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Claudio Caamaño Muñoz con GENDARMERÍA DE CHILE Rol: C7519-19

Consejo para la Transparencia, 14/07/2020

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de Gendarmería de Chile, requiriendo la entrega de la nómina de los funcionarios que tuvieron acceso a la persona consultada, desde su ingreso al Centro de Justicia hasta su puesta a disposición ante el Juez de Garantía competente. Lo anterior, pues se tratan de antecedentes referidos al personal designado por el órgano reclamado para cumplir la función de "Recibir y poner a disposición del tribunal competente los imputados conforme a lo dispuesto en el Código Procesal Penal y leyes especiales", lo que debió ser establecido con anterioridad a la ocurrencia de los hechos investigados. Razón por la cual, se considera que su divulgación no afecta el debido cumplimiento de sus funciones, en cuanto a la determinación de las responsabilidades administrativas que aquellos tendrían en las circunstancias denunciadas. Por su parte, se rechaza el amparo deducido referido al acceso a las grabaciones de video de la zona de tránsito en el Centro de Justicia en que aparezca el recorrido íntegro de la persona individualizada en el requerimiento; debido a que dichos antecedentes formaban parte de una investigación sumaria en trámite, la que posteriormente, se elevó a sumario administrativo - el que se encuentra en etapa indagatoria-, por lo que, se trataban de antecedentes previos a la adopción de una resolución cuya divulgación podía afectar el debido cumplimiento de las funciones de Gendarmería de Chile, en cuanto al éxito de la investigación que lleva a cabo. En este último punto, hay voto concurrente del Consejero don Francisco Leturia Infante, quien considera que se debe denegar el acceso a las grabaciones de video pedidas, además porque el acceso a las mismas debe ser en el contexto de la investigación penal que se lleva a cabo.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Estudios o investigaciones.Documentos 

Reclamaciones contra esta decisión (Ver estado procesal):



Consejeros:

  • Marcelo Drago Aguirre (Unánime), Presidente
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C7519-19

Entidad pública: Gendarmería de Chile

Requirente: Claudio Caamaño Muñoz

Ingreso Consejo: 05.11.2019

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de Gendarmería de Chile, requiriendo la entrega de la nómina de los funcionarios que tuvieron acceso a la persona consultada, desde su ingreso al Centro de Justicia hasta su puesta a disposición ante el Juez de Garantía competente.

Lo anterior, pues se tratan de antecedentes referidos al personal designado por el órgano reclamado para cumplir la función de "Recibir y poner a disposición del tribunal competente los imputados conforme a lo dispuesto en el Código Procesal Penal y leyes especiales", lo que debió ser establecido con anterioridad a la ocurrencia de los hechos investigados. Razón por la cual, se considera que su divulgación no afecta el debido cumplimiento de sus funciones, en cuanto a la determinación de las responsabilidades administrativas que aquellos tendrían en las circunstancias denunciadas.

Por su parte, se rechaza el amparo deducido referido al acceso a las grabaciones de video de la zona de tránsito en el Centro de Justicia en que aparezca el recorrido íntegro de la persona individualizada en el requerimiento; debido a que dichos antecedentes formaban parte de una investigación sumaria en trámite, la que posteriormente, se elevó a sumario administrativo - el que se encuentra en etapa indagatoria-, por lo que, se trataban de antecedentes previos a la adopción de una resolución cuya divulgación podía afectar el debido cumplimiento de las funciones de Gendarmería de Chile, en cuanto al éxito de la investigación que lleva a cabo.

En este último punto, hay voto concurrente del Consejero don Francisco Leturia Infante, quien considera que se debe denegar el acceso a las grabaciones de video pedidas, además porque el acceso a las mismas debe ser en el contexto de la investigación penal que se lleva a cabo.

En sesión ordinaria N° 1114 del Consejo Directivo, celebrada el 14 de julio de 2020, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C7519-19.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 30 de agosto de 2019, don Claudio Caamaño Muñoz solicitó a Gendarmería de Chile, lo siguiente:

"Con fecha 29 de agosto de 2019 fue puesto a disposición del 2do Juzgado de Garantía de Santiago en calidad de detenido el señor (...) en el bloque de las 11.00 horas Sala B- 401 del Centro de Justicia de Santiago. Es del caso que, en la audiencia de control de detención expuso haber sido objeto de vejámenes por parte de un funcionario de Gendarmería a cargo de su custodia en la zona de Tránsito. A fin de indagar sobre las acciones legales a seguir, solicito se entregue por esta vía los siguientes antecedentes: 1. Nómina de funcionarios que tuvieron acceso al señor (...) en el Centro de Justicia, desde su ingreso a este recinto hasta su puesta a disposición personal ante el Juez de Garantía competente. 2. Solicito copia de las grabaciones de video de la zona de tránsito del Centro de Justicia en que aparezca el recorrido íntegro del señor (...) por estas dependencias desde su llegada hasta el momento de ser puesto a disposición de la judicatura".

