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Flavio Águila Quezada con EJÉRCITO DE CHILE Rol: C8264-19

Consejo para la Transparencia, 14/07/2020

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra del Ejército de Chile, ordenando la entrega del documento que contenga la orden de investigar el hecho consultado. Lo anterior, al tratarse de información pública, en la medida que constituye un acto dictado por el órgano en el ejercicio de sus funciones, el cual tenido a la vista, no se advierte afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano, la seguridad nacional, labores de inteligencia, ni a ningún bien jurídico contemplado en el artículo 21 de la Ley de Transparencia. En tal sentido, la referida afectación no se presume sino que debe acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo cual en la especie no ocurre. A mayor abundamiento, dicha investigación a la fecha se encuentra concluida y fue de público conocimiento. Se rechaza el amparo respecto de los documentos donde consta las identidades del personal consultado, su separación y medidas, al constituir aquellos parte de un expediente sumarial el cual aún se encuentra en desarrollo, cuya publicidad pondría en riesgo el éxito de la investigación pendiente, y con ello las funciones del servicio, en virtud del artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia. Se sigue lo resuelto en las decisiones de amparo roles C1794-15 y C967-17, entre otros. Se rechaza asimismo, el amparo respecto de los nombres tarjados de los oficios consultados, en tanto constituyen numerosos miembros del personal militar, con entrenamiento en paracaidismo, lo cual a juicio de este Consejo constituye información sensible y estratégica para el cumplimiento de las funciones del órgano y, consecuentemente con ello, para la seguridad de la Nación, pues pondría en evidencia parte de la preparación técnica militar o grado de alistamiento militar de un gran número del personal castrense identificado, y con ello, revelar parte de la capacidad de reacción del órgano, surgiendo así, una expectativa razonable de daño o afectación a la seguridad de la Nación en los términos del artículo 21 N° 3, de la Ley de Transparencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Defensa
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 



Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C8264-19

Entidad pública: Ejército de Chile.

Requirente: Flavio Águila Quezada.

Ingreso Consejo: 17.12.2019.

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra del Ejército de Chile, ordenando la entrega del documento que contenga la orden de investigar el hecho consultado.

Lo anterior, al tratarse de información pública, en la medida que constituye un acto dictado por el órgano en el ejercicio de sus funciones, el cual tenido a la vista, no se advierte afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano, la seguridad nacional, labores de inteligencia, ni a ningún bien jurídico contemplado en el artículo 21 de la Ley de Transparencia. En tal sentido, la referida afectación no se presume sino que debe acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo cual en la especie no ocurre. A mayor abundamiento, dicha investigación a la fecha se encuentra concluida y fue de público conocimiento.

Se rechaza el amparo respecto de los documentos donde consta las identidades del personal consultado, su separación y medidas, al constituir aquellos parte de un expediente sumarial el cual aún se encuentra en desarrollo, cuya publicidad pondría en riesgo el éxito de la investigación pendiente, y con ello las funciones del servicio, en virtud del artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia. Se sigue lo resuelto en las decisiones de amparo roles C1794-15 y C967-17, entre otros.

Se rechaza asimismo, el amparo respecto de los nombres tarjados de los oficios consultados, en tanto constituyen numerosos miembros del personal militar, con entrenamiento en paracaidismo, lo cual a juicio de este Consejo constituye información sensible y estratégica para el cumplimiento de las funciones del órgano y, consecuentemente con ello, para la seguridad de la Nación, pues pondría en evidencia parte de la preparación técnica militar o grado de alistamiento militar de un gran número del personal castrense identificado, y con ello, revelar parte de la capacidad de reacción del órgano, surgiendo así, una expectativa razonable de daño o afectación a la seguridad de la Nación en los términos del artículo 21 N° 3, de la Ley de Transparencia.

Finalmente, se rechaza el amparo respecto del oficio N° 6115/410 del 28 de agosto de 2018, puesto que el órgano lo entregó en forma íntegra, sin tarjar información alguna.

