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I Municipalidad de Lo Prado con Consejo para la Transparencia Rol: 507-2019

Corte de Apelaciones de Santiago, 29/07/2020

Municipalidad interpone reclamo de ilegalidad en contra del Consejo para la Transparencia, que acogió el amparo por denegación de acceso a la información y dispuso que ésta deberá entregar a la reclamante información sobre las entradas y gastos del Complejo Deportivo Parque Alameda. Analizado lo expuesto, la Corte de Apelaciones rechaza la reclamación intentada


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechazado


Ministros:

  • Adelita Ravanales Arriagada
  • Jenny Book Reyes
  • Paola Herrera Fuenzalida

Texto completo:

Santiago, quince de abril de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece Carlos Olivarí Contreras, abogado, en representación de la I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO, interpone reclamo de ilegalidad del artículo 28 de la Ley N° 20.285 sobre acceso a la información pública en contra del CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA (en adelante CPLT), con motivo de la dictación de la Decisión de Amparo Rol 1377 19 de 29 de agosto de 2019, notificada el 11 de septiembre de 2019, que acogió el amparo por denegación de acceso a la información deducido por la Sra. Inés Nicomán Fuentes en contra de su representada y dispuso que ésta deberá entregar a la reclamante información sobre las entradas y gastos del Complejo Deportivo Parque Alameda, al tenor de lo dispuesto en el artículo 8° del Reglamento sobre Uso de Inmuebles Municipales, contenido en el Decreto Alcaldicio N° 1064, de 1 de agosto de 2005.

Sostiene que el CPLT le ha ordenado entregar la información solicitada, esto es, los registros contables sobre entradas y gastos del Complejo Deportivo Parque Alameda, de los años 2017 y 2018, en circunstancias que no posee esa información.

Señala que no puede entregar esa información porque no la tiene en su poder, ya que se trata de información que corresponde elaborar a la organización comunitaria "Consejo de Administración del Complejo Deportivo Parque Alameda" según la Ley 19.418 sobre Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias, debido a gozar de personalidad jurídica propia y administrar su patrimonio, de conformidad a lo que disponen los artículos 4°, 13 y 31 de la citada ley.

A su turno, la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades (en adelante LOCM) sólo autoriza a su representada a solicitar a las organizaciones comunitarias la información contable referente a su administración interna, hecho que se comunicó a la requirente.

Indica que la resolución del CPLT incurrió en ilegalidad al interpretar que el artículo 5 de la Ley 20.285 (LT) autoriza la entrega de toda información que se encuentre dentro del ámbito de la administración municipal, por tanto, no debe limitarse únicamente a la información que existe físicamente en el órgano requerido, sino que también comprende aquella que la municipalidad mantiene bajo su órbita de control o su esfera de disposición, situación que en la especie concurriría, en virtud del artículo 8° del Decreto Alcaldicio N° 1064.

Agrega que mientras se atendía la petición de información, se requirió a la Contraloría Regional Metropolitana mediante Oficio N° 1332, de 15 de mayo de 2019, evaluara la legalidad de aplicar el Reglamento invocado por la Sra. Nicomán. Por Oficio N° 9058, de 20 de julio de 2019, la Contraloría informó que el artículo 8° del Reglamento Municipal Decreto Alcaldicio N° 1064 que pretende hacerse aplicable por el fallo del CPLT, carece de legalidad pues contiene materias de una ordenanza, que no son tales y que se requiere del acuerdo del Consejo Municipal para regular materias de carácter general conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la LOCM.

Por ende, no puede entregar la información solicitada porque no está en su poder y carece de facultades legales para exigirla, no sólo respecto del Complejo Deportivo Parque Alameda, sino que de cualquiera otra organización comunitaria constituida al amparo de la Ley 19.418.

Finalmente, solicita se anule la resolución impugnada y se dicte la correspondiente sentencia de reemplazo, que rechace en todas sus partes la solicitud de acceso a la información.

Segundo: Que, Andrea Ruiz Rosas, abogado, Directora General y representante legal del CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA evacua el informe, formula descargos y solicita que el presente reclamo sea rechazado.

Como cuestión previa, plantea la extemporaneidad del reclamo, indica que la Decisión del Amparo Rol 1377 19, fue notificada a la I. Municipalidad de Lo Prado mediante Oficio N° E12702, de 9 septiembre de 2019, el cual se despachó a través de correo electrónico a la casilla electrónica ofpartes@loprado.cl con fecha 10 de septiembre de 2019, a las 17:36 horas, según da cuenta el comprobante que se acompaña.

