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Ejercito de Chile con Consejo para la Transparencia Rol: 46-2020

Corte de Apelaciones de Santiago, 17/07/2020

Se deduce reclamo de ilegalidad por parte del Ejercito de Chile, en contra del Consejo para la Transparencia con motivo de la dictación de decisión por la cual se acogió parcialmente un amparo en su contra. Corte rechaza el amparo.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechazado


Ministros:

  • Clara Carrasco Andonie
  • Juan Carlos Silva Opazo
  • Marisol Rojas Moya

Texto completo:

Santiago, diecisiete de julio de dos mil veinte.

VISTOS:

PRIMERO: Que, deduce reclamo de ilegalidad doña Ruth Israel Lopez, procuradora fiscal del Consejo de Defensa del Estado, en representación del Ejercito de Chile, en contra del Consejo para la Transparencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 y 29 de la Ley N° 20.285, sobre acceso a la Información Pública, con motivo de la dictación de la Decisión de Amparo C-775-2019, adoptada por su Consejo Directivo en sesión ordinaria N° 1060 de fecha 26 de diciembre de 2019, por la cual se acogió parcialmente el referido amparo y que ordenó la entrega de copia íntegra y certificada de la investigación militar secc. 2ª 2431/16 de 8 de mayo de 2017 del Regimiento N° 19 "Colchagua".

Pide se revoque el acuerdo adoptado por el Consejo, declarando la ilegalidad de dicha decisión , dejándola sin efecto y se declare que el Ejército actuó conforme a derecho al negar la información solicitada.

En cuanto a los hechos señala que:

a) Por solicitud de información pública N° AD006T-0003599 de 13 de diciembre de 2018, el peticionario requiere copia íntegra y certificada de la investigación de seguridad militar secc. 2ª (R) N° 2431/16 de fecha 8 de mayo de 2017 del Regimiento N° 19 "Colchagua"

b) Por Of. JEMGE DETLE (P) N° 6800/955 de 18 de enero de 2019 el Ejercito responde al peticionario denegando la entrega de antecedentes solicitados por tratarse de materias de labores de inteligencia y protegidas según lo dispone la Ley 19.974, en sus artículos 38 y 42

c) Con fecha 22 de enero de 2019, el peticionario dedujo amparo por "Respuesta negativa a la solicitud de información", señalando que dicho antecedente lo requiere con motivo del recurso de reclamación de su representado en el expediente sumarial.

d) El 23 de abril de 2019 el Ejército presento los descargos correspondientes.

e) Por decisión de Amparo de fecha 26 de diciembre de 2019, el CPTL, resuelve acoger parcialmente el amparo disponiendo la entrega de la investigación de Seguridad Militar ya referida en la letra a).

Fundamenta su reclamo en que resulta procedente la causal de reserva y secreto contemplada en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, esta norma indica que las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información son los siguientes: b) tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquellas sean públicos una vez que sean adoptadas"

A su vez, el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política establece que el derecho a defensa jurídica de los integrantes de las Fuerzas Armadas se regirá en lo concerniente a lo administrativo y disciplinario "por las normas de sus respectivos estatutos" y en el caso que nos ocupa es el Reglamento de Disciplina para las FF AA y otros reglamentos anexos.

Señala que el propio recurrente de amparo solicito a la Investigación de Seguridad Militar (ISM) los antecedentes para agregarlos al expediente sumarial en donde tiene la calidad de afectado.

Agrega que, conforme al artículo 14 del Reglamento, la investigación sumaria administrativa es reservada hasta que se encuentre terminada, indicando que se mantiene en un cuaderno secreto especial anexo de la Investigación Sumaria Administrativa, expediente que aún se encuentra en trámite en apelación ante el Comandante en Jefe de la II División Motorizada, por lo que no se encuentra finiquitada.

También invoca la procedencia de la causal de reserva y secreto contemplada en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación a la Ley N° 19.974 "sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia".

Indica que conforme al artículo 5° de esta Ley las Secciones 2ª "inteligencia de los Regimientos forman parte del sistema de inteligencia del Estado por lo que le son plenamente aplicables las normas de secreto que dispone la ley en sus artículos 38 y siguientes. Al no considerarse así, significaría en definitiva el término de una herramienta indispensable en la función de inteligencia del Ejército o al menos, la pérdida de su eficacia, razones todas que invoca pidiendo se acoja el reclamo de ilegalidad en contra de la Decisión Amparo C775-19 adoptada por el Consejo para la Transparencia.

Agrega, que el Consejo para la Transparencia ha infringido las normas legales que establecen el secreto de la información que se ha ordenado entregar, por cuanto la ley 19.974 es una norma de quórum calificado y que en concordancia con lo dispuesto en el artículo 8° de la Constitución, no corresponde que las materias que ella regula sean difundidas a terceros, indica que este planteamiento se fundamenta tanto en jurisprudencia judicial como administrativa, por lo que reitera su petición para que se declare la ilegalidad en que ha incurrido el Consejo.