En sesión ordinaria N° 1114 del Consejo Directivo, celebrada el 14 de julio de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C8264-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N°20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N°20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 28 de noviembre de 2019, don Flavio Águila Quezada solicitó al Ejército de Chile, lo siguiente:

"1. Con fecha 09 de septiembre de 2019, en diversos medios de comunicación se informó que un grupo de suboficiales rindió homenaje a escoltas fallecidos en el atentado del General Pinochet. Informando además, que el Ejército de Chile está realizando una investigación interna.

(https://www.cnnchile.com/pais/grupo-de-suboficiales-rindio-homenaje-sin-pedir-permiso-a-los-escoltas-que-el-fpmrasesino-en-el-atentado-de-pinochet-el-86_20190909/).

Por lo anterior, solicito copia simple del oficio, documento, orden o cualquier medio escrito que contenga la resolución que ordena investigar el hecho.

2. Con fecha 09 de septiembre de 2019, en diversos medios de comunicación se informó que el Ejército determinó "la separación del servicio de un oficial, 12 clases y un soldado de tropa profesional. Junto a lo anterior, se tomaron medidas disciplinarias sobre un oficial y dos clases, al no informar al mando sobre la situación acontecida", explicaron a través de un comunicado.

(https://www.24horas.cl/regiones/antofagasta/ejercito-da-de-baja-a-14-militares-involucrados-en-violento-rito-deiniciacion-3582186).

-Por lo anterior, solicito copia simple de los oficios, resoluciones, orden o cualquier medio escrito en donde conste la identidad de los 14 (catorce), involucrados.

-Solicito copia simple de los oficios, resoluciones, orden o cualquier medio escrito en donde conste la separación del servicio del oficial, de los 12 clases y del soldado de tropa profesional.

-Solicito copia simple de los oficios, resoluciones, orden o cualquier medio escrito en donde conste las medidas disciplinarias que se adoptaron sobre el oficial y dos clases, al no informar al mando sobre la situación acontecida.

3. Copia autenticada del oficio ESC PAR C - PARAC (R) N° 6115/563 ESC PAR Dirección del 25 de octubre de 2018.

4. Copia autenticada del oficio COTRAE AS JUR (R) N° 6115/410 del 28 de agosto de 2018.

5. Copia autenticada del oficio ESC PAR C - PARAC (R) N° 3855/7693 DIVEDUC SECOI del año 2018".

2) RESPUESTA: Mediante documento JEMGE DETLE T.P. (P) N° 6800/12948, de 9 de diciembre de 2019, el órgano en síntesis, señaló lo siguiente:

a) Deniega la entrega de lo pedido en los números 1 y 2, toda vez que, producto de los hechos citados en el requerimiento, se está sustanciando una investigación sumaria administrativa, la cual todavía no se finaliza, resultando aplicable la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia.

b) Remite copia de los documentos solicitados en los números 3, 4 y 5, tarjando el nombre del personal catalogado para cumplir la sub especialidad de "paracaidista experto", ya que su eventual entrega sin tacha, vulnera lo dispuesto en el artículo 436, numeral 1), del Código de Justicia Militar.

Las capacidades de combate o especialidades obtenidas por el personal institucional, cuando revisten el carácter operacional, deben mantenerse bajo reserva en cuanto a su publicidad, toda vez que son objetivos reales de agentes de inteligencia extranjero, siendo considerada información de carácter sensible y valioso en el ámbito de la inteligencia militar.

3) AMPARO: El 17 de diciembre de 2019, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta incompleta o parcial.

Al efecto, sostuvo en síntesis, que: "lo solicitado a los numerales 1 y 2; se denegaron por encontrarse en Investigación Sumaria Administrativa, la cual aún no finaliza; no constando certificado ni documento que acredite lo expuesto ni menos entregándose el número el identificación de la Investigación sumaria administrativa.