La notificación anterior fue practicada por esa vía, en virtud del Convenio Colaboración para la implementación del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC) y de notificación electrónica, que la Municipalidad de Lo Prado firmó juntamente con el CPLT, el 28 de septiembre de 2016. El cual fue aprobado por Resolución Exenta N° 632, de 14 de octubre de 2016, de esa Corporación. Acuerdo que tiene por finalidad reducir los tiempos de tramitación y hacer más eficientes la comunicación entre las partes.

Así las cosas, considerando que el artículo 28 de la Ley 20.285 establece que el Reclamo de Ilegalidad debe interponerse en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, atendido los antecedentes expuestos, el plazo para deducir el reclamo venció el día 25 de septiembre de 2019. No obstante, el citado reclamo fue interpuesto el 26 de septiembre de 2019, esto es, después de la fecha en que efectivamente debió haberse deducido, según lo exige la norma indicada, lo que determina su extemporaneidad.

En cuanto al fondo señala que la reclamante sostiene que del tenor del artículo 10 de la Ley 20.285, no se divisa la facultad del CPLT para establecer por la vía interpretativa un alcance mayor o distinto al señalado por la normativa, en cuanto a la información que se debe entregar. Agrega que la decisión reclamada obliga a la autoridad municipal a actuar sobre sus atribuciones legales, especialmente, si considera que a través de dictámenes de la Contraloría General de la República, se ha establecido que las Municipalidades, con respecto a organizaciones comunitarias, carecen de facultades fiscalizar el funcionamiento de dichas organizaciones, ya que no tienen más atribuciones que las expresamente señaladas en la Ley N° 18.419 y estimar lo contrario significaría una intervención a la gestión de la organización no amparado por el sistema jurídico vigente.

Afirma que, la Contraloría Regional Metropolitana a través de Oficio N° 9058, de 20 de julio de 2019, informó que el artículo 8° del reglamento municipal Decreto Alcaldicio N° 1064 , cuya aplicación ha efectuado el CPLT, carece legalidad toda vez que dicho reglamento contiene materias de una ordenanza que no cumple con los requisitos para ser tal, y que se requiere el acuerdo del Concejo Municipal para regular materias de carácter general, por lo anterior, insiste en que la información, que la decisión del CPLT le ordena entregar, no obra en su poder, y que, además, carece de facultades para requerir esa información y luego disponer su entrega.

Sobre el objeto de la controversia y nuevas argumentaciones de la reclamante. Cabe señalar que el municipio de Lo Prado sostuvo ante el CPLT que no entregaba la información solicitada porque ésta no obraba en su poder.

Ahora, con posterioridad a la decisión de amparo 1377 19, intenta dejar sin efecto lo resuelto sobre la base de nuevos antecedentes que no fueron puestos en conocimiento del CPLT, durante la etapa procesal respectiva, quebrantando el principio de congruencia procesal.

La reclamante, en sede judicial, informa que la Contraloría Regional por Oficio N° 9058, de julio de 2019, resolvió que el reglamento municipal Decreto Alcaldicio N° 1064 que contiene el artículo 8°, tantas veces citado, y que sirvió de fundamento a la decisión de amparo reclamada carece de legalidad, toda vez que dicho reglamento contiene materias propias de una ordenanza municipal, pero no cumple con los requisitos para ser tal, por lo que se requiere el acuerdo del Concejo Municipal para regular materias de carácter general, conforme a lo dispuesto en el art 12 de la Ley N° 18 695.

Debido a lo anterior, en su opinión, la Municipalidad de Lo Prado carece de facultades para exigir la información que el CPLT le ordena entregar a la organización comunitaria sobre la base de lo dispuesto en un decreto alcaldicio, que la Contraloría ha dicho que no se ajusta a la legalidad, motivo por el cual la decisión redamada debe ser dejada sin efecto.

La alegación anterior, no puede ser acogida, por tratarse de un nuevo argumento que no fue invocado en la oportunidad legal respectiva, infringiendo la competencia específica del CPLT, la cual queda determinada por la solicitud de información y la respuesta evacuada por el organismo, en especial, por los descargos de este.

Finalmente, indica que las consideraciones que tuvo su representada para acoger el reclamo, se ajustan a derecho y al espíritu del constituyente, en materia de transparencia y de acceso a la información pública, por lo que el reclamo debe rechazarse, con costas, por resultar inconducente.

Tercero: Que, se hace parte la requirente de información señora Inés Nicoman Fuentes y formula observaciones al reclamo de ilegalidad.

Cuarto: Se trajeron los autos en relación.

Quinto: Que, se ha deducido la presente reclamación de acuerdo con el artículo 28 y siguientes de la Ley N° 20.285 otorgándole competencia a esta Corte de Apelaciones para conocer de la resolución dictada por el Consejo para la Transparencia pronunciada al amparo del procedimiento que se establece en la misma ley.

