o efecto de la decisión de una corporación autónoma de derecho público, como lo es el Consejo para la Transparencia, que luego de observar el procedimiento que el legislador ha contemplado al efecto, decide en el ejercicio de su competencia disponer que la información de que se trate sea proporcionada.

Séptimo: Que por las razones expuestas y reiterando que el Consejo para la Transparencia no ha excedido el marco de sus atribuciones legales al ponderar la afectación que la divulgación de la información requerida pudiese eventualmente generar ni tampoco al disponer en definitiva su entrega, pues en tanto órgano dotado de la potestad de dirimir una controversia de naturaleza jurídica evidentemente se halla llamado a desentrañar el verdadero sentido y alcance de los preceptos constitucionales y legales que gobiernan los asuntos que le toca resolver, no cabe sino concluir que la reclamación deducida debe ser necesariamente declarada sin lugar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas y en los artículos 28 y siguientes de la Ley N° 20.285, se rechaza el reclamo deducido por el Consejo de Defensa del Estado, en representación de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, en contra de la sentencia del Consejo Para la Transparencia recaída en el amparo Rol N° 1285-2019.

Regístrese y archívese.

Redacción del Ministro señor Balmaceda.

N° 162-2020.

Pronunciada por la Octava Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Mario Rojas González e integrada por el Ministro señor Jaime Balmaceda Errázuriz y el Ministro (s) señor Rafael Andrade Díaz.

Pronunciado por la Octava Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Mario Rojas G., Jaime Balmaceda E. y Ministro Suplente Rafael Andrade D. Santiago, quince de julio de dos mil veinte.

En Santiago, a quince de julio de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.