Por otra parte, respecto de las solicitudes a los numerales 3, 4 y 5; se denegaron por el supuesto principio de divisibilidad, tarjando la totalidad de los nombres, denegando en definitiva la totalidad de la información, en circunstancias que lo que ha determinado éste CPLT es la tacha de los Run, mas no la tacha de los nombres en estos casos".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile, mediante oficio N° E540, de fecha 17 de enero de 2020, requiriendo entre otras cosas, que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) señale cómo la entrega de la información solicitada en los numerales 1 y 2 afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa, explicando en qué medida lo solicitado serviría de antecedente o deliberación previa a la adopción de una medida o política futura; detallando las implicancias de dicha medida, y explicitando las características particulares de lo solicitado que, a juicio del órgano que usted representa, justificaría que su comunicación vulnera el correcto cumplimiento de los objetivos de la medida o política en curso, identificando los efectos que produciría su comunicación; (3°) señale el estado procesal en que se encuentra la investigación sumaria a la que hace referencia en la respuesta; (4°) para el caso de encontrarse afinado el sumario solicitado, remita copia de los documentos solicitados en los numerales 1 y 2.; y (5°) en relación a la solicitud de los numerales 3, 4 y 5, precise las razones por las cuales la entrega de los nombres del personal vulneraría lo dispuesto en el artículo 436 numeral 1) del Código de Justicia Militar.

Posteriormente, por medio de documento JEMGE DETLE A.J. (P) N° 6800/1006, de 30 de enero de 2020, el órgano indicó en síntesis, lo siguiente:

a) Por un error se expresó respecto de ambos procesos corresponder a una investigación sumario administrativa, debiendo aclarar que, la investigación solicitada en el numeral 1 de la presentación del recurrente, relativa al "Homenaje a escoltas fallecidos en el atentado del General Pinochet", correspondió a una investigación de seguridad militar, y que por un tema semántico el departamento respectivo asoció ambos a un mismo desarrollo, mientras que, la investigación señalada en el numeral 2 de la presentación del requirente, corresponde a una investigación sumario administrativa.

b) Aclarado lo anterior, respecto de la investigación sumario administrativa señalada, y en conformidad a lo dispuesto en el artículo 14 del decreto supremo (G) N° 277, de 1974, "Reglamento de Investigaciones Sumarias Administrativas para las Fuerzas Armadas", las investigaciones sumarias administrativas, que no se encuentren terminadas, poseen el carácter de reservada, concepto reafirmado por la jurisprudencia de la Contraloría General de la República (Dictamen N° 11.341, del año 2010, entre otros), en el cual observa que el carácter de reserva de las investigaciones sumarias administrativas es temporal y cesa una vez afinado el sumario administrativo. Así también lo ha sostenido el Consejo en reiteradas decisiones de amparo (C266-09, C870-10 y C967-17, entre otros). Misma aplicación debe darse a la investigación de seguridad militar, dado que el proceso se encontraba en desarrollo al momento de realizar la petición inicial y que de aquel resultado dependía la decisión del mando.

La investigación Sumaria Administrativa sigue en tramitación con diligencias pendientes por parte del fiscal.

c) Adicionalmente, y aplicable a ambas investigaciones la entrega significa afectar los derechos de los involucrados, según lo dispuesto en el artículo 21, número 2, de la ley 20.285, esto por tratarse de una investigación sumaria administrativa cuyas diligencias se encuentran en curso y en el otro caso por tratarse de una investigación de seguridad militar, la cual hoy se encuentra terminada y para lo cual se adjunta copia de la orden de investigación.

d) La investigación de seguridad militar ya mencionada, no es posible acceder a todo su contenido, dado que la ley 19.974, establece el marco jurídico de las acciones propias del área de inteligencia, y que en caso de la institución son dirigidas por el Director de Inteligencia del Ejército.

La difusión de las actividades de inteligencia entre las que se encuentran las investigaciones de seguridad militar, afectarían seriamente dicha función y la de los agentes especializados que la propia Ley de Inteligencia se preocupa de proteger. La entrega, aún parcial y/o estadística de información de esta naturaleza, desprovista de la adecuada justificación legal y del contexto en que se llevara a cabo, se presta para todo tipo de elucubraciones; explicaciones que por las características de la información y el propósito de dicha actividad, no pueden sino develarse y proporcionarse en la forma que el propio legislador ha expresamente regulado en el citado artículo 39 del cuerpo legal antes mencionado.