Sexto: Que, según consta de los antecedentes agregados a estos autos, el reclamo fue presentado fuera del plazo de 15 días corridos que establece la disposición antes señalada desde que la Decisión de Amparo C 1377 19 del CPLT que se impugna fue notificada el 10 de septiembre de 2019, mediante correo electrónico dirigido a la casilla electrónica definida por la I. Municipalidad de Lo Prado al suscribir el Convenio Colaboración para la implementación del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC) y de notificación electrónica.

Así las cosas, el plazo para hacerlo venció el 25 de septiembre de 2019, habiendo ingresado el arbitrio ante esta Corte sólo el día 26 del mismo mes y año, una vez vencido el plazo para hacerlo por lo que deber estarse a lo que se señalará en lo conclusivo.

Séptimo: Que, en cuanto al fondo, para dilucidar el conflicto jurídico que se ha planteado, es necesario traer a colación las normas legales y constitucionales que gobiernan la materia.

En primer lugar, el inciso segundo del artículo 8 de la Constitución Política de la República, dispone que la publicidad es el principio de orden general que rige los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que se utilicen. Se trata entonces de un principio constitucional al cual deben someterse las leyes y los reglamentos, pero que permite una excepción, y corresponden a aquellos actos cuyo conocimiento afectaren el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.

De otro lado, de la Ley 20.285, sobre Acceso a la Información Pública interesan las siguientes disposiciones:

Su artículo 1° dispone que "La presente ley regula el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la información".

El artículo 5° prescribe que "En virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirven de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado".

"Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas".

Como se advierte, la norma señala que toda información en poder de las entidades públicas siendo su ámbito de aplicación el que indica el artículo 2 de la ley de que se trata en principio es pública, salvo las excepciones, que pueden ser constitucionales o legales.

El artículo 10 de la misma ley establece que "Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece la ley".

El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales."

El artículo 16 de la ley en comento señala que "La autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, está obligado a proporcionar la información que se le solicite, salvo que concurra la oposición regulada en el artículo 20 o alguna de las causales de secreto o reserva que establece la ley.

En estos casos, su negativa a entregar la información deber formularse por escrito, por cualquier medio, incluyendo los electrónicos.

Además, deber ser fundada, especificando la causal legal invocada y las razones que en cada caso motiva su decisión. Todo abuso o exceso en el ejercicio de sus potestades, dar lugar a las acciones y recursos correspondientes".

El artículo 11 de la ley en cuestión dispone a su vez, que el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado reconoce, entre otros, los siguientes principios: ... b) Principio de la libertad de información, de acuerdo con el que toda persona goza del derecho a acceder a la información que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, con las solas excepciones o limitaciones establecidas por leyes de quórum calificado. c) Principio de apertura o transparencia, conforme al cual toda la información en poder de los órganos de la Administración del Estado se presume pública, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas. ... g) Principio de la no discriminación, de acuerdo al que los órganos de la Administración del Estado deberán entregar información a todas las personas que lo soliciten, en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivo para la solicitud.

Por su parte su artículo 19 dispone que la entrega de copia de los actos y documentos se hará por parte del órgano requerido sin imponer condiciones de uso o restricciones a su empleo, salvo las expresamente estipuladas por la ley.

Seguidamente, el artículo 21, establece las causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información.

Finalmente, cabe mencionar que el artículo 24 se refiere al derecho que asiste a aquel a quien se le deniegue su petición, para recurrir ante el Consejo establecido en el Título V, solicitando amparo a su derecho de acceso a la información, y el artículo 28 dispone que "En contra de la resolución del Consejo que deniegue el acceso a la información, procederá el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante".

Octavo: Que, de la interpretación armónica de las normas antes citadas, aparece que, conforme al principio de transparencia y publicidad, procede por norma general, entregar información, salvo que, efectivamente, ésta se encuentre comprendida en alguna de las causales de excepción al principio de publicidad, como está previsto en la Constitución y la ley.

Refuerza esta conclusión, el principio de la libertad de información, de acuerdo al cual toda persona goza del derecho a acceder a la información que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, con las solas excepciones o limitaciones establecidas por leyes de quórum calificado, el principio de apertura o transparencia, de donde aparece que toda la información en poder de los órganos de la Administración del Estado se presume pública, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas, y el principio de máxima divulgación, de acuerdo al que los órganos de la Administración del Estado deben proporcionar información en los términos más amplios posibles, excluyendo sólo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales o legales.

Todos principios regulados en el artículo 11 antes referido, considerando, además, que, como se dijo, no se acreditó elementos que lleven a concluir en la concurrencia de la excepción, que pudiere haber desvirtuado la presunción ya indicada.