SEGUNDO: Que doña Andrea Ruiz Rozas representante legal del Consejo para la Transparencia, al evacuar el informe , luego de explicar los hechos y la cronología de los mismos, se refiere a los antecedentes que se analizaron y que culminó en la Decisión de Amparo C775-19 por la que se acogió parcialmente el arbitrio incoado por denegación de Acceso a la Información en contra del Ejército, deducido por don Jose Herrera Madriaga en representación de don Manuel Vidal Cáceres, por la que se le entregó la siguiente información:

"Investigación de Seguridad Militar Secc. 2ª® N° 2431/16 de fecha 8 de mayo del 2017, del Regimiento N° 19 Colchagua, en los términos descritos en los considerandos 7 y 8, de la investigación previo tarjado de todos aquellos datos personales y sensibles de contexto contenidos en el expediente, respecto de personas distintas al peticionario, tales como el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, fotografías, situación socioeconómica, patologías médicas, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 letras f) y g) y 4 de la Ley 19.628.

Asimismo, se dispuso reservar la identidad de aquellos que declararon en calidad de testigos, incluida toda indicación o relato que permita inferir dicho antecedente, en atención a que su divulgación puede inhibir la participación de éstos en investigaciones futuras afectando las funciones del organismo en tal contexto. Finalmente el Consejo consideró procedente que frente al evento que el expediente pedido contenga algunos antecedentes que digan relación con la realización de actividades o labores de inteligencia, sea resguardada dicha información en virtud de las causales del artículo 21 N° 3 y 4 de la Ley de Transparencia.

Cabe hacer presente que lo pedido a la Institución fue una investigación de Seguridad Militar, que fue dispuesta en el mes de mayo de 2017, a fin de esclarecer las acusaciones del Cabo 1° M. Vidal- el solicitante- contra un oficial subalterno, por supuestos actos de acoso u hostigamiento. Este expediente forma parte de un cuaderno secreto separado de una investigación sumaria administrativa. El peticionario amparado requirió copia íntegra de la investigación pero solo se acogió parcialmente en los términos consignados en acápite anterior.

Señala la informante que la decisión del Consejo, luego de analizar los antecedentes y los argumentos esgrimidos por el requirente de información, por el Ejército de Chile , la decisión de amparo adoptada se ajusta a derecho y al espíritu del constituyente en materia de transparencia y acceso a la información pública, por lo que pide el rechazo del reclamo de ilegalidad. Destacando que el derecho de acceso a la información pública, es una garantía de toda persona, independiente de la profesión, empleo o actividad que desarrolle, por lo que las limitaciones a su ejercicio no pueden ser establecidas ni deducidas a partir de normas relativas a los deberes militares.

Agrega que no obstante el carácter de derecho fundamental que detenta el derecho de acceso a la información pública, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Convención Americana de DD HH, en relación a lo dispuesto en los artículos 5° y 19 N° 12 de nuestra Carta Fundamental, el Ejército de Chile pretende que se limite dicho derecho, a través de la invocación improcedente de normas reglamentarias, lo que no resulta admisible a la luz de la normativa constitucional, legal e internacional.

En efecto, el Ejercito no puede pretender que una norma infra legal establezca un caso de reserva de determinada información por cuanto el Reglamento de Investigaciones Administrativas, se trata de una norma de jerarquía inferior a la ley, recogida en el DNL910 aprobado por Decreto N° 277 de 4 de abril de 1974, firmado por las autoridades de esa época, es decir, fue dictado en un contexto distinto normativo al que debe aplicarse para resolver el presente caso y que no cumple con el estándar que exige el inciso 2° del art. 8° de la Constitución. En efecto, el año 1974 no estaba vigente el actual estatuto constitucional y legal que rige respecto a la publicidad o reserva de la información en poder de los Órganos de la Administración.

También señala que la aplicación del principio de divisibilidad a los antecedentes solicitados, permite compatibilizar el derecho de acceso a la información con los acotados datos que puedan resultar reservados y que deben tarjarse, como ocurrió en la especie y se dejó sentado en motivos anteriores.

Agrega que no basta la existencia e invocación de una norma a que se le atribuya el carácter de ley de quórum calificado ficto, para dar por configurada la causal de reserva del articulo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, si la publicidad no afecta a alguno de los bienes jurídicos señalados en el inciso 2° del artículo 8° de la Constitución Política.

En conclusión, la decisión de amparo que motiva este proceso, se encuentra ajustada a derecho , habiéndose dictado dentro de las atribuciones y competencias que expresamente le encomendó el legislador, e interpretando la normativa conforme al artículo 8° de la Constitución y Ley de Transparencia, no existiendo ninguna ilegalidad en su adopción.

TERCERO: Que, para dilucidar el conflicto jurídico que se ha planteado, es necesario traer a colación , las normas legales y constitucionales que gobiernan la materia. En primer lugar, el inciso 2° del artículo 8° de nuestra Carta Fundamental, dispone: " Son públicos los actos y resoluciones de los Órganos del Estado, así como sus fundamentos y procedimientos que se utilicen. Sin embargo, una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquellos o de estos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional."