En consecuencia, no es posible proporcionar el detalle de la investigación realizada, concurriendo respecto de ella las causales de denegación previstas en el artículo 21 N° 3 y N° 5 de la ley 20.285.

e) Lo reclamado respecto de los números 3, 4 y 5 de la solicitud, esto es, los nombres del personal militar, aquello corresponde a una relación de especialistas expertos, cuya entrega significa entregar parte de la capacidad militar del Ejército, entendiendo que estas capacidades son de relevancia por comprender conocimientos propios del empleo militar en situación de conflicto bélico, estrategia militar y táctica empleada para estas labores, además de un exhaustivo entrenamiento, para ser empleados en eventuales conflictos armados, los que en definitiva, deben mantenerse en reserva para que el personal no sea objeto de eventuales acercamientos o coerciones por grupos ajenos a la institución.

Con la entrega de esta relación se pierde el resguardo necesario de la información relativa a este personal, y de ella es posible extraer una capacidad especial y empleada en la táctica militar, además se hace presente que el Ejército se encuentra impedido de conocer el motivo de su petición, así como el uso y destino que se le pueda dar a este listado, por tanto el riesgo aumenta al pensar que esta puede llegar a ser conocida por potenciales adversarios, lo cierto es que, constituye un riesgo real y latente, que responsablemente el Ejército no admite esperar que este se produzca o se constate efectivamente.

A contrario de lo sostenido por el peticionario en su reclamo, estos antecedentes no se han tarjado por corresponder a datos personales, sino en consideración a que es documentación referente al personal militar concurriendo las causales de secreto y reserva del artículo y 21 N° 3 y 5 de la ley 20.285 en relación con el artículo 436 N° 1, del Código de Justicia Militar.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega de la información anotada en los números 1 y 2, del requerimiento, como asimismo, la entrega de los nombres del personal militar que fueron tarjados en los documentos que se leen en los números 3, 4 y 5, de la solicitud de acceso.

2) Que, en lo que atañe a lo pedido en el número 1, del requerimiento, referente a la copia de cualquier medio escrito que contenga la resolución que ordena investigar el hecho que ahí se consigna, el órgano alegó una serie de causales, las cuales se analizarán a continuación. En primer lugar, en cuanto a la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, cabe aclarar que la investigación de seguridad militar no corresponde a un procedimiento e investigación de carácter administrativa regida por el decreto supremo (G) N° 277, de 9 de abril de 1974, "Reglamento de Investigaciones Sumarias Administrativas de las Fuerzas Armadas" (ISA), como tampoco aquella que, para la administración civil del Estado se encuentra establecida y regulada en el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo (sumarios administrativos), por lo que las disposiciones y jurisprudencia administrativa no tienen aplicación para el caso de las referidas investigaciones, debiéndose aplicar respecto de ellas, las reglas generales.

3) Que, en tal sentido, para configurar la causal de reserva indicada, se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos, a saber: a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política; y, b) que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano. En este caso, si bien el órgano indicó que al momento de la solicitud, la referida investigación se encontraba desarrollando, no precisó de manera alguna cómo la entrega de lo requerido puede afectar el debido cumplimiento de sus funciones. Por otra parte, respecto de la causal del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia, tampoco precisó la forma en que aquella se podría configurar. En dicho contexto, se debe indicar que el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 21 de la Ley de Transparencia no se presume sino que debe acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo cual en la especie no ocurre.

4) Que, en cuanto a la causal de reserva del artículo 21 N° 3 y N° 5, de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 39 de la ley 19.974, en la especie, el órgano reclamado no ha aportado antecedente alguno que permita a este Consejo estimar plausible su alegación y sostener de dicho modo, que por el hecho de divulgarse la información pedida -resolución que ordena investigar-, se afectarían las labores de inteligencia protegidas en la ley N° 19.974. Se debe agregar que atendido que la carga procesal de acreditar la procedencia de una situación de excepción que justifique la reserva de información pública recae en quien la alega, lo cual no ha ocurrido en la especie, debiendo en consecuencia, desestimarse las alegaciones de la reclamada. Dicho deber guarda plena correspondencia con el carácter restrictivo que el legislador dispuso para la aplicación e interpretación del conjunto acotado de causales de reserva dispuestos en la Ley de Transparencia. Asimismo, tampoco ha allegado elementos de juicio en cuya virtud la entrega del documento en análisis puedan afectar el bien jurídico -seguridad de la Nación- cautelado en el artículo 21 N° 3 de la Ley Transparencia. Es más, en la especie, no se ha solicitado el detalle de la investigación, como refiere el órgano, sino únicamente el documento que ordena la investigación, la cual este Consejo ha tenido a la vista, advirtiendo que sólo consta de una hoja, cuyo contenido en nada puede afectar el citado bien jurídico, en tanto en ella sólo existe, como se dijo, una simple orden de investigar un hecho, que además, es de público conocimiento: https://www.cnnchile.com/pais/grupo-de-suboficiales-rindio-homenaje-sin-pedir-permiso-a-los-escoltas-que-el-fpmr-asesino-en-el-atentado-de-pinochet-el-86_20190909/.

5) Que, en lo concerniente a lo pedido en el número 2 del requerimiento, el órgano refirió que dichos documentos forman parte de una investigación sumaria administrativa. Al respecto, siguiendo lo resuelto en las decisiones de amparo roles C1794-15 y C967-17, entre otros, el artículo 1° del Reglamento de Investigación Sumaria Administrativa de las Fuerzas Armadas (decreto supremo N° 277, del Ministerio de Defensa), define este último procedimiento como "...el conjunto de actuaciones y diligencias practicadas en una Fiscalía Administrativa, formada por un Fiscal y un Secretario, nombrados por Resolución competente, para averiguar y establecer las causas, naturaleza, circunstancias y los responsables de aquellos accidentes, irregularidades y otros sucesos que no son de común ocurrencia, acaecidos en el servicio o con ocasión de él, que deben ser conocidos, calificados y resueltos por la Autoridad Militar, Naval o Aérea". Luego, el mencionado procedimiento disciplinario, no obstante su denominación -investigación sumaria administrativa-, por su naturaleza, se asimila al sumario administrativo regulado en los artículos 128 a 145 Estatuto Administrativo. En efecto, la aludida investigación sumaria administrativa, al igual que el sumario administrativo, se encuentra a cargo de un fiscal instructor, y constituye un procedimiento de lato conocimiento, sujeto al plazo de 20 días, prorrogable excepcionalmente hasta 60 días, conforme establece el artículo 12, del citado decreto supremo N° 277.

6) Que, en el anotado contexto, cabe tener presente que el artículo 14 del citado decreto N° 277, establece el carácter reservado de las actuaciones y diligencias de las investigaciones sumarias administrativas mientras se desarrolla la investigación, en términos similares a la reserva que consagra el artículo 137 del Estatuto Administrativo respecto de los sumarios administrativos. Al respecto, este Consejo ha sostenido que el carácter secreto del expediente sumarial se extiende hasta que el procedimiento que lo originó se encuentre afinado, el cual anticipadamente se levanta sólo respecto de ciertas personas, como el inculpado y su abogado. En efecto, teniendo el secreto sumarial por objeto asegurar el éxito de la investigación, una vez terminada ésta, la justificación de su secreto también finaliza. A mayor abundamiento, en el mismo sentido se ha pronunciado la Contraloría General de la República, al precisar que la reserva que establece el artículo 137, inciso 2°, del Estatuto Administrativo, es temporal y cesa una vez afinado el sumario administrativo, instante en que pasa a estar "(...) sometido sin limitaciones al principio de publicidad, que constituye la regla general respecto de todos los actos de la Administración del Estado (...)" (Dictamen N° 11.341/2010, entre otros.

7) Que, luego, en sintonía con lo resuelto por este Consejo en la decisión de amparo rol C967-17, lo requerido se refiere a información que forma parte de la investigación, en un proceso que aún no se encuentra afinado, con lo cual, a la luz de lo señalado en los considerandos precedentes, el secreto del expediente sumarial aún no se ha levantado. En dicho contexto, y atendido, por una parte, el estado procesal en que se encuentra el procedimiento disciplinario y, por otra, la afectación que podría generarse con la entrega de la información solicitada, poniendo en riesgo el éxito de la investigación pendiente, este Consejo estima que resulta aplicable a su respecto la causal de secreto o reserva consagrada en el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, razón por la cual se rechazará el amparo, respecto de este punto. Por otra parte, se desestimarán las alegaciones del solicitante en orden a que no se acompañó un certificado que acreditara el estado procesal de los procedimientos, atendido que la normativa no lo exige de manera imperativa; descartándose también el reclamo consistente en la falta de entrega del número de identificación de la investigación sumaria administrativa, atendido que no fue solicitado en el numeral 1°, de lo expositivo, extendiéndose el amparo en consecuencia, a un punto no requerido originalmente.

8) Que, en otro orden de ideas, sobre los nombres tarjados en los documentos requeridos en los números 3, 4 y 5, de la solicitud de acceso, cabe aclarar en primer lugar que el documento contenido en el numeral 4, no existe tarjado de ningún nombre, habiéndose entregado al solicitante dicho antecedente en forma íntegra. Por este motivo, el amparo en esta parte será rechazado.

9) Que, por otro lado, respecto de los documentos anotados en los números 3 y 5, el órgano alegó la causal de reserva del artículo 21 N° 3 y N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 436 N° 1, del Código de Justicia Militar, atendido que el conocimiento de los nombres tarjados significa entregar parte de la capacidad militar del Ejército. Al efecto, se debe señalar que teniendo a la vista los referidos antecedentes, se observa que el primero contiene una nómina de 50 personas que forman parte del personal militar, correspondientes a paracaidistas expertos del Ejército que les falta algún requisito para ostentar la subespecialidad antes mencionada; mientras que el segundo documento contiene una nómina de 16 especialistas que obtuvieron el título de paracaidista experto durante los últimos 5 años con requisitos faltantes.

10) Que, sin perjuicio que el personal militar antes señalado, no ha cumplido el total de requisitos para obtener la subespecialidad de "paracaidistas expertos del Ejército", lo cierto es que aun así han realizado actividades destinadas a obtener dicha especialidad, y por lo tanto constituye un numeroso grupo de militares identificados, con entrenamiento en paracaidismo, lo cual a juicio de este Consejo constituye información sensible y estratégica para el cumplimiento de las funciones del órgano y, consecuentemente con ello, para la seguridad de la Nación, pues pondría en evidencia parte de la preparación técnica militar o grado de alistamiento militar de un gran número del personal castrense identificado, y con ello, revelar parte de la capacidad de reacción del órgano, surgiendo así, una expectativa razonable de daño o afectación probable a la seguridad de la Nación en los términos del artículo 21 N° 3, de la Ley de Transparencia. Por este motivo, el amparo en esta parte será rechazado.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Flavio Águila Quezada en contra del Ejército de Chile, por los fundamentos señalados precedentemente.

II. Requerir al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile, que:

a) Entregue al reclamante lo pedido en el número 1, de la solicitud de acceso, esto es, copia simple del oficio, documento, orden o cualquier medio escrito que contenga la resolución que ordena investigar el hecho consignado en el referido numeral.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 15 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Rechazar el amparo respecto de los documentos donde constan las identidades del personal consultado, su separación y medidas, por el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia; los nombres del personal militar de los oficios consultados, por la causal del artículo 21 N° 3, de la citada ley; y en cuanto al oficio N° 6115/410 del 28 de agosto de 2018, puesto que el órgano lo entregó en forma íntegra, sin tarjar información alguna, todo de acuerdo a lo expuesto precedentemente.

IV. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente notificar la presente decisión al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile y a don Flavio Águila Quezada.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.