Noveno: Que, establecida la publicidad de todos los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirven de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, y que es pública toda información que obre en poder de los órganos de la administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, y no alegándose causales e reserva, cabe preguntarse si dicha publicidad alcanza los documentos fundantes (en específico los registros contables sobre entradas y gastos del Complejo Deportivo Parque Alameda) de la solicitud de la Sra. Nicomán, que no se encuentran materialmente en la entidad edilicia requerida.

Décimo: Que, esa disyuntiva la resuelve en forma certera y ajustada a derecho la decisión de amparo recurrida. En efecto, conforme reza el artículo 8° del Decreto Alcaldicio N° 1064, de 1 de agosto de 2005, Reglamento sobre el uso de inmuebles municipales entregados en comodato a dos o más organizaciones comunitarias, "El Presidente (del Consejo de Administración de la organización comunitaria) en el ejercicio de sus funciones deberá observar las siguientes normas mínimas de buena administración: llevar un libro y archivo de entradas y gastos conjuntamente con el archivo de documentos, facturas, que deberá ser responsabilidad del Tesorero. Estará obligado a rendir cuenta documentada de la administración a lo menos dos veces al año, al resto de los comodatarios y al municipio". En su momento, la municipalidad no alegó ni acreditó la falta de vigencia de dicho decreto.

Undécimo: Que, en consecuencia, correspondía a la I. Municipalidad de Lo Prado en el ejercicio de su gestión municipal, supervisar que la organización comunitaria Complejo Deportivo Parque Alameda remitiera periódicamente la información sobre entradas y gastos. Cabe tener presente que, si bien ellos no se encuentran materialmente en las dependencias de la municipalidad de Lo Prado, ello se debe exclusivamente a la deficiente fiscalización del municipio respecto de la organizaciones comunitarias, pues aquellas son financiadas con recursos públicos, y la supervisión y fiscalización por parte del municipio es la única forma de asegurar el éxito del mecanismo de control edilicio, y su consecuente control por la ciudadanía, a través del acceso a la información pública conforme a la Ley de Transparencia.

Duodécimo: Que, en cuanto a los argumentos de fondo que sirven de sustento a la reclamación, es menester circunscribir el objeto de la controversia ante el CPLT, en esa oportunidad la defensa de la entidad edilicia sostuvo que no contaba con la información requerida. Así lo dejó establecido el CPLT en el fundamento 4°) de su sentencia y concluyó que el motivo aducido para negar la información no resultaba atendible.

En estas motivaciones no existe falta o infracción alguna a la normativa que se cita por la reclamante, que pudiera dar lugar a la ilegalidad que invoca, sino se trata de puntos de vista razonados y que, dando una cabal interpretación a los textos legales en cuestión, concluye que la información debe ser entregada porque ningún motivo existe para negarla.

Décimo tercero: Que, luego la I. Municipalidad de Lo Prado sostuvo ante esta Corte, que carecía de facultades para exigir a la organización comunitaria la entrega de la información de marras, por cuanto la Contraloría Regional informó la ilegalidad del artículo 8° del Decreto Alcaldicio que regula el asunto en controversia.

Sobre el particular sostuvo el CPLT que se trata de una argumentación nueva, que no se invocó al momento de evacuarse el traslado conferido al municipio, por lo que no puede ser sustento de la reclamación. En efecto, tal como se dejó establecido en el motivo anterior, esta alegación no fue motivo de los descargos formulados ante el citado Consejo, por lo que mal el fallo pudo contener razonamientos sobre ella y, menos podría atribuírsele al CPLT la comisión de alguna ilegalidad a su respecto, por lo que necesariamente debe ser desestimada.

Décimo Cuarto: Que, en consecuencia, la decisión de amparo recurrida se ajusta a derecho, por lo que debe desestimarse el recurso.

Por estas consideraciones, citas legales y lo dispuesto en los artículos 28, 29 y 30 de la Ley de Transparencia, se declara que SE RECHAZA, CON COSTAS, la reclamación deducida por la I. MUNICIPALIDAD DE LO PRADO en contra del CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA por extemporáneo, sin perjuicio de lo expresado sobre el fondo.

Regístrese y notifíquese, archívese en su oportunidad.

Redactó la abogado integrante Sra. Herrera Fuenzalida.

N° Contencioso Administrativo 507-2019.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Adelita Ravanales e integrada por la Ministra señora Jenny Book Reyes y la abogado integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.

Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Adelita Ines Ravanales A., Jenny Book R. y Abogada Integrante Paola Herrera F. Santiago, quince de abril de dos mil veinte.

En Santiago, a quince de abril de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.