2) PRÓRROGA: Gendarmería de Chile mediante carta N° 4836, de fecha 2 de octubre de 2019, comunicó que, efectuada la búsqueda de la información solicitada, comprobaron que existen circunstancias que hacen difícil reunirla. Debido a lo anterior, y en conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, estiman necesario ampliar el plazo para otorgar respuesta a la solicitud en 10 días hábiles.

3) RESPUESTA: Gendarmería de Chile mediante carta N° 5187/19, de fecha 16 de octubre de 2019, informó que se ordenó una investigación interna para esclarecer los hechos y circunstancias de la denuncia efectuada por la persona individualizada en el requerimiento.

De esta forma, señalan que la información requerida es parte de la investigación interna que están llevando a cabo, por lo que, deniegan su acceso por configurarse las causales de secreto o reserva establecidas en el artículo 21 N° 1 letra b), N° 2 y N° 5 de la Ley de Transparencia. En relación con la primera causal alegada, hacen presente que los antecedentes solicitados, se encuentran actualmente en tramitación, considerando que su publicidad o conocimiento afecta el debido cumplimiento de sus funciones, en cuanto al esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades que le podrían asistir a quienes resulten responsables en tales hechos. Lo anterior, es sin perjuicio de que aquellos sean públicos una vez que las medidas sean adoptadas. Es propio señalar que la información solicitada es, efectivamente, un antecedente previo a la adopción de una resolución, medida o política; y, por otro lado - su publicidad, conocimiento o divulgación- afecta, según lo expuesto precedentemente, el debido cumplimiento de sus funciones.

Por otra parte, en cuanto a la causal de excepción dispuesta en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, sostienen que la divulgación de los antecedentes solicitados implica una vulneración clara a los derechos de las personas involucradas en los hechos. De este modo, la honra y la vida privada de las personas involucradas por tales acontecimientos, se vería afectada con su publicidad.

Finalmente, en cuanto a la causal dispuesta en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, consideran que por tratarse de antecedentes que se encuentran en plena substanciación, es planamente aplicable. Además, sostienen "que la causal invocada debe ser concordada con lo dispuesto en el artículo 1° transitorio de la aludida normativa, que prescribe; "de conformidad a la disposición cuarta transitoria de la Constitución Política, se entenderá que cumplen con la exigencia de quórum calificado, los preceptos legales actuales vigentes y dictados con anterioridad a la promulgación a la ley N° 20.050, que establecen secreto o reserva respecto de determinados actos o documentos, por las causales que señala el artículo 8° de la Constitución Política".

4) AMPARO: Con fecha 5 de noviembre de 2019, don Claudio Caamaño Muñoz dedujo amparo a su derecho de acceso en contra de Gendarmería de Chile, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile, mediante Oficio N° E18.299, de fecha 20 de diciembre de 2019, para que formule sus descargos y observaciones.

El órgano reclamado por medio de ordinario N° 43/20, de fecha 14 de enero de 2020, reiteró lo señalado en su respuesta, en orden a que respecto de lo pedido se configuran las causales de secreto o reserva establecidas en el artículo 21 N° 1 letra b), N° 2 y N° 5, de la Ley de Transparencia. Agregando, en cuanto a la primera causal de excepción señalada que, por medio de Providencia N° 2489, de fecha 5 de septiembre de 2019, se solicitó la instrucción de una investigación interna con la finalidad de esclarecer y establecer los pormenores de la denuncia efectuada por la persona individualizada en el requerimiento, el día 29 de agosto de 2019. Por tanto a la fecha de su respuesta, aquella se encontraba en etapa de decisión del curso que tomaría. Posteriormente, mediante Oficio Reservado N° 236, de fecha 2 de octubre de 2019, el Jefe del Departamento de Seguridad Penitenciaria resolvió elevar dichos antecedentes a la Superioridad Institucional, solicitando la instrucción de un sumario administrativo, lo que se materializó por medio de Resolución Exenta N° 7730, de fecha 15 de noviembre de 2019. Por lo que dicho procedimiento, se encuentra en manos del fiscal administrativo designado desde el 5 de diciembre de 2019.

Por su parte, respecto de la causal de reserva o secreto establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, sostiene que basta solo con conocer la finalidad de un sumario administrativo, esto es, determinar posibles responsabilidades administrativas de funcionarios participes de los hechos, por lo que, revelar los nombres de aquellos presentes en el momento de los hechos denunciados y las imágenes los harán plenamente identificables, ya que la Unidad de Participación y Atención Ciudadana carece de la capacidad tecnológica para tarjar o anonimizar los rostros de los presentes, vulnerando de esta forma el principio la presunción de inocencia establecido en nuestro ordenamiento jurídico nacional e internacional.