CUARTO: Que, de la norma transcrita precedentemente puede señalarse que la publicidad es el principio de orden general que rige los actos y resoluciones de los Órganos del Estado. Se trata entonces de un principio constitucional al cual deben someterse las leyes y los reglamentos, salvo que correspondan a actos cuyo conocimiento afectare las funciones de aquellos, los derechos de las personas, la seguridad e interés nacional.

QUINTO: Que la ley 20.285, regula el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la información. El artículo 5°, reafirma esto, a su vez el artículo 10° otorga a toda persona el derecho a solicitar y recibir la información de cualquier órgano de la Administración del Estado.

Así entonces, de la interpretación armónica de las normas antes citadas, aparece que conforme a los principios de transparencia y publicidad, procede por norma general, entregar información, salvo que, efectivamente ésta se encuentre comprendida en alguna de las causales de excepción al principio de publicidad, como está previsto en nuestro ordenamiento jurídico.

SEXTO: Que, el reclamante se opone a la entrega de información como lo dispuso el Consejo de Transparencia al acoger parcialmente el amparo que dedujo el solicitante Jose Herrera M. por cuanto se trata de antecedentes correspondientes a labores de inteligencia y protegidas en los artículos 38 y 42 de la Ley 19.974, además pone en riesgo la seguridad militar, habida consideración , que la petición carece de oportunidad al estar concluido el sumario administrativo.

En efecto, tal como se dejó sentado en el motivo 1° de esta resolución, cuando se consignan los hechos, el reclamante hace expresa mención que el derecho a defensa de las Fuerzas Armadas se regirá en lo concerniente a lo administrativo y disciplinario, por sus propios estatutos, y en el caso que nos ocupa es el Reglamento de Disciplina para las FF. AA además de otros reglamentos anexos.

SEPTIMO: Que , el deber de reserva que establece el artículo 38 de la Ley 19.974 cumple con el requisito de emanar de una ley de quórum calificado y, por ende, su aplicación resulta legal y constitucionalmente procedente, toda vez que la disposición indica de manera explícita que son secretos y de circulación restringida, los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de los organismos que conforman el Sistema, antecedentes que dada la naturaleza y carácter de la labor de inteligencia, deben vincularse con la seguridad de la Nación.

Así entonces, el Reglamento que se debe observar para cumplir las investigaciones que realizan los departamentos de inteligencia del Ejército, no puede considerarse como actividad de inteligencia, desde que se trata de normativa de carácter procedimental interna, que regula, precisamente, procedimientos y estos en su carácter de tal , deben estar sujetos al escrutinio público. Y, como la información solicitada recae en los antecedentes recopilados en una investigación administrativa , ello resulta contrario al secreto o reserva invocado, ya que no revisten ese carácter al tenor del artículo 38 ya referido.

Tampoco su conocimiento, podría afectar o poner en riesgo la seguridad de la Nación o la soberanía nacional, al no estar vinculada con las tareas ni la actividad militar de inteligencia, por lo que resultan insuficientes las aseveraciones del recurrente para estimar que se pueda generar una situación de esa índole.

OCTAVO: Que , en estas condiciones, forzoso resulta concluir que la información de que se trata, no se encuentra cubierta por el deber de reserva previsto en el artículo 38 tantas veces citado, ni está resguardada por las causales de los N° s 3 y 5 del artículo 21 de la Ley 20.285, y así lo ha resuelto mayoritariamente la Excma. Corte Suprema en numerosa jurisprudencia sobre la materia y que este Tribunal comparte.

NOVENO: Que, es dable destacar, que al acogerse parcialmente el amparo se dispuso tarjar todos los datos personales o sensibles como se detallan en el motivo segundo de esta resolución y del examen de los antecedentes acopiados a estos autos, las alegaciones de las partes y las normas invocadas, se advierte que al resolver el asunto el Consejo para la Transparencia, se ciñó con estricto apego a la normativa aplicable al caso, por lo que su decisión no puede ser considerada ilegal y el arbitrio incoado deberá ser rechazado.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo preceptuado en la Ley 20.285, se declara que SE RECHAZA el reclamo deducido por doña Ruth Israel Lopez en representación del Ejército de Chile en contra del Consejo para la Transparencia.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción de la Fiscal Judicial señora Clara Carrasco Andonie.

N° Contencioso Administrativo-46-2020.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Marisol Rojas Moya e integrada por el Ministro (S) señor Juan Carlos Silva Opazo y por la Fiscal Judicial señora Clara Carrasco Andonie.

Pronunciado por la Séptima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Marisol Andrea Rojas M., Ministro Suplente Juan Carlos Silva O. y Fiscal Judicial Clara Isabel Carrasco A. Santiago, diecisiete de julio de dos mil veinte.

En Santiago, a diecisiete de julio de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.