Finalmente, en cuanto a la causal de excepción dispuesta en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo establecido en los artículos 2 letra f), y 7 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada - en adelante ley N° 19.628-. Además, se debe concordar con el inciso segundo el artículo 137 del decreto con fuerza de ley N° 29, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo - en adelante Estatuto Administrativo-. En tal sentido, hacen presente que "la Contraloría General de la República ha precisado que el carácter secreto otorgado por la Ley a los sumarios administrativos, incluidos los incoados por la Contraloría General, solamente rige mientras dura la etapa indagatoria, y la publicidad de los mismos que está restringida al inculpado y su abogado se extiende únicamente entre la formulación de cargos y la fecha en que el proceso queda cumplido. Por lo tanto, sólo a partir de esa última data, vuelve a ser aplicable el Principio de la Publicidad de los actos administrativos, que se encontraba suspendido excepcionalmente por mandato del inciso segundo del artículo 137 del Estatuto en comento, y que permite tener conocimiento de los expedientes respectivos a cualquier persona que tenga interés". Citando jurisprudencia de este Consejo en tal sentido.

Y CONSIDERANDO:

1) Que el presente amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud de acceso, al respecto el órgano reclamado alegó la concurrencia de las causales de secreto o reserva establecidas en el artículo 21 N° 1 letra b), N° 2 y N° 5, de la Ley de Transparencia, esta última en relación con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 137 del Estatuto Administrativo y en la ley N° 19.628.

2) Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 126 del Estatuto Administrativo, la investigación sumaria es un procedimiento administrativo disciplinario, breve y concentrado, que tiene por objeto verificar la existencia de los hechos, la individualización de los responsables y su participación, si los hubiere, que ameritan la aplicación de una sanción y que, por aplicación de los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia es información pública, sin que a su respecto exista una norma expresa que consagre su secreto.

3) Que, sin perjuicio de lo señalado en el considerando anterior, este Consejo ha sostenido que las investigaciones sumarias pueden llegar a considerarse secretas bajo razones semejantes a las de un sumario administrativo, no por aplicación de la reserva establecida en el inciso segundo del artículo 137 del Estatuto Administrativo, sino porque eventualmente pueda concurrir en el caso concreto la aplicación de la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia. Razón por la cual, se descartará la concurrencia de la causal de excepción dispuesta en el artículo 21 N° 5 de la ley mencionada, en relación con lo prescrito por el inciso segundo del artículo 137 del Estatuto Administrativo.

4) Que en cuanto a la causal de excepción dispuesta en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia alegada por el órgano reclamado, cabe hacer presente que aquella está establecida en forma exclusiva en favor de los terceros a quienes se refiere la información, contando con un procedimiento de oposición establecido en el artículo 20 de la ley señalada, el cual no fue aplicado en este caso. De este modo, los argumentos esgrimidos por Gendarmería de Chile no serán considerados, por carecer, en este caso en particular, de la titularidad para esgrimirlas. Sin perjuicio de lo cual, en términos generales, los antecedentes pedidos dicen relación con funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, por lo que, atendida dicha circunstancia, en particular, al tipo de labores que deben desempeñar, aquellos están sujetos a un nivel de escrutinio de una entidad mayor, que supone un control social más intenso respecto de sus antecedentes. Luego, y en base a la referida premisa, este Consejo ha requerido la entrega de instrumentos de medición de desempeño, registros de asistencia, currículum vítae, liquidaciones y otros similares, respecto de los servidores públicos.

5) Que, a mayor abundamiento, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en los artículos 8 de la Constitución Política de la Republica y 3 de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre el particular, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios públicos ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser tales y de encontrarse al servicio de aquella. En consecuencia, la divulgación de una nómina que individualice a los gendarmes que se encontraban cumpliendo sus funciones en un día determinado, no puede afectar sus derechos en los términos dispuestos en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

6) Que, finalmente, el órgano reclamado alegó la concurrencia de la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, pues la información solicitada era parte de una investigación interna ordenada instruir por medio de Providencia N° 2489, de fecha 5 de septiembre de 2019, con la finalidad de esclarecer y establecer los pormenores de la denuncia efectuada por el detenido individualizado en el requerimiento, el día 29 de agosto de 2019. Así, dicha investigación, al momento de otorgar la respuesta, se encontraba en tramitación, por lo que, Gendarmería de Chile consideró que su publicidad o conocimiento afectaría el debido cumplimiento de sus funciones, en cuanto al esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades que le podría asistir a quienes resulten responsables en aquellos. Además, sostienen que revelar los nombres de los funcionarios presentes en el momento de los hechos denunciados, así como las imágenes solicitadas, vulneraría el principio de la presunción de inocencia de aquellos, hasta que la investigación demuestre si procede o no responsabilidad administrativa a su respecto.

7) Que en cuanto a la nómina de funcionarios que tuvieron acceso a la persona individualizada en el requerimiento, en el Centro de Justicia, desde su ingreso a este hasta su puesta a disposición personal ante el Juez de Garantía competente; cabe hacer presente que según lo dispuesto en el artículo 3 letra del decreto ley N° 2.859, de 1979, que fija Ley Orgánica de Gendarmería de Chile; a dicha institución le corresponde, entre otras funciones, la de "c) Recibir y poner a disposición del tribunal competente los imputados conforme a lo dispuesto en el Código Procesal Penal y leyes especiales". Por lo que, los antecedentes pedidos corresponde al personal designado por el órgano reclamado para cumplir la función señalada, lo que debe haber sido determinado con anterioridad a la ocurrencia de los hechos investigados. Razón por la cual, se considera que su divulgación no afecta el debido cumplimiento de sus funciones, en cuanto al esclarecimiento de la eventual responsabilidad administrativa que aquellos tendrían en las circunstancias denunciadas. Razón por la cual se descartará la causal de excepción alegada, acogiendo el amparo en este aspecto, requiriendo la entrega de la nómina solicitada.

8) Que, por el contrario, en cuanto a lo pedido relativo a las grabaciones se debe considerar que aquello obra en poder del órgano reclamado en atención a la investigación interna que se ordenó instruir, y que constituye un antecedente previo a la adopción de una resolución, cuya divulgación pondría en riesgo la determinación de la existencia o no de responsabilidad administrativa en los hechos denunciados. A mayor abundamiento, se debe hacer presente que mediante Oficio Reservado N° 236, de fecha 2 de octubre de 2019, el Jefe del Departamento de Seguridad Penitenciaria resolvió elevar dichos antecedentes a la Superioridad Institucional, solicitando la instrucción de un sumario administrativo, lo que se materializó por medio de Resolución Exenta N° 7730, de fecha 15 de noviembre de 2019. Por lo que, aquellos están en poder del fiscal instructor designado, desde el 5 de diciembre de 2019, formando parte del expediente del sumario administrativo que se encuentra en etapa indagatoria. De esta forma, le sería aplicable, a partir de la fecha de la resolución exenta citada, la reserva dispuesta en el inciso segundo del artículo 137 del Estatuto Administrativo.

9) Que, en consecuencia, se rechazará el presente amparo en este aspecto por concurrir respecto de lo pedido la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo interpuesto por don Claudio Caamaño Muñoz en contra de Gendarmería de Chile, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile, lo siguiente:

a) Entregue al reclamante la nómina de funcionarios que tuvieron acceso a la persona indicada en el requerimiento, en el Centro de Justicia, desde su ingreso a este hasta su puesta a disposición personal ante el Juez de Garantía competente.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), remitiendo copia de la información proporcionada al solicitante, de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Rechazar el amparo respecto de las grabaciones de video requeridos, por concurrir a su respecto la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente.

IV. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Claudio Caamaño Muñoz y al Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile.

VOTO CONCURRENTE

La presente decisión fue acordada con el voto concurrente del Consejero don Francisco Leturia Infante, quien estima que se debe denegar el acceso a las grabaciones de video pedidas, además por las siguientes consideraciones:

1) Que las grabaciones solicitadas fueron realizadas en el Centro de Justicia, cuya administración corresponde al Poder Judicial; y en donde se habría perpetrado el hecho denunciado. De esta forma, según lo señalado por el propio reclamante en su requerimiento, en la audiencia de control de detención del 29 de agosto de 2019, llevada a cabo en el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago, el imputado expuso haber sido "objeto de vejámenes por parte de un funcionario de Gendarmería a cargo de su custodia en la zona de Tránsito".

2) Que en atención a que dentro de las garantías y derechos del imputado se encuentra aquella de "No ser sometido a tortura ni a otros tratos crueles, inhumanos o degradantes" (artículo 93 letra h) del Código Procesal Penal), los hechos denunciados debieron dar origen a la correspondiente investigación penal.

3) Que, en consecuencia, considera que la vía idónea para acceder a las grabaciones requeridas, es dentro del contexto de la investigación penal llevada a cabo al efecto, con mayor razón, si según los dichos del reclamante ostenta la calidad de abogado defensor del imputado en cuestión.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Francisco Leturia Infante.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don David Ibaceta